Pese al desgaste luego de más de tres meses de movilización el
movimiento estudiantil volvió a sacar miles de personas a las calles el
24 de agosto a lo largo del país, dando cuenta de que gozan de buena
salud. Pero sus demandas chocan con un Gobierno que recién se abre a
discutir y la cerrada postura del ministro de Educación, Felipe Bulnes,
de radicar la discusión en el Parlamento.
Para
salir del impasse, los estudiantes han llamando a un Pacto Social por
la Educación y en las últimas semanas cobra fuerza la idea de que un
Plebiscito dirima entre un sistema educativo basado en el lucro o sus
demandas de un sistema educativo público, gratuito y de calidad, que
concita el apoyo de un 80% de la población.
Camila Vallejo, presidenta de la Fech,
cree que si el Gobierno “no es capaz de dar respuesta, nosotros vamos a
tener que exigir otra vía de solución, ya no institucional. Debemos
convocar a un plebiscito para que sea la ciudadanía, el pueblo en su
conjunto, quien decida cuál tiene que ser el futuro de la educación en
nuestro país”.
La demanda estudiantil
choca frontalmente con la Constitución de 1980, la que consagra al
mercado como asignador de recursos y no contempla referéndums
vinculantes. Además la actual administración ha explicitado que no
quiere saber nada de consultas. Su vocero, Andrés Chadwick señaló que “el Gobierno hoy día no ve que sea necesario”.
MADE IN PINOCHET
El
orden institucional chileno fundado por la Constitución de 1980 no
contempla mecanismos de democracia directa, sino que se basa en un
presidencialismo fuerte y una institucionalidad galvanizada. Sus
cimientos fueron cuidadosamente fumigados para evitar cualquier atisbo
de participación ciudadana.
Santiago Escobar,
analista político, comenta que dicha Carta Magna “fue hecha para un
presidencialismo fuerte y empatado, lo que implica un talante
autoritario general de la institucionalidad, acentuada hoy con
arquetipos gerenciales de gestión”.
Dicha
Carta Fundamental fue aprobada mediante un referéndum efectuado el 11
de septiembre de 1980, en el que se podía votar sólo presentando la
cédula de identidad. La campaña que la precedió fue generosamente
auspiciada por el Gobierno, que se valió de spots en televisión en
contra de una oposición que recién se rearticulaba bajo el liderazgo de Eduardo Frei Montalva.
No
hubo debates públicos, un porcentaje mayoritario de chilenos se
hallaban en el exilio y la oposición sólo pudo realizar pequeñas
manifestaciones en las calles, limitados llamados en radios y cero
espacio en la tele. No había registros electorales y al momento de votar
una marca de tinta en el dedo era la señal que permitía distinguir que
se había sufragado. El cómputo final fue que un 67,04% de la población
votó que Sí y un 30,19% se opuso.
Pese al reclamo de personeros de la oposición, entre ellos Patricio Aylwin,
el Colegio escrutador nominado por la dictadura dio el visto bueno al
proceso y terminó por promulgar el 24 de octubre de 1980 la constitución
que reemplazaría a la de 1925.
Escobar
comenta que “fue un plebiscito fuera de toda norma democrática. En
estricto rigor dicha Carta Magna no pasa el test de ser una constitución
legítimamente generada por el soberano”.
LA GOBERNABILIDAD DE RICARDO LAGOS
Pese a que modificar la Constitución estaba en el programa de la Concertación, cuyos presidentes gobernaron el país desde 1990, una reforma plebiscitada antes de que Pinochet dejara La Moneda (1989) y otra generada el 2005 de mano de Ricardo Lagos, terminaron legitimándola.
En
las últimas décadas, la clase política terminó por adaptarse a la
institucionalidad a medida que la sociedad se distanciaba del ejercicio
de hacer política. Jaime Massardo, analista de la Universidad de Valparaíso,
hace notar que “el disciplinamiento de la fuerza de trabajo implantado
durante los años de la dictadura y el nuevo sistema de referencias
articulado en torno al mercado facilitaron entonces un proyecto
político-cultural que fue formando un sentido común que llevó a
despolitizar a la sociedad chilena” . Todo esto estimulado por los
medios masivos.
Manuel Antonio Garretón,
sociólogo, comenta que “durante mucho tiempo se esperó que la
institucionalidad dejada por la dictadura cambiase, pero la derecha no
lo permitió y la Concertación se acomodó”.
Este
acomodo se justificó en mantener la gobernabilidad del país, concepto
que instaló en la lógica de la transición el mismo Lagos. Así la
discusión política fue un juego de las elites y la representación
parlamentaria era posible a través de campañas electorales millonarias,
ofertones electorales, candidatos sonrientes y una hábil ingeniería
política. Una democracia de auditorios como los programas de TV de los
’80.
La promesa para la galería era
el cuento de un país desarrollado, para lo que había que cuidar los
índices de crecimiento económico y mantener el consenso, pese a que
muchas decisiones eran tomadas por fuera de los marcos institucionales.
Una llamada de un empresario o un embajador echaban por tierra un
estudio de impacto ambiental; los más hábiles negociadores de la
Concertación terminaron montando empresas de comunicación estratégica; y
muchas discrepancias se zanjaban en el asado del fin de semana o en el
cumpleaños del primo.
Así ocurrió con la revuelta estudiantil del 2006, cuando la presidenta Bachelet se
esforzó en instalar una mesa de diálogo con los actores, pero que a la
larga terminó por diluir las demandas estudiantiles en la vieja y sorda
institucionalidad de los consensos. Una imagen de la época fueron los
cabecillas de los partidos políticos alzando sus manos al cielo para
consagrar un nuevo gran acuerdo rechazado por los estudiantes. No en
vano la apuesta actual de Piñera insiste en la fórmula del ‘acuerdo nacional’.
CRISIS DEL VIEJO ORDEN
A
la par que los actores políticos se congratulaban en mantener la
estabilidad institucional, por debajo aumentaba el descrédito del
ejercicio de la política y la no participación, sobre todo entre los más
jóvenes. Una democracia sorda a sus demandas y que provocaba un largo
bostezo en las multitudes, las que del desinterés pasaron a la
desconfianza y pronto a la deslegitimidad. No es una paradoja que el
peor atributo del actual mandatario sea la confianza.
Escobar
opina que “la tolerancia ciudadana frente a la institucionalidad se ha
ido perdiendo, ya sea por la baja participación electoral y el hecho que
las instituciones políticas no tienen la capacidad de absorber y
resolver los conflictos”.
Para
Garretón “asistimos a un momento de conflicto de legitimidad del
sistema, que si bien tuvo su comienzo a nivel educacional, deriva en lo
político. La institucionalidad no es capaz de resolver los problemas
porque la gente no cree en él y no hay instrumentos políticos para salir
de la crisis”.
EL FIN DE LAS MÁSCARAS
Si
la movilización estudiantil dio cuenta de que la elasticidad del
sistema no es infinita, la demanda por un Plebiscito permite sincerar
posiciones respecto a la participación. La propuesta de los estudiantes
generó un rechazo inmediato en la derecha, la que no contempla ninguna
decisión por fuera de los marcos institucionales vigentes. “Yo le tengo
terror a un plebiscito, no sólo miedo; en el actual ambiente es
peligrosísimo, una cosa disolvente, claramente subversiva” -fue la
respuesta del presidente de RN, Carlos Larraín.
La
prensa también se ha preocupado a través de columnas, cartas y
editoriales de alertar de los peligros que acechan al país de adoptarse
mecanismos de democracia directa.
Al
otro lado del espectro político, la Concertación ha mostrado su
oportunismo intentando subirse al carro de los jóvenes movilizados. Los
partidos del arco iris se han manifestado partidarios del Plebiscito,
así como también Marco Enríquez-Ominami y hasta el
propio Lagos. Garretón valora que hayan “cambiado de posición empujados
por el movimiento social que ha tomado cosas que fueron planteadas desde
el comienzo de la transición, pero al pasar el tiempo no le dieron
suficiente prioridad”.
Claro que en la reciente encuesta CEP sólo
el 17% de los consultados apoyan a la Concertación, en circunstancias
que debieran representar a más del 40% de los electores.
PLEBISCITO DESDE ABAJO
A fines de julio en la tomada Casa Central de la Universidad de Chile
hubo una reunión de organizaciones estudiantiles, sindicales y
sociales, las que acordaron un llamamiento a que las demandas ciudadanas
movilizadas en los últimos meses se resuelvan en un plebiscito
vinculante que conduzca a una asamblea constituye y un cambio de la
constitución.
El texto que salió de la reunión está publicado en www.lamayoriadecide.cl
y ya ha sido firmado por más de 7 mil personas, dirigentes sindicales y
ecologistas. Entre las 40 organizaciones que adhieren figuran la Anef, los colegios de Profesores y Periodistas, la Confederación de Trabajadores del Cobre, Confusam, Acción Ecológica y varias federaciones universitarias.
En forma paralela la Confech
promovía el Bloque Social por la Educación en oposición al acuerdo
nacional impuesto por Piñera. Vallejo comenta que el llamado busca
“encontrar el espacio que permita a quienes nos hemos encontrado en las
calles en los últimos meses poder discutir y poder plantear una
propuesta concreta que avance hacia un sistema de educación pública de
calidad”.
Giorgio Jackson, presidente de la Feuc,
cree que “estamos construyendo un espacio con todos los actores.
Sabemos que este acuerdo social tiene demandas de corto, mediano y largo
plazo. Hay convergencias y el potencial de este movimiento está en las
familias”. La presidenta de la Fech añade que “pese a que el Gobierno
apuesta por demonizar la política desde abajo, lo que estamos haciendo
es reinventándola”.
Escobar considera
que “hay momentos de consulta directa que permiten que los sistemas
políticos se flexibilicen, que no se bloqueen ante un conflicto o
disenso social importante, y esto pasa porque se consulte al soberano y
éste pueda dirimir la orientación de los sistemas”.
A
juicio del analista no aceptar un plebiscito está “fuera de toda
doctrina democrática occidental. Si las democracias occidentales más
consolidadas tienen el plebiscito para la interpretación de la
ciudadanía. La realidad política es un flujo mas rápido y requiere estos
mecanismo de sintonía fina entre la ciudadanía y el aparato político”.
El guante pronto fue recogido por los políticos y las bancadas del PS, PPD, PC y algunos parlamentarios del PRI y la DC
presentaron un proyecto de Reforma Constitucional que permita un
plebiscito por la vía de una ley de quórum calificado en el Parlamento o
por la presentación de 500 mil firmas de ciudadanos.
Garretón
comenta que “acá hay un aprendizaje de la clase política, lento. Va a
haber una solución política para bien o para mal y debemos apostar por
la mayor convergencia posible entre el movimiento ciudadano y la clase
política. Se trata de completar la democratización. Superar la sociedad
postpinochetista, y el movimiento estudiantil tiene a su cargo superar
el modelo económico en lo educacional, el modelo político ampliando las
instancias de participación y la toma de decisiones”.
El
sociólogo hace ver que “si no hay acuerdo para cambiar el sistema
político esto va a reventar. Podrán ponerse de acuerdo en una fórmula,
generar un artículo transitorio en la Constitución que permita
reformarla”. Escobar cree que “es un problema de voluntad política y
confiabilidad, más que jurídico. Si en 48 horas pueden hacer una reforma
constitucional. Es un asunto de voluntad”.
Más
bien que mal sin un plebiscito no hubiésemos comenzado a salir de la
larga y oscura noche de la dictadura, eso ya hace 23 años. Quizá un
nuevo referéndum sea el principio del fin de la cerrada
institucionalidad que nos rige.
EXPERIENCIAS PLEBISCITARIAS
En
distintas comunas del país los ciudadanos afectados por decisiones de
la autoridad han convocado a plebiscitos locales para expresar la
opinión de los vecinos. Durante este mes, en Penco los vecinos lograron paralizar una termoeléctrica apelando a este mecanismo.
La
Ley Orgánica de Municipalidades señala que un alcalde está obligado a
convocar a un plebiscito cuando un 5% del electorado lo pide. Si en el
referéndum participa más del 50 % de los inscritos en el padrón, el
resultado debe ser acatado por el alcalde.
Félix Gonzáles, ecologista y miembro de Plebiscitos para Chile, cuenta que pararon la termoeléctrica recolectando más de tres mil firmas en Penco. Como el alcalde UDI se negó a realizar el plebiscito, recurrieron a tribunales, pero antes del fallo la empresa desistió del proyecto.
Gonzáles,
de Plebiscitos para Chile, considera que “el referéndum es una salida y
el resultado es lo que la gente quiera. Hoy la clase política no está
representando a la gente. Lo que resulte de todas estas movilizaciones
debiera responder a lo que el país quiere, y no a lo que el Gobierno o
el Parlamento concuerden”.
Gonzáles cuenta que el objetivo de su organización es que “en Chile existan
plebiscitos regionales, provinciales y nacionales. No la mezquina
oportunidad que nos dejó la Constitución del ’80. Queremos plebiscitos
más amplios, que la gente defina su futuro”.
Como
saben que la iniciativa no vendrá de los políticos, están organizando
para el próximo 5 de octubre un plebiscito nacional que consulte sobre
el sistema educativo, Hidroaysén y el sistema binominal. Para ello llama a las organizaciones sociales a participar e instalar mesas de sufragios.
En Aysén ya
se han juntado cerca de dos mil firmas para iniciar un petitorio
similar. Pese a que a no ser vinculante, Gonzáles dice que “para qué
esperar que lo hagan ellos. Es mejor hacerlo nosotros y después exigimos
al Gobierno que acate el resultado”.
Lautaro Guanca, concejal de Peñalolén y miembro del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL),
cuenta que ya presentaron 5.470 firmas en su comuna, las que sobrepasan
en porcentaje requerido, para exigir que se haga un plebiscito respecto
al Plano Regulador comunal.
Guanca
considera que “el movimiento social está usando herramientas para que
sea lo que la gente decida respecto a los planos reguladores. Creemos
que las formas plebiscitarias que surgen desde abajo sirven para
destrabar las vías y fortalecernos en función de generar a futuro una
constituyente. Nuestro horizonte es una Constitución definida por la
gente”.
@kalidoscop
El Ciudadano
*Le Monde Diplomatique, agosto 2011: `Nace una nueva forma de hacer política’
Vìa :
http://www.elciudadano.cl/2011/09/06/cobra-fuerza-idea-de-un-plebiscito-para-salir-de-agotamiento-institucional/
http://www.elciudadano.cl/2011/09/06/cobra-fuerza-idea-de-un-plebiscito-para-salir-de-agotamiento-institucional/
Lo que nuestros jóvenes y las organizaciones sociales que acompañamos al movimiento no es una utopia ni una abstracción, por el contrario es algo totalmente posible si existiese la voluntad política para transformar el sistema educativo actual, la ciudadanía tiene conciencia, como el modelo capitalista reproduce las desigualdades sociales, condiciones que el gobierno en forma vergonzosa protege.
ResponderEliminarQue se nos llame que estamos ideologizados, es cierto, pero también deben incluirse aquellos que sostienen el modelo, así como los que deseamos trasformarlo, ambos casos son cuestiones políticas del como se piensa la sociedad.
Esta nueva generación a reaccionado frente a la impunidad del mercado y su accionar usurera, en donde las familias por educar a sus hijos quedan por años endeudados e incluso los mismos jóvenes verán que los intereses los consumirán todas sus expectativas de una mejor calidad de vida, son el ejemplo más palpable, como también la colusión de precios de las farmacias, la polar, las AFP, el sistema de salud privado etc. por ello tanta adhesión a para ser agente de cambio.
La marginación, la desigualdad, la exclusión son las fuentes que vierten en revolución, son heridas abiertas, de la lucha para devenir lo que se quiere devenir, como lo es: Educación como un derecho que otorga el Estado, fin al lucro, fin a la municipalización, educación gratuita e ir a una nueva instauración progresiva de la estructura política y socioeconómica, siendo necesario un plebiscito a fin de consultar la voluntad ciudadana.