La Confederación General del Trabajo (CGT) considera que las medidas
aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado viernes, recogidas en el
BOE del sábado 25 de agosto, son un “
decretazo más que
se ensaña con las personas más débiles.” El gobierno “autoritario y
populista” del PP, un gobierno“ ilegítimo socialmente”, en claro “fraude
«democrático»”, demuestra “nuevamente ser el valedor de los intereses
de las grandes corporaciones empresariales y financieras”, critican
desde la CGT.
El gobierno del PP afronta el mayor problema del país de la única
manera que sabe hacerlo, afirman desde el sindicato, con “inquina hacia
las personas en paro,
empobreciendo aún más a quienes menos tienen,
al endurecer” las condiciones de acceso a la ayuda económica llamada
Plan Prepara, exigiendo 12 meses continuados de paro, retirando la ayuda
a quienes hasta ahora podían recibirla, teniendo en cuenta los ingresos
del conjunto de la unidad familiar donde vive la persona parada para
quitarle ese derecho, exigiendo demostrar documentalmente que se lleva
buscando trabajo los últimos treinta días.
Con esta reforma del
Plan Prepara, el Gobierno
pretende “chulear a las 200.000 personas que vienen recibiendo esta
«ayuda de beneficencia de los 400 euros por 6 meses y por una sola
vez».”
A la vez que “
endurece los requisitos” de la ayuda
de 400 euros, el Gobierno ha presentado un reglamento para realizar los
desahucios de manera exprés y en diez días poder desalojar a los
inquilinos de una vivienda en alquiler, demostrando así el desprecio que
sienten nuestros gobernantes hacia las personas que mayores necesidades
sociales tienen.
Ya en junio este mismo Gobierno, a razón de los sindicalistas,
redujo y endureció las condiciones de acceso a la prestación por desempleo de las personas paradas dism
inuyendo las cantidades a cobrar con el fin de “incentivar la búsqueda de un empleo”,
que a día de hoy se le niega a casi 6 millones de personas, aumentando a
la par los impuestos directos e indirectos a la clase trabajadora.
De los casi 6 millones de parados/as estadísticamente contabilizados
(EPA) - casi 25 personas de cada 100 en edad de trabajar-, en torno a
800.000 familias no tienen ingresos de ningún tipo, 1.800.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro,
más de 2.600.000 carecen de cualquier cobertura social, no perciben ni
prestación contributiva, ni subsidio de desempleo, ni renta activa de
inserción, ni subsidios eventuales agrarios, ni son beneficiarios del
Plan Prepara (los 400 euros). Además, la EPA ha mostrado que existen
cerca de 400.000 personas que ni trabajan ni buscan empleo, por entender
que no sirve para nada. De lo que vivan, no es un misterio,
posiblemente de las familias o de la red de solidaridad familiar,
denominada “colchón social”.
Al Gobierno, apunta la CGT, “no les importa que el 52% de los jóvenes
no puedan trabajar, con lo cual tener un «hogar propio e independiente»
se convierte en una quimera y un contrasentido. Es decir, primero se
les niega la vida autónoma o un proyecto de futuro, al impedirles
trabajar y segundo, se carga a la red familiar, su manutención y
desarrollo de su vida.”
“Todo este atentado contra la dignidad es un suma y sigue al
recorte presupuestario que se ha llevado por delante 65.000 millones de
euros que salen de todas y todos y que permitirían mantener unos
servicios públicos de calidad, además de otros 10.000 millones de recortes en sanidad y educación
demostrando su incapacidad de generar ingresos y reduciendo servicios
públicos en vez de aumentar la carga impositiva de los que más tienen o
decretando amnistías y exenciones fiscales.”quote>
Además en los próximos meses, advierte el sindicato, viviremos cientos de miles de despidos de empleadas y empleados públicos a través de los ERE´s,
debido a la normativa impuesta por este Gobierno, que ya se están
realizando en las administraciones públicas, ayuntamientos y comunidades
autónomas, y en empresas y organismos públicos.
Y esto se hace, al mismo tiempo que se ultiman las condiciones para
entregarles a los estafadores del sistema financiero e inmobiliario,
otros 100.000 millones de euros, los cuales van a salir de los despidos
de miles y miles de personas que trabajan en la función pública
(personal de educación, de sanidad, de ayuntamientos, de comunidades
autónomas, de medios de comunicación públicos, de la retirada de la paga
extraordinaria de todos los organismos públicos, de las
privatizaciones, etc,) de la subida del IVA, de la subida de los precios
de todos los servicios públicos, del recorte de las prestaciones
sociales.
Para la CGT no es la hora de un referéndum, ni de una consulta popular, sobre la política del Gobierno, es la hora de movilización permanente, la hora de una nueva Huelga General laboral y social
que sirva a las y los trabajadores, y a la sociedad en su conjunto,
para recuperar los derechos que les están arrebatando y para que desde
la sociedad se responda de manera eficaz a una crisis que las personas
trabajadoras no han generado.
Cayo Lara denuncia que el Gobierno "muestra el odio de clase
que tiene hacia los más humildes" con medidas económicas como las
aprobadas
El coordinador federal de IU sale en defensa de los jóvenes por ser a
“quienes más negativamente afectará el nuevo recorte” en las ayudas de
los 400 euros del Plan PREPARA y advierte que el “desahucio exprés” a
los 10 días que contiene el proyecto de ley de reforma del alquiler
“agudizará la situación dramática de muchas familias”
El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha valorado que
medidas económicas concretas como las aprobadas hoy por el Consejo de
Ministros muestran el “odio de clase, el odio hacia los más humildes”
del Gobierno del PP, mientras que “no actúa de igual forma sino que
ayuda a los más poderosos” con propuestas que siempre les benefician.
Lara criticó hoy en la rueda de prensa celebrada en la sede federal
de IU la significativa reducción de beneficiarios de la ayuda de 400
euros que va a tener el Plan PREPARA, prorrogado hoy oficialmente por el
Ejecutivo del PP, mientras que se ha utilizado como una “excusa de
márketing” el aumento de 50 euros sólo para los parados con tres
familiares a su cargo, “un número muy reducido dentro de los cerca de
200.000 que podrían tener derecho a esta ayuda”.
El máximo responsable de IU defendió a los jóvenes sin trabajo que
han agotado todas sus prestaciones por ser “a los que más negativamente
afectarán este nuevo recorte” y señaló que el hecho de verse obligados a
volver al domicilio familiar no puede considerarse un “agravante más a
sumar a los que ya tienen”, en referencia a este colectivo que es uno de
los más afectados por el desempleo, por los recortes en educación y de
las ayudas para poder emanciparse.
“Es incomprensible –dijo- que el Gobierno les castigue más y les
quite la ayuda si vuelven con la familia por una situación de deterioro
del empleo en la que tiene mucho que ver el Gobierno”. Tachó de
“esperpénticos” los argumentos empleados por los dirigentes del PP para
justificar su decisión y recordó que ese aumento de 50 euros al mes a
los parados con tres personas a su cargo tan repetido por el Gobierno
apenas supone en la práctica 30 céntimos diarios más para cada uno de
ellos.
Pero Cayo Lara argumentó también ese “odio” a los más desfavorecidos
en las medidas contenidas en el proyecto de ley que reforma el alquiler,
que incluye el “desahucio exprés” a partir del décimo día para los
inquilinos que tengan problemas para pagar.
“Todo es exprés para este Gobierno –criticó Lara- menos su actitud ante
los poderosos y los que cometen fraude fiscal”, razonamiento en el que
incluyó la falta de medidas por parte del Ejecutivo de Mariano para
ayudar a los pequeños ahorradores afectados por la colocación de
participaciones preferentes por parte de diversas entidades bancarias.
Destacó que esos cambios legales sobre el alquiler de viviendas “van a
agudizar la situación dramática de muchas familias”, que puede
desembocar en la exclusión social. Insistió en que el Gobierno “va a lo
fácil” y ni se plantea otras medidas posibles como la promoción del
alquiler de vivienda protegida procedente, entre otros, “del stock de
inmuebles propiedad de las entidades financieras intervenidas y que
reciben y van a recibir miles de millones de dinero público”.
Cayo Lara lamentó que el precio del alquiler siga siendo en la
mayoría de ciudades muy elevado “en muchas incluso más que un salario
medio. Ese el problema que habría que atajar con más urgencia”.
Por otra parte, el coordinador federal anunció también que Izquierda
Unida llevará en los próximos días una iniciativa al Congreso para
defender los derechos de esos pequeños ahorradores a quienes les
colocaron participaciones preferentes para que “puedan recuperar sus
ahorros y que no se les apliquen las quitas” que plantea el Gobierno.
Vía,fuente:
http://tercerainformacion.es/spip.php?article40846
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