domingo, 24 de mayo de 2015
Tecnología-Freeware: PC-BSD 10.1.2....Modo Tor
PC-BSD® es un amigable sistema operativo de escritorio basado en FreeBSD.
Ampliamente conocido por su estabilidad y seguridad en entornos de servidor, FreeBSD ofrece una excelente base sobre la que construir un sistema operativo de escritorio. PC-BSD utiliza una gran cantidad de populares gestores de ventanas de código abierto y utiliza un instalador de aplicaciones a medida a medida que pone a las aplicaciones más populares en el alcance de la mano de los usuarios.
descargar PC-BSD 10.1.2
Chile: Cámara de Diputados de Chile rechazó proyecto de ley para aclarar el TPP..... adnradio.cl
adnradio.cl
Observatorio Sudamericano de Patentes
La iniciativa era impulsada por la bancada joven, encabezada por Gabriel Boric y Giorgio Jackson, quienes pedían aclarar las implicancias de este tratado.
Este martes, la cámara de diputados rechazó un proyecto de ley que buscaba transparentar los acuerdos que tendría para el país el Acuerdo de Asociación Transpacífico de Libre Comercio, el que se conoce por la sigla TPP, y que podría tener impacto en la propiedad intelectual y en el precio de los remedios.
La moción decía así: "La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, previo a la decisión sobre la suscripción del TPP, acredite públicamente que traerá beneficio económico concreto a nuestro país, que no provocará perjuicio en el ámbito de la cultura, que no habrá alzas de precio en productos farmacéuticos ni cesiones de soberanía regulatoria a otros países u organismos internacionales sobre nuestra legislación interna".
La votación terminó con 26 votos a favor, 35 en contra y 25 abstenciones, por lo que se desechó. La ONG Derechos Digitales lamentó este resultado de la Cámara Baja en su Twitter.
El diputado de Izquierda autónoma, Gabriel Boric, publicó una carta en su blog personal sobre este caso. "Desgraciadamente la mayoría de los diputados presentes rechazó este proyecto. A ellos les corresponde explicar sus razones, las que por cierto son legítimas, aunque no las comparto", dice.
Acá va un extracto
"Yo no quiero que la Cancillería negocie en tranquilidad tratados de estas características. Quiero que el contenido sea sometido al más severo escrutinio público, a debates, exigir que el gobierno nos diga cuál es su posición y por qué. Y el problema es que no queda tango tiempo. Porque el Ministro de Relaciones Exteriores señaló hace un par de meses que ya llevaban un 70%
Y sabe cuál es el problema, qué todo lo relativo a este tratado ha sido oscuro. Nos tuvimos que enterar por wikileaks de aspectos de la negociación. Y eso no es propio de una democracia transparente.
Permítame un par de ejemplos:
El 30 de abril de 2015, en una carta firmada por académicos y jueces de Estados Unidos, entre ellos el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, donde advierten su preocupación por una de las cláusulas del TPP, conocida como ISDS (Inversor State Dispute Settlement), que permitiría a inversionistas extranjeros demandar a un Estado ante cualquier regulación que afecte sus intereses, no ante los tribunales de justicia locales, sino ante cortes ad-hoc. De ser cierto, ¿no es acaso una limitación inaceptable a nuestra soberanía.
Otro ejemplo. Hay una serie de materias sobre nuestra Ley de Propiedad que son abordadas por el texto del TPP, entre ellos aumento de plazos de protección, protección de copias temporales, limitación de responsabilidad de prestadores de servicios de Internet, entre otras. Hay decisiones tomadas por este Congreso hace menos de tres años que producto del TPP van a tener que revisarse.
También en el tema medioambiental. La fundación TERRAM ha planteado legítimas dudas respecto de los procedimientos a los que nos someteremos como país en el marco de los acuerdos multilaterales de medio ambiente.
Hay muchos que dicen que no quieren debate ideológico. Y entonces esconden su ideología detrás de la técnica. Velasco es un claro ejemplo de esto. Pero aquí en el parlamento este argumento se utiliza recurrentemente. ¿No es suceptible de debate ideológico legítimo la idea de propiedad intelectual? ¿Las patentes farmacéuticas?".
Fuente: http://observadorpatentesur.blogspot.com.ar/2015/05/chile-camara-de-diputados-rechazo.html
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=199133
Noticias: Promociones y persecuciones...El proyecto ‘Neutralidad de la Red’, que busca brindar acceso igualitario y libre competencia en Internet, se extiende por el mundo. En EE.UU. denuncian desigualdades en el trato dado a los informantes: por revelar datos secretos condenan al exjefe de la CIA David Petraeus a dos años de libertad condicional mientras trabaja de asesor en la Casa Blanca. Y el Departamento de Estado norteamericano solicita dos millones de dólares para promover la democracia en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador.
El proyecto ‘Neutralidad de la Red’, que busca brindar acceso igualitario y libre competencia en Internet, se extiende por el mundo. En EE.UU. denuncian desigualdades en el trato dado a los informantes: por revelar datos secretos condenan al exjefe de la CIA David Petraeus a dos años de libertad condicional mientras trabaja de asesor en la Casa Blanca. Y el Departamento de Estado norteamericano solicita dos millones de dólares para promover la democracia en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador.
¿Qué es lo que queda detrás de la noticia?
En el nuevo programa de RT la abogada y escritora Eva Golinger abre un espacio para analizar, debatir e investigar los eventos más destacados de América Latina y Estados Unidos. Les invitamos a sumergirse en un territorio lleno de polémicos acontecimientos examinados desde una amplia variedad de opiniones. Lo que no se ve a simple vista, se destapa en 'Detrás de la noticia'.
Descubran los enredos y las mañas de la política contemporánea en sus pantallas con RT.
Europa: El futuro de Europa se decide en un sucucho...Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión......El Ciudadano
A pocas semanas de que los eurodiputados
decidan el destino del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión,
el secretismo impuesto en torno al texto sigue generando inquietud entre
la ciudadanía. Ejemplo de ello son las condiciones en las que se
permite a los eurodiputados revisar el acuerdo, en un habitáculo de 6
metros cuadrados rodeado de una vigilancia extrema.
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), que promete abrir la puerta a las alianzas de comercio entre Europa y EEUU, sigue en boca de todos y en manos de unos pocos. En las próximas semanas el Parlamento Europeo se posicionará respecto a las propuestas que engloba y que atentan flagrantemente contra los derechos de los ciudadanos al permitir a las grandes empresas denunciar a los estados cuando consideren que las leyes o decisiones aprobadas atentan contra sus privilegios.
Los interesados en sacar adelante el polémico tratado anunciaron el pasado mes de enero, en un intento por silenciar las críticas relativas al oscurantismo que lo rodea, la instalación de una ‘reading room’ (sala de lectura) para que los eurodiputados pudieran acceder al contenido del mismo. Sin embargo, a tenor de las condiciones impuestas a aquellos que pueden y han querido ejercer su derecho, la iniciativa no ha hecho sino ratificar el secretismo impuesto en torno al texto, lo que sin duda augura las nefastas consecuencias que en materia de derechos tendrá para los ciudadanos.
El paso por la ‘sala de lectura’, un habitáculo de seis metros cuadrados, conlleva unas condiciones de vigilancia extrema, que, en palabras de los eurodiputados que ya han pasado por ella, atentan contra “el parlamentarismo y la democracia”. Así de tajante lo declaraba Ernest Urtasun, eurodiputado español, al medio Eldiario.es.
“La experiencia ha sido muy negativa; Me han quitado el bolígrafo, me han quitado cualquier papel sobre el que podría escribir y me han quitado el móvil. Luego firmas un documento de confidencialidad de 14 páginas y un funcionario te saca los documentos que el eurodiputado pide con antelación. El tiempo máximo es de dos horas y durante ese lapso el funcionario te controla permanentemente”, ha declarado Urtasun, que denuncia además no poder contar con la ayuda de expertos en las diferentes materias para interpretarlo.
La eurodiputada Inmaculada Rodríguez, del Partido Socialista (PSOE) también coincide con las críticas de Urtasun: El funcionario “se sienta frente a ti y te observa sin pestañear, es muy incómodo. Puedes hacer anotaciones en un papel especial que te dan ellos, papel de agua, que supuestamente no se puede fotocopiar”, declara al medio español El Confidencial.
Aunque la mayoría de europarlamentarios coinciden en que el material que se presta para revisión es básicamente lo mismo que ya está publicado, la diputada Marina Albiol, del grupo político español Izquierda Unida, señala que sí encontró novedades respecto a lo que ya se sabe: “En mi caso sí vi algo que no está publicado y me lo tengo que tragar, porque el documento de confidencialidad que firmamos amenaza con consecuencias penales en caso de filtración”, declara al diario.es.
Oposición ciudadana
El engranaje que permitirá a los inversores extranjeros denunciar a los estados ante un tribunal de arbitraje privado es el ISDS (solución de controversias inversor-estado), mecanismo incluido en el TTIP, que a pesar de no traer consigo ninguna novedad – la mayoría de políticas europeas ya benefician al inversor por encima del ciudadano de a pie- sí va a reforzar las actuales políticas de canibalismo económico y va a servir como una herramienta más de chantaje para que los gobiernos decidan en base a intereses privados.
Es por ello que la ciudadanía ha comenzado a movilizarse en una serie de protestas que alcanzaron su punto álgido el pasado 18 de abril, cuando miles de personas salieron a las calles de toda Europa para tratar de presionar al poder. Además, se han puesto en marcha iniciativas online que buscan informar y conseguir apoyo para impedir su aprobación, como la plataforma NoAlTTIP.
Información relacionada
TTIP o el capitalismo salvaje
TTIP, el tratado negociado en secreto que creará la mayor área de comercio libre del mundo
El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl/2015/05/23/166973/el-futuro-de-europa-se-decide-en-un-sucucho/
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), que promete abrir la puerta a las alianzas de comercio entre Europa y EEUU, sigue en boca de todos y en manos de unos pocos. En las próximas semanas el Parlamento Europeo se posicionará respecto a las propuestas que engloba y que atentan flagrantemente contra los derechos de los ciudadanos al permitir a las grandes empresas denunciar a los estados cuando consideren que las leyes o decisiones aprobadas atentan contra sus privilegios.
