Madrid, Estado Español.
En la tarde del martes 22 de julio, la Audiencia Provincial de Granada
ordenó la puesta en libertad de Carlos Cano, 25 años, licenciado en
Medicina y miembro del 15M de Granada. Tan sólo nueve días antes, Carlos
había ingresado en prisión para cumplir una condena de tres años de
reclusión. Su presentación de forma voluntaria se dio después de que el
Juzgado de lo Penal de esa ciudad dictara ejecución de sentencia. Carmen
Bajo, 56 años, en paro y con un hijo adolescente a su cargo, también
fue sentenciada al mismo tiempo de privación de libertad, tenía una
prórroga para ingresar en prisión hasta finales de este mes de julio. La
libertad de Carlos es provisional, a la espera de la resolución de una
petición de indulto ante el Ministerio de Justicia.
Carmen
y Carlos formaban parte de un piquete informativo que recorrió varios
puntos de su ciudad durante la Huelga General que tuvo lugar en el
Estado Español el 29 de marzo de 2012, convocada por sindicatos y
movimientos sociales (entre ellos, el 15M), en contra de la Reforma
Laboral impuesta por el gobierno del Partido Popular. En la legislación
española, los piquetes informativos constituyen un instrumento de
carácter legal que sirven para impedir (o tratar de impedir) que los
empresarios dificulten el derecho a la huelga. Formados por grupos de
trabajadores, su misión es informar a otros trabajadores de los motivos
de la misma para que, así, se unan a ella. Los piquetes recorren los
diferentes centros de trabajo, reparten en sus puertas información
escrita, explican los motivos o gritan consignas, lemas o
reivindicaciones. Son, en definitiva, un instrumento tanto para informar
y aclarar dudas a los trabajadores sobre la huelga, como para
neutralizar en la medida de lo posible, las presiones de los
empresarios, a veces no muy sutiles, para que no la realicen.
Los
piquetes informativos siempre han estado en el punto de mira de los
empresarios aún en aquellas épocas en que ninguno de ellos se atrevía a
poner en duda o querer restringir el derecho de huelga, algo que ha
empezado a cambiar en los últimos años1; pese a que el
Tribunal Constitucional ha confirmado en numerosas sentencias la
legalidad de los piquetes, empresarios, policías e incluso algunos
jueces y fiscales traten de hacer ver que los piquetes, lejos de ser
informativos, son coactivos y violentos.
En
el caso de Carmen y Carlos, formaban parte de un piquete de unas 200
personas que recorrió varias calles de la capital granadina; después de
haber sido identificados por la policía, la propietaria de un bar dijo
reconocerles como autores de coacciones y amenazas y la denuncia terminó
en un juicio penal en el que el fiscal pidió un año de cárcel y una
multa de más de 3.500 euros. Los acusados admitieron que formaron parte
del piquete, pero negaron que amenazaran a la dueña o que hubieran hecho
pintadas o causado daños en el local y la única prueba que se presentó
contra ellos fue el testimonio de la mencionada dueña, ya que ni la
Policía se personó en el juicio ratificando esa versión ni acudieron los
clientes del bar a testificar en contra de los acusados; aun así, el
juez estimó no sólo que eran culpables, sino que la pena pedida por el
fiscal era muy leve y en su sentencia les condenó a tres años de cárcel,
además de la multa. Cabe señalar que, según la legislación española, si
la sentencia condenatoria es inferior a dos años y no hay antecedentes
penales, es posible evitar la entrada en prisión, hecho que el juez ha
querido impedir al imponer una pena tan desproporcionada.
Carlos
y Carmen han recurrido sus sentencias, pero estas han sido ratificadas
por los distintos estamentos judiciales; también han solicitado el y se
han dirigido al Tribunal Constitucional; y están dispuestos a llevar
esta injusticia a Tribunales Internacionales, para que se considere que
la condena es fruto de un intento de reprimir el derecho de huelga.
