El
cerco popular de decenas de miles de personas al Congreso español no ha
logrado aún sus objetivos de dimisión del gobierno en pleno y abolición
de la actual Constitución, pero la acción demostró que “el terror que
desde el 18 de julio de 1936 (fecha del golpe de Estado franquista)
genera el régimen español en sus súbditos está disipándose rápidamente”,
evaluó Juan Domingo Sánchez, filósofo español y uno de los miles de
adherentes a esta acción.
La
convocatoria, llamada “Ocupa el Congreso”, fue lanzada por la
Plataforma ¡En Pie! La convocatoria fue a mantener un cerco indefinido
en el Congreso de los Diputados “hasta conseguir la dimisión del
gobierno actual, la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado
y la apertura de un proceso de transición hacia un nuevo modelo de
organización política, social y económica, haciendo de éste, el
llamamiento de unión de todas las luchas por una sociedad más justa y
democrática”.
Pese a las
duras cargas policiales, los participantes no solamente aguantaron en
los alrededores del Congreso la noche de la convocatoria, el 25 de
septiembre, sino que convocaron a salir nuevamente a las calles al día
siguiente. Para Alberto Pradilla, corresponsal en Madrid del diario
vasco Gara,
la resistencia “evidencia que se ensancha la grieta entre una sector de
la población española y buena parte de su clase política, aferrada a un
régimen que padece una crisis estructural”.
El origen
del malestar esté en las medidas gubernamentales ante la crisis y en lo
que se percibe como el agotamiento del modelo político de la Transición.
El blog de noticias Madrilonia se posiciona: “el gobierno no ha dejado
de obedecer las órdenes de los poderes financieros, que permanentemente
obligan a profundizar la crisis social. En este marco, no hay más salida
posible que la recesión y el empobrecimiento”.
La
plataforma convocante, autodefinida como social, antineoliberal,
anticapitalista, antipatriarcal y democrática, aglutina a “corrientes
republicanas de izquierda, corrientes de izquierda social, corrientes
libertarias, movimiento 15M, movimiento antiglobalización, corriente
antipatriarcal, movimiento obrero, movimientos ecologistas”, entre
otros, como informa en su página web.
El inicio
de la convocatoria fue entorpecido por las acusaciones de políticos del
gobernante Partido Popular (PP), que acusó de “golpistas” a los
convocantes. Además, la Audiencia Nacional, heredera del franquista
Tribunal de Orden Público y que juzga principalmente delitos de
delincuencia organizada, imputó a ocho convocantes de la manifestación
por delitos contra las instituciones del Estado. Pese a ello y al
despliegue de fuerza pública, los manifestantes llegaron a la cita.
Leónidas
Martin, participante de la acción, relata que “nunca antes había visto
algo así: miles y miles de personas cogidas de la mano rodeando el
Congreso”, que eran de todo tipo: familias, mayores, jóvenes. Poco
después de este cerco –que las fuentes oficiales cifraron en 6 mil
personas, mientras que los participantes calcularon hasta en cinco veces
más- comenzaron las cargas policiales, que se saldaron con al menos 65
heridos y más de 30 detenidos.
Aunque las imágenes de las cargas policiales y las golpizas circularon profusamente por las redes, el trending topic
de la noche tuvo que ver con Alberto Casillas, encargado de la
cafetería Prado y votante del derechista PP, que refugió en su negocio a
manifestantes perseguidos por los antidisturbios y encaró a las fuerzas
policiales. “El pueblo, cuando ve que atacan al pueblo, tiene que
protegerse entre sí”, declaró a los medios.
La
actuación policial fue calificada como “desproporcionada” por jueces
progresistas y congresistas del partido Izquierda Unida. El politólogo
Jaime Pastor escribía en Viento Sur
que: “Es ya el gobierno, consciente de su creciente desgaste social, el
que está empezando a tenerlo (miedo) al ver que ni siquiera su campaña y
su despliegue policial han conseguido intimidar a decenas de miles de
personas en la denuncia del secuestro de la presunta ‘sede de la
soberanía popular’ por la dictadura de los mercados”.
Para el
académico y activista Raimundo Viejo Viñas, la jornada de protestas
“marca un nuevo punto de tránsito en la ruptura constituyente del
régimen político español”. La protesta, señala, es de gran intensidad
crítica y contra el régimen en su conjunto. Y compara: “Al igual que en
Grecia, llega ahora aquí el desbordamiento del régimen instaurado en
1978”.
El también
editor señala que hay una crisis no solamente de un gobierno, sino del
parlamentarismo y la democracia liberal en su conjunto, que se vio en
esta jornada donde en el parlamento “sólo estaban presentes uno de cada
siete diputados, y una calle bajo el estado de excepción”. A esta crisis
contribuye que la monarquía se encuentra “más deteriorada que nunca”
debido a los escándalos de corrupción en los que se ha visto
involucrada.
La
organización Juventud Sin Futuro valoró al día siguiente de las
protestas y la represión que “lo que ayer era indignación es hoy, para
toda la generación golpeada en las calles, rabia y voluntad de cambio”. Y
valoran los logros de la jornada: “Primero, que el Gobierno pierda su
legitimidad porque ya nadie se cree que represente al pueblo, sino a los
poderes financieros. Segundo, que al mismo tiempo que la lucha ya no es
contra ellos (por mucha policía que nos envíen), conseguimos recuperar
esa herramienta que nos han arrebatado, la democracia”.
Para
Raimundo Viejo, lo más previsible para el futuro es que haya “más
políticas de austeridad, más incremento de la tensión entre
instituciones del régimen y movilizaciones en la calle, más disociación
entre las constituciones formal del régimen y material de la sociedad”.
El gran
reto para los movimientos es ver si, además de la protesta “emerge la
articulación de un régimen de poder alternativo”, señala Viejo Viñas,
“sólo así los esfuerzos movilizadores de la multitud podrán ser
realmente productivos”.
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