Violencia Estatal
http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=21618:segundo-semestre-mas-violento&catid=18:ddhh&Itemid=504
Nota relacionada: Violencia estatal
El
Registro de Casos de Violencia Estatal (RECAVE) difundió su informe
sobre los hechos relevados entre julio y diciembre de 2016. Allí pudo
observarse un incremento del 19% en relación a los datos recopilados en
los primeros seis meses del año pasado. El mayor número de hechos
corresponde a homicidios cometidos por miembros de las fuerzas de
seguridad ocurridos en el marco de detenciones arbitrarias y casos de
“gatillo fácil”.
El Relevamiento
de Casos de Violencia Estatal es elaborado por el Centro de Estudios en
Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Asociación Civil de
Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga
Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). En este caso presentan su
segundo informe, con datos que abarcan hechos ocurridos entre julio y
diciembre de 2016 (el primer informe se correspondía con el período
enero-junio de 2016).
El principal insumo para el relevamiento y análisis son las notas periodísticas publicadas en los portales web de diferentes medios nacionales, tanto diarios (La Nación, Clarín, Página/12, La Izquierda Diario) como agencias de noticias (Marcha, Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica Cosecha Roja, Paco Urondo, Andar), además de la información difundida a través de la página web de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.
A
diferencia del primer informe, en esta oportunidad no se relevaron
noticias publicadas en el portal del Diario Crónica, por la ausencia de
un repositorio digital que permita consultar ediciones anteriores.
Desde las organizaciones aclaran que entienden que existe una sobrerrepresentación de noticias vinculadas con la Ciudad Autónoma de Buenos y el Gran Buenos Aires en estos medios nacionales, lo que puede constituir un sesgo en la muestra. De todos modos, destacan la importancia de este Relevamiento, que surge justamente ante la omisión por parte del Estado de un monitoreo y producción de datos propios sobre el funcionamiento de sus instituciones.
140
Es el total de casos de violencia estatal relevados durante el segundo semestre de 2016. “Este primer número ya nos indica un crecimiento al menos, en el impacto mediático que tiene este tipo de eventos”, afirman las organizaciones. En el informe anterior, el total de casos fue de 113, es decir 27 menos que entre julio y diciembre.
La mayoría de los hechos (24,29%) corresponde a casos de “gatillo fácil”, acción definida por las organizaciones como “muertes cometidas a mano de funcionarios de las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego”. En muchos de estos sucesos los disparos ocurrieron cuando no existía riesgo para la vida del funcionario, ni de terceros.
También aumentó la representación de casos en los que se detectó una detención arbitraria (22,14%). Los hechos represivos en la vía pública a manifestaciones sociales representaron un 15%. En cuanto a la violencia contra el uso del espacio público deben mencionarse a su vez casos de represión a vendedores ambulantes (1,42%) y a eventos culturales/barriales (2,14%). Para las organizaciones, la represión a este tipo de uso del espacio público tiene un objetivo concreto: “la visibilización de actividades culturales, o los reclamos al Estado o, bien, funcionan como medio de subsistencia”.
En tanto, el 6,43% de los casos refiere a hostigamiento y persecución policial, teniendo en cuenta que se trata de hechos que se sostuvieron con cierta continuidad y no hechos aislados.
El relevamiento también menciona detenciones por averiguación de antecedentes o de identidad (2,85%), allanamientos sin orden judicial aparente (2,14%), operativos policiales en la vía pública sin motivación aparente (2,14%) y “razzias” (1,42%).
De la totalidad de los casos, en el 83% (116 de 140) se detectó violencia física; en el 29% violencia verbal; y en el 40% utilización de armas de fuego.
