Aplicación
de la Ley de Seguridad Interior del Estado y policía militarizada
copando las ciudades es la respuesta del Gobierno a las demandas
sociales. En lo que va del mandato de Sebastián Piñera ya hay un joven
muerto a manos policiales y, en Aysén, quedó una estela de heridos por
perdigones lanzados por Carabineros. Las movilizaciones van al alza, así
también los casos de violencia policial, cuando 2012 recién se prepara
para recibir a los estudiantes y otros sectores sociales.
En una de las tantas noches de protesta en Aysén, Teófilo Haro
decidió cruzar el puente para ir a ver a su madre enferma del corazón.
Desde la tarde, la población donde ella vive, fue bombardeada con
lacrimógenas lanzadas por Fuerzas Especiales de Carabineros enviadas desde Santiago para sofocar la protesta social de los patagones.
Pero,
casi al llegar a la otra orilla, la vida de Haro cambiaría para
siempre. Un carabinero, parapetado tras un árbol, le salió al paso y a
una distancia de no más de tres metros disparó un tiro directo al rostro
de Teófilo. “Me reventó el ojo, quedé ciego al tiro. Empecé a dar
vueltas porque no sabía hacia dónde cortar. Caí al piso y el mismo
carabinero me dice: ‘Aquí te remato, hueón’, y me disparó otro tiro en
el pecho. Me metieron hartos balines. Aún no sé cuántos me habrán
puesto”.
A casi un mes del ataque,
los médicos aún no pueden sacarle todas las esquirlas de balines que el
hombre tiene en su cráneo. Algunos le comprometen el cerebro y un ojo
que ya perdió, así como la confianza en el cambio prometido por el
gobierno de Sebastián Piñera –a quien le dio el voto – y en la policía, que incluso disparaba a la gente que trataba de ayudarlo esa oscura noche en Aysén.
Las esquirlas alcanzaron además de Teófilo, a decenas de ayseninos. Le llegaron a Claudio Gallardo Vera, de 21 años, quien recibió un balín en su ojo derecho y a otras decenas de moradores de Coyhaique y Puerto Aysén,
quienes tienen las marcas en sus cuerpos. Entre el 14 y el 24 de
febrero, de 77 personas privadas de libertad en la Región durante las
manifestaciones, 44 constataron lesiones propinadas por los carabineros,
según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La directora del organismo, Lorena Fries,
comentó que constataron “como una situación preocupante los lesionados
por balines y el maltrato policial. Que de los detenidos, más del 50 por
ciento hayan resultado heridos leves y que escopetas antimotines fueron
usadas directamente hacia las personas, pese a que los protocolos de
servicio de Carabineros señalan que deben dispararse al aire, es algo
grave”.
Días antes, el vocero de Gobierno y primo-hermano del Presidente, Andrés Chadwick dijo que “Carabineros siempre tiene el respaldo del Gobierno”.
LÁS LÓGICAS DE LA MONEDA
Al
llegar la mitad del periodo de la administración piñerista, la
movilización social y territorial marca la agenda política nacional.
Las protestas de Punta Arenas, Calama y Aysén y, sobre todo, la revuelta estudiantil de 2011 “provocaron una crisis parcial de la hegemonía neoliberal que dominó Chile en las últimas décadas” -sostuvo el sociólogo del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (Ical), Daniel Núñez.
“En todas las asonadas ciudadanas, el manejo del Gobierno ha sido
desafortunado. No sólo ha sido incapaz de adelantarse a los conflictos,
sino que prefiere la estrategia de enfrentarse a los movimientos
sociales poniendo énfasis en el orden público”, enfatizó.
La primera protesta ocurrió en Rapa Nui,
a fines de 2010, y la respuesta del Gobierno les dejó a los isleños un
recuerdo de golpes y sangre. La demanda de un clan familiar por unas
tierras en el centro de la isla hizo que el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se apresurara a decir que los rapa nui buscaban “un aprovechamiento político”.
Cuando estalló en Magallanes el
conflicto por el alza del precio del gas, el mismo Ubilla dijo que la
muerte de dos mujeres atropelladas “es la consecuencia del llamado a una
protesta sin medir consecuencias” y fustigó a los líderes de la
protesta diciendo que “deben asumir su responsabilidad”.
En
Aysén, este 2012, ocurrió un guión similar. Pese a que, por diversas
vías, al Gobierno se le advirtió de la protesta en ciernes, la
intendenta Pilar Cuevas se fue de vacaciones y la protesta pilló de
sorpresa al Ejecutivo.
