México.
En el fondo del delito de desaparición forzada está la discriminación a
grupos no favorecidos por el Estado, define Andrés Díaz Fernández,
abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(Prodh), y la base que permite su continuidad, desde finales de los
sesentas hasta nuestros días, es la impunidad.
“El gobierno es responsable por acción y
por omisión; hay un desbalance total entre el número de casos y la
ausencia de sentencias por este delito de lesa humanidad”, abunda el
defensor.
Durante la Guerra Sucia el Estado empleó
la desaparición forzada como una forma de represión contra los grupos
guerrilleros; durante la Guerra contra la Delincuencia, iniciada por el
presidente Felipe Calderón (2006-2012), sirvió para “incrementar el
temor de la población a las fuerzas de seguridad”, valora el integrante
del Prodh. En ambos casos, no existe voluntad de investigar, pues para
el gobierno las víctimas son “insignificantes” y “marginados”, ya sea
por ideología, edad u origen social, detalla.
El gobierno federal, a pesar de
reconocer más de 20 mil desapariciones de personas entre 2006 y 2014,
informará a la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) que cumple
con las convenciones internacionales “en un momento en el que se
registran avances sustantivos en la promoción, respeto y protección a
los derechos humanos en el país, gracias a un proceso de trasformación
estructural y de modernización del orden constitucional y legal para el
fortalecimiento y consolidación de una política de Estado en esta
materia”.
México rendirá su informe ante el Comité
contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas en
2015, “y siempre dice que cumple con todos los elementos y convenciones
internacionales”, explica el abogado Díaz Fernández, integrante del
equipo de defensa integral del Prodh.
La presentación del Informe Sombra (dado
a conocer el 11 de junio de 2014) en el que las organizaciones
sociales, las víctimas del delito y sus familiares pueden aportar
información de primera mano a la ONU, sirve como contra argumento para
los alegatos del Estado.
México es uno de los países donde el
delito de desaparición forzada no solamente se comete en mayor cantidad,
sino con mayor impunidad, acepta Díaz Fernández, que advierte que las
cifras son poco confiables.
En febrero de 2013, la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) dio a conocer una lista en poder de la Procuraduría
General de la República (PGR), en la que se contaban 26 mil 121 reportes
de desaparición. “El Gobierno mexicano ofreció verificar esta lista, y
en mayo de 2014, el Secretario de Gobernación compareció ante el Senado y
manifestó que la cifra inicial había sido reducida hasta quedar en 8
mil personas desaparecidas.
“Por su parte, el Procurador General de
la República, reconoció en un encuentro con familias de desaparecidos,
el 21 de mayo, que la cifra restante era de 13 mil 195, pues la mayoría
eran casos de ausencias o extravíos, sin aportar la metodología
estadística y generando una contradicción de cifras entre instancias
gubernamentales”, acusa el informe.
Las organizaciones defensores resaltan
que el gobierno reconoce oficialmente la existencia de 7 mil 615
personas desaparecidas en lo que va de la actual administración de
Enrique Peña Nieto. “Es decir, que el gobierno reconoce la existencia de
20 mil 810 personas desaparecidas entre 2006 y 2014. Cabe señalar que
esta cifra no incluye a las personas desaparecidas durante la Guerra
Sucia, que ascienden a mil 200 personas, lo cual constituye una forma
de invisibilización de las víctimas del Terrorismo de Estado”.
De acuerdo con el informe que elaboraron
las organizaciones defensoras de derechos humanos, – como la Asociación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a
los Derechos Humanos en México (AFADEM), el Centro de Derechos Humanos
de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de
Larios y el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi –, “el Secretario de
Gobernación no explicó la metodología usada para reducir en más de dos
tercios el número inicial, ni dio mayor información desagregada, que nos
permitiera tener una idea de los perfiles de las víctimas, de la
regionalización de los casos, o de las acciones implementadas para el
abordaje de la grave problemática”.
La tipificación hecha por el gobierno,
señala Díaz Fernández, solamente sirve para mencionarlo, no para hacer
investigaciones pertinentes o tratar de rescatar a las víctimas. El
informe advierte que las leyes permiten que delitos que configuran como
desaparición forzada sean tratados como secuestro, y ejemplifica con
casos cometidos por policías en funciones.
Las organizaciones clasifican a la
desaparición forzada en tres categorías: Casos cometidos únicamente por
agentes del Estado mexicano; casos cometidos por estos agentes pero en
coparticipación/vinculación con miembros de la delincuencia organizada; y
casos de desaparición forzada cometidos por miembros de la delincuencia
organizada, con la autorización, apoyo y aquiescencia del Estado
mexicano.
Para una adecuada investigación, “falta
voluntad, recabar pruebas y hacer investigación científica, interrogar a
servidores públicos e identificar restos”, enumera el abogado, y
denuncia que las investigaciones se suelen centrar en la víctima en vez
de dar con los responsables de su paradero.
El puente entre ayer y hoy
El abogado del Prodh resalta que la
documentada impunidad en las desapariciones forzadas cometidas durante
la Guerra Sucia (de 1969 a inicios de los años ochenta) permite que hoy,
el crimen de lesa humanidad sea tan grave “y con el aval del Estado”.
Tanto AFADEM como el Comité Eureka
señalan que los casos en el periodo indicado pudieron ser hasta 2 mil;
la CNDH y la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos
del Pasado (FEMOSPP) analizaron 532 casos, y la Comisión reconoció a
275 como desaparición forzada. Sin embargo, el Prodh logró saber que no
hay ni una sola consignación hecha por la Procuraduría General de la
República (PGR) por este delito.
“Es un crimen de lesa humanidad iniciado
por el gobierno mexicano, independientemente de que hoy lo cometa la
delincuencia”, define el abogado Fernández Díaz, quien advierte que la
línea entre ésta y el Estado es “muy delgada”.
“La sociedad tiene que abrir los ojos y
reconocer la crisis humanitaria en la que nos encontramos; también tiene
que aprender que por haber tenido la impunidad de antes –y sin contar
con legislación adecuada, mecanismos para erradicarla y sanciones- hoy
tenemos las cifras tan alarmantes; y reconocer la importancia de
denunciar y organizarse en torno al tema”, finaliza el defensor de
derechos humanos.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2014/06/impunidad-en-la-guerra-sucia-madre-de-las-desapariciones-de-hoy/
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