Rosario
En este segundo informe, se elaboró además un anexo especial respecto a la situación en esta ciudad santafesina. De allí surgen dos elementos que las organizaciones remarcan: “En primer lugar, la manipulación de datos personales y la invasión de espacios púbicos con medios tecnológicos tendientes al control. La Provincia pone en funcionamiento un sistema que permite cruzar información personal y que es manejado por el Ministerio de Seguridad con el objeto de ‘crear un mapa del delito’. En ese sentido, se utilizan datos protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales para crear una nueva base de datos que, sin explicar los métodos, pretende ‘adelantarse’ a la comisión de los delitos para poder prevenirlos. Por otro lado, se fomenta la utilización de medios tecnológicos para invadir ámbitos públicos bajo el mismo argumento. En este caso, la implementación de cámaras y micrófonos en los medios de transporte público pretende la creación de un gigantesco ‘Gran Hermano’ tendiente a controlar el accionar de quienes utilizamos el espacio público, por ende, de todos y todas nosotrxs.
La segunda cuestión que nos resultó alarmante fue la identificación del grupo etario más vulnerable a la violencia policial. En los casos se observa que los jóvenes, varones, de barrios populares son perseguidos constantemente, y víctimas de la mayor cantidad de detenciones arbitrarias”.
Algunas conclusiones
Para las organizaciones, los datos relevados en este registro permiten comprender cómo el discurso del Gobierno Nacional y las iniciativas que ha llevado a cabo durante el segundo semestre de 2016 crearon las condiciones para el aumento de la violencia estatal por parte de las fuerzas de seguridad, a partir de la construcción de un “otro” presentado como causante de los males que afectan a la sociedad.
Para el CEPOC, la AciFaD y la LADH, la avanzada del gobierno sobre diferentes campos, como los migrantes y los menores, fue una constante durante el segundo semestre: “Hemos podido ser testigos de normativas de carácter discriminatorio tales como la creación de la cárcel de inmigrantes que, además de ir contra normativa internacional y recomendaciones de la propia Amnistía Internacional, tiene como único objetivo perseguir a quienes han ingresado al país por vías no legales y derriba programas estatales que tendían a la regularización de las situaciones de esos migrantes en nuestro país. La estigmatización de ciertos sectores abona la construcción de un ‘otro’ que permite hacerlos responsables de los males que nos aquejan. Y esos males, que en términos políticos se traducen en ‘inseguridad’ se combaten, precisamente como en una guerra, con más violencia y agresión. Lo mismo sucedió con la famosa ‘guerra contra el delito’ en el marco de la cual se quiso instalar, a través de dichos de los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la idea de que en nuestro país existían Maras, problemática propia de países centroamericanos. Ello fue rotundamente rechazado por periodistas e investigadores que trabajan la temática desde hace años, exponiendo la falsedad de los dichos y las intenciones de crear problemáticas en torno a cuestiones que aún el Gobierno no ha descifrado como abordar”.
En cuanto a la persecución etaria, las organizaciones señalan: “Si bien es difícil conocer con certeza las edades de las víctimas de la violencia, hemos podido inferir que los más afectados son los jóvenes de entre 12 y 30 años, lo cual se corresponde con el discurso securitario que asocia a los jóvenes de los sectores populares como los causantes de la (in)seguridad y del ‘desorden’”.
INFORME COMPLETO
MARTES 13 DE JUNIO DE 2017
.El principal insumo para el relevamiento y análisis son las notas periodísticas publicadas en los portales web de diferentes medios nacionales, tanto diarios (La Nación, Clarín, Página/12, La Izquierda Diario) como agencias de noticias (Marcha, Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica Cosecha Roja, Paco Urondo, Andar), además de la información difundida a través de la página web de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.
A
diferencia del primer informe, en esta oportunidad no se relevaron
noticias publicadas en el portal del Diario Crónica, por la ausencia de
un repositorio digital que permita consultar ediciones anteriores.Desde las organizaciones aclaran que entienden que existe una sobrerrepresentación de noticias vinculadas con la Ciudad Autónoma de Buenos y el Gran Buenos Aires en estos medios nacionales, lo que puede constituir un sesgo en la muestra. De todos modos, destacan la importancia de este Relevamiento, que surge justamente ante la omisión por parte del Estado de un monitoreo y producción de datos propios sobre el funcionamiento de sus instituciones.
140
Es el total de casos de violencia estatal relevados durante el segundo semestre de 2016. “Este primer número ya nos indica un crecimiento al menos, en el impacto mediático que tiene este tipo de eventos”, afirman las organizaciones. En el informe anterior, el total de casos fue de 113, es decir 27 menos que entre julio y diciembre.
