De regreso de sus vacaciones, el presidente Mauricio Macri presentó
el martes pasado un proyecto para bajar costos en la explotación del
yacimiento Vaca Muerta que busca ver replicado en todos los sectores de
la economía. Centrado en los intereses de los inversores, eliminó las
retenciones de las petroleras, oficializó un aumento en el precio de la
nafta y planteó un proceso de flexibilización laboral del sector.
En
referencia a los gremios que apoyaron la medida e hicieron concesiones,
dijo el Presidente que “tuvieron la capacidad de entender que abriendo
esta puerta no solo se garantizaba el empleo de los trabajadores que
tenían, sino que podía ampliarse esa familia”. Aunque los gremios fueron
los que más cedieron, es falso que el acuerdo frenará los despidos: a
sabiendas de ello, las empresas ni siquiera lo han asegurado en el
convenio que acaban de firmar.
Algunos de los cambios más
significativos son los siguientes: 1) eliminación de las “horas taxi”
por las cuales la jornada laboral se consideraba iniciada cuando el
trabajador salía de su domicilio; 2) reducción de la cantidad mínima de
operarios por pozo; 3) jornada laboral de 8 horas para operación y
mantenimiento de pozos, de lunes a viernes, en reemplazo de la actual,
que incluye fines de semana y feriados con salario por lo menos
duplicado, y eliminación de horas extra; 4) incorporación de tareas
nocturnas a la jornada regular; y 5) la operación a nivel de superficie
continúa normalmente sea cual fuere la velocidad del viento y en altura
se suspenderá al superarse una velocidad de 60 kilómetros por hora, por
encima del límite de 30 km que rige en la actualidad.
La
contracara de este convenio negrero es un paquete de beneficios
excepcionales a los monopolios gasíferos y petroleros: entre ellos, un
precio garantizado del gas de U$S 7,50 la unidad calórica. La ecuación
macrista es clara: otorgarle a las petroleras un precio del gas tres
veces superior al internacional, y reducir una tercera parte el salario
de los trabajadores petroleros. En esa línea, el gobierno dispuso un
nuevo aumento en el precio de las naftas. Así, el gobierno de la
“eficiencia” colocará a los combustibles líquidos un 15% por encima del
precio promedio mundial.
Mientras tanto, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, se comprometió a no aumentar ni crear nuevos impuestos.
Las
modificaciones permiten que el capital para entrar en Vaca Muerta sea
un 10% menor que antes del acuerdo y los gastos operativos disminuyan un
30%.
El presidente Mauricio Macri catalogó al acuerdo como
“revolucionario”, con la intención de ubicarlo como una señal hacia al
sector petrolero en particular y para todo el arco empresario en
general. “Acuerdos de este tipo necesitamos en todo el país en todos los
sectores”, dijo.
En el Ministerio de Trabajo confirmaron que hay
una mesa de negociación con varios sectores para avanzar en los cambios
en los convenios. Uno, en torno a la industria audiovisual, otro rubro
es la lechería. Para Trabajo “el convenio contempla sueldos muy altos
con sus respectivas cargas sociales” que atentan contra la supervivencia
de los tambos. Con la construcción buscan que se fijen nuevas pautas
por productividad. Finalmente, se viene hablando del plan de
reconversión de empresas radicadas en Tierra del Fuego.
Estos
primeros pasos del Gobierno para reducir derechos de los trabajadores en
favor de las empresas, se verían completados con el borrador del
Proyecto de reforma laboral que se redacta por estas horas en el
Ministerio de Trabajo que tiene cinco títulos que incluyen, entre otros
puntos, el fomento a la contratación de personas que estén recibiendo
algún plan social, un régimen especial de contribuciones patronales para
los empleadores monotributistas, la reducción de aportes personales y
contribuciones (“blanqueo laboral”), y un sistema nuevo de prácticas
“formativas” que reemplazará a las pasantías.
