El
movimiento estudiantil ha levantado una demanda que toca lo más
esencial del modelo político, económico y social instaurado por la
derecha neoliberal y resguardado eficientemente por la Concertación
durante veinte años: atentar contra el lucro es atentar contra el corazón del sistema.
La demanda debe permanecer en ese grado de radicalidad: no al lucro en educación.
Y esto significa, muy en concreto, que se termine la lógica de
autofinanciamiento de las universidades, que se termine con el
financiamiento universitario a través del endeudamiento de las familias
con la banca, que el Estado se haga responsable del financiamiento directo y estable de al menos el 50% del presupuesto de las universidades estatales, y tradicionales no privadas; que el Estado financie de manera directa el 100% del presupuesto de la educación estatal preescolar, básica y media.
No a la lógica del lucro en educación no significa prohibir el lucro para los que puedan pagarlo. Pero significa que el Estado no debe dar ni un peso a las empresas educacionales privadas. Ni directamente, ni indirectamente, a través de exenciones tributarias o sistemas de subvenciones. Significa que se deben congelar las subvenciones a la educación privada, y luego disminuirlas progresivamente, para volcar todos esos recursos a la educación estatal.
No
a la lógica del lucro no significa afectar la libertad de enseñanza.
Que todo el que quiera instalar instituciones educacionales por su
cuenta, y desde su bolsillo lo haga. Significa, en cambio, que el Estado
se haga cargo de la demanda educacional, y garantice la educación para
todos los chilenos que la requieran de manera libre y gratuita.
Significa que el Estado cree las escuelas y liceos que puedan satisfacer esa demanda. Que cree un sistema de educación técnico profesional masivo y gratuito. Que cree sistemas de educación y perfeccionamiento para trabajadores.
Con
toda razón, si es esto lo que se somete a plebiscito, los que en su
día se opusieron a la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, hoy día
están aterrorizados. Y son capaces de hacer muchas cosas para
impedirlo. Porque si el conjunto de la ciudadanía se pronuncia a favor
de estas demandas, no habría razón ya para mantener el mismo sistema en
la salud, ni para los subsidios millonarios a los empresarios del
transporte, ni para el sistema que permite a las grandes empresas pagar
menos impuestos que las personas comunes. Porque si los ciudadanos se
pronuncian a favor de estas demandas no habría razón ya para mantener
nuestras riquezas básicas en manos del capital extranjero.
Están
dispuestos a hacer muchas cosas, y ya las están haciendo. Infiltrar
las marchas con policías encapuchados, hacer uso del monopolio que
detentan sobre los medios de comunicación para decir diez sobre el gran
apoyo que tiene el movimiento y luego noventa sobre la “violencia a la
que conduce”. Diez para decir que algo es justo, noventa para azuzar
el temor, y la división.
Pero es obvio que la
manipulación y la violencia policial son herramientas políticas muy
débiles. Y eso es lo que han mostrado las movilizaciones, que crecen y
suman cada día a nuevos adherentes activos. Las herramientas políticas
más eficientes son los propios políticos, que se supone nos
representan. Eso es lo que han mostrado los veinte años anteriores,
administrados por la Concertación.
Es por eso
que el gobierno, y los mismos parlamentarios y, ¡cómo no! la inefable
Iglesia Católica, insisten en llevar la discusión al Parlamento. A un
Parlamento elegido por votación binominal, con la derecha largamente
sobre representada, con más la mitad de la Concertación esperando
repetir la misma gracia que hizo al distorsionar la salida al
movimiento estudiantil de 2006.
¿Qué discutir
en un Parlamento que no representa a los ciudadanos? ¿Cómo emplazar a
ese Parlamento a cumplir un rol real, que vaya más allá de legitimar y
respaldar una y otra vez al modelo económico instalado? ¿Cómo ir al
Parlamento sin que ese diálogo se convierta sólo en un show mediático
con vistas a las próximas elecciones?
Lo único
que puede hacer el Parlamento para dar salida a este conflicto es
aprobar reformas constitucionales que apunten a la demanda central: que el Estado garantice educación gratis y de calidad en todos los niveles, para todos los chilenos que lo requieran. ¿Es eso lo que el Parlamento quiere hacer?
Si
el Parlamento no quiere, o no puede, hacer estas reformas, porque las
mayorías construidas de manera mañosa se lo impiden, porque no quiere
cargar con decisiones que enojen a quienes financian las campañas de
cada parlamentario, lo que debe hacer el aprobar reformas
constitucionales que permitan que los ciudadanos sean consultados por la
vía plebiscitaria, de tal manera que sus pronunciamientos sean
vinculantes para el poder político.
Justamente
ahora, muchos actores políticos están planteando la posibilidad de un
plebiscito. Considerando los modos de hacer política en este país, casi
estoy de acuerdo con la sensación de Carlos Larraín. La verdad es que
nosotros también deberíamos estar preocupados por tal posibilidad.
¿Un
plebiscito para decir sí o no a un enunciado genérico? ¿Un plebiscito
para aprobar derechos sin establecer la manera de hacerlos exigibles?
¿Un plebiscito para llamar a la unidad nacional sin tocar en absoluto
las bases del sistema que todas estas demandas están impugnando?
El
movimiento social debe establecer claras condiciones sobre el modo y
el tema en un eventual acuerdo en torno a un plebiscito. En primer
lugar, se debe establecer una prioridad en torno a los temas que
deberían ser sometidos a consulta en el plazo inmediato, aunque a
mediano plazo todos estos temas deban ser resueltos por esa vía.
La prioridad no es difícil de establecer. Un plebiscito que apruebe el llamado a la elección de una Asamblea Constituyente,
elegida de manera proporcional, que sea deliberante, que redacte ella
misma proyectos de nueva Constitución Política, y que someta las
alternativas a la aprobación ciudadana.
Si los
Honorables y Excelentísimos no están dispuestos a someter la
Constitución de Pinochet a tal peligro, entonces el plebiscito debe ser
una consulta directa sobre las demandas que están planteadas por el movimiento estudiantil.
Como he indicado antes, esta posibilidad requiere de una reforma
constitucional, que debería aprobarse ahora mismo, para establecer la
existencia de tal mecanismo, y para que sus resultados sean vinculantes
para todos los niveles de la autoridad política.
Nuevamente,
teniendo presente el mundo de trucos y manipulaciones que son
características del mundo político establecido en este país, es
necesario ser específicos en torno a las alternativas que no apuntan
directamente sobre las demandas planteadas. Tanto en el contenido, como
en el modo de una consulta pueden ser manipulados, o redirigidos a
temas que logren mantener los fundamentos del sistema.
La primera cuestión, y no es casual que sea esta alternativa justamente la que más se escucha, es que no debería aceptarse que el plebiscito gire en torno al sistema binominal.
Esto aplaza las demandas, y las entrega, nuevamente, a las decisiones
de representantes que no necesariamente representan a sus
representados. A estas alturas la demanda contra el sistema binominal
sólo favorece a la misma clase política, y lo que se busca con ella es
eliminar el obstáculo que representa para los muchos ambiciosos que
hacen fila para las candidaturas posibles, y que no saben cómo sacarse
de encima a los que ya están apernados desde hace veinte años.
Un
sistema electoral proporcional, que represente efectivamente a todos
los sectores ciudadanos, que evite la vergüenza de las reelecciones
eternas, la impresentable vergüenza de que los partidos políticos
designen a los reemplazantes en caso de vacancia, a espaldas del
electorado, que evite la vergüenza de que las campañas de los políticos
sean financiadas con dinero de todos los chilenos, sólo será posible
cuando haya una nueva Constitución, aprobada de manera democrática, que
termine con la dictadura de los que administran el modelo que heredaron
de la dictadura.
Una segunda cuestión es que, con la única excepción de un llamado a Asamblea Constituyente, la demanda por eventuales consultas plebiscitarias debería ser en torno a objetivos económico sociales,
no en torno a objetivos políticos. Como he señalado: los objetivos de
tipo político sólo se conseguirán con una Constitución nueva. Si no es
bajo esa condición, sólo servirán para reafirmar a la misma clase
política en que actualmente no podemos confiar.
Los
objetivos son muy fáciles de enumerar. Plebiscito para preguntarles a
todos los ciudadanos sobre la nacionalización de las riquezas básicas,
sobre la aplicación o no del sistema de mercado para regular la salud,
el transporte, los servicios básicos. Es a ese tipo de consultas a las
que Carlos Larraín “le tiene terror”. Esas son las consultas que
apuntan al corazón del modelo.
Una última
cuestión, en ningún caso menor, es acerca del modo bajo el cual las
eventuales consultas plebiscitarias pueden resultar aceptables. Una
reforma constitucional debe establecer al plebiscito como mecanismo vinculante para todos los niveles de autoridad política
del país. Ningún poder puede estar por sobre el pronunciamiento
directo y soberano del conjunto de la nación. Plebiscitos que puedan
ser convocados por el 5% del padrón electoral. Que puedan ser convocados independientemente a nivel nacional, regional y comunal. Que tengan alternativas de contenido,
no simplemente una frase en torno a la cual decir sí o no. Que puedan
consultar varios temas a la vez. Que se hagan regularmente, junto con
las elecciones de autoridades políticas.
Un
plebiscito no es la única salida para las demandas del movimiento
estudiantil. La primera salida es que las demandas sean aceptadas y
efectivamente cumplidas. Pero si lo que se acuerda es un plebiscito, que
se haga sobre lo que es sustantivo, y que de garantías de que no
seremos burlados una vez más, como ha ocurrido ya durante los últimos
veinte años.
Educación estatal gratis y de calidad ahora, con o sin plebiscito.
Esa es la demanda sustantiva. Es con esa demanda que logramos tocar la
esencia del sistema. Si es a través de un acuerdo con el gobierno,
estará muy bien. Si es a través de un acuerdo con el Parlamento estará
mejor. Si logramos que el acuerdo resulte vinculante porque se ha
consultado al conjunto de los ciudadanos, muchísimo mejor. Es esta la
demanda que nos pone en el camino de la recuperación de la dignidad para
Chile.
- Carlos Pérez es profesor de Física, Universidad ARCIS.
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