La mayoría de los hechos (24,29%) corresponde a casos de “gatillo fácil”, acción definida por las organizaciones como “muertes cometidas a mano de funcionarios de las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego”. En muchos de estos sucesos los disparos ocurrieron cuando no existía riesgo para la vida del funcionario, ni de terceros.
También aumentó la representación de casos en los que se detectó una detención arbitraria (22,14%). Los hechos represivos en la vía pública a manifestaciones sociales representaron un 15%. En cuanto a la violencia contra el uso del espacio público deben mencionarse a su vez casos de represión a vendedores ambulantes (1,42%) y a eventos culturales/barriales (2,14%). Para las organizaciones, la represión a este tipo de uso del espacio público tiene un objetivo concreto: “la visibilización de actividades culturales, o los reclamos al Estado o, bien, funcionan como medio de subsistencia”.
En tanto, el 6,43% de los casos refiere a hostigamiento y persecución policial, teniendo en cuenta que se trata de hechos que se sostuvieron con cierta continuidad y no hechos aislados.
El relevamiento también menciona detenciones por averiguación de antecedentes o de identidad (2,85%), allanamientos sin orden judicial aparente (2,14%), operativos policiales en la vía pública sin motivación aparente (2,14%) y “razzias” (1,42%).
De la totalidad de los casos, en el 83% (116 de 140) se detectó violencia física; en el 29% violencia verbal; y en el 40% utilización de armas de fuego.
Rosario
En este segundo informe, se elaboró además un anexo especial respecto a la situación en esta ciudad santafesina. De allí surgen dos elementos que las organizaciones remarcan: “En primer lugar, la manipulación de datos personales y la invasión de espacios púbicos con medios tecnológicos tendientes al control. La Provincia pone en funcionamiento un sistema que permite cruzar información personal y que es manejado por el Ministerio de Seguridad con el objeto de ‘crear un mapa del delito’. En ese sentido, se utilizan datos protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales para crear una nueva base de datos que, sin explicar los métodos, pretende ‘adelantarse’ a la comisión de los delitos para poder prevenirlos. Por otro lado, se fomenta la utilización de medios tecnológicos para invadir ámbitos públicos bajo el mismo argumento. En este caso, la implementación de cámaras y micrófonos en los medios de transporte público pretende la creación de un gigantesco ‘Gran Hermano’ tendiente a controlar el accionar de quienes utilizamos el espacio público, por ende, de todos y todas nosotrxs.
La segunda cuestión que nos resultó alarmante fue la identificación del grupo etario más vulnerable a la violencia policial. En los casos se observa que los jóvenes, varones, de barrios populares son perseguidos constantemente, y víctimas de la mayor cantidad de detenciones arbitrarias”.
Algunas conclusiones
Para las organizaciones, los datos relevados en este registro permiten comprender cómo el discurso del Gobierno Nacional y las iniciativas que ha llevado a cabo durante el segundo semestre de 2016 crearon las condiciones para el aumento de la violencia estatal por parte de las fuerzas de seguridad, a partir de la construcción de un “otro” presentado como causante de los males que afectan a la sociedad.
Para el CEPOC, la AciFaD y la LADH, la avanzada del gobierno sobre diferentes campos, como los migrantes y los menores, fue una constante durante el segundo semestre: “Hemos podido ser testigos de normativas de carácter discriminatorio tales como la creación de la cárcel de inmigrantes que, además de ir contra normativa internacional y recomendaciones de la propia Amnistía Internacional, tiene como único objetivo perseguir a quienes han ingresado al país por vías no legales y derriba programas estatales que tendían a la regularización de las situaciones de esos migrantes en nuestro país. La estigmatización de ciertos sectores abona la construcción de un ‘otro’ que permite hacerlos responsables de los males que nos aquejan. Y esos males, que en términos políticos se traducen en ‘inseguridad’ se combaten, precisamente como en una guerra, con más violencia y agresión. Lo mismo sucedió con la famosa ‘guerra contra el delito’ en el marco de la cual se quiso instalar, a través de dichos de los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la idea de que en nuestro país existían Maras, problemática propia de países centroamericanos. Ello fue rotundamente rechazado por periodistas e investigadores que trabajan la temática desde hace años, exponiendo la falsedad de los dichos y las intenciones de crear problemáticas en torno a cuestiones que aún el Gobierno no ha descifrado como abordar”.