Para el secretario
de Empleo, Miguel Ángel Ponte, el sistema laboral debería contratar y
despedir trabajadores con la naturalidad del “comer y descomer” del
organismo humano, tal como describió en una entrevista radial.
"Dicen
que serán leyes para generar puestos de trabajo para jóvenes, pero lo
que harán es precarizar el empleo y generar apertura para que los que
ingresen reemplacen a los que tienen trabajo estable y con Convenio
Colectivo. Esta película ya la vimos, es el neoliberalismo en marcha y
sabemos que la precarización no crea empleo", advirtió el líder del
gremio de estaciones de servicio. Acuña avisó: "La CGT no va a permitir
esto. Vamos a ir al Congreso para impedirlo". En la misma línea, Pablo
Micheli, de la CTA Autónoma, avisó que las reformas laborales "no
sirvieron de nada" en el pasado reciente y que su aplicación "sólo
benefició a los sectores concentrados de la economía y llevó a la
situación de diciembre 2001". Hugo Yasky, líder de la CTA-T, cuestionó
los dichos de Ponte: "El secretario de Empleo dijo que debería ser
natural 'descomer' trabajadores. Cagarlos. No recuerdo haber leído una
barbaridad semejante".
Mediante un comunicado, los trabajadores
aceiteros también expresaron su preocupación “ante los anuncios
realizados por el gobierno nacional de avanzar con una serie de medidas
tendientes a profundizar la flexibilización y precariedad laboral,
incluyendo la restauración de la metodología de pasantías y la baja de
contribuciones patronales, que se suman a otras como la incorporación de
cláusulas de productividad en los Convenios Colectivos de Trabajo, la
reforma del régimen de Riesgos de trabajo y la destrucción de la
Justicia laboral”. Asimismo, aseveran que sólo se podrá enfrentar esta
“batería de anuncios flexibilizadores” mediante “la unidad de acción del
movimiento obrero, con la herramienta fundamental de la huelga y un
plan de lucha que lo sostenga”.
Por el interior
Luego
de volver el jueves 12, a las medidas de acción directa -corte de las
rutas 34 y 56 en los ingresos a San Pedro y La Mendieta-, el Sindicato
de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza (SOEA-CTA),
firmó un acta con representantes del Ministerio de Trabajo de Jujuy,
consiguiendo el pago del salario adeudado de diciembre 2016, pago de
vacaciones no gozadas al personal temporario y pago del Artículo 49 del
Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 12/88. Tras la firma del acta, los
trabajadores azucareros decidieron en asamblea acatar la conciliación
obligatoria que había dispuesto el Ministerio de Trabajo y Empleo. El
gobierno garantizó la fuente de trabajo y el pago de los sueldos de
todos los trabajadores hasta que se venda el ingenio a un privado. La
lucha de los trabajadores obtuvo el compromiso de que no habrá despidos y
solo se irán los compañeros que voluntariamente deseen hacerlo por
razones particulares. También se arrancó el compromiso de recibir la
entrega de ropa de trabajo y leche que les estaban adeudando en esta
semana y la compensación por los días caídos.
El Sindicato de
Profesionales Universitarios de la Sanidad (SIPRUS-Fesprosa), se
movilizó al Nodo Salud en Rosario el jueves pasado en reclamo por el
descuento de los días de paro realizado desde el gobierno de Santa Fe.
“Estamos
denunciando que los descuentos han sido discriminatorios, que violan el
derecho de huelga. No entendemos cómo un gobierno que se dice
socialista y progresista, cuando tiene un sistema de salud que está en
crisis; con centros de salud que se inundan y a los que tarda dos horas
en llegar una ambulancia para trasladar a un paciente, como nos pasó la
semana pasada con una compañera que terminó en terapia intensiva; con
guardias de hospitales como el de zona norte con ratas; lejos de prestar
atención a los reclamos de los trabajadores en relación a las
condiciones de trabajo y salariales, se dedica a perseguirlos”, expresó
el Secretario Gremial del Consejo Directivo Provincial del Siprus, Diego
Ainsuaín.
