Sobre una calle convertida en escombros, 60 personas están reunidas
en la sala y el patio de una vivienda casi derruida que oficia de sede
de la Comisión de Mujeres Víctima a Víctima de Haití.
Las mujeres
son integrantes de la comisión (en creole, Komisyon Fanm Viktim pou
Viktim, Kofaviv) y habitan escuálidos campamentos de desplazados o
algunos de los más duros y pobres vecindarios de la capital. Esta vez,
cada una trajo consigo a un hombre para que participe en un taller de
prevención de la violencia.
Vestidos con ropas de domingo, los
participantes bromean y se saludan. "¡Feliz año nuevo!", dice una joven
con grandes pendientes. Pero entonces se corrige: "No, no debería decir
‘feliz’, sino ‘te deseo buena salud’".
Cuando las discusiones comienzan, desaparecen las sonrisas.
"Bien,
hagamos una lista. ¿Qué tenemos en el campamento de la pista?",
pregunta una anciana que vive en una tienda en el ex aeropuerto militar
de Haití. "De acuerdo, robos, prostitución juvenil, violaciones,
violencia doméstica y abuso verbal".
"Es lo mismo que tenemos en nuestro campamento", apunta una jovencita de vaqueros y camiseta de finos breteles.
Un hombre vestido con una camisa blanca perfectamente planchada, pregunta: "Sí, pero ¿qué vamos a hacer al respecto?".
Un
año después del terremoto de siete grados en la escala Richter, que
segó 230.000 vidas, dejó heridas a 300.000 y a un cuarto de la población
nacional sin hogar, las haitianas experimentan una segunda catástrofe.
En
los 2.000 campamentos de desplazados dispersos en todo el país, las
mujeres y las niñas están atrapadas en una violenta arremetida de abuso
sexual, golpizas salvajes y horrendos crímenes contra la humanidad.
Entre
uno y dos millones de haitianos siguen apiñados en esos recintos
cerrados, convertidos en microcosmos que reproducen la grosera
desigualdad, la exclusión social y la pobreza sin límites que han
caracterizado a Haití durante siglos.
Un informe publicado el
jueves 6 por Amnistía Internacional describe las condiciones en las que
viven las mujeres en esos míseros refugios en los campamentos, apenas
unas frágiles tiendas o unos trozos de lona estirados sobre un pedazo de
tierra.
Según el informe "Aftershocks: Women Speak Out Against
Sexual Violence in Haiti's Camps" (Post-trauma: Las mujeres hablan claro
sobre la violencia sexual en los campamentos de Haití) en los primeros
100 días posteriores al terremoto, se denunciaron más de 250
violaciones.
Muchas mujeres y niñas son violadas una y otra vez, y
a menudo en cada ocasión toman parte varios hombres. Casi todas las
víctimas han sido golpeadas y maltratadas.
Las condiciones
sanitarias y de atención médica en los campamentos son pésimas; hay que
bañarse en público y caminar largas distancias de noche hasta los baños
compartidos.
La privacidad no existe, tampoco la iluminación o
algún tipo de barreras que frenen a los violadores. Así, niñas de 12 o
13 años quedan a merced de esta ola de violencia sexual que se
manifiesta sobre todo de noche, señala el informe.
"Las
organizaciones femeninas locales nos ayudaron a llegar a las víctimas",
dijo a IPS la experta de Amnistía, Kerrie Howard. "Es muy difícil hablar
para las mujeres y las niñas porque los campamentos son comunidades muy
cerradas".
Una de las asociadas locales de Amnistía, y posiblemente una de las más activas desde el terremoto, es Kofaviv.
"Creemos
en la educación y en prevenir la violencia", dijo a IPS la coordinadora
de proyectos de Kofaviv, Jocie Philistin. "Todas nuestras integrantes
son sobrevivientes que se rehabilitaron, y ahora intentamos ayudar a
otras. Y la solución no depende sólo de las mujeres. Necesitamos que
hombres y mujeres trabajen juntos".
Pero las sesiones de talleres y las patrullas de control del vecindario no son la única respuesta, admite Philistin.
"La violencia tiene dos factores, uno es la pobreza, es decir, la economía. El otro es la política", dijo.
Cuando
hay inquietud política o la economía se daña, la violencia contra las
mujeres aumenta. La violación ha sido usada como arma política. La
población joven, en especial las muchachas, se prostituyen por una
comida o un techo.
Ahora, casi un año después del terremoto, Kofaviv admite que hay desesperanza.
"Las
cosas han empeorado en los campamentos, en las comunidades", dijo
Philistin. "La ausencia del estado es absoluta, las organizaciones no
gubernamentales están en los campamentos sobre todo por relaciones
públicas, y no se les permite trabajar en las "zonas rojas", los
vecindarios más peligrosos", describió.
Un rayo de esperanza
A
inicios de octubre de 2010, un grupo de organizaciones legales y
sociales, entre ellas MADRE, el Instituto por la Justicia y la
Democracia en Haití y el Bureaux des Advocats Internationaux, efectuaron
una denuncia formal a favor de 13 mujeres y niñas ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El martes 4, la CIDH hizo lugar a la denuncia y emitió recomendaciones inéditas al gobierno de Haití.
Las
autoridades deben suministrar a la población en riesgo atención médica y
psicológica y anticoncepción de emergencia a cargo de personal médico
femenino y entrenado en las particularidades culturales del lugar.
También deben iluminar las calles y elevar el patrullaje.
Pero,
sobre todo, deben asegurar la participación plena y el liderazgo de los
grupos femeninos de base en los planes y la aplicación de políticas para
combatir la violencia sexual, dice la CIDH.
La defensora de derechos humanos Lisa Davis, directora de MADRE, fue la autora principal de la denuncia ante la CIDH.
"Trabajamos
con grupos de haitianas desde la crisis de violaciones que estalló en
1990", dijo Davis a IPS. "Consultamos a nuestros socios locales cada
paso que damos".
Aunque las mujeres están preocupadas por los
cambios políticos que acaben con las causas de esta violencia y con el
patriarcado, predomina la necesidad de seguridad inmediata, indicó.
En
un informe titulado "Our Bodies Are Still Trembling: Haitians Women's
Fight Against Rape" (Nuestros cuerpos todavía tiemblan: La lucha de las
haitianas contra la violación), los grupos denunciantes ante la CIDH
registraron testimonios femeninos en los campamentos. Mujeres de hasta
60 años y niñas de ocho o nueve han sido sometidas a una crueldad que se
agravó desde las elecciones de 2010.
"Tenemos denuncias de
hombres ingresando a los campamentos y disparando a mujeres que llevaban
puestas camisetas con leyendas electorales", dijo Davis.
"Cada
mujer con la que hablé me dijo que lo que más quería era una vivienda. Y
si no podían obtenerla, porque no se les ofrece, entonces querían
sentirse seguras", describió.
Minustah: muy poco y muy tarde
Minustah: muy poco y muy tarde
Mientras
unos pocos bolsillos de activistas locales e internacionales se están
vaciando, organismos poderosos, como las Naciones Unidas, son acusados
de hacer muy poco y muy tarde.
"Por supuesto que la Minustah
podría hacer mucho más que lo que hace", dijo a IPS Kerrie Howard, de
Amnistía, en referencia a la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití.
"Sus funciones policiales deberían tener una
prioridad de género mucho mayor", dijo. "Deben ayudar al gobierno a
entrenar a sus cuerpos de seguridad y capacitar a esas fuerzas para que
sepan cómo combatir la violencia de género, si es que alguna vez van a
cumplir con las mujeres".
Brian Concannon, director del Instituto por la Justicia y la Democracia en Haití, tiene una visión muy crítica de la Minustah.
El
año pasado, "la Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que
traería desde Bangladesh una unidad policial especial femenina para
proteger a las mujeres", dijo.
"La unidad llegó, pero patrulla
las instalaciones de la onU, no los campamentos. Se dice que es por
falta de traductores, pero una fuerza que gasta 2,5 millones de dólares
por día podría pagar traductores y hacer que funcione uno de sus
proyectos prioritarios", dijo Concannon a IPS.
"Como dijimos en
nuestra petición a la CIDH, los oficiales de la onU que se ocupan de la
violencia de género minimizan las denuncias de violaciones que hacen
grupos de mujeres pobres y marginan a las organizaciones de base, que
son mucho más efectivas, para favorecer a las entidades tradicionales de
mujeres", añadió.
Así no se enteran de lo que pasa, y luego dicen que "no hay evidencias de las violaciones reportadas", denunció.
* Con aportes de Jane Regan desde Puerto Príncipe.
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