En cuanto a la persecución etaria, las organizaciones señalan: “Si bien es difícil conocer con certeza las edades de las víctimas de la violencia, hemos podido inferir que los más afectados son los jóvenes de entre 12 y 30 años, lo cual se corresponde con el discurso securitario que asocia a los jóvenes de los sectores populares como los causantes de la (in)seguridad y del ‘desorden’”.
INFORME COMPLETO
MARTES 13 DE JUNIO DE 2017
http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=21618:segundo-semestre-mas-violento&catid=18:ddhh&Itemid=504
Nota relacionada: Violencia estatal
- Publicado: JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
En
los últimos días se conocieron distintos informes que dan cuenta, una
vez más, del permanente aumento de casos de tortura en cárceles y
comisarías y de represión y hostigamiento por parte de fuerzas de
seguridad. Repasamos los datos recabados por la Comisión por la Memoria
de la Provincia de Buenos Aires en su décimo informe anual, por el
Registro de Casos de Violencia Estatal y la Coordinadora contra la
Represión Policial e Institucional.
(Red
Eco) Argentina – El martes 27 de setiembre, la Comisión por la Memoria
de la Provincia de Buenos Aires (CPM) presentó en el anexo del Senado
bonaerense su décimo Informe Anual sobre sistema de encierro y políticas
de seguridad.
El trabajo registra hechos ocurridos entre enero y diciembre de 2015. Para fines del año pasado, la provincia de Buenos Aires había alcanzado un nuevo récord histórico de detenidos, con 39.927 personas privadas de su libertad, de los que 56 % tenía prisión preventiva, lo que implica una sobrepoblación del 59%.
Además, durante 2015 hubo 145 muertes en cárceles. El 65 % fue por cuestiones de salud que habrían podido evitarse. A su vez, se registraron 18.557 casos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención.
En tanto, hubo 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad pero sólo 11 fueron caratuladas como torturas; las restantes tuvieron penas leves.
La Comisión ha realizado en los últimos 10 años más de 1000 inspecciones, generando 33.000 expedientes de víctimas con denuncias en las que se constataron más de 73.000 casos de torturas.
“Es importante que las nuevas autoridades provinciales observen este informe, porque hay problemas estructurales que requieren cambios urgentes: las cárceles no pueden ser depósitos humanos”, expresó durante la presentación del informe Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM.
Al respecto, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, agregó: “la promesa de seguridad a través de la política de mano dura es inviable porque la resolución de estos conflictos es social. En cambio, el sostenimiento de estas políticas sólo provocó la degradación del sistema institucional (…). Bajo este paradigma, la policía emplea prácticas inconstitucionales como forma de control territorial de los sectores populares. Un dato basta para reconocer este sistema: el 90% de las detenciones se realizaron sin orden judicial, esto es la policialización de la justicia. (…) La tortura se aplicó y se aplica de manera sistemática, es estructurante del sistema de la crueldad que sostiene a la política criminal implementada desde hace 15 años y que persigue a los más pobres. Es necesario tomar medidas efectivas que puedan revertir esta situación”.
Los datos del informe de la CPM abarcan el año 2015, pero tal como se señaló en la presentación, se trata de prácticas sistemáticas que van más allá de un cambio de gobierno. En este sentido, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) elaboraron el Registro de Casos de Violencia Estatal (RECAVE) cuyo primer informe semestral enero-junio de 2016 se dio a conocer hace pocos días. El registro se elaboró a partir de la información publicada en algunos medios de comunicación seleccionados y tuvo como punto de partida la difusión de “distintas situaciones de violencia cuyos protagonistas eran las fuerzas de seguridad y policiales: excesivo e injustificado uso de armas de fuego; operativos de saturación policial; razzias; represión ante protestas sociales y sindicales; ingresos brutales a barrios; uso del ‘lancheo’ (delación forzada); controles injustificados de documentación; requisas personales sin causa en la vía pública; trato abusivo, hostil y amenazas; persecución ideológica en la vía pública, etc.”.
