18 de junio de 1986, el entonces presidente de Perú y hoy presidente honorario de la Internacional Socialista (IS), Alan García, ordenó la matanza de más de 300 reclusos que se habían amotinado en tres penales de Lima.
Algunos penales fueron bombardeados y los reclusos que salieron con vida ejecutados.
“O se van todos los responsables o me voy yo”[1] dijo Alan García pero no hubo ni lo uno ni lo otro.
La mayor matanza de presos -la mayoría de ellos no habían sido condenados- removió conciencias pero tuvo la bendición de la Internacional Socialista.
“El ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez expresó ayer en Lima, al inaugurar formalmente el 17º Congreso de la Internacional Socialista, la confianza de la organizaci6n en el Gobierno presidido por Alan García, al que reconoció su “autoridad democrática y voluntad de paz”. De esta forma, la Internacional Socialista respalda la gestión gubernamental de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), horas después del sangriento asalto a tres prisiones de Lima“[2], decía la crónica de Antonio Caño hoy director de El País.
Felipe González asistió como vicepresidente a ese 17 Congreso de la IS. También estuvieron en Lima la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Flores, el ex ministro Enrique Barón y Ludolfo Paramio, de la Fundación Pablo Iglesias. Ninguno de ellos se atrevió a condenar la terrible masacre.
Antes de lo ocurrido el 18 y 19 de junio de 1986, diversos hechos advirtieron de la posibilidad de esa masacre. El jefe de la inteligencia naval contralmirante Carlos Ponce de León Canessa, había caído víctima de la violencia política un par de días antes. El jefe de la armada amenazó con que “le han pisado la cola al león“, “hay gentes que son irrecuperables“, “dicen patria o muerte; en lo segundo les daremos en el gusto“.
A poco de asumir el poder Alan García se produjeron las masacres de Accomarca, Pucayacu y Bellavista en Ayacucho.
El 16 de Junio de dicho año, en una entrevista[3], el General EP Luis Cisneros Vizquerra alentó la muerte de presos políticos
-[OIGA] “En una suerte de show televisivo desde El Frontón, protagonizado por el ex director del INPE, los delegados senderistas presos dijeron que preferían estar muertos antes de ser trasladados a Canto Grande. Qué opina de eso?
– [General Cisneros] Que hay que darles gusto… Es uno de los pocos gustos que les podemos dar a los subversivos. Si ellos así lo prefieren, que firmen un acta y que se proceda. El Estado satisfará sus deseos personales”.
En una oportunidad, Luis Alberto Sánchez[4], connotado aprista y primer vicepresidente con Alan García se le preguntó: “¿Se está practicando la guerra sucia en el Perú?” a lo que contestó: “Tiene que ser, forzosamente, tan sucio es el crimen como su represión, lo uno dá origen a lo otro. No va haber más remedio: eso se llama ojo por ojo y diente por diente“.
Además de estas declaraciones, antes de la masacre en los penales hubo varios motines de presos pero todos se resolvieron pacíficamente.
Así lo afirma un militante del Partido Aprista, Agustín Haya de la Torre. “Los motines carcelarios no eran novedad. Sendero había proclamado que las prisiones eran “luminosas trincheras de combate” y desde enero de 1985 había promovido ocho acciones de este tipo. Hasta el nuevo gobierno, todas se habían solucionado pacíficamente pese a que también se capturaron rehenes y armas.[5]“
En el Acta del Consejo de Ministros, correspondiente al 18 de junio, apenas se recomienda, una vez entregados los penales a las Fuerzas Armadas, respetar “en la medida de lo posible la vida de los rehenes”. No se dice nada explícitamente sobre los presos, según ha afirmado el historiador Alberto Flores Galindo.
En su informe “La Comisión de la Verdad y la Reconciliación está en condiciones de afirmar que en el Centro Penitenciario de San Pedro (Lurigancho) y el ex Centro Penitenciario de la Isla (El Frontón) ubicada frente al provincia de El Callao, más de doscientos internos acusados o condenados por terrorismo perdieron la vida durante el mes de junio de 1986, por el uso deliberado y excesivo de la fuerza contra los reclusos que una vez controlados y rendidos fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del estado”.
En la isla del Frontón, ante las costas del Callao, derribaron a bombazos el Pabellón Azul, donde se habían parapetado los reclusos. Muchos de ellos murieron aplastados por el derrumbe de las pesadas paredes del edificio, pero muchos otros cayeron abatidos por las balas disparadas a distancia por la Infantería de Marina actuante.
La responsabilidad directa de estos hechos —y de eso no cabe ninguna duda— fue del entonces Vice Ministro del Interior Agustín Mantilla que posteriormente en 1989 fue relacionado por una Comisión de Investigación del Congreso con la formación del grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco (CRF)[6] y el vicealmirante, Luis Alejandro Giampietri Rojas, especialista en inteligencia naval, demoliciones y operaciones especiales y que en el 2006 ocupó la primera vicepresidencia con Alan García. Ambos operaron a su antojo en el lugar de los acontecimientos, en cumplimiento de un dictado preciso del mismo Alan García, quien estaba en permanente comunicación con ellos.
Alrededor de 200 presos recluidos en el Penal San Juan Bautista -ex Frontón- se insubordinaron el 18 de junio y tomaron como rehén a un trabajador penitenciario al que, sin embargo, pronto le pusieron en libertad. Tenían en su poder dos fusiles y algunas armas blancas, además de palabras dichas y escritas, que proclamaban su voluntad de exigir mejores tratos para ellos y sus familiares en los días de visita.