Luego de la negación, la primera respuesta fue desplegar en la Región a Fuerzas Especiales, que fue echarle bencina al fuego.
INCAPACIDAD DE RESPUESTA
Para el sociólogo Alberto Mayol,
“hay una sensación de que es posible movilizarse y plantear los
problemas derivados de 2011. Así vemos cómo empiezan a explotar diversos
problemas para el Gobierno en distintos lugares y lo grave es que el
Ejecutivo no sepa hacer el diagnóstico claro. Sin un diagnóstico
acertado, las respuestas no podrán ser mejores”.
Algunos
analistas sostienen que para evitar el bochorno de diciembre de 2011,
cuando el apoyo al gobierno de Piñera bajó a un 23 por ciento, se optó
por endurecer la mano para reconquistar el voto duro de la derecha,
obsesionada con el orden. Para esto ya se diseñó un modelo para
enfrentar las movilizaciones anunciadas para los próximos meses. La
máxima es el resguardo del orden público; luego llamar al diálogo;
evitar “condiciones” que planteen los movilizados; desgaste; dilatar la
entrega de soluciones.
Lejos del
análisis y asumir la complejidad de las situaciones para encontrar
salidas, personeros del Gobierno andan buscando enemigos y culpables.
Piñera dijo en una entrevista que hay quienes están “llenos de maldad en
su alma”. El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, indicó que el conflicto de Aysén fue gatillado por “activistas políticos que no ven la realidad” y que detrás está el Partido Comunista y ambientalistas. El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, las emprendió contra el obispo de Aysén, Luis Infanti, a quien lo llamó a “no estar amenazando ni estar profetizando que va a venir más violencia”.
Luego de décadas de gobiernos concertacionistas que dilataron respuestas a demandas sociales, la derecha en el Gobierno esperó
mantener la lógica de los consensos. Claro que el movimiento
estudiantil “vino a neutralizar el dispositivo del consenso que ha
sustentado el inmovilismo social y político de las últimas décadas”,
según Daniel Núñez.
Mayol advirtió
que “la emergencia ciudadana va a una velocidad enorme, comparas mazo de
2011 con ahora, y la clase política es la que menos entiende lo que
está pasando. Asistimos al fin de la ‘subjetividad rebelde adaptativa’,
que estudios que hicimos en la Universidad de Chile
detectamos en las décadas anteriores y cuyas características eran una
alta disconformidad con el orden existente, aunque baja tolerancia al
conflicto y menor politización; y la emergencia de una incipiente
subjetividad que abre el horizonte de la política desde una
reconstrucción deliberativa de las operaciones institucionales del
país”.
UNA LEY CON NOMBRE Y APELLIDO
En una de las últimas marchas por la educación, a fines de noviembre de 2011, el coronel a cargo de Fuerzas Especiales, Jorge Fernández Mardones, se comunicó con el jefe de Seguridad Pública de la Intendencia Metropolitana, Gonzalo Díaz del Río.
El llamado fue para confirmar la orden que establecía que como el
permiso dado a la Marcha Binacional por la Educación duraba hasta las
20:00 horas, en ese mismo instante Carabineros debía proceder a
desalojar a los manifestantes.
Luego
de confirmar la orden, el prefecto Fernández se subió al carro lanza
gases J 533 y dio el vamos para que la policía dispersara a los miles de
jóvenes congregados en el Parque Bustamante. Ni un
minuto más del permiso y ni un metro más allá del sitio señalado es la
tónica del gobierno de Piñera para enfrentar las manifestaciones
ciudadanas.
La estrategia del
Ejecutivo se fue afianzando en 2011. Se trataba de dar una señal de
autoridad, mientras se destacaron encuestas que señalaban rechazo a la
violencia en las protestas sociales. En el segundo semestre del año
pasado se encargó a Adimark que midiera no sólo el
apoyo al movimiento estudiantil, sino que apareció la pregunta, ¿Apoya
la forma en que los estudiantes han llevado a cabo sus movilizaciones?
Los medios conservadores, sobre todo la televisión, priorizó por las
imágenes de destrozos, confrontaciones y violencia.
La
estrategia se cierra con la denominada Ley Hinzpeter, que endurece las
penas por desórdenes públicos, convierte en delito encarcelable tomarse
un colegio y apunta a hacer responsables de los destrozos que pudiesen
ocurrir a los convocantes a una protesta.