En total, el RECAVE analizó 113 casos; el 17,1% corresponde a hechos de represión por parte de las fuerzas de seguridad a diferentes manifestaciones sociales, el 4,4% a represión a trabajadores ambulantes. El 13,3% a detenciones arbitrarias; con el mismo porcentaje aparecen casos de muerte producidas por integrantes de fuerzas de seguridad.
Otros datos que surgen es que el 8% de los casos se dio durante el desarrollo de operativos policiales efectuados sin motivación aparente y el 5,3% corresponde a detenciones por averiguación de identidad/antecedentes; el 2,7% a “razzias¨ y el 3,5% a denuncias de personas que fueron hostigadas y perseguidas por las fuerzas de seguridad con continuidad en el tiempo -no un hecho aislado-.
Finalmente, la fuerza de seguridad que más participó en hechos violentos fue la Policía Bonaerense con el 23,9%, seguida por la Federal (19,5%), las provinciales (15%) y las locales (9,7%).
El RECAVE abarca casos ocurridos y/o denunciados entre enero y junio de este año, sin embargo ya hay registros del segundo semestre. Correpi emitió en las últimas horas un comunicado titulado “En 8 días, 7 asesinatos estatales”. Allí se enumeran hechos registrados tan solo entre el 16 y el 24 de setiembre.
Máximo Orellana salió de su casa en Villa Jardín para buscar a su hija en el jardín de infantes, pero en el trayecto dos policías lo pararon y le dijeron que estaba detenido para averiguar sus antecedentes. Ante su reclamo, los efectivos lo golpearon hasta matarlo.
Gustavo Germán Geréz Bravo era taxista, tenía 28 años y vivía en el barrio “El Mirador” de Caleta Olivia, Santa Cruz. Fue detenido “contraventor” cerca del Monumento al Obrero Petrolero y murió. A pesar de tener las muñecas hinchadas y ensangrentadas y el cuerpo cubierto de moretones, los policías dijeron que falleció solo, ahogándose con su propio vómito por una sobredosis. La familia y amigos de Gustavo se movilizaron para reclamar justicia pero fueron reprimidos por la Infantería con balas de goma, gases y palos.
En tanto, Jorge Maximiliano Velázquez de 41 años fue encontrado muerto en la comisaría 6ª de Tolosa, en un calabozo en el que se encontraban otras 24 personas más.
Roberto Ávalos de 27 años padecía trastornos psiquiátricos, y en un episodio de desequilibrio se violentó con su familia, que llamó a la policía. Sin embargo, los efectivos que se acercaron a la casa del Barrio Belisario Roldán de Mar del Plata respondieron con balas de goma, una de ellas fue directo al pecho del joven. “No era para que lo mataran, era para que solamente lo calmaran. En el corazón le pegó“, declaró sobre lo sucedido la hermana.
En el marco de una discusión, un oficial de la Policía Bonaerense, del que no trascendió el nombre, asesinó a Lionel Zacarias de 20 años en una finca del Barrio Santo Tomás de Berazategui.
Víctor González de 37 años estaba tomando cerveza en la vereda y murió al ser alcanzado por disparos provenientes de dos patrulleros que se encontraban persiguiendo a un presunto grupo de delincuentes.
Los hermanos Sebastián Daniel y Pedro Luis Briozzi, de 20 y 21 años respectivamente, eludieron un control policial en la zona de boliches de la costanera de Concordia, Entre Ríos, y el sargento Elbio Acosta y el cabo 1º Jorge Horacio Monzón les cruzaron el patrullero e intentaron detenerlos disparando al vehículo en el que iban los jóvenes. Sebastián murió prácticamente en el acto.
