México: Indígenas presas por delitos menores...Servindi

Milenio, 6 de setiembre, 2011.- Al menos 800 mujeres indígenas presas en los penales del país permanecen en prisión por delitos menores como el robo de una gallina u otro animal para comer, la dificultad con un vecino, un problema de tierra, un préstamo vencido, difamaciones, la renta frustrada de una vaca y contra la salud, pero también, hay quienes están recluidas por confusión.
El aumento de mujeres indígenas en prisión creció en 122 por ciento de 1994 a 2006. El Censo de 1994, del entonces Instituto Nacional Indigenista, contabilizó 171 mujeres presas, en tanto que el de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de 2006, registra 385. Al día de hoy esa cifra se ha duplicado.
El mayor número de ellas se concentran en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero y el Distrito Federal.
En total en las cárceles del país se tiene un registro de 8 mil 403 presos indígenas, entre hombres y mujeres.

Caen en redada

La delegada estatal del DF y Área Metropolitana de la CDI, Elvira Murillo Mendoza, menciona el caso de las indígenas tzeltales, Teresa y su sobrina —menor de edad— que vendían comida cerca del callejón de Manzanares, en la Merced, donde en días pasados elementos de la procuraduría capitalina efectuaron una redada contra prostitutas. Ellas fueron confundidas y llevadas a prisión.
Teresa permanece en el penal de Santa Martha y la otra, por su edad, en un albergue de la PGJDF.
En el proceso que se le sigue a la adulta se afirma que Teresa prostituía a su sobrina, quien está retenida en calidad de víctima.
La menor de edad no habla español y, sin traductor de por medio, se le dio un documento para que estampara su huella que señalaba que la tía la prostituía. Cosa que no es cierto, según la defensa, asevera.
La delegación cuenta con presupuesto para pagar fianzas de indígenas con delitos menores.
Incluso, a muchas de las inculpadas se les pide entre 500 pesos o 7 mil, pero muchas indígenas por falta de dinero siguen en la cárcel, dice.

Urge legislar

El senador Rubén Fernando Velázquez López presentó una iniciativa para reformar el artículo 18 constitucional para que las prisiones cuenten con espacios adecuados que atiendan las necesidades propias de la mujer y se fortalezca el vínculo con sus familias.
“Deberían salir con rapidez de prisión, pero al no tener un abogado defensor permanecen ahí días, semanas o hasta años. Hay casos inauditos”.
En entrevista, alertó: “Aunque las mujeres constituyen una minoría de la población en las cárceles, su número está creciendo a tasas desproporcionadas”.
Para el senador la vida de las indígenas en prisión es difícil y llena de arbitrariedades: la mayoría de ellas no sabe hablar el español o medio lo hablan.
Adicional a los delitos menores el número de mujeres y niños indígenas que cae a prisión crece debido al narcotráfico, ya que “se les obliga a actos ilícitos como el tráfico de drogas y los mantienen bajo amenazas por su vida o la vida de sus parientes”, indica.
Falta programa de liberación”
En entrevista la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Aída Hernández Castillo, afirma: “Hay un endurecimiento del sistema penal que afecta de manera especial a hombres y mujeres indígenas pobres”.
La investigadora señala que durante la presente administración federal hubo una reducción al presupuesto de la CDI y “se bajóa cero el programa de liberación de presos indígenas, se cambió al personal que era más sensible a esta problemática y se suspendió el censo penitenciario”.

“¿Eso es suyo?”

Castillo expone el caso de una mujer indígena presa y que es inocente. Su nombre es Honoria Morelos, indígena náhuatl de de Morelos y con 70 años de edad.
Durante un viaje a la Ciudad de México fue detenida en un retén, pues se le adjudicoóuna maleta con droga que alguien colocó junto a ella a bordo del autobús. Después de siete años en prisión fue liberada por falta de pruebas.
El testimonio de la mujer es ejemplo de lo que pasa en la población indígena. La maleta que estaba junto a ella no era de su propiedad, pero nadie le creyó.
“Les contesté que no… pero ellos me dijeron: “Como no abuela, no se haga la chistosa, si usted viaja a un lado del bulto”, indica el expedentiente de la acusada.
Se la llevaron a galeras y de ahí al Centro de Readaptación Social de Morelos.
“Alguien me leyó una supuesta declaración que yo hice, pero yo no había dicho nada, si con trabajos hablaba español. Por más intentos que hice para que entendieran que no había dicho la mayoría de cosas que estaban ahí escritas, no me creyeron y me sentenciaron a 11 años y ocho o nueve meses…”

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