Con
ser esta situación extraordinariamente llamativa, en el Estado Español
hay casi 300 personas, sindicalistas en su mayoría, con causas abiertas
por denuncias de la policía durante el ejercicio del derecho a la
información (darla y recibirla), en diferentes huelgas y conflictos, con
penas que, sumadas, juntarían más de 125 años de cárcel; decisiones
como la del juez de Carmen y Carlos se repiten, con demasiada frecuencia
últimamente, como en el caso de Ana y Tamara, dos trabajadoras gallegas
acusadas de tirar pintura y jabón líquido a una piscina, que
enfrentaron un juicio en el que el fiscal pedía 6 meses de cárcel y la
Audiencia Provincial de Pontevedra aumentó a tres años de prisión y que
en estos momentos también están a la espera de un indulto que evite su
entrada en prisión.
Más allá de
querer eliminar el derecho fundamental a la huelga, el gobierno, la
policía y algunos estamentos judiciales, están empeñados en dificultar
todo tipo de protestas e incluso en impedirlas, usando para ello el
miedo; en esta línea van tanto los proyectos de reforma del Código Penal
como la nueva Ley Ciudadana de Seguridad, más conocida como la “Ley
Mordaza”, que, con una evidente falta de respeto por los valores
democráticos, pretenden criminalizar cualquier acto de protesta con el
objetivo de hacer desaparecer los espacios de participación política que
se dan en los espacios públicos, que las protestas desaparezcan de las
calles y que, mediante la imposición de fuertes multas y penas de
cárcel, se silencien las voces críticas y quede la sensación de que la
ciudadanía está conforme con lo que el gobierno impone.
Pero
los movimientos sociales siguen en la calle y no están dispuestos a
salir de ella y esconderse, pese a la amenaza de unas multas que podrían
llegar a los 600 mil euros. El 15M sigue manteniendo sus Asambleas y
Grupos de Trabajo en muchos barrios, las Mareas (Blanca de Sanidad,
Verde de Educación, Naranja en defensa de los Servicios Sociales, Roja,
por la ciencia y Granate, de los emigrantes), sigue estando en la calle;
la Plataforma de Afectados por las Hipotecas continúa con su trabajo al
que se han unido Oficinas de Vivienda vecinales que funcionan de forma
totalmente autónoma y autoorganizada en numerosos barrios, etcétera… Y a
todas estas iniciativas se están sumando en las últimas semanas un
incipiente movimiento municipalista que comenzando por Barcelona
(Guanyem Barcelona) y siguiendo por Madrid (Ganemos Madrid), se está
extendiendo a algunas ciudades más del país (Valladolid, Zaragoza y
varias poblaciones al sur de Madrid, entre otras), con unas
características que, apostando por un asalto institucional, ponen el
énfasis en desbordarlo, no en administrarlo, para que sean los
ciudadanos y ciudadanas quienes decidan cómo debe de ser la ciudad en la
que viven y para que quien acceda a los ayuntamientos estén al servicio
de lo que decidan los ciudadanos, rindiendo cuentas ante ellos y
llevando adelante un programa no elaborado en los despachos o en
reuniones de dirigentes políticos, sino fruto de la consulta y decisión
ciudadana a través de encuentros y asambleas, para lo cual, lo
importante y urgente no es la construcción de acuerdos electorales ni la
confección de candidaturas que simplifiquen la “sopa de letras” de las
fuerzas presumiblemente de izquierdas, sino la creación y consolidación
de un potente movimiento ciudadano cuyas bases se han venido
construyendo desde hace años.
1
Recientemente la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) además de una nueva reforma laboral, recomienda una ley orgánica
de huelga muy restrictiva a la hora de su convocatoria, además de haber
emprendido una ofensiva en el plano internacional, para que sea
suprimida como derecho por la limitación de derecho, sino por la
supresión como tal de los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
http://www.publico.es/dinero/529190/ofensiva-de-los-empresarios-para-que-la-huelga-no-sea-un-derecho
http://desinformemonos.org
URL to article: http://desinformemonos.org/2014/07/15m-carlos-carcel-indebida-en-granada-libertad-provisional-ganada/
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