Al respecto, desde Correpi advirtieron: “no es menor señalar que buena parte de estos asesinatos tuvieron como escenario las zonas donde esta semana desembarcarán los operativos policiales conjuntos de la Policía Bonaerense y la Policía Federal, lo que producirá un seguro aumento de las detenciones arbitrarias, con su consecuencia de muertes en las celdas, y de ‘enfrentamientos’ en los que sólo dispara el brazo armado del Estado”.
No importa el año, la provincia, el gobierno o la organización que haga el relevamiento, los casos de violencia estatal se multiplican, y tal como señaló uno de los presidentes de la CPM, Víctor Mendibil: “Los pibes, hijos de hogares pobres, son los sectores disciplinados por las policías en el territorio. Perseguidos por ser pibes y por ser pobres”.
Fuentes: Agencia Andar / Correpi / Recave.
.
http://www.redeco.com.ar/nacional/ddhh/19890-violencia-estatal
vía:
http://kaosenlared.net/argentina-segundo-semestre-mas-violento/
El trabajo registra hechos ocurridos entre enero y diciembre de 2015. Para fines del año pasado, la provincia de Buenos Aires había alcanzado un nuevo récord histórico de detenidos, con 39.927 personas privadas de su libertad, de los que 56 % tenía prisión preventiva, lo que implica una sobrepoblación del 59%.
Además, durante 2015 hubo 145 muertes en cárceles. El 65 % fue por cuestiones de salud que habrían podido evitarse. A su vez, se registraron 18.557 casos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención.
En tanto, hubo 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad pero sólo 11 fueron caratuladas como torturas; las restantes tuvieron penas leves.
La Comisión ha realizado en los últimos 10 años más de 1000 inspecciones, generando 33.000 expedientes de víctimas con denuncias en las que se constataron más de 73.000 casos de torturas.
“Es importante que las nuevas autoridades provinciales observen este informe, porque hay problemas estructurales que requieren cambios urgentes: las cárceles no pueden ser depósitos humanos”, expresó durante la presentación del informe Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM.
Al respecto, el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García, agregó: “la promesa de seguridad a través de la política de mano dura es inviable porque la resolución de estos conflictos es social. En cambio, el sostenimiento de estas políticas sólo provocó la degradación del sistema institucional (…). Bajo este paradigma, la policía emplea prácticas inconstitucionales como forma de control territorial de los sectores populares. Un dato basta para reconocer este sistema: el 90% de las detenciones se realizaron sin orden judicial, esto es la policialización de la justicia. (…) La tortura se aplicó y se aplica de manera sistemática, es estructurante del sistema de la crueldad que sostiene a la política criminal implementada desde hace 15 años y que persigue a los más pobres. Es necesario tomar medidas efectivas que puedan revertir esta situación”.
Los datos del informe de la CPM abarcan el año 2015, pero tal como se señaló en la presentación, se trata de prácticas sistemáticas que van más allá de un cambio de gobierno. En este sentido, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) elaboraron el Registro de Casos de Violencia Estatal (RECAVE) cuyo primer informe semestral enero-junio de 2016 se dio a conocer hace pocos días. El registro se elaboró a partir de la información publicada en algunos medios de comunicación seleccionados y tuvo como punto de partida la difusión de “distintas situaciones de violencia cuyos protagonistas eran las fuerzas de seguridad y policiales: excesivo e injustificado uso de armas de fuego; operativos de saturación policial; razzias; represión ante protestas sociales y sindicales; ingresos brutales a barrios; uso del ‘lancheo’ (delación forzada); controles injustificados de documentación; requisas personales sin causa en la vía pública; trato abusivo, hostil y amenazas; persecución ideológica en la vía pública, etc.”.
En total, el RECAVE analizó 113 casos; el 17,1% corresponde a hechos de represión por parte de las fuerzas de seguridad a diferentes manifestaciones sociales, el 4,4% a represión a trabajadores ambulantes. El 13,3% a detenciones arbitrarias; con el mismo porcentaje aparecen casos de muerte producidas por integrantes de fuerzas de seguridad.
Otros datos que surgen es que el 8% de los casos se dio durante el desarrollo de operativos policiales efectuados sin motivación aparente y el 5,3% corresponde a detenciones por averiguación de identidad/antecedentes; el 2,7% a “razzias¨ y el 3,5% a denuncias de personas que fueron hostigadas y perseguidas por las fuerzas de seguridad con continuidad en el tiempo -no un hecho aislado-.
Finalmente, la fuerza de seguridad que más participó en hechos violentos fue la Policía Bonaerense con el 23,9%, seguida por la Federal (19,5%), las provinciales (15%) y las locales (9,7%).
El RECAVE abarca casos ocurridos y/o denunciados entre enero y junio de este año, sin embargo ya hay registros del segundo semestre. Correpi emitió en las últimas horas un comunicado titulado “En 8 días, 7 asesinatos estatales”. Allí se enumeran hechos registrados tan solo entre el 16 y el 24 de setiembre.
Máximo Orellana salió de su casa en Villa Jardín para buscar a su hija en el jardín de infantes, pero en el trayecto dos policías lo pararon y le dijeron que estaba detenido para averiguar sus antecedentes. Ante su reclamo, los efectivos lo golpearon hasta matarlo.
Gustavo Germán Geréz Bravo era taxista, tenía 28 años y vivía en el barrio “El Mirador” de Caleta Olivia, Santa Cruz. Fue detenido “contraventor” cerca del Monumento al Obrero Petrolero y murió. A pesar de tener las muñecas hinchadas y ensangrentadas y el cuerpo cubierto de moretones, los policías dijeron que falleció solo, ahogándose con su propio vómito por una sobredosis. La familia y amigos de Gustavo se movilizaron para reclamar justicia pero fueron reprimidos por la Infantería con balas de goma, gases y palos.
En tanto, Jorge Maximiliano Velázquez de 41 años fue encontrado muerto en la comisaría 6ª de Tolosa, en un calabozo en el que se encontraban otras 24 personas más.
Roberto Ávalos de 27 años padecía trastornos psiquiátricos, y en un episodio de desequilibrio se violentó con su familia, que llamó a la policía. Sin embargo, los efectivos que se acercaron a la casa del Barrio Belisario Roldán de Mar del Plata respondieron con balas de goma, una de ellas fue directo al pecho del joven. “No era para que lo mataran, era para que solamente lo calmaran. En el corazón le pegó“, declaró sobre lo sucedido la hermana.
En el marco de una discusión, un oficial de la Policía Bonaerense, del que no trascendió el nombre, asesinó a Lionel Zacarias de 20 años en una finca del Barrio Santo Tomás de Berazategui.
Víctor González de 37 años estaba tomando cerveza en la vereda y murió al ser alcanzado por disparos provenientes de dos patrulleros que se encontraban persiguiendo a un presunto grupo de delincuentes.
Los hermanos Sebastián Daniel y Pedro Luis Briozzi, de 20 y 21 años respectivamente, eludieron un control policial en la zona de boliches de la costanera de Concordia, Entre Ríos, y el sargento Elbio Acosta y el cabo 1º Jorge Horacio Monzón les cruzaron el patrullero e intentaron detenerlos disparando al vehículo en el que iban los jóvenes. Sebastián murió prácticamente en el acto.
Al respecto, desde Correpi advirtieron: “no es menor señalar que buena parte de estos asesinatos tuvieron como escenario las zonas donde esta semana desembarcarán los operativos policiales conjuntos de la Policía Bonaerense y la Policía Federal, lo que producirá un seguro aumento de las detenciones arbitrarias, con su consecuencia de muertes en las celdas, y de ‘enfrentamientos’ en los que sólo dispara el brazo armado del Estado”.
No importa el año, la provincia, el gobierno o la organización que haga el relevamiento, los casos de violencia estatal se multiplican, y tal como señaló uno de los presidentes de la CPM, Víctor Mendibil: “Los pibes, hijos de hogares pobres, son los sectores disciplinados por las policías en el territorio. Perseguidos por ser pibes y por ser pobres”.
Fuentes: Agencia Andar / Correpi / Recave.
.
http://www.redeco.com.ar/nacional/ddhh/19890-violencia-estatal
vía:
http://kaosenlared.net/argentina-segundo-semestre-mas-violento/
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