El domingo 7, luego de seis meses en que se respetó la
ley del "Descanso dominical", tuvieron sus puertas abiertas las cadenas
de supermercados Coto, Carrefour y Jumbo, pero los rosarinos, al menos
en las primeras horas, no acompañaron la reapertura más allá de las
importantes ofertas con las que los empresarios intentaron atraerlos.
Alpargatas
anunció que bajará las cortinas en su fábrica de zapatillas en Villa
Mercedes, San Luis, y cerrará su línea de calzado en la planta ubicada
la localidad bonaerense de Florencio Varela.
La apertura
importadora, la caída del mercado interno y los aumentos de costos son
los argumentos esgrimidos por la empresa de capitales brasileños al
despedir 150 trabajadores sobre una plantilla de 3.600 empleados. El
resto de las ocho plantas que la firma tenía paralizadas desde
diciembre, de producción de calzado e indumentaria deportiva, retomarán
su actividad el 26 de enero.
En el último mes y medio, en la
provincia de San Luis, cerraron cuatro fábricas y otra despidió a 84
operarios, dejando a más de 500 trabajadores sin trabajo. Las plantas
puntanas de Herzo, proveedora de la indumentaria deportiva Puma;
Cerámica San Lorenzo; Georgalos y la mencionada Alpargatas cerraron sus
puertas. Por su parte, Metalmecánica, del grupo Tenaris, realizó fuertes
ajustes.
A fines de noviembre, la planta de Herzo, radicada en la
localidad de Concarán, a 150 kilómetros de San Luis que producía
calzado, indumentaria y otros artículos para Puma, anunció su cierre
dejando en la calle a 194 operarios.
En las vísperas de la
Navidad, la empresa Metalmecánica -controlada por Tenaris, del Grupo
Techint-, que produce varillas de bombeo para la industria del petróleo y
el gas y ocupa a 600 trabajadores, despidió a 84.
En los primeros
días de enero, la fábrica de golosinas Georgalos cerró su planta
ubicada en el parque industrial de Villa Mercedes, radicada allí desde
mediados de la década de los ‘80. La planta será trasladada a la
provincia de Córdoba para abaratar costos.
Ni bien comenzado
enero, la fábrica de Cerámica San Lorenzo también cerró su planta y dejó
sin trabajo a 140 empleados, más un grupo de tercerizados. En julio ya
habían suspendido por 30 días a más de 120 trabajadores por la caída en
la demanda. En Santa Cruz, ATE (estatales) marchó el jueves 12 hasta la
Casa de Gobierno en reclamo del pago del sueldo de diciembre, que la
provincia anunció que comenzaría a pagar, pero solo en el sector de
salud.
En lunes pasado se produjeron momentos de tensión cuando un
corte protagonizado por trabajadores desocupados del Sitraic que
reclamaban el ingreso a los puestos de trabajo en la obra pública -como
se acordó recientemente con las autoridades de Vialidad Nacional- fueron
rodeados por un numeroso grupo de unos 100 integrantes de la Uocra que
acudieron al lugar para desmantelar la medida de lucha.
Los hechos
tuvieron lugar a 15 kilómetros de Caleta Olivia frente a los portones
de la empresa CPC encargada de realizar las obras de la construcción de
la Autovía Caleta-Comodoro y la Circunvalación urbana de esta ciudad.
La empresa lleva empleadas unas 80 personas de 240 trabajadores
necesarios para desarrollar las obras, sin embargo hasta el día de hoy
se niega tajantemente a incorporar la mano de obra de la ciudad de
Caleta Olivia que en su mayoría se encuentra vinculada al Sitraic. La
empresa CPC pertenece al grupo de Cristóbal López quien heredó la obra
pública abandonada por Lázaro Báez. Como su antecesor, Cristóbal López
redobla la alianza con la Uocra para garantizar un esquema de negocios
libre de conflictos sindicales. Se trata de la misma Uocra que le
concedió a Báez más de un año de exención de aportes y que luego allanó
el camino para su retirada dejando un tendal de miles de despidos en la
construcción.