Los interesados en sacar adelante el polémico tratado anunciaron el pasado mes de enero, en un intento por silenciar las críticas relativas al oscurantismo que lo rodea, la instalación de una ‘reading room’ (sala de lectura) para que los eurodiputados pudieran acceder al contenido del mismo. Sin embargo, a tenor de las condiciones impuestas a aquellos que pueden y han querido ejercer su derecho, la iniciativa no ha hecho sino ratificar el secretismo impuesto en torno al texto, lo que sin duda augura las nefastas consecuencias que en materia de derechos tendrá para los ciudadanos.
El paso por la ‘sala de lectura’, un habitáculo de seis metros cuadrados, conlleva unas condiciones de vigilancia extrema, que, en palabras de los eurodiputados que ya han pasado por ella, atentan contra “el parlamentarismo y la democracia”. Así de tajante lo declaraba Ernest Urtasun, eurodiputado español, al medio Eldiario.es.
“La experiencia ha sido muy negativa; Me han quitado el bolígrafo, me han quitado cualquier papel sobre el que podría escribir y me han quitado el móvil. Luego firmas un documento de confidencialidad de 14 páginas y un funcionario te saca los documentos que el eurodiputado pide con antelación. El tiempo máximo es de dos horas y durante ese lapso el funcionario te controla permanentemente”, ha declarado Urtasun, que denuncia además no poder contar con la ayuda de expertos en las diferentes materias para interpretarlo.
La eurodiputada Inmaculada Rodríguez, del Partido Socialista (PSOE) también coincide con las críticas de Urtasun: El funcionario “se sienta frente a ti y te observa sin pestañear, es muy incómodo. Puedes hacer anotaciones en un papel especial que te dan ellos, papel de agua, que supuestamente no se puede fotocopiar”, declara al medio español El Confidencial.
Aunque la mayoría de europarlamentarios coinciden en que el material que se presta para revisión es básicamente lo mismo que ya está publicado, la diputada Marina Albiol, del grupo político español Izquierda Unida, señala que sí encontró novedades respecto a lo que ya se sabe: “En mi caso sí vi algo que no está publicado y me lo tengo que tragar, porque el documento de confidencialidad que firmamos amenaza con consecuencias penales en caso de filtración”, declara al diario.es.
Oposición ciudadana
El engranaje que permitirá a los inversores extranjeros denunciar a los estados ante un tribunal de arbitraje privado es el ISDS (solución de controversias inversor-estado), mecanismo incluido en el TTIP, que a pesar de no traer consigo ninguna novedad – la mayoría de políticas europeas ya benefician al inversor por encima del ciudadano de a pie- sí va a reforzar las actuales políticas de canibalismo económico y va a servir como una herramienta más de chantaje para que los gobiernos decidan en base a intereses privados.
Es por ello que la ciudadanía ha comenzado a movilizarse en una serie de protestas que alcanzaron su punto álgido el pasado 18 de abril, cuando miles de personas salieron a las calles de toda Europa para tratar de presionar al poder. Además, se han puesto en marcha iniciativas online que buscan informar y conseguir apoyo para impedir su aprobación, como la plataforma NoAlTTIP.
Información relacionada
TTIP o el capitalismo salvaje
TTIP, el tratado negociado en secreto que creará la mayor área de comercio libre del mundo
El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl/2015/05/23/166973/el-futuro-de-europa-se-decide-en-un-sucucho/
México: Las luchas de Aristegui, de la CNTE y de apoyo a los 43, desnudan a gobierno y empresarios... Pedro Echeverría V.
Carmen, vas bien al defender y enseñar a los trabajadores sus derechos; ni un paso atrás.
1. Carmen Aristegui, la locutora más escuchada de la radio y el Internet en México y cesada por la empresa MVS hace dos meses por ser una fuerte crítica de las políticas de gobierno, al término de la reunión de ayer jueves con los directivos de la empresa, censuró la actitud poco conciliadora de los empresarios y subrayó que no hubo acuerdo porque ‘‘había una de las partes que no quería alcanzarlo’’. Denunció un viraje en la estrategia patronal legal; ahora pretenden intimidarla con el amago de causarle un daño patrimonial para hacerla desistir de su demanda. La periodista destacó que analizan nuevas rutas legales, como acudir a la Suprema Corte de Justicia.
2. Obviamente Televisa, TV Azteca, Radio o Tele Fórmula y otros medios- que tanto hablan de la “libertad de prensa” y “respeto a la opinión”- han colaborado para hundir más a la periodista, para que no sea recontratada, porque los ha superado a todos en entrevistas, análisis y noticias, por mantener una línea crítica e independiente. ¿Cómo pueden apoyar esas empresas la libertad de expresión para Aristegui si por su carácter monopólico han sometido a los gobiernos a su capricho? En el sistema capitalista los trabajadores no pueden confiar en alguna institución, pero luego por propia estrategia para no enlodarse más, tocan la flauta.
3. La batalla de la periodista Carmen Aristegui –desde hace dos meses- por su reinstalación como conductora de su programa analítico y crítico en radio nacional, va muy bien (aunque siga enfrentando trampas de la empresa) desde el punto de vista jurídico. Además de haber sido la locutora con más audiencia e influencia en el país, hoy por su batalla jurídica contra los empresarios y gobierno, ha recibido el apoyo de millones de radioescuchas y de otras miles de gentes por diferentes medios. Para gobierno y empresarios ha sido una mala jugada porque han sido exhibidos –incluso a nivel internacional- como corruptos y déspotas al despedir a quienes se ha atrevido a criticarlos.
4. El próximo martes 26 de mayo se recordará en las avenidas de la ciudad de México la criminal desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por policías y milicos del gobierno. Muchos padres de los 43 han visitado veintenas de ciudades de EEUU y Europa realizando mítines y denuncias contra el gobierno y los empresarios de México por las desapariciones, encarcelamientos y asesinatos de miles de activistas en el país por el sólo hecho de salir a protestar. Tanto la batalla de Aristegui como la de los padres han contado con el apoyo total de la CNTE que durante tres años ha mantenido un plantón en el DF.
5. En México los empresarios fachos y el gobierno a su servicio, están muy nerviosos porque han estado acostumbrados a despedir en masa a los trabajadores dejándolos sin recurso importante de defensa. Por ejemplo en octubre de 2011 el gobierno de Calderón, asesorado por el secretario del Trabajo, fascista Lozano, despidió a 45 mil electricistas (45 mil); al poco tiempo fueron despedidos cientos de trabajadores de Mexicana de Aviación; los profesores de la CNTE han sido amenazados de cese y, de igual manera, han sido cesados del trabajo a otros miles en la República
6. Si Aristegui triunfa en su lucha que se torna difícil y se ha prolongado dos meses, también los trabajadores del país ganan porque ya no se les podrá despedir –así nada más, como se despiden a miles diariamente en el país- de acuerdo a la voluntad de sus empleadores. Por ello han declarado los patrones que “la aplicación del cuerpo legal que incluye esta consideración en el recurso de amparo de Aristegui, que busca su reinstalación en el espacio informativo que conducía, limitaría la libertad de expresión de las empresas concesionarias e inhibición de las inversiones nacionales y extranjeras”.
7. No solo se impediría a los concesionarios despedir a sus empleados y colaboradores sino que además se les estaría entregando a éstos la operación de la concesión, afectando con ello su facultad de contratación de conductores y periodistas (ley civil), así como para la creación de una obra determinada como lo es un noticiero (leyes autoral y mercantil). Los concesionarios, agrega el texto, se verían afectados al no poder cumplir con su objeto social y se perjudicaría a cualesquier sociedad que opere una concesión, situación que inhibe inversión y perjudica a la industria de la radiodifusión.
8. Gritan molestos los empresarios contra el amparo que recibió Aristegui y exigen que no sea recontratada porque pondría un precedente contra “las inversiones que tanto necesita el país”. Además advierten que se acaba el principio de propiedad y de autoridad “consagrados en la Constitución” porque los empresarios siempre han tenido todo el derecho de decidir sobre sus empleados y contratos. ¿No es acaso un forma de comunismo –lamentan los empresarios- darle más poder a los trabajadores cuando deben ser subordinados del patrón? Por ello parece difícil que Aristegui gane la batalla.
9. Aunque muchos quisiéramos que las luchas de los trabajadores se aceleren para evitar más miseria, hambres y muertes entre la población mayoritaria, la realidad es que sólo se puede marchar al ritmo del nivel de conciencia político-social de la gente. ¿Cómo avanzar más rápido si el sistema político mexicano –producto de una revolución, de un cardenismo, un corporativismo y un presidencialismo- ha sabido controlar y mediatizar al pueblo? Por ello, aunque sean luchas muy lentas y limitadas tenemos la obligación como trabajadores de apoyarlas con toda nuestra capacidad y fuerza. (22/V/15)
https://pedroecheverriav.wordpress.com
Argentina profunda...Por Darío Aranda
Niños indígenas víctimas de desnutrición, tuberculosis y enfermedades
evitables. La reacción de los funcionarios, qué cambió para evitar más
fallecimientos, la disputa por el territorio y dos meses de acampe en
Buenos Aires.
Por Darío Aranda
Néstor, Natalia, Marcos, Martín, Mauricio, Samuel y Alan. Niños indígenas qom y wichí que murieron en Argentina por desnutrición y enfermedades evitables. Los funcionarios desligaron responsabilidades y minimizaron la situación. La academia y los pueblos originarios habían advertido: la falta de territorio conlleva a la pérdida de sus fuentes de vida. La cosecha récord, la situación en Formosa, el modelo agropecuario que avanza sobre tierras indígenas y dos meses de acampe en el centro porteño.
Néstor
El 6 de enero falleció en Chaco el niño qom Néstor Femenía. Tenía 7 años, un cuerpo famélico, desnutrición y tuberculosis. Fue tapa de diarios, su muerte ocupó horarios centrales de televisión, pero la noticia se diluyó a los pocos días. Una de las principales diputadas del oficialismo, Diana Conti, argumentó una “cuestión cultural” responsabilizando a la comunidad que, según su apreciación, no quiere dejarse ayudar. El certificado de defunción del niño mintió sobre las causas de la tragedia: “Muerte por enfermedad”. El ex-jefe de Gabinete de la Nación y gobernador de Chaco (en uso de licencia), Jorge Capitanich, afirmó que se trataba de un “caso aislado”, denunció una “operación política” contra el Gobierno y aseguró que “Washington tiene más tasa de mortalidad infantil que la Argentina”.
Los casos “aislados” se repitieron. El 13 de enero falleció en Chaco Natalia Gómez, beba qom de tres meses de vida. El 20 de enero fue el turno de Marcos Solís, indígena wichí de la localidad de Morillo (Salta), de 1 año, por desnutrición severa. Martín Delgado, wichí de ocho meses, también murió por desnutrición, en Pichanal, Salta. El 6 de febrero murió otro niño wichí, Mauricio Lucas, por desnutrición en la salteña Santa Victoria Este. Tenía dos años y, al igual que su mamá, no tenía documentos. Samuel Jaimez, niño aborigen de tres años de Pozo El Bravo. Alan Villena, de 9 meses, murió en el hospital de Colonia Santa Rosa (Salta). Sólo algunos nombres de una larga lista.
El ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, reconoció que se habían producido dos fallecimiento en agosto y septiembre de 2014. Silvana López, jefa de Atención Primaria de Salud del hospital de Tartagal (Salta), reconoció que tenía registro de “193 niños con bajo peso, 150 diagnosticados con desnutrición y nueve de ellos se encuentran en estado crítico”.
Estadísticas
El Ministerio de Salud de Salta, señaló que 1900 niños (de 0 a 5 años) tienen déficit nutricional. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad de Salta aportó otra cifra: 15.300 niños salteños padecen déficit nutricional (el diez por ciento del total de niños). El motivo principal, la pobreza estructural.
En Chaco no se hacen públicas las estadísticas oficiales de desnutrición. Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson Mandela, es un constante difusor de la situación social y ambiental de la provincia. Explicó que hace meses pide los datos sanitarios y no le son entregados. Y alertó sobre un cambio en el sistema de clasificación: los niños que hasta 2009 estaban en la categoría “desnutridos Clase 1 (leves)” pasaron categorizarse como “niños con riesgo alimentario”.
“De esa manera lograron reducir estadísticamente el total de chicos desnutridos. Lo hacen para publicitar que se redujo la desnutrición”, denunció Nuñez y, a cuatro meses de la muerte de Néstor Femenía, afirmó: “El gobierno trabajó sobre la comunidad indígena para que el caso pase al olvido. Socio-sanitariamente no tomaron ninguna medida estructural. Todo sigue igual”. Aseguró que la familia de Néstor Femenía continua solicitando asistencia alimentaria y de agua. La situación de máxima exclusión no ha cambiado.
Según el documento “Indicares Básicos” del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil de menores de 5 años era de 13,8 en 2010 (por cada mil nacidos vivos). El subsecretario de Salud Comunitario del Ministerio, Nicolás Kreplak, afirmó que la última estadística, de 2014, es de 10,8 por ciento. El documento oficial “Mortalidad infantil en Argentina” afirma que en 2013 murieron 8174 niños menores de 5 años. Y reconoce 21 casos por desnutrición.
Unicef Argentina alerta que no se cuenta con estadísticas focalizadas sobre población indígena, salvo en Salta, donde Unicef afirma: “En niños originarios la tasa de mortalidad no solo no ha descendido, sino que casi triplica la tasa de mortalidad infantil provincial”.
Modelo agropecuario
Los pueblos indígenas definen al monte ancestral, al monte nativo, como su farmacia y su supermercado. En las últimas décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos y remedios. La soja transgénica y la ganadería avanzaron sobre el norte de Argentina, tierra de campesinos y pueblos indígenas. La cosecha de Argentina, más de cien millones de toneladas de granos, tiene como principal destino los chanchos y las aves de Europa y Asia.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta (UNSA) reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alertó. La Escuela de Antropología denunció la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Chaco se desmontaron 218.000 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas del Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realicé un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el Juzgado y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichi y de las personas que la integran”. La antropóloga, en su informe para el Juzgado, afirma que se deben tomar medidas medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí.
Formosa
Unicef Argentina informó en 2014 que la mortalidad infantil (para menores de 1 año) se redujo en los últimos quince años. En 1990 era de 16,3 (por cada 1000 nacidos) y descendió al 11,1 en 2012. Pero alertó sobre la gran disparidad entre provincias. Mientras en Ciudad de Buenos Aires es de 8 por cada mil, y en Tierra del Fuego de 8,4; en el otro extremo se encuentra Misiones y Jujuy (14,2), Salta (14,3), Catamarca (15,1), Corrientes (16,4), Chaco (18) y Formosa (20,9).
La Provincia no hace públicas las estadísticas socio-sanitarias. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de Nación sí, pero muestran cifras muy cuestionadas: 6,4 de pobreza y 1,9 de desocupación. Según el Indec, en Formosa hay menos pobreza que en Alemania y menor desocupación que en Noruega.
Amnistía Internacional investigó la situación indígena de Formosa durante casi dos años. “La violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas (…) El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma su investigación de 2010, titulada “Exigimos respeto”. Da cuenta de la sistemática violación de derechos de los pueblos indígenas en la provincia.
Cinco años después, febrero de 2015, Amnistía lanzó un comunicado urgente. “La respuesta institucional a los reclamos que la comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado para desarrollar políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y reflejan las graves prácticas de violencia que suelen desplegarse frente a uno de los grupos más postergados del país”, señala el comunicado de Amnistía, referido en particular a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), y advierte sobre una posible represión sobre la comunidad.
Comunidad qom Potae Napocna Navogoh
El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, la Gendarmería Nacional liberó la zona y la policía provincial avanzó con escopetas y pistolas 9 milímetros sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Dos asesinados. El abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. Treintena de detenidos y, mano policial mediante, una decena de casas qom incendiadas.
La comunidad qom trasladó su reclamo por justicia y por territorio hasta el centro de Buenos Aires. La Avenida de Mayo y 9 de Julio fue el lugar elegido para acampar. Cuatro meses de acción directa, visibilización como nunca antes, y pedido de entrevista con la Presidenta.
Fueron recibidos por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, pero no cumplió los acuerdos de asistencia social, reconocimiento a las autoridades electas por la comunidad, justicia por la represión de 2010 ni el respeto al territorio qom.
En los últimos cuatro años la comunidad Potae Napocna Navogoh sufrió una veintena de hechos de violencia y diez muertes. Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida (hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015).
El gobierno provincial siempre argumentó “causas naturales” o accidentes. La comunidad qom afirmó todo lo contrario. “Atentados” y “abandono” por parte del Estado.
Qopiwini
La lucha encabezada por Potae Napocna Navogoh y su líder, Félix Díaz, germinó en enero de 2015, con la unión de 48 comunidades de los cuatro pueblos indígenas de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé (Qopiwini).
Un nuevo intento de dividir a la comunidad y obras inconsultas motivaron un corte en la Ruta Nacional 86, en Potae Napocna. El intento de otra represión a los qom impulsó un nuevo acampe en Buenos Aires, en el mismo lugar que en 2010, pero ya no solo una comunidad, sino los cuatro pueblos indígenas de Formosa.
El 10 de marzo 2015 marcharon por el centro porteño. Nunca los pueblos indígenas de Formosa se habían animado a tanto. Y, desde hacía demasiado tiempo, ni indígenas ni campesinos se movilizaban en Argentina con un listado de demandas con destinatarios tan claros. Se apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial por el incumplimiento de los derechos indígenas. Se llegó hasta el Congreso Nacional, donde se les hizo una pregunta muy concreta: “¿Dónde están cuando los niños indígenas se mueren de hambre?”.
Y finalizó en Plaza de Mayo. Y se le recordó la alianza oficial con petroleras, mineras y empresas agropecuarias: “Le sacan la tierra a los indígenas para dárselas a las multinacionales”.
El acampe, en espera de respuesta, sigue en pie. Ya van dos meses. Y prometen ser más. Félix Díaz, emblema indígena de Argentina, advirtió: “No nos iremos hasta tener una respuesta. Sólo queremos que respeten nuestros derechos”.
Fuente: Biophilia
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_profunda
Néstor, Natalia, Marcos, Martín, Mauricio, Samuel y Alan. Niños indígenas qom y wichí que murieron en Argentina por desnutrición y enfermedades evitables. Los funcionarios desligaron responsabilidades y minimizaron la situación. La academia y los pueblos originarios habían advertido: la falta de territorio conlleva a la pérdida de sus fuentes de vida. La cosecha récord, la situación en Formosa, el modelo agropecuario que avanza sobre tierras indígenas y dos meses de acampe en el centro porteño.
Néstor
El 6 de enero falleció en Chaco el niño qom Néstor Femenía. Tenía 7 años, un cuerpo famélico, desnutrición y tuberculosis. Fue tapa de diarios, su muerte ocupó horarios centrales de televisión, pero la noticia se diluyó a los pocos días. Una de las principales diputadas del oficialismo, Diana Conti, argumentó una “cuestión cultural” responsabilizando a la comunidad que, según su apreciación, no quiere dejarse ayudar. El certificado de defunción del niño mintió sobre las causas de la tragedia: “Muerte por enfermedad”. El ex-jefe de Gabinete de la Nación y gobernador de Chaco (en uso de licencia), Jorge Capitanich, afirmó que se trataba de un “caso aislado”, denunció una “operación política” contra el Gobierno y aseguró que “Washington tiene más tasa de mortalidad infantil que la Argentina”.
Los casos “aislados” se repitieron. El 13 de enero falleció en Chaco Natalia Gómez, beba qom de tres meses de vida. El 20 de enero fue el turno de Marcos Solís, indígena wichí de la localidad de Morillo (Salta), de 1 año, por desnutrición severa. Martín Delgado, wichí de ocho meses, también murió por desnutrición, en Pichanal, Salta. El 6 de febrero murió otro niño wichí, Mauricio Lucas, por desnutrición en la salteña Santa Victoria Este. Tenía dos años y, al igual que su mamá, no tenía documentos. Samuel Jaimez, niño aborigen de tres años de Pozo El Bravo. Alan Villena, de 9 meses, murió en el hospital de Colonia Santa Rosa (Salta). Sólo algunos nombres de una larga lista.
El ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, reconoció que se habían producido dos fallecimiento en agosto y septiembre de 2014. Silvana López, jefa de Atención Primaria de Salud del hospital de Tartagal (Salta), reconoció que tenía registro de “193 niños con bajo peso, 150 diagnosticados con desnutrición y nueve de ellos se encuentran en estado crítico”.
Estadísticas
El Ministerio de Salud de Salta, señaló que 1900 niños (de 0 a 5 años) tienen déficit nutricional. El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde) de la Universidad de Salta aportó otra cifra: 15.300 niños salteños padecen déficit nutricional (el diez por ciento del total de niños). El motivo principal, la pobreza estructural.
En Chaco no se hacen públicas las estadísticas oficiales de desnutrición. Rolando Nuñez, de la ONG Centro Nelson Mandela, es un constante difusor de la situación social y ambiental de la provincia. Explicó que hace meses pide los datos sanitarios y no le son entregados. Y alertó sobre un cambio en el sistema de clasificación: los niños que hasta 2009 estaban en la categoría “desnutridos Clase 1 (leves)” pasaron categorizarse como “niños con riesgo alimentario”.
“De esa manera lograron reducir estadísticamente el total de chicos desnutridos. Lo hacen para publicitar que se redujo la desnutrición”, denunció Nuñez y, a cuatro meses de la muerte de Néstor Femenía, afirmó: “El gobierno trabajó sobre la comunidad indígena para que el caso pase al olvido. Socio-sanitariamente no tomaron ninguna medida estructural. Todo sigue igual”. Aseguró que la familia de Néstor Femenía continua solicitando asistencia alimentaria y de agua. La situación de máxima exclusión no ha cambiado.
Según el documento “Indicares Básicos” del Ministerio de Salud de la Nación, la mortalidad infantil de menores de 5 años era de 13,8 en 2010 (por cada mil nacidos vivos). El subsecretario de Salud Comunitario del Ministerio, Nicolás Kreplak, afirmó que la última estadística, de 2014, es de 10,8 por ciento. El documento oficial “Mortalidad infantil en Argentina” afirma que en 2013 murieron 8174 niños menores de 5 años. Y reconoce 21 casos por desnutrición.
Unicef Argentina alerta que no se cuenta con estadísticas focalizadas sobre población indígena, salvo en Salta, donde Unicef afirma: “En niños originarios la tasa de mortalidad no solo no ha descendido, sino que casi triplica la tasa de mortalidad infantil provincial”.
Modelo agropecuario
Los pueblos indígenas definen al monte ancestral, al monte nativo, como su farmacia y su supermercado. En las últimas décadas han sido desalojados por el modelo agropecuario de sus lugares ancestrales de vida o arrinconados en pequeñas parcelas. Ya no cuentan con su espacio vital, el territorio de dónde obtener alimentos y remedios. La soja transgénica y la ganadería avanzaron sobre el norte de Argentina, tierra de campesinos y pueblos indígenas. La cosecha de Argentina, más de cien millones de toneladas de granos, tiene como principal destino los chanchos y las aves de Europa y Asia.
La Escuela de Antropología de la Universidad de Salta (UNSA) reúne a docentes, egresados y estudiantes. Emitió una inusual y dura declaración pública (respaldada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades): “Expresamos nuestra más profunda preocupación por los desmontes autorizados, que constituyen una violación a la Ley de Bosques y a los derechos de los pueblos originarios y familias criollas que habitan esos sectores, poniendo a los mismos en grave riesgo para su supervivencia en un corto plazo”, alertó. La Escuela de Antropología denunció la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y destaca que “este accionar (desmontes y desalojos) bien podría calificarse como genocidio, delito de lesa humanidad que no prescribe”.
En Chaco se desmontaron 218.000 hectáreas (entre 2007 y 2013). Comunidades indígenas del Impenetrable presentaron una acción de amparo por los desmontes ilegales. Intervino el Juzgado Civil y Comercial 6 de Chaco, que ordenó monitorear la situación de los bosques nativos. El tribunal designó a la antropóloga Graciela Elizabeth Bergallo para que realicé un informe sobre la situación social en la zona. El documento, de 26 páginas, fue presentado ante el Juzgado y alerta: “La degradación y desaparición del bosque nativo pone en riesgo la sobrevivencia del territorio, de la comunidad wichi y de las personas que la integran”. La antropóloga, en su informe para el Juzgado, afirma que se deben tomar medidas medidas “urgentes” para proteger la vida del pueblo wichí.
Formosa
Unicef Argentina informó en 2014 que la mortalidad infantil (para menores de 1 año) se redujo en los últimos quince años. En 1990 era de 16,3 (por cada 1000 nacidos) y descendió al 11,1 en 2012. Pero alertó sobre la gran disparidad entre provincias. Mientras en Ciudad de Buenos Aires es de 8 por cada mil, y en Tierra del Fuego de 8,4; en el otro extremo se encuentra Misiones y Jujuy (14,2), Salta (14,3), Catamarca (15,1), Corrientes (16,4), Chaco (18) y Formosa (20,9).
La Provincia no hace públicas las estadísticas socio-sanitarias. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) de Nación sí, pero muestran cifras muy cuestionadas: 6,4 de pobreza y 1,9 de desocupación. Según el Indec, en Formosa hay menos pobreza que en Alemania y menor desocupación que en Noruega.
Amnistía Internacional investigó la situación indígena de Formosa durante casi dos años. “La violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas (…) El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma su investigación de 2010, titulada “Exigimos respeto”. Da cuenta de la sistemática violación de derechos de los pueblos indígenas en la provincia.
Cinco años después, febrero de 2015, Amnistía lanzó un comunicado urgente. “La respuesta institucional a los reclamos que la comunidad viene realizando hace años por el cumplimiento efectivo de su derecho al territorio evidencia las graves deficiencias del Estado para desarrollar políticas efectivas tendientes a asegurar y proteger los derechos indígenas y reflejan las graves prácticas de violencia que suelen desplegarse frente a uno de los grupos más postergados del país”, señala el comunicado de Amnistía, referido en particular a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), y advierte sobre una posible represión sobre la comunidad.
Comunidad qom Potae Napocna Navogoh
El 23 de noviembre de 2010, en Formosa, la Gendarmería Nacional liberó la zona y la policía provincial avanzó con escopetas y pistolas 9 milímetros sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Dos asesinados. El abuelo qom Roberto López y el policía Eber Falcón. Treintena de detenidos y, mano policial mediante, una decena de casas qom incendiadas.
La comunidad qom trasladó su reclamo por justicia y por territorio hasta el centro de Buenos Aires. La Avenida de Mayo y 9 de Julio fue el lugar elegido para acampar. Cuatro meses de acción directa, visibilización como nunca antes, y pedido de entrevista con la Presidenta.
Fueron recibidos por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, pero no cumplió los acuerdos de asistencia social, reconocimiento a las autoridades electas por la comunidad, justicia por la represión de 2010 ni el respeto al territorio qom.
En los últimos cuatro años la comunidad Potae Napocna Navogoh sufrió una veintena de hechos de violencia y diez muertes. Roberto López (2010). Lila Coyipé (de diez meses de vida) y Celestina Jara (2012). Juan Daniel Díaz Asijak, Guillermo Díaz y Delina Díaz (2013). Una bebé recién nacida (hija de Beti Miranda y Rubén Díaz), Javier Camachi y Norma Artaza (2014). Y Esteban Medina (2015).
El gobierno provincial siempre argumentó “causas naturales” o accidentes. La comunidad qom afirmó todo lo contrario. “Atentados” y “abandono” por parte del Estado.
Qopiwini
La lucha encabezada por Potae Napocna Navogoh y su líder, Félix Díaz, germinó en enero de 2015, con la unión de 48 comunidades de los cuatro pueblos indígenas de Formosa: Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé (Qopiwini).
Un nuevo intento de dividir a la comunidad y obras inconsultas motivaron un corte en la Ruta Nacional 86, en Potae Napocna. El intento de otra represión a los qom impulsó un nuevo acampe en Buenos Aires, en el mismo lugar que en 2010, pero ya no solo una comunidad, sino los cuatro pueblos indígenas de Formosa.
El 10 de marzo 2015 marcharon por el centro porteño. Nunca los pueblos indígenas de Formosa se habían animado a tanto. Y, desde hacía demasiado tiempo, ni indígenas ni campesinos se movilizaban en Argentina con un listado de demandas con destinatarios tan claros. Se apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial por el incumplimiento de los derechos indígenas. Se llegó hasta el Congreso Nacional, donde se les hizo una pregunta muy concreta: “¿Dónde están cuando los niños indígenas se mueren de hambre?”.
Y finalizó en Plaza de Mayo. Y se le recordó la alianza oficial con petroleras, mineras y empresas agropecuarias: “Le sacan la tierra a los indígenas para dárselas a las multinacionales”.
El acampe, en espera de respuesta, sigue en pie. Ya van dos meses. Y prometen ser más. Félix Díaz, emblema indígena de Argentina, advirtió: “No nos iremos hasta tener una respuesta. Sólo queremos que respeten nuestros derechos”.
Fuente: Biophilia
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Argentina_profunda
Indignado-Indignan: Noam Chomsky: "The Emerging New World Order, its roots, our legacy" (2015)
Noam Chomsky 2015 Videos 2015
Noam Chomsky: "The Emerging New World Order (NWO) : its roots, our legacy" (2015)
https://youtu.be/6ccNt4Dzyfg
Noam Chomsky 2015 on Communism, Revolutionary Violence, the American Left and Zizek (2015)
https://youtu.be/SPsCWhb7zW4
Noam Chomsky 2015 in conversation with Jonathan Freedland (2015)
https://youtu.be/iPI__zs88EU
Noam Chomsky 2015 : USA Terrorism NWO (2015)
http://www.yooclick.com/l/yufs7
Noam Chomsky 2015 Israel and Palestine [FULL] (2015)
http://www.yooclick.com/l/lgvnw9
Perú: Los sindicatos y el poder popular...Carlos Mejia A.
Enfrentamos un escenario contradictorio. Por un lado, los conflictos sociales se incrementan, tornándose incluso cada vez más violentos; a la par se desarrollan numerosas huelgas con demandas laborales que despiertan poco interés en el resto de la ciudadanía y tienen relativo éxito.
Uno de los retos que enfrentan las izquierdas es precisamente articular las diferentes luchas y demandas en una sola estrategia. No es una tarea sencilla. Los conflictos medioambientales oponen a empresas transnacionales (ETN) con comunidades locales mientras que las huelgas se desarrollan en el marco de las relaciones laborales más tradicionales. Actualmente, por ejemplo, tenemos el conflicto alrededor del proyecto minero de Tía María y en simultáneo, la Huelga Nacional organizada por la Federación Minera. ¿Cómo conversan ambas luchas más allá de las expresiones rituales de mutua solidaridad?
Para un sector de la izquierda, la articulación deseada se desarrolla en un marco político que pone énfasis en la construcción del denominado "poder popular". Sin embargo, desde el movimiento sindical, el tema del poder popular es casi ajeno o extraño. Lo cual no deja de ser una lásti8ma. En los últimos años, se ha desarrollado una amplia literatura política alrededor de los temas del poder popular recogiendo diversas tradiciones desde el marxismo clásico hasta revalorizaciones del legado anarquista, incluyendo los estudios poscoloniales, la subalternidad y otras hierbas.
Ahora bien, ni es el momento ni estamos aún para establecer definiciones exactas de lo que es o debe ser el "poder popular". Nos basta asumir dentro de lo diverso, una noción que pone énfasis en las formas organizativas que -en este caso- se desarrollan desde una matriz económica de relaciones sociales, es decir, con un anclaje en las clases sociales, que se orientan a prácticas políticas que buscan alterar de manera constante y creciente la institucionalidad del poder estatal.
En resumen, nos interesa indagar si puede el sindicato ser una expresión del poder popular. ¿En que condiciones y bajo que limites? Obviamente, se tratan de apuntes iniciales que merecen una reflexión mayor.
Empecemos por las certezas para luego ir avanzando en terrenos más ignotos. El sindicato es una forma moderna, es decir, un hijo reconocido -pero poco amado- de la modernidad y el industrialismo capitalista. Su presencia provoca tensiones. Es en buena cuenta un sujeto incómodo pero necesario en el proceso de acumulación del capital.
Podemos entonces, hablar de una dualidad en la forma sindicato. Por un lado, representa una institucionalidad que ordena, es decir, establece prioridades, entre los múltiples intereses de la mano de obra para poder hacer viable la administración de los conflictos entre capital y trabajo. En este sentido, el sindicato es funcional al desarrollo capitalista. Los lideres revolucionarios han sido, empezando por Marx, muy conscientes de este aspecto, señalando los límites economicistas de la acción sindical.
Los sindicatos están así determinados por la lógica del proceso económico, a la prosaica labor de la defensa salarial y el acceso al mercado laboral. En esta labor, pueden oscilar desde el más consistente y serio reformismo político hasta la formación de aristocracias obreras como las mencionadas por el buen Engels. Queda claro que el rol de "ordena y suma" de intereses materiales es la base de desconfianzas, pesares y malentendidos con los extremos de la izquierda.
Sin embargo, en este proceso nacen, crecen y con suerte se desarrollan lazos, relaciones y espacios de identidad colectiva. El camino que va de la clase en si a la clase para sí como decía el viejo Marx. Los procesos de articulación de una identidad colectiva van desarrollándose en el capitalismo europeo desde sus inicios y llega a su máxima expresión en la segunda posguerra. Entonces, tenemos una suerte de escenario ideal: una política económica keynesiana que legitima el rol intermediador del sindicato junto con un modelo de organización de la producción basado en el fordismo que reúne miles de asalariados en grandes centros industriales. La identidad social desarrolla una cultura obrera que recuerda en diferente grado, sus orígenes contestatarios y plebeyos.
En el Perú, las cosas son a medias y torcidas. No hemos tenido grandes empresas fordistas, a lo sumo formas locales de taylorismo que coexisten con formas de servidumbre disfrazada de vinculo laboral.
En nuestro país, la identidad obrera ha significado más un espacio de integración antes que de resistencia, pero no por eso ha sido menos contestatario. En una sociedad racista, segregadora y sistemáticamente discriminadora como la nuestra, el discurso integrador del sindicalismo clasista en los años 60s, que relega las diferencias entre obreros serranos y criollos re
Es entonces, desde la "identidad clasista" que se desarrollan formas de acción sindical que podemos entender como elementos de poder popular. El reconocimiento identitario como "clase" resulta clave para establecer el vinculo con una propuesta política anticapitalista. Al mismo tiempo, las formas de sindicalismo no clasista (corporativo, confesional, populista, testimonial, liberal, etc.) desarrollan una acción limitada, coyuntural, que en su mejor momento no logra pasar del activismo bienintencionado.
La forma sindicato articulada a una identidad de clase, puede entonces desarrollar prácticas contestatarias que constituyan una suerte de poder popular en contraposición al poder oficial del estado. Este proceso se desarrolla en una línea de continuidad que va desde prácticas que subvierten la legalidad normativa que regula las relaciones laborales, como por ejemplo, en el Perú sólo existen dos tipos de "huelga legal". La primera, en el marco de una negociación colectiva cuando están agotadas las etapas de dialogo y la segunda cuando la empresa no cumple un convenio acordado o un mandato judicial. No hay más. Pero ¿deben los sindicatos resignarse a este estrecho marco legal? No, claro que no. Es factible organizar huelgas intempestivas, temporales, parciales, de solidaridad, sin abandono del puesto de trabajo, por horas, escalonadas, etc. Lo central como siempre es una evaluación real de las condiciones de lucha. Desarrollar huelgas exitosas más allá de estos límites son elementos necesarios de poder popular efectivo.
Podemos señalar también la construcción de una estrategia que incremente el control sindical sobre la organización del proceso productivo. Empezando por el nivel de empresa, mediante clausulas precisas en los convenios colectivos -potenciando los comités paritarios para todo orden de cosas dentro de la empresa: desde los temas de salud y seguridad como ordena la Ley 29783, a la regulación de condiciones de trabajo, horarios, turnos y regímenes contractuales- hasta la articulación sectorial que impone condiciones generales de trabajo en determinadas zonas geográficas.
De esta manera, la lógica administrativa del sindicato puede conversar con una práctica liberadora sin abandonar los espacios e instrumentos propios del sindicalismo clasista. Ciertamente, en una próxima oportunidad podemos señalar los problemas y salidas que puede tener esta perspectiva en el sindicalismo peruano.
Carlos Mejia A. Asesor de la CGTP PERU
vía:
http://rebelion.org/noticia.php?id=199157
Costa Rica: De nueva cuenta, Expediciones Bowman en Costa Rica...... Gilberto López y Rivas
El pasado 8 de mayo,
Peter Herlihy, operador académico de las Expediciones Bowman, fue
invitado a un conversatorio en la Universidad Nacional de Costa Rica
para responder a las denuncias que desde esta columna se han hecho sobre
el Proyecto Centroamérica indígena, intitulado por su investigador
principal, Jerome E. Dobson:
Acusándome de fabricar discursos para entorpecer su trabajo en México, Honduras y Costa Rica, La geografía humana de la resiliencia y del cambio: los derechos de tierra y la estabilidad en las sociedades indígenas de América Central.
grabarlos en la mente de profesores y alumnos, y de mentir sobre su relación con los militares estadunidenses, Herlihy declara sentirse
orgullosode recibir fondos (3 millones de dólares durante los primeros tres años) a través de la considerada por el investigador
prestigiosaIniciativa Minerva, un consorcio que, como se recordará, estableció el entonces secretario de Defensa de Estados Unidos en 2008 con el propósito de financiar investigaciones de interés estratégico para la
seguridad nacionalde ese país. Sostiene, con humor involuntario, que recibir financiamiento de Minerva
es como una beca en el Departamento de Educacióny que dicho consorcio
no tiene fines militares sino educativos. El profesor Herlihy, quien no escatima en adjetivos para calificar su trabajo de 30 años
para beneficio de los pueblos indígenas, afirma tajantemente que
no está trabajando para el ejército,
no tenemos vínculos o contactos,
no tenemos amigos,
no hemos entregado información al ejército.
¿Será cierto que los militares estadunidenses adjudican a esforzados investigadores, protectores de los pueblos indígenas, millones de dólares para no recibir nada a cambio? ¿Que al igual que las oblatas de María o los franciscanos, hacen el bien sin ver a quién? Para consternación de los geógrafos ¿ingenuos?, la propia página de la Iniciativa Minerva se encarga de refutar tales aseveraciones, ya que establece, sin lugar a dudas, el propósito por el cual fue fundada: “Al igual que nuestras fuerzas militares no podrían funcionar eficazmente sin entender el terreno y el entorno físico, la detección de los actores radicales y las rupturas de régimen está limitada por nuestra comprensión de los ambientes culturales y políticos en los que se desarrollan esas amenazas. La Iniciativa de Investigación Minerva… producirá decisiones políticas estratégicas y operacionales más eficaces. Los académicos (financiados por) Minerva ya han informado ideas relevantes para el soldado en combate (warfighter) a altos funcionarios como el jefe del Estado Mayor Conjunto, a quienes toman decisiones en la política de la comunidad de defensa y, en el terreno, a nuestros comandos combatientes”.
En su charla universitaria en Costa Rica, Herlihy tampoco informó sobre la presencia en el equipo coordinador de las Expediciones Bowman del teniente coronel Geoffrey Demarest, doctorado en geografía precisamente por la Universidad de Kansas (alma mater de las Expediciones Bowman), cuya hoja de servicios distinguidos en la contrainsurgencia en América Latina (Escuela de las Américas, Guatemala, Colombia…) ha sido difundida ampliamente, al igual que su conocida hipótesis de trabajo sobre que la tenencia comunal de la tierra es la matriz del crimen y la insurgencia. Este teórico de la guerra asimétrica, en su primer libro (Geopropiedad: seguridad nacional y derechos de propiedad) sostiene que la tenencia de la tierra es un asunto crucial para la seguridad nacional de Estados Unidos, mientras que en su publicación más reciente (Ganando guerras insurgentes: regreso a lo básico), este amigo de Herlihy sostiene que el éxito de una guerra contrainsurgente requiere del control de la tierra y es vital un conocimiento empírico de la geografía, tanto física como humana, ambas inseparables. (ver “El factor Demarest”).
geografía digital del terreno humano, por medio de la cual se puede identificar en un mapa multiescalas un lugar específico y el pueblo que lo habita, “mostrando el idioma, la etnicidad, religión, afiliación política y otras características consideradas importantes por razones humanitarias, militares, científicas y económicas… Después de esa reunión, disfrutaron de una visita privada a la base, que incluyó una foto frente a la estatua del Soldado Búfalo, que conmemora precisamente las
guerras indiasestadunidenses, y una miradita al cuartel del general George Armstrong Custer (Joe Bryan,
Multiplicadores de fuerza: geografía, militarismo, y las Expediciones Bowman).
En el alegato de Herlihy, básicamente laudatorio, empirista y autoexculpatorio, no sólo no existe una historia del proyecto y su cauda de denuncias y controversias sobre lo que se calificó como geopiratería en la primera de las Expediciones Bowman con el Proyecto México indígena, que obligó a la Asociación Estadunidense de Geógrafos (AAG, por sus siglas en inglés) a conformar una comisión que investigara si había habido violaciones a su código de ética. Tampoco hay una mención, al menos, del contexto sociopolítico en tiempos del capitalismo neoliberal y del papel que juega Estados Unidos en esta guerra planetaria contra los pueblos indígenas y no indígenas en busca de su desterritorialización y desposesión de los recursos naturales y estratégicos. Sin historia, memoria, contexto o teoría, el Proyecto Centroamérica indígena es la expresión misma de una ciencia al servicio de quienes pagan las investigaciones y centralizan las informaciones: en este caso, los militares estadunidenses.
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/22/opinion/021a1pol
Brasil en crisis
La principal economía latinoamericana suma su segundo trimestre de caída en la actividad industrial, con especial incidencia en el sector automotriz y los economistas pronostican un año dificil. © Noticiero Visión Siete Internacional/ TV Pública/ Argentina
España: ¿Qué vota quien vota a PODEMOS?....El Ciudadano
Mañana domingo la agrupación PODEMOS (vea Quién es ese tal Pablo Iglesias y qué es eso de PODEMOS) se medirá frente al resto de partidos españoles en las urnas, con la celebración de las elecciones autonómicas –se votarán los gobiernos regionales y provinciales-, cuyos resultados serán a todas luces un indicador de cara a las generales, que tendrán lugar el próximo mes de noviembre.
Lo mismo pasa con el programa. A pesar de que ha sido redactado de cara a estas elecciones, es un claro reflejo de lo que serán las propuestas con miras a la votación general. Pero, ¿qué vota quién vota a Podemos?. A continuación, algunas de las claves de su programa, que puede revisar aquí.
Lucha contra la corrupción
Como no podía ser de otra manera, la lucha contra la corrupción ocupa un puesto central en el programa del partido, que nació como una alternativa a la grave crisis que en esta materia -y en muchas otras- atraviesa el bipartidismo imperante en España.
Para empezar, los políticos electos deberán presentar una declaración de bienes anual y mensual, esta última relativa al ejercicio de su función. Además, el partido quiere implantar un buzón donde los trabajadores públicos puedan hacer las denuncias pertinentes sin miedo a sufrir represalias por ello y creará también una ‘lista negra’ con aquellos que hayan sido pillados ‘in fraganti’, para que no vuelvan a ocupar un puesto público.
Revisión de la deuda
Podemos propone revisar la deuda contraída por el Estado de cara a constatar la inexstencia de “colusión o mala fe”, caso en el que propone reestructurarla “en las instancias correspondientes y en virtud del Estado de Derecho”.
Más participación
El incremento de la participación ciudadana en la política juega también un rol primordial en el programa del partido. En primer lugar, se propone la creación de nuevos instrumentos que garanticen que se discutan en las cámaras las iniciativas populares. Además, el partido quiere aumentar la implementación de herramientas que permitan a los ciudadanos participar activamente mediante las nuevas tecnologías, “sin perder de vista la inclusión de los colectivos que no pueden acceder a estos instrumentos”.
Derecho a una vivienda
Podemos también da respuesta en su programa a los desahucios, que están representando la cara más dramática del panorama actual español.
(Vea El drama de los desahucios en España)
Actualmente, cuando una persona no puede pagar las deudas de su hipoteca, la vivienda pasa a pertenecer al banco o a la entidad prestataria, que no obstante sigue exigiendo el pago de la deuda.
Podemos propone limitar la deuda al valor del inmueble y la dación en pago retroactiva para todas aquellas personas que hayan entregado la vivienda al banco y todavía mantengan la deuda activa.
También en lo que respecta a este ámbito, el partido liderado por Pablo Iglesias propone someter a un “servicio de inspección” a aquellas personas que posean más de 10 viviendas vacías, con el objeto de detectar posibles situaciones de especulación.
Medio ambiente
Entre las políticas más destacadas en materia medioambiental, destacan la implementación de un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso y un gravamen para las empresas turísticas, con el fin de que corrijan “sus impactos medioambientales, sociales y culturales”.
Además, con respecto al fracking, el programa señala que este no será autorizado y se hace especial mención a la prohibición de construir sobre terrenos quemados y a la implantación de un plan de reforestaciones para paliar la desertización.
Novedades en materia de educación
Podemos se ha auto-declarado en numerosas ocasiones caballo defensor de la educación pública y gratuita. En este línea, algunas de las novedades principales que establece al respecto son la gratuidad de los libros de texto, que pasarán de generación en generación y la gratuidad de las salas cuna para los niños de 0 a 3 años.
Rescate energético
El partido liderado por Iglesias propone un plan de “rescate energético” que garantice “un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas”. Los suministradores no podrán cortar el servicio cuando se trate de la vivienda habitual del ciudadano y el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad o por pobreza sobrevenida.
Así, un “fondo autonómico contra la pobreza energética” permitirá que una familia no deba destinar más del 10% de sus ingresos mensuales a sufragar estos servicios.
La medida podrá prorrogarse “de manera indefinida, mientras la situación de pobreza persista”.
Violencia machista
Por último, en materia de violencia machista se da una importante novedad, puesto que además de los servicios que auxilian a las víctimas, propone atención psicosocial para los hombres condenados por la causa y el “fomento de masculinidades no violentas”.
El Ciudadano
Vía:
http://www.elciudadano.cl/2015/05/23/166984/espana-que-vota-quien-vota-a-podemos/
Venezuela: El pensamiento económico de Hugo Chávez
Entrevista a Alfredo Serrano, autor del libro “El pensamiento económico de Hugo Chávez. © Noticiero Visión Siete Internacional/ TV Pública/ Argentina
Colombia: El rompecabezas del despojo....Por Redactor Judicial - El Espectador
Detalles de una sentencia histórica, la que profirió la Sala de Justicia
y Paz del Tribunal de Medellín para sintetizar la forma como el
paramilitarismo se apropió de Córdoba.
Antes de que la guerra cambiara su destino, Córdoba era una zona
privilegiada de Colombia. Cruzada por los ríos Sinú y San Jorge, en
medio de una exuberante riqueza hídrica de múltiples ciénagas y
humedales, su territorio de sabanas y ramificaciones montañosas de la
cordillera Occidental era un emporio de biodiversidad. Sin embargo, por
estar situada entre Antioquia y la costa Caribe, era también una región
con alto valor estratégico y, cuando su economía primaria perdió su
vocación, entró en la ruta del conflicto.
Esta transformación social está resumida en una sentencia histórica. La que profirió hace pocos días la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que además de esclarecer por qué Córdoba se volvió eje de la expansión paramilitar en Colombia, dio una orden judicial inédita: exhortar al Estado a identificar y adoptar mecanismos de rendición de cuentas de los empresarios, comerciantes y personas de los sectores público y privado que promovieron o patrocinaron esta expresión criminal.
Un esfuerzo por la verdad con un contexto específico: todo empezó cuando el uso de la tierra en la zona se transformó drásticamente y la ganadería forzó la tala de bosques o la introducción de pastos artificiales y alambres de púas. Impulsada por empresarios antioqueños y cordobeses, esta dinámica rompió la coexistencia pacífica entre terratenientes, campesinos e indígenas, poco a poco fue ampliando la frontera agrícola y finalmente precipitó enconadas luchas por la concentración de la tierra.
Se hizo evidente una estructura desigual en su tenencia, se redujo la producción y comercio de productos como la yuca, el arroz o el maíz, y la ganadería extensiva empezó a mandar. Con el tiempo, en el marco de la violencia bipartidista de los años 40 y 50, se dieron dos complejas situaciones: confrontación entre guerrillas liberales y grupos conservadores y expulsión de amplias capas del campesinado cordobés hacia el Urabá antioqueño. En la década de los años 60 el asunto ya era crítico.
Entonces Córdoba —elevado a la categoría de departamento en 1952— se volvió enclave de los dilemas políticos de la época. A instancias de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970), junto a Sucre se convirtió en epicentro del más importante movimiento social de la segunda mitad del siglo XX, la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc), pero también fue de las primeras regiones en las que se aplicaron normas expedidas bajo inspiración de la doctrina de seguridad nacional.
A través del decreto 3398 de 1965, el Ministerio de Defensa estaba habilitado para entregar armas a civiles que ayudaran a preservar el orden público y en Córdoba aparecieron las Juntas de Defensa Civil para enfrentar “el envalentonamiento de los campesinos”. El panorama se agravó en 1967 cuando apareció el Ejército Popular de Liberación (Epl) y escogió esa zona para su expansión. Luego, en los años 70, llegaron las Farc. A la pelea por la tierra, la guerrilla sumó el homicidio, la extorsión, el robo, el abigeato y el secuestro.
Una década después, la región ya era un territorio de guerra. A la defensa de la propiedad, con formas de justicia privada o estrategias de seguridad nacional terminó agregándose el narcotráfico, que tuvo en Córdoba una de sus principales zonas de propagación. Se dio una confluencia de intereses como expresión contrainsurgente y, en medio de la tradición de defensa civil armada para proteger hacendados y terratenientes, surgió el narcoparamilitarismo de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño.
Aunque en 1989 la Corte Suprema de Justicia echó abajo las normas que desde los años 60 permitían a las Fuerzas Armadas compartir el monopolio de las armas con civiles, ya la casa Castaño había convertido la región en ríos de sangre. A finales del gobierno Gaviria, a través del decreto ley 356 de 1994, se creación las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, y las Convivir, como fueron llamadas, se convirtieron en nueva mampara para que el paramilitarismo consolidara su hegemonía militar en la zona.
La investigación de 646 páginas del Tribunal de Medellín, con ponencia del magistrado Rubén Darío Pinilla, detalla la acogida que tuvieron las Convivir en Córdoba. La mayoría de licencias fueron expedidas por el exgobernador Carlos Miguel Buelvas o su secretario de Gobierno, Benito Osorio, hoy procesado por concierto para delinquir, lavado de activos, desplazamiento forzado y apropiación de bienes, en conexión con el paramilitarismo. A finales de los años 90 ya había 17, dos de ellas lideradas por Salvatore Mancuso.
Recogiendo la confesión de Fredy Rendón, alias el Alemán, la sentencia detalla como las convivir Horizonte y Guaimaral eran de Mancuso. La llamada Abibe pertenecía a Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. La Nuevo Amanecer era de Rodrigo Peluffo, alias Cadena, y Francisco Piedrahíta. La Arrayanes, de alias Juancho Prada. La Devayan, de alias Julián Bolívar. El control paramilitar era absoluto y además del apoyo de terratenientes, ganaderos o comerciantes, pronto se sumaron los dirigentes políticos.
La providencia detalla la forma como se transformaron las casas políticas tradicionales, de qué manera algunos de sus dirigentes históricos cayeron en el escándalo del proceso 8.000 por nexos con el narcotráfico, y cómo después se dio el relevo familiar por otros que terminaron envueltos en la redada de la parapolítica. Literalmente el paramilitarismo capturó el Estado local, fijó reglas sobre la contratación pública o concertó pactos para controlar la representación en Congreso, asambleas y concejos municipales.
Pero no sólo extendió sus redes a la política, también penetró la administración de justicia, los organismos de inteligencia, el sistema carcelario, las Fuerzas Armadas o la Universidad de Córdoba. El fallo detalla uno a uno los episodios de corrupción o violencia para ejercer ese poder. Hasta el periodismo que, según la decisión judicial, al menos desde el diario El Meridiano, promovió una estrategia de ocultamiento ante la grave crisis humanitaria que vivió el departamento por la acción de los grupos de autodefensa.
La sentencia condena a unos cuantos desmovilizados del paramilitarismo cuyos nombres poco o nada dicen; ordena reconocer como víctimas a una interminable lista de personas o grupos familiares violentados; exhorta a diversas entidades públicas y privadas a repararlos; y declara textualmente que el Estado, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería, entre otras instancias oficiales, son responsables por acción y omisión de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas con total impunidad.
El documento termina con la compulsa de copias para que se investigue a una decena de personajes entre empresarios, miembros de la Fuerza Pública, fiscales, jueces o periodistas. No se incluyó la sugerencia de uno de los desmovilizados, en el sentido de que fueran indagados todos los notarios de Córdoba desde 1985 a la fecha. De cualquier manera, la decisión del Tribunal de Medellín aporta las piezas claves para armar el rompecabezas del despojo en el privilegiado y también victimizado departamento de Córdoba.
El ponente de la sentencia
El magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla, es el mismo funcionario judicial que en 2013 pidió que el ex presidente Álvaro Uribe fuera investigado por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Abogado de la Universidad de Antioquia y funcionario judicial desde los 22 años, el magistrado Pinilla se ha distinguido por sus investigaciones sobre la incidencia de la ilegalidad en Colombia.
En su libro ‘El Estado ilegal’, el magistrado Pinilla detalla cómo a través de decretos de Estado de Sitio u otras fórmulas jurídicas, las autoridades le han dado un manejo equivocado a los temas de guerra y paz. Ahora, en su condición de integrante de la Sala de Justicia y Paz, ha dictado sentencia respecto a importantes capítulos de la violencia colombiana de los últimos tiempos.
En esta ocasión lo acompañaron la magistrada María Consuelo Rincón y el magistrado Juan Guillermo Cárdenas con salvamento parcial de voto.
Enclaves de un estado capturado
En la providencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín se mencionan varios personajes que resultaron fundamentales para la expansión del paramilitarismo en Córdoba.
Por ejemplo, el ex congresista liberal, Miguel Alfonso De La Espriella, condenado por el delito de concierto para delinquir. O los ex congresistas Juan Manuel López, Mario Salvador Náder, también condenados por la justicia.
La decisión ordena investigar a cinco ex fiscales, entre ellos a Luis Javier Cepeda Visbal. Lo mismo que a la sargento Luz Mary Soto, adscrita a la Policía de Montería. De igual manera a los particulares Pedro Pablo Beltrán, Casimiro Torres Medrano, William Sayeg, Pedro Ghisays, Manuel Troncos, Carmelo Cogollo, Pablo Enrique Triana, Rubén Darío Obando, Luis Eduardo Barreto y Regis Amadeo Martínez.
Por Redactor Judicial - El Espectador
Fuente: El Espectador
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_El_rompecabezas_del_despojo
Esta transformación social está resumida en una sentencia histórica. La que profirió hace pocos días la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que además de esclarecer por qué Córdoba se volvió eje de la expansión paramilitar en Colombia, dio una orden judicial inédita: exhortar al Estado a identificar y adoptar mecanismos de rendición de cuentas de los empresarios, comerciantes y personas de los sectores público y privado que promovieron o patrocinaron esta expresión criminal.
Un esfuerzo por la verdad con un contexto específico: todo empezó cuando el uso de la tierra en la zona se transformó drásticamente y la ganadería forzó la tala de bosques o la introducción de pastos artificiales y alambres de púas. Impulsada por empresarios antioqueños y cordobeses, esta dinámica rompió la coexistencia pacífica entre terratenientes, campesinos e indígenas, poco a poco fue ampliando la frontera agrícola y finalmente precipitó enconadas luchas por la concentración de la tierra.
Se hizo evidente una estructura desigual en su tenencia, se redujo la producción y comercio de productos como la yuca, el arroz o el maíz, y la ganadería extensiva empezó a mandar. Con el tiempo, en el marco de la violencia bipartidista de los años 40 y 50, se dieron dos complejas situaciones: confrontación entre guerrillas liberales y grupos conservadores y expulsión de amplias capas del campesinado cordobés hacia el Urabá antioqueño. En la década de los años 60 el asunto ya era crítico.
Entonces Córdoba —elevado a la categoría de departamento en 1952— se volvió enclave de los dilemas políticos de la época. A instancias de la reforma agraria impulsada por el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970), junto a Sucre se convirtió en epicentro del más importante movimiento social de la segunda mitad del siglo XX, la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc), pero también fue de las primeras regiones en las que se aplicaron normas expedidas bajo inspiración de la doctrina de seguridad nacional.
A través del decreto 3398 de 1965, el Ministerio de Defensa estaba habilitado para entregar armas a civiles que ayudaran a preservar el orden público y en Córdoba aparecieron las Juntas de Defensa Civil para enfrentar “el envalentonamiento de los campesinos”. El panorama se agravó en 1967 cuando apareció el Ejército Popular de Liberación (Epl) y escogió esa zona para su expansión. Luego, en los años 70, llegaron las Farc. A la pelea por la tierra, la guerrilla sumó el homicidio, la extorsión, el robo, el abigeato y el secuestro.
Una década después, la región ya era un territorio de guerra. A la defensa de la propiedad, con formas de justicia privada o estrategias de seguridad nacional terminó agregándose el narcotráfico, que tuvo en Córdoba una de sus principales zonas de propagación. Se dio una confluencia de intereses como expresión contrainsurgente y, en medio de la tradición de defensa civil armada para proteger hacendados y terratenientes, surgió el narcoparamilitarismo de los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño.
Aunque en 1989 la Corte Suprema de Justicia echó abajo las normas que desde los años 60 permitían a las Fuerzas Armadas compartir el monopolio de las armas con civiles, ya la casa Castaño había convertido la región en ríos de sangre. A finales del gobierno Gaviria, a través del decreto ley 356 de 1994, se creación las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, y las Convivir, como fueron llamadas, se convirtieron en nueva mampara para que el paramilitarismo consolidara su hegemonía militar en la zona.
La investigación de 646 páginas del Tribunal de Medellín, con ponencia del magistrado Rubén Darío Pinilla, detalla la acogida que tuvieron las Convivir en Córdoba. La mayoría de licencias fueron expedidas por el exgobernador Carlos Miguel Buelvas o su secretario de Gobierno, Benito Osorio, hoy procesado por concierto para delinquir, lavado de activos, desplazamiento forzado y apropiación de bienes, en conexión con el paramilitarismo. A finales de los años 90 ya había 17, dos de ellas lideradas por Salvatore Mancuso.
Recogiendo la confesión de Fredy Rendón, alias el Alemán, la sentencia detalla como las convivir Horizonte y Guaimaral eran de Mancuso. La llamada Abibe pertenecía a Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. La Nuevo Amanecer era de Rodrigo Peluffo, alias Cadena, y Francisco Piedrahíta. La Arrayanes, de alias Juancho Prada. La Devayan, de alias Julián Bolívar. El control paramilitar era absoluto y además del apoyo de terratenientes, ganaderos o comerciantes, pronto se sumaron los dirigentes políticos.
La providencia detalla la forma como se transformaron las casas políticas tradicionales, de qué manera algunos de sus dirigentes históricos cayeron en el escándalo del proceso 8.000 por nexos con el narcotráfico, y cómo después se dio el relevo familiar por otros que terminaron envueltos en la redada de la parapolítica. Literalmente el paramilitarismo capturó el Estado local, fijó reglas sobre la contratación pública o concertó pactos para controlar la representación en Congreso, asambleas y concejos municipales.
Pero no sólo extendió sus redes a la política, también penetró la administración de justicia, los organismos de inteligencia, el sistema carcelario, las Fuerzas Armadas o la Universidad de Córdoba. El fallo detalla uno a uno los episodios de corrupción o violencia para ejercer ese poder. Hasta el periodismo que, según la decisión judicial, al menos desde el diario El Meridiano, promovió una estrategia de ocultamiento ante la grave crisis humanitaria que vivió el departamento por la acción de los grupos de autodefensa.
La sentencia condena a unos cuantos desmovilizados del paramilitarismo cuyos nombres poco o nada dicen; ordena reconocer como víctimas a una interminable lista de personas o grupos familiares violentados; exhorta a diversas entidades públicas y privadas a repararlos; y declara textualmente que el Estado, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería, entre otras instancias oficiales, son responsables por acción y omisión de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas con total impunidad.
El documento termina con la compulsa de copias para que se investigue a una decena de personajes entre empresarios, miembros de la Fuerza Pública, fiscales, jueces o periodistas. No se incluyó la sugerencia de uno de los desmovilizados, en el sentido de que fueran indagados todos los notarios de Córdoba desde 1985 a la fecha. De cualquier manera, la decisión del Tribunal de Medellín aporta las piezas claves para armar el rompecabezas del despojo en el privilegiado y también victimizado departamento de Córdoba.
El ponente de la sentencia
El magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Rubén Darío Pinilla, es el mismo funcionario judicial que en 2013 pidió que el ex presidente Álvaro Uribe fuera investigado por presuntos nexos con el paramilitarismo.
Abogado de la Universidad de Antioquia y funcionario judicial desde los 22 años, el magistrado Pinilla se ha distinguido por sus investigaciones sobre la incidencia de la ilegalidad en Colombia.
En su libro ‘El Estado ilegal’, el magistrado Pinilla detalla cómo a través de decretos de Estado de Sitio u otras fórmulas jurídicas, las autoridades le han dado un manejo equivocado a los temas de guerra y paz. Ahora, en su condición de integrante de la Sala de Justicia y Paz, ha dictado sentencia respecto a importantes capítulos de la violencia colombiana de los últimos tiempos.
En esta ocasión lo acompañaron la magistrada María Consuelo Rincón y el magistrado Juan Guillermo Cárdenas con salvamento parcial de voto.
Enclaves de un estado capturado
En la providencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín se mencionan varios personajes que resultaron fundamentales para la expansión del paramilitarismo en Córdoba.
Por ejemplo, el ex congresista liberal, Miguel Alfonso De La Espriella, condenado por el delito de concierto para delinquir. O los ex congresistas Juan Manuel López, Mario Salvador Náder, también condenados por la justicia.
La decisión ordena investigar a cinco ex fiscales, entre ellos a Luis Javier Cepeda Visbal. Lo mismo que a la sargento Luz Mary Soto, adscrita a la Policía de Montería. De igual manera a los particulares Pedro Pablo Beltrán, Casimiro Torres Medrano, William Sayeg, Pedro Ghisays, Manuel Troncos, Carmelo Cogollo, Pablo Enrique Triana, Rubén Darío Obando, Luis Eduardo Barreto y Regis Amadeo Martínez.
Por Redactor Judicial - El Espectador
Fuente: El Espectador
vía:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Colombia_El_rompecabezas_del_despojo
domingo, 17 de mayo de 2015
Guatemala-Documentales: Fiebre del Oro
Documental crítico respecto al desarrollo de la actividad de explotación minera de metales preciosos utilizando la modalidad de minería a cielo abierto.
Muestra el impacto negativo en el medio ambiente y en la vida de las comunidades, la mayoría formadas por pueblos originarios de la región suroccidental de Guatemala
Cultura: Eduardo Galeano..estar al lado de los marginados..... Elena Poniatowska
El 13 de abril, en la
Feria del Libro de Londres a la que nos invitaron a los mexicanos, me
enteré de la muerte de Eduardo Galeano. La noticia corrió entre los
pasillos y muchos libreros abandonaron sus módulos para asegurarse de
que era cierta.
Recibir la mala noticia entre libros y los tomos a la vista me ayudó a
pensar en Galeano, a recordar su rostro fuerte y su mirada de rigor
inflexible. Recordé que cuando lo conocí pensé: Este hombre es de una sola pieza.
Hace varios años, en Nueva York, la agente literaria Susan Bergholz decidió reunirnos en una cena en su departamento e invitó a José Saramago y a su esposa Pilar, a Eduardo Galeano y a mí. A las 12 de la noche no habían llegado ni Saramago ni Pilar y ya Susan y Bert, su esposo (que suelen cenar a las siete de la noche) estaban al borde del desmayo cuando por fin sonó el timbre e hizo su entrada campante una pareja fenomenal, ella con un traje espléndidamente bien cortado y él con toda su altura y su simpatía de hombre de mundo. Entre tanto, Eduardo Galeano y yo platicamos a veces en inglés por Susan y su marido y la mayor parte del tiempo en español.
Nuestros anfitriones aguardaban desesperados, pero Galeano y yo, acostumbrados a las cenas de medianoche de España, conversábamos más o menos tranquilamente de su mujer Helena, de Las venas abiertas de América Latina, de Hugo Chávez en Venezuela, por quien él sentía enorme simpatía y a mí me tenía asustada, de la cena en Montevideo con Carlos Monsiváis que él y Helena nos ofrecieron y de nuestra preocupación porque nuestros países llegaran a convertirse en patrias perdidas.
De todos los escritores de América Latina que Susan Bergholz representa, Galeano era el preferido, después de Sandra Cisneros, cuyo triunfo se ha prolongado gracias al trabajo y el cariño que le dedica Susan. Por eso la desaparición de Galeano debe ser para ella una de las grandes tristezas de su vida.
En la ciudad de México, Galeano solía invitarme a merendar con Rigoberta Menchú, quien nos leía sus poemas en la Fonda de El Refugio. A cada poema Galeano aplaudía. Era un hombre generoso que nunca tuvo miedo de denunciar la corrupción y la mentira y en nuestra América Latina las voces honradas y valientes son las que las más hacen falta y más riesgos corren. (Véase el caso de Carmen Aristegui).
También recuerdo otra cena con Helena, en San Ángel. Él hacía un gran esfuerzo por participar pero muy cansado, el rostro enrojecido por su empeño, se veía a leguas que le costaba seguir viviendo. Helena lo miraba inquieta y acomodaba sobre sus hombros un suéter medio aplaudido. Fue la última cena que compartimos.
Galeano se dedicó a recoger pequeñas historias que regalaba como si fueran dulces que llevara en las bolsas del pantalón. Cada historia que él recuperaba era, como dice muy bien Hermann Bellinghausen, la historia de los más pequeños. Les devolvía a los pobres de la tierra
chispazos, revelaciones milenarias, que metía en un mismo dedal con las luchas y fatigas del presente. Perfeccionó una magia especial para unirlas en un solo lienzo, cargado de belleza y sentido, con precisión de orfebre mayor de nuestra lengua. Galeano es el puente que da constancia poética a la historia oral y universal de las Américas.
Esos pequeños textos, que han resultado joyas que conservan hombres, mujeres y niños, resumen los dolores, sortilegios y maravillas de los más pobres de toda América Latina. Con razón Galeano apoyó el zapatismo y reconoció a los zapatistas y a su portavoz, el subcomandante Marcos. Con razón, también, fue el jefe de redacción del semanario Marcha, ejemplo maravilloso de la prensa crítica y comprometida.
Marcha me hizo el gran honor, a través de Carlos Quijano, su director refugiado en México, de publicar uno de los capítulos de Tinísima y todavía guardo como un tesoro el abrazo que me dio en su oficina en nuestro país.
Tengo mucho que agradecer a Eduardo Galeano, a sus palabras, a sus conferencias en Bellas Artes y en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la inmensa ola de entusiasmo, casi como un tsunami que suscitaba su presencia entre los jóvenes que lo aplaudían de pie y ahora expresan su pena por la pérdida de un intelectual que siempre se mantuvo al lado de
los más pequeños, los marginados, las mujeres, los que nadie toma en cuenta y sin embargo, con sus venas abiertas, son los más numerosos y terminarán por ganarle la partida a todos los dictadores, los gobernantes ratas y las demás alimañas de nuestro continente.
vía:
http://www.jornada.unam.mx/2015/05/13/opinion/a04a1cul
Science: This is what happens to your brain and body when you check your smartphone before bed
Staring at screens right before sleep turns out to be a lot worse than previously thought. Dr. Dan Siegel, clinical professor of psychiatry at the UCLA School of Medicine, lays out all of the negative effects bedtime screen viewing can have on the brain and body.
----------------------------------------
Follow BI Video on Twitter: http://bit.ly/1oS68Zs
Follow BI Video On Facebook: http://on.fb.me/1bkB8qg
Read more: http://www.businessinsider.com/
Science: 5 ways the world could end
The end of the world is not solely a science fiction plot. A day will come when the Earth will cease to exist.
Science: What the Earth would look like if all the ice melted
We learned last year that many of the effects of climate change are irreversible. Sea levels have been rising at a greater rate year after year, and the Intergovernmental Panel on Climate Change estimates they could rise by another meter or more by the end of this century.
As National Geographic showed us in 2013, sea levels would rise by 216 feet if all the land ice on the planet were to melt. This would dramatically reshape the continents and drown many of the world's major cities.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Suscribirse a
Entradas
Comentarios
Datos personales
- raymond
- Malas noticias en los periòdicos, asesinatos, enfermedad, pobreza, dolor, injusticias, discriminaciòn, guerras, lo grave es que nos parece normal.
Ecologia2