UN ASESINATO Y UNA GOLPIZA IMPUNES
En una de las jornadas de protesta de 2011 el joven Manuel Gutiérrez
cayó abatido por una bala. Si bien un alto oficial de Carabineros se
apresuró a decir que no habría investigación, a las horas se confirmó
que el disparo fue hecho por un carabinero. En un principio, la familia
de Gutiérrez pidió no politizar el caso, pero cuando en noviembre pasado
la Corte Marcial dejó en libertad bajo fianza al ex sargento de carabineros, Miguel Millacura, se dieron cuenta de que habría impunidad por el crimen.
Lorena Fries -del INDH-
sostuvo que “el estado actual de la Justicia Militar no es garantía de
justicia para los civiles”. Tampoco los procedimientos policiales. Así
también lo comprobó Recaredo Gálvez, quien se desempeñó en 2011 como vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción.
La
noche del 21 de julio, luego de una protesta y en los alrededores de su
casa de estudios, Carabineros lo tomó por la espalda, lo golpearon y lo
subieron a un bus policial. “Adentro me siguieron golpeando, y como me
pegaron en la cabeza, quedé aturdido, perdí el conocimiento. Cuando
despierto, estoy esposado y dos carabineros me están apretando el cuello
para ver el pulso. Preocupados, me llevan a constatar lesiones. Tenía
la cara con sangre, las manos con sangre, no me podía mantener de pie.
El doctor que me atiende dice que el golpe podía haber sido mortal e
increpa a los carabineros diciéndoles que estaba cansado de que lleguen
estudiantes en condiciones como esa, que hasta cuándo se les va a pasar
la mano, y los pacos le responden que él haga su pega porque ellos hacen
la suya”, contó el joven representante universitario.
Recaredo
notó cierto nerviosismo de los policías que lo apresaron, sobre todo
cuando el médico les dijo que su estado era muy delicado. Tras hacerse
un escáner y radiografías, esposado, lo llevaron a una Comisaría. Grande
fue su sorpresa cuando le entregaron el parte de la detención, en el
que se le acusó de porte ilegal de armas y de homicidio frustrado a un
mayor de Carabineros. “Me negué a firmar porque eso no era así.
Entonces, me dicen que me pasan a la Fiscalía y que esa
noche estaría encerrado”, relató Gálvez. Al otro día, la Jueza
determinó que era un peligro para la sociedad y quedó en prisión
preventiva por una semana, en la cárcel El Manzano.
“Creo
que como ellos me dejaron tan golpeado, en una situación tan delicada,
en ese momento pensaron que si no hacían algo se les iba a venir encima,
creo que ahí fraguaron la acusación de homicidio frustrado sin tener
ninguna prueba”, reflexionó el estudiante.
Se
detectó la práctica de acusar de “maltrato de obra” a carabineros a
quienes son reprimidos por la policía, aunque Fries señaló que “aún no
hemos constatado que sea una práctica generalizada”.
A
noviembre de 2011, y luego de seis meses de movilizaciones, las
protestas habían dejado un saldo de más de 13 mil detenidos. Además, se
reportaban 62 civiles con lesiones leves y tres de mayor gravedad.
Claro, la mayor parte de los heridos ni siquiera se reporta. “Hay un
subregistro de los heridos”, especificó la directora del INDH.
Para
ella, las acciones de la policía uniformada son “una cultura
institucional que hay que ir cambiando. Carabineros tiene obligaciones
mayores que los manifestantes y custodiar el orden público. No puede
violentar el derecho a manifestarse de las personas. El cambio de mirada
tiene que ver con que la policía entienda que las personas que se
movilizan no son enemigos, sino su acción es una legítima actividad
ciudadana”.
Pese a que a fines de 2011 se presentaron 117 casos de abusos policiales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el propio Presidente en una entrevista al programa Tolerancia Cero,
dijo que de las 1.700 personas heridas en 2011, mil 100 eran
carabineros. Días antes, respondió con una cifra similar al músico Roger Waters, quien lo visitó en La Moneda: “No es cierto que hay una fuerza policial que está aplicando brutalidad”, remató el Mandatario.
No en vano el ex Pink Floyd terminó su misiva a los chilenos preguntándose: “¿Será que todos los políticos son tan descuidados con la verdad?”
El Ciudadano Nº121, segunda quincena marzo 2012
http://www.elciudadano.cl/2012/03/29/50382/abuso-de-fuerza-respuesta-del-gobierno-a-la-demanda-social/
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