Diario Red Digital
PRIMERA PARTE
El
hecho de que un Estado mafioso y genocida, que practica por definición
el terrorismo de Estado y viola los derechos humanos por sistema, como
el de Colombia, acuse a alguien de terrorista, es tan coherente como que
un policía pretenda cursar una infracción por exceso de velocidad a un
piloto que está compitiendo en las 500 millas de Indianápolis.
El
hecho de que el Gobierno de Chile, los partidos de derecha y los medios
de comunicación que controlan, aparezcan hoy afanados en extraditar a
un connacional, para ser juzgado por semejante Estado, por el sólo hecho
de mantener relaciones políticas, que nunca ha negado, con una
organización alzada en armas, que mantiene un secular conflicto con
dicho Estado, revela, de una parte, la enajenación a que puede conducir
una mentira sistemática, reciclada una y otra vez por el aparato
mediático; y de otra, su grado de subordinación a la estrategia mayor,
impulsada por los poderes centrales, que apunta a la desestabilización
de los procesos de emancipación que cursan en varios países
latinoamericanos, cuya principal coartada, es precisamente, el combate
al terrorismo y el narcotráfico.
La debilidad de la prueba
y la deficiencia técnica de la solicitud de extradición del gobierno
colombiano son tan evidentes, que en la medida en que predomine el
estado de derecho, y se imponga el raciocino jurídico sobre las
combinaciones y presiones políticas, Manuel Olate Céspedes, diseñador
gráfico, 42 años, casado, dos hijas, no puede sino ser puesto en
libertad y exonerado de cargos.
De hecho, está preso quién
ha trabajado incansablemente por la paz, mientras lo acusan los que han
hecho de la violencia el instrumento de su política, y no sólo se
aferran a la guerra como a una ubérrima fuente de recursos, sino
pretenden extenderla en el nivel regional.
Pero cuando
Olate sea liberado ¿quién reparará el daño que le ha causado a él y su
familia, una campaña odiosa y falaz, próxima ya a los dos años, que le
imputa livianamente “nexos” con una organización terrorista?, ¿qué costo
pagarán por ello los complacientes e irresponsables medios de
comunicación, que carentes de celo profesional, ética periodística y
disposición a investigar, se han prestado como cajas de resonancia de
esa campaña?.
Terrorismo y terroristas
El
significado en disputa es el concepto de terrorismo, a partir del cual
se desprende una deformación conspirativa de la realidad. Así, la
versión del Estado colombiano, proyectada acríticamente por El Mercurio y
La Tercera, presupone a las FARC como una organización terrorista, y
por extensión, a toda persona o grupo que entre en contacto con ella.
Esta
concepción tiene un origen histórico muy preciso: la lucha contra el
eje del mal, acuñada por el ex Presidente George Bush, en su discurso
del Estado de la Unión, el 29 de enero de 2002, para describir a los
regímenes que en su opinión, apoyan el terrorismo, y así justificar las
invasiