(apro).- La reforma a la educación impulsada por el ministro del
ramo, Joaquín Lavín, avanza sin grandes dificultades en el Congreso
Nacional. Entre otros aspectos, la nueva normativa supondría, en caso de
ser promulgada, el cierre de centenares de planteles dependientes del
Estado y la consolidación del modelo de educación de mercado.
El 22 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó –por 67
votos contra 42-- la idea de legislar este proyecto “De calidad y
equidad de la educación”, que había ingresado al Parlamento 15 días
antes.
A la totalidad de parlamentarios de la derechista Alianza
por Chile, que está integrada por los partidos Renovación Nacional (RN) y
Unión Demócrata Independiente (UDI), se sumaron 10 diputados de la
opositora Concertación de Partidos por la Democracia. Siete de éstos
fueron aportados por el Partido Democratacristiano (PDC) y otros tres el
centroizquierdista Partido por la Democracia (PPD).
El proyecto no sólo se aprobó en general, puesto que ese
mismo día la Cámara Baja aprobó 60 de los 61 artículos sometidos a
votación. Esta situación generó una gran tensión entre los diputados
concertacionistas. Tanto es así que el socialista Sergio Aguiló, en un
momento de tensión extrema, se paró de su escaño y le gritó a algunos de
sus colegas de conglomerado: "Dejen de votar con la derecha".
Cabe señalar que el Partido Socialista y el Partido Radical
también forma parte de la Concertación, conglomerado que gobernó entre
marzo de 1990 y el mismo mes de este año.
Cerca de dos centenares de profesores y estudiantes
–gremios que se oponen a esta reforma-- presentes en la tribuna del
Congreso, gritaron improperios a los parlamentarios, especialmente a los
concertacionistas que aprobaron la moción en discusión, a quienes
llamaron “traidores” y “vendidos”.
Lavín, quien fue candidato presidencial en 2000 y 2006 por
la UDI, celebró como un gran triunfo el avance del proyecto en la Cámara
de Diputados. Dijo que en esta votación imperó “el bienestar de los
niños chilenos por sobre los intereses políticos”.
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados, Sergio Bobadilla (UDI), al valorar el apoyo al proyecto,
afirmó que “con esto estamos generando las condiciones para que los
derechos de nuestros niños a tener una educación de calidad no sigan
postergándose”.
La crisis
La discusión de este proyecto se da en un ambiente de crítica al
estado de la educación chilena, en especial a la educación municipal,
que fue traspasada desde el Ministerio de Educación a los municipios en
el gobierno de Augusto Pinochet. Las escuelas y liceos municipalizados
han tenido un gran deterioro en términos de la calidad de su enseñanza,
así como en la cantidad de sus educandos. Si en 2002 los estudiantes
inscritos en escuelas y liceos municipales representaban un 52% del
total, en 2009 esa cifra había disminuido al 37%.
Ahora la situación de estos establecimientos se ha vuelto
caótica. Este año se han dado a conocer numerosos casos de municipios
que han entrado en cesación de pagos a sus profesores arguyendo que las
subvenciones estatales no les alcanzan para financiar sus escuelas y
liceos.
El alcalde de Cerro Navia (Santiago), Luis Plaza, anunció, a
principios de noviembre, que cerrará todas las escuelas municipales en
2011, lo que ocasionó tomas de liceos por parte de estudiantes, quienes
contaron con el respaldo de apoderados y profesores.
De acuerdo con los resultados dados a conocer el pasado 7
de diciembre, Chile se ubica en el puesto 44 entre 65 países que
participan de la prestigiada prueba Pisa. Esta mide conocimientos en
lenguaje, matemáticas y ciencias a jóvenes de 15 años. Según esta
medición, sólo el 1% de los adolescentes chilenos es capaz de analizar y
reflexionar sobre lo que lee.
Dada la crisis de la educación chilena, no es de extrañar que
diversos sectores pujaran por hacer transformaciones de fondo al
sistema. De hecho, algunas de las propuestas contenidas en la reforma de
Lavín –como ya se le conoce-- han recibido apoyo transversal. En
particular lo relativo al aumento de las subvenciones fiscales a los
niños pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad.
Sin embargo, cabe señalar que más del 60% de estas
subvenciones irá a parar a manos de sostenedores privados (dueños de
establecimientos educacionales). Muchos de estos conciben la educación
como un negocio entregando un servicio con notorias deficiencias.
También ha generado amplio apoyo la propuesta de otorgar
becas a los estudiantes que, obteniendo altos puntajes en las pruebas de
ingreso a la universidad, opten por cursar la carrera de pedagogía.
Cabe tener presente que las universidades chilenas –públicas y
privadas-- son las más caras de Latinoamérica. En promedio, un
estudiante de pedagogía debe pagar 400 dólares al mes.
La reforma de Lavín también considera incentivos
económicos –aumento de jubilaciones y bonos especiales-- a los
profesores que opten por abandonar el sistema educacional municipal
antes de 2012. Además, otorga a los directores de establecimientos
fiscales, la facultad de despedir –cada año-- hasta el 5% de los
profesores que laboran en las escuelas por ellos administradas.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, señaló a Radio Bío Bío
--el 23 de diciembre-- que este proyecto busca “acabar con el sistema
de educación pública”. Sostuvo que los cambios en educación constituyen
“una reforma laboral más que educacional”, y afirmó que el ministro
Lavín "jamás tuvo la voluntad de negociar con los gremios”.
Voces críticas
Uno de los aspectos que más polvareda ha desatado de las reformas
anunciadas por el ministro Lavín, es la pretensión de reducir las horas
destinadas al estudio de la historia y las ciencias sociales en un 25%.
En su reemplazo aumentarán las horas destinadas a castellano,
matemáticas e inglés. También se disminuirán las horas dedicadas a la
educación artística y tecnológica.
Numerosos premios nacionales de historia, así como
destacados líderes de opinión –de diversas tendencias políticas-- han
levantado la voz contra esta medida. Incluso, los periódicos más
conservadores y afines al gobierno del presidente Sebastián Piñera han
otorgado tribuna a estas voces críticas.
El Premio Nacional de Historia (2006), Gabriel Salazar, señaló a la revista The Clinic (11 de noviembre) que Joaquín
Lavín se inspiró en modelos que existían en países de la OCDE, entre
ellos Singapur, el que, a su juicio, “es un ejemplo de país donde el
sistema neoliberal es altamente desarrollado y donde a los niños se les
forma para ser empresarios con cero conciencia de su pasado”.
Salazar aseveró que “Lavín le hace mucho honor esta
suerte de política de lógica mercantil propia de la ingeniería
comercial.”
Según Salazar, disminuir las
clases de historia a los niños les significará desconocer la historia
social de Chile. “Esto producirá un daño considerable porque coincide
justo con un tiempo en el que la ciudadanía chilena reclama un mayor
conocimiento de su propia historia para poder entender qué hacer ante un
sistema político que no tiene confiabilidad suficiente”, asegura.
El historiador de derecha liberal, Alfredo Jocelyn Holt señaló en columna publicada en el diario La Tercera, el 27 de noviembre, que
el actual giro a la derecha en la política chilena “está marcado por un
menosprecio hacia todo lo hecho en los últimos 100 años”.
En este contexto, la reforma educacional del gobierno de
Piñera “lo que prueba –asegura Jocelyn Holt-- es que nuestros sectores
más recalcitrantes, en vez de persuadir que la historia sirve para crear
conciencia cívica, han optado por renunciar a toda discusión compleja.
Conscientes de que han perdido la batalla por la reflexión histórica,
han preferido dar un golpe duro, reduciendo el ramo tradicionalmente más
central del currículo nacional”.
El recientemente creado “Movimiento en defensa de la
historia y las ciencias sociales”, que agrupa sobre todo a profesores y
estudiantes de estas disciplinas, ha conseguido movilizar a miles de
personas en rechazo a la reforma de Lavín.
En entrevista con Apro, el vocero de este
Movimiento, el profesor de historia Sergio Grez, señaló que las medidas
promovidas por Lavín y tramitadas en el Congreso “no pueden ser
calificadas como una reforma”.
A su juicio, “son un conjunto de medidas que mantienen los
supuestos básicos del modelo actual chileno de la educación, que es un
modelo esencialmente privatizador y que corresponde a los parámetros del
sistema neoliberal”.
Dice que los recursos destinados a la educación particular
subvencionada, “que es una educación que tiene claros fines de lucro”,
deberían servir para fortalecer la educación pública.
Según Grez, la rebaja de las horas de historia y ciencias
sociales, “está destinada a coartar las posibilidades de que haya un
espacio potencialmente crítico al sistema”.
Consultado respecto de las posibilidades de que este
proyecto pueda ser rechazado o limitado, cuando sea discutido en el
Senado (en la primera quincena de enero), el pedagogo expresó: “Tengo
pocas esperanzas que las cosas cambien en el actual cuadro político
institucional y parlamentario. La única esperanza es que a mediano y
largo plazo crezca la movilización social y la presión de la opinión
pública, y de esta manera se logren revertir algunas de las medidas,
como la reducción de las horas de historia y geografía y ciencias
sociales”.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/86698