Simultáneamente, 124 presos del Pabellón Industrial del Centro de Reclusión de Alta Seguridad (CRAS) de San Pedro -Ex Lurigancho- hicieron lo propio, aunque sin armas. Más precariamente un grupo de reclusas del Penal de Santa Bárbara en el puerto del Callao, imitaron su ejemplo, aunque aquí, virtualmente, la sangre no llegó al río.
En el CRAS de Lurigancho sucedieron los hechos de manera formalmente distinta. Los presos que tomaron a su cargo las instalaciones del Pabellón Industrial, convinieron en rendirse luego de lanzar diversas arengas. No tenían armas ni posibilidades de resistir el embate de las fuerzas combinadas que les acosaban. Esa rendición, sin embargo, nunca fue aceptada. Los reclusos salieron uno a uno del Pabellón en dirección a la Pampa, donde fueron recibidos por los uniformados. Estos, los pusieron —también uno a uno— de rodillas, y les descerrajaron un balazo en la nuca. Así murieron 124 detenidos.
No hubo nunca levantamiento legal de los cuerpos. Tampoco, partidas de defunción. Ni protocolos de Autopsia. Ni siquiera los cadáveres fueron entregados a los familiares para un velatorio, y una sepultura elementalmente digna.
Se violaron todas las normas suscritas por el Perú. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra sobre el Trato a prisioneros y el Convenio sobre la Prevención de la Tortura.
Un decreto supremo declaró los tres centros penitenciarios como “zonas militares restringidas” pero fue publicado en una edición semiclandestina del diario oficial, fechada dos días después, un sábado. El decreto fue conocido por el propio Poder Judicial, al lunes siguiente.
Por otro lado, la decisión de restablecer el orden “con la máxima energía” fue comunicada al Cardenal Primado de la Iglesia Católica, al Presidente de la Corte Suprema, al expresidente Belaúnde Terry al alcalde Lima y presidente de Izquierda Unida (IU), Alfonso Barrantes Lingán. Ninguno de ellos se opuso.
En un informe[7] del Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Guillermo Monzón Arrunátegui, queda claro que no hubo ninguna actuación autónoma de las FFAA sino que todos los pasos eran controlados por el Presidente Alan García hasta la difusión de los comunicados. En este mismo informe, en su página 18 se lee: “el jefe de grupo de FOES -Fuerza de Operaciones Especiales-, a requerimiento del Sr. Viceministro del Interior Dr. Agustín Mantilla, inició las acciones de demolición…”
En la madrugada del 19 de junio el propio comandante general de la Marina de Guerra del Perú decide ir en persona a ver cómo era que sus experimentadas tropas no lograban acabar con un enemigo casi desarmado y que ni siquiera había salido del edificio semidestruido. Los cohetes, las granadas, las bombas incendiarias, las cargas plásticas, la fusilería había causado sin duda ya muchas bajas, pero nadie se rendía.
El mandato que había emanado del Consejo de Ministro era muy claro: Actuar con el máximo de energía y en el menor tiempo posible.
Los presos que quedaron vivos fueron después fusilados. Un preso que recibió ocho balazos pero que no murió dijo que sus compañeros cayeron cantando himnos senderistas. Los cadáveres fueron arrojados a una zanja y como se escucharon gemidos lanzaron sobre los cuerpos granadas y los rociaron con gasolina.
Entre las 26 demandas de los reclusos el punto 2 decía: “Garantías contra el nuevo genocidio que trama el gobierno aprista, la Marina y demás reaccionarios contra los internos por terrorismo“. Otra de sus demandas -el punto 6- pedía la devolución a sus familiares de los cadáveres de los presos asesinados el 4 de octubre de 1985.
Según un informe de Sendero Luminoso (SL)[8] se dice que la toma de rehenes se produjo a las 6 horas del 18 de junio y que “el destacamento encargado cumple exitosamente su tarea, tomaron 3 GR (Guardias Republicanos), 3 FAL, 1 metralleta, 1 revólver…la acción duró tres minutos“
En su informe, SL señala que “el Fiscal de la Nación llegó al Frontón y no se entrevistó con ningún prisionero político y habló para la televisión del Estado“. “Cuando se fue el Fiscal, la Marina desató una poderosa explosión que destruyó completamente el Pabellón Azul, dijeron que había usado el T-4“.
En octubre de 1990, una Comisión Investigadora del Congreso concluyó que el Presidente de la República, señor Alan García Pérez, era responsable por la matanza de los penales y se formuló acusación constitucional en su contra. Sin embargo, en alianza con Cambio 90, movimiento del condenado por violación de derechos humanos y ex presidente, Alberto Fujimori, el APRA logro la votación necesaria para rechazar la acusación.
30 años después la matanza en los penales sigue impune. Los principales responsables siguen en la calle y muchos de ellos siguen cobrando dinero público. Sus protectores -entre ellos la Internacional Socialista- siguen sin condenar y más bien dan cobijo a sus máximos responsables.
[1] El Peruano. 28 de junio de 1986
[2] El País, 21 de junio de 1986.
[3] Revista OIGA Nº 284.
[4] Revista SÍ. Marzo de 1987.
[5] El retorno de la barbarie. La matanza de los penales de Lima en 1986. Bahía Ediciones. Pág. 17.
[6] El Comando Rodrigo Franco (CRF) actuó desde 1985 a 1990. Perú. Paramilitares. CODDEH-PERÚ en el Estado español. 1989
[7] Informe 07-CCFFAA-PE-DI del 30 de junio de 1986.
[8] Extracto del documento Luminosa trinchera de combate del Frontón “Gloria al día de la heroicidad”. Partido Comunista Sendero Luminoso, sobre la Cronología del genocidio. Junio 87.
vìa:http://kaosenlared.net/peru-la-masacre-de-300-presos-sigue-impune-con-la-complicidad-de-la-internacional-socialista/
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