La situación de los obreros de la construcción
recrudece frente a la escasez de la obra pública, a lo que ahora se le
agregan unos 300 despidos frente a la detención de la obra de las
represas hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz después de que la Corte
Suprema de Justicia ordenara la suspensión de la obra civil hasta que
sea finalizado el Estudio de Impacto Ambiental.
Desde la UOCRA
alertaron que si “el Gobierno no gira los fondos a la brevedad,
despedirán para el 31 de enero a los casi 600 trabajadores que aún
prestan servicio”.
Asimismo, presentará en el Ministerio de
Trabajo un recurso administrativo pidiendo que dicte la conciliación
obligatoria y se reincorpore a los despedidos. Además, prevé el corte de
ruta que lleva al obrador y también habrá movilizaciones en Río
Gallegos.
En Santiago del Estero -en sintonía con la caída del
rubro textil durante todo 2016- la empresa brasileña de sábanas y
toallas COTEMINAS ARGENTINAS S.A. despidió a trabajadores de su planta
luego de haber recurrido a reducciones horarias durante los últimos
meses.
Según un comunicado del Ministerio de Producción de
Santiago, los despidos en Coteminas se extienden a 70 trabajadores,
otras fuentes hablan de un número mayor que estaría entre 200 y 300
trabajadores.
Un informe elaborado por el CONICET, FLACSO y
distintas universidades nacionales, determinó que desde diciembre de
2015 fueron desplazados 14.925 trabajadores solo en el rubro textil,
mientras que detallan a Coteminas como uno de los casos paradigmáticos
en reducciones, suspensiones, reducción horaria y demás acciones junto a
Broderie Suizo Argentina, Hilados I y II, TN Planex, Guilford, Unisol
-perteneciente a Puma- y Felsom, entre otras. El informe asegura que “El
sector se ha visto seriamente afectado por la caída del consumo local y
la apertura importadora, con 3.205 despidos y 11.720 suspensiones”.
Como
parte del paro provincial el pasado miércoles, en La Plata los
trabajadores de la CICOP realizaron una acción en el centro de la ciudad
-7 y 50- para denunciar y visibilizar el vaciamiento de la salud
pública. “No hay insumos, como por ejemplo los medicamentos para los
pacientes oncológicos y de HIV, además de falta de aparatología y de
medicamentos en general”, plantearon.
Además denuncian la falta de
personal y los cierres de las salas en varios hospitales, como la sala
del Quemado en el Hospital San Martín de La Plata “es parte de la
privatización encubierta, ya que buscar tercerizar la atención de
pacientes a clínicas privadas”.
Los trabajadores del Astillero Río
Santiago, ubicado en la localidad bonaerense de Ensenada, aprobaron en
asamblea general el aumento salarial del 39,3% acordado con el gobierno
bonaerense.
“A este acuerdo se le suma el período 2017, que radica
en un incremento trimestral sujeto a una cláusula gatillo de ajuste
automático según el índice inflacionario” por lo que “la paritaria del
próximo año quedó abierta”, informó la Comisión Interna del astillero.
La
Legisladora Patricia Jure (Neuquén) denunció: "En pocos días la
provincia de Neuquén está sufriendo una ola de despidos hormiga y
masivos. En especial se registran despidos masivos en la actividad
económica que aseguran será una "revolución del trabajo", como es la
industria hidrocarburífera. Allí están los despedidos de Schlumberger y
Halliburton, y otras empresas para demostrarlo. Pero además la minera
Trident a quien el gobierno le adjudicó las minas de la ex Andacollo
Gold, acaba de despedir a 64 obreros mineros, casi la mitad del
plantel".
El viernes, luego del acto en las puertas de la Casa de
Gobierno, una delegación de obreros petroleros despedidos se reunió con
el Subsecretario de Trabajo, José Seguel. El funcionario luego de
escuchar las denuncias sobre la violación empresaria a la conciliación y
las leyes laborales, convocó a una reunión el lunes, en la sede del
organismo.
