En opinión de la portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, la normativa resulta un contrasentido a pocas horas del inicio de una mesa de diálogo entre el gobierno y los representantes del Movimiento Social por Educación Pública y Gratuita.
“Claramente condiciona el diálogo”, afirmó en declaraciones a ADN Rádio Chile. “Es mucho más difícil hoy día ver al Ejecutivo como un actor o un interlocutor válido en esta instancia, donde nuevamente se nos pone la pistola en el pecho”, añadió.
Comentó además que resulta en extremo preocupante que en el gobierno primen las ideas de la ultraderecha, sobre todo si se recuerda la historia de represión, tortura y de violación a los derechos humanos que vivió Chile.
“De alguna forma nos volvemos a acercar a este terrorismo de Estado. No puede ser que una toma de un colegio o de una institución pública sea entendida como un acto de vandalismo que es condenable”, enfatizó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Presentado el pasado domingo por el presidente Sebastián Piñera como un proyecto a favor del resguardo del Orden Público, la iniciativa desató una ola de cuestionamientos porque tipifica como delito, con anuncio de duras sanciones penales además, las tomas de colegios y otras manifestaciones sociales.
“El gobierno ha buscado enfrentar el conflicto estudiantil tratándolo como un problema de orden público, criminalizando las movilizaciones y minimizando el derecho de los estudiantes a cuestionar las bases del actual sistema educativo”, comentó al respecto la presidenta del Partido por la Democracia, Carolina Tohá.
Expresó que se trata de una mirada autoritaria y llamó a la oposición en Chile a formar un frente común para que la movilización de los estudiantes, que ha logrado que una mayoría política en Chile esté a favor de un nuevo modelo educacional, no sea derrotada.
Asimismo la abogada y ex Defensora Nacional, Paula Vial, criticó que el gobierno tome de blanco a los estudiantes en el discurso contra la delincuencia.
“Pareciera que los estudiantes se convierten en los nuevos enemigos del Estado y en el nuevo foco de criminalidad que hay que combatir”, recalcó.
Ante la avalancha de impugnaciones, La Moneda ha intentado aquietar los ánimos con la reiterada aclaración que “si las tomas son pacíficas, no hay problema”.
“Si las tomas son con violencia y por la fuerza, impidiendo el derecho de otras personas a poder ingresar a un establecimiento educacional, hospitalario o a usar las calles, no va a ser aceptado y por eso es que hemos mandado un proyecto de ley para que esto sea sancionado”, apuntó el portavoz del gobierno, Andrés Chadwick.
PL
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