El triste panorama se repite en varias provincias.
Según el relevamiento realizado por el Conicet, Flacso y tres
universidades nacionales: los despidos alcanzaron a 192.917 personas
entre diciembre de 2015 y noviembre pasado. Las suspensiones sumaron
39.369 casos en el mismo período. En el sector metalúrgico se
registraron 16.364 despidos, en el textil 14.925; en el automotriz
9.160, en electrónica y electrodomésticos 7.377; en alimentos y bebidas
6.913; en petróleo 5.692; en energética, 4.012; en frigorífica, 2.869;
en calzado 2.088, en neumáticos, 1.994; en materiales para la
construcción, 1.766, y en autopartes, 1.514.
En la Ciudad de Buenos Aires
Ante
el vaciamiento de trabajos que han desviado a otras plantas gráficas,
el desplazamiento de insumos, lo cual incluye 16.000 bobinas de papel
que han trasladado a depósitos externos, y otra serie de maniobras de
vaciamiento que está desplegando el Grupo Clarín en su planta gráfica de
Pompeya, por unanimidad, los centenares de obreros gráficos de Artes
Gráficas Rioplatenses reunidos en asambleas, votaron una vigilia de 48
horas en la puerta de la fábrica el fin de semana y que en caso de que
la empresa avance en el plan anunciado de reducción de personal
responderán con un paro por tiempo indeterminado.
Alfonso "pegó el
portazo" dejando en la calle a dos mujeres trabajadoras del Ministerio
de Hacienda. Deberá ser tarea del recién llegado Nicolás Dujovne atender
de manera urgente el reclamo de los trabajadores por su
reincorporación. El caso de Romina es grosero. No exageramos si decimos
que se le niega su continuidad laboral por ser mujer y madre, ya que la
auditora María Eugenia David du Mutel de Pierrepont, designada
recientemente por Prat Gay, decidió no renovarle su contrato por
utilizar el lactario -un derecho consagrado en normativas
internacionales-, y por hacer uso de licencias por familiar enfermo
establecidas en el convenio (es mamá de un niña de un año). Así, a
Romina se le adjudica una supuesta baja productividad por realizar
jornada reducida por lactancia.
Mayra, por otro lado, es delegada
de ATE MECON y organizó su sector en contra de los despidos que Prat Gay
efectuó en 2016. Asimismo, es delegada paritaria en la Comisión de
Condiciones y Medioambiente de Trabajo (CYMAT). Los funcionarios se
valieron de sumarios truchos (¡sin una sola prueba!) para desvincularla y
amedrentar a los y las trabajadoras del Ministerio de Hacienda.
El
pasado jueves 12, se realizó una nueva radio abierta y concentración en
las puertas del Ministerio por la reincorporación de ambas.
Los
trabajadores que integran la Junta Interna de ATE en el INDEC calcularon
la pérdida salarial de los estatales, producto de la inflación, que
afectó fundamentalmente a los productos de la canasta alimentaria,
servicios y vestimenta. La conclusión es que la diferencia actual entre
el salario que cobran y la pérdida producto de la inflación es de
$25.956,59. Este dato revela que el bono de fin de año, en cuotas, no
alcanza para recuperar la pérdida del poder adquisitivo.
Otra
estimación, y ésta alcanza al conjunto de los trabajadores del país, es
la denominada “Canasta de Ingresos Mínimos”, que ya se hizo habitual
desde la Junta Interna y que se realiza desde que el anterior gobierno
decidió intervenir el INDEC para manipular las estadísticas. La
actualización de esta canasta fue estimada en $ 21.208,46.
Aeronáuticos: salarios en línea con la inflación
Luego
del paro del lunes 9, se llegó a un acuerdo salarial en Latam Argentina
del 44% de incremento, incorporando la inflación del 2016.
El
incremento a partir de enero será del 35%, pero para el bolsillo
alcanzará el 44% porque no se le aplican descuentos patronales hasta
noviembre del 2017 que luego se compensarán con un bono. Además, el mes
próximo se pagará un bono de $ 2.000 para cada tripulante de cabina y un
adicional del 2% por antigüedad.
En diciembre, Aerolíneas
Argentinas negoció un 35% para los principales sindicatos. También hubo
bonos y beneficios que en algunos casos llegaron al 49%. Estas sumas no
remunerativas serán tenidas en cuenta para el cálculo de los dos medio
aguinaldos de este año.
Acuerdo en Educación y nuevos “aprietes”
Autoridades
del Ministerio de Educación y gremios llegaron finalmente a un acuerdo
en el conflicto por despidos en esa cartera que incluye la
reincorporación de 200 de los 400 cesanteados y la continuidad de los
más de 2.000 tutores de cursos de capacitación virtuales a docentes.
Así
lo confirmaron los gremios de estatales ATE y UPCN y los docentes de
CTERA, luego de las negociaciones que tuvieron lugar con las autoridades
de la cartera educativa.
Paralelamente, la casa del referente de
ATE en el Ministerio de Educación, Rodrigo Recalde, fue asaltada el
jueves pasado en horas de la tarde. El hecho sucedió mientras Recalde
participaba de una reunión con las autoridades del Ministerio por los
3.000 despidos en esa cartera. Hace apenas una semana los delegados del
gremio recibieron amenazas de muerte.
Al mismo tiempo, un auto
blanco no identificado se estacionó frente a la casa del Secretario
general de ATE Capital, Daniel Catalano, y el único hombre a bordo del
vehículo tomó fotografías de la fachada de su vivienda. Esto sucede
apenas un mes y medio después del sugestivo asalto a ese mismo domicilio
en el barrio de Parque Avellaneda, en el que sólo faltaron pertenencias
simbólicas de sus hijos y la computadora personal del dirigente. A
pesar de la denuncia penal, realizada ese mismo 24 de noviembre, y de
haber hecho público el acontecimiento, no hubo ningún avance en la
investigación ni existió contacto de parte de las autoridades del
Gobierno.
El Ministerio de Trabajo desconoce sindicatos
Desde
la cartera a cargo de Jorge Triaca, se resolvió la acefalía de la
Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) desde el día 13
de Junio de 2015, a la vez que declararon la ineficiencia jurídica del
proceso eleccionario de renovación de autoridades que se llevó a cabo en
marzo de 2015, el cual consagró como autoridades a los miembros de la
única lista que participó de los comicios. Por su parte, desde la
FEIA, calificaron la intervención dispuesta por el Ministerio de
Trabajo, como “una decisión política muy avasallante, dado que fue una
elección celebrada en tiempo y forma, con lista única, sin oposición,
con unidad y en la presencia de una Escribana Pública que constató el
acto y las firmas”. Juan Correa, quien se desempeña como Secretario
General de la FEIA, destacó la legitimidad del proceso electoral y el
amplio grado de consenso que caracterizó al mismo, a la vez que
manifestó su preocupación por el futuro de la Obra Social del Personal
de la Industria Azucarera (OSPIA). “El proceso eleccionario se realizó
sin objeciones de ningún tipo y contó con el aval y la participación de
10 de las 11 filiales adheridas a la FEIA, además de la presencia de
una Escribana Pública. Ahora, el día viernes 6 de enero nos llegó la
resolución del Ministerio de Trabajo en la cual se resuelve la
intervención de la Federación. Justo en medio de la feria judicial y en
instancias previas a un acto eleccionario de la Obra Social”, manifestó
Correa, quien además explicó que para la renovación de autoridades en la
Obra Social se requiere de la Certificación de Autoridades emitida por
el Ministerio de Trabajo de la Nación. “Hoy estamos a punto de perder
una Obra Social que nos costó muchísimo esfuerzo levantarla. Mientras la
FEIA está por salir de un concurso, después de 17 años, y OSPIA cuenta
en la actualidad con 30.000 afiliados directos y 60.000 beneficiarios a
nivel nacional, sucede esto. O nos quieren intervenir la Obra Social
(porque la Obra Social es consecuencia de un acto eleccionario de la
FEIA), o la quieren hacer desaparecer a la Federación como institución
gremial a nivel nacional, no sabemos qué pensar. Nosotros vamos a ir a
la Justicia Federal, porque acá se está violando la voluntad de los
afiliados adheridos a nuestra federación”, manifestó el dirigente
sindical.
En el marco de un largo conflicto en las centrales
nucleares manejadas por Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la
empresa y funcionarios del gobierno nacional, comenzaron a difundir su
desconocimiento a la representación gremial del Sindicato que tiene 29
años de historia y cuenta con Personería Gremial N° 1669.
El
Secretario General de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, estuvo en la sede
del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate y expresó su solidaridad con la
lucha de los trabajadores de Atucha I y II y su rechazo a la actitud
empresaria y gubernamental.
Según contó en una conferencia de
prensa, se comunicó con el Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge
Triaca, quien le contestó “que esto correspondía al Caso Orellano”. Vale
recordar que de dicho caso se valió la Corte Suprema para pronunciarse
sobre la potestad del derecho de huelga, restringiendo la capacidad de
convocatoria de la misma a los sindicatos con personería gremial o
simplemente inscriptos.
Pronunciamiento a favor de la elección de delegados
El
pasado 26 de diciembre la Justicia Laboral, en un contundente
pronunciamiento, dejó en claro que la Asociación Docentes de Educación
Media y Superior (ADEMyS) tiene derecho a convocar a elecciones de
delegados declarando la nulidad de las disposiciones del GCBA que no
reconocían las elecciones de sector efectuadas por Ademys. Además, el
pronunciamiento de la Justicia Laboral, ordena la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados por el GCBA a la ADEMyS por los
constantes actos de violación a la libertad sindical contra el
sindicato, condenando al GCBA a pagar $ 50.000. Por otra parte, el
fallo hace lugar a la querella de práctica desleal planteada por Ademys y
sanciona al GCBA con una sanción pecuniaria en virtud del
desconocimiento perpetuado. La sentencia deja en claro que la Libertad
Sindical es un derecho humano fundamental que se encuentra consagrado
en todos los tratados de Derechos Humanos fundamentales, y que Ademys no
puede ser discriminada a la hora de convocar a elección de delegados,
por resultar dicha discriminación una violación a la libertad sindical
en sus facetas individuales y colectivas.
Recortes presupuestarios en Educación, Desarrollo Social y Salud
El
gobierno de Mauricio Macri comenzó el 2017 anunciando en el Boletín
Oficial un fuerte ajuste sobre diversas dependencias estatales. Fueron
afectados los Ministerios de Educación, Obras Públicas y Desarrollo
Social. La cartera de Educación, a cargo de Esteban Bullrich, sufrió un
recorte de 3.031 millones de pesos en el Programa "Mejoramiento de la
Calidad Educativa".
Por otro lado, el programa que más sufrió el
tijeretazo fue "Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación", su área
fue disminuida en 3.162 millones de pesos. El proyecto era parte del
Ministerio del Interior y Obras Públicas, comandado por Rogelio Frigerio
y contaba con la asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de
Carolina Stanley, también sufrió un ajuste significativo, a partir de la
decisión oficial de reducir 466 millones de pesos que iban a destinarse
al Programa de Ingreso Social con Trabajo. Además, el Tesoro Nacional
recibió un cercenamiento en su prepuesto con el recorte de 5.497
millones de pesos que eran parte de un fondo reservado exclusivamente a
asistencia social.
La sumatoria de los cuatros recortes llegan a
los 12.156 pesos que ya no serán de las partidas designadas a áreas muy
sensibles como educación y sectores vulnerables.
“¿Cuánto puede
cambiar la salud de los argentinos en un año de gestión?, se titula el
informe que la Fundación Soberanía Sanitaria dio a conocer, tras
analizar la gestión macrista en su primer año de gobierno.
- En
los primeros meses de 2016 y con una epidemia de dengue en ciernes,
resultó alarmante la parálisis y el vaciamiento de algunos programas de
abordaje territorial que realizaban campañas de prevención y actividades
de descacharrización. Se desmanteló la Dirección de Enfermedades
Transmisibles por Vectores, responsable de llevar adelante los planes de
prevención y control del dengue, zika, chikungunya, mal de Chagas y
leishmaniasis.
- Argentina Sonríe, programa que utilizaba
tecnología de última generación para producir y proveer prótesis
odontológicas a las personas de bajos recursos, también fue paralizado
al comienzo de la gestión y finalmente derogado en octubre de 2016.
-
El año pasado fue marcado por la peor epidemia de gripe desde la
pandemia producida por el virus influenza H1N1 en el año 2009. Hasta
octubre fueron notificados cerca de 900.000 casos de enfermedades tipo
influenza en todo el territorio nacional, siendo que entre abril y junio
el número de casos superó ampliamente la cantidad esperada generando
una importante epidemia. Hasta principios del mes de octubre ya se
habían registrado 283 fallecidos con diagnóstico de influenza en el
país.
- Otro programa fuertemente afectado fue el de Salud Sexual
y Procreación Responsable: a fines de 2015 fueron canceladas todas las
actividades de capacitación y gestión generadas por esta área. El
programa fue uno de los que más sufrió recortes de personal por parte de
la gestión del Ministerio de Salud, siendo desarticuladas completamente
las áreas de Diversidad Sexual y Fertilidad.
- Se registró una
“inexcusable demora en la adjudicación de una licitación pública para la
compra de preservativos y geles lubricantes, iniciada en septiembre de
2015. Al demorar cerca de 13 meses para concluirse, desabasteció a todo
el sistema público de salud del país de este imprescindible insumo para
la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión
sexual como el SIDA”.
- El programa REMEDIAR, que realiza la
compra y distribución de medicamentos esenciales a los más de 7.000
centros de atención primaria de la salud de todo el país, sufrió una
reducción de un tercio de sus tratamientos en el año 2016. El Banco
Nacional de Drogas Oncológicas, responsable por la compra y entrega de
drogas oncológicas o citostáticas a los bancos de drogas o programas
provinciales, “también fue gravemente afectado por el nuevo rumbo que
está tomando la política de medicamentos, dejando de entregar varios
tratamientos a los pacientes con cáncer”, agrega el documento.
- En materia de VIH/SIDA también se puede observar una disminución significativa en las compras de medicación antirretroviral.
-
La actual gestión del PAMI decidió sacar de su vademécum varios
medicamentos provistos por este organismo y cortar la subvención del
100% a otros.
- El Estado abandonó de manera abrupta la regulación
de precios de los medicamentos realizada anteriormente por la
Secretaría de Comercio. “Los efectos de esta decisión no tardaron en
aparecer: el 85% de los medicamentos de mayor demanda local aumentaron
más que la inflación.
La conclusión del informe da cuenta de la
pésima gestión de Jorge Lemus, el cuestionado Ministro de Mauricio
Macri. “Lo expuesto hasta aquí es un recorrido de lo que fue apenas un
poco más de un año de la gestión Cambiemos al frente del Ministerio de
Salud de la Nación. Suficiente para generar algunos resultados que
llegan a ser calamitosos para la salud pública en Argentina y
representando un claro retroceso en la perspectiva de la salud como un
derecho”.
Fuentes: www.elsubmarinojujuy.com.ar, Clarín, Página 12, Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Anred, Red Eco Alternativo, APU, www.diariobae.com, www.ambito.com, www.po.org.ar, www.rosarioplus.com, www.lacapital.com.ar, www.sitraic.org, www.luzyfuerzazarate.org.ar, www.agenciacta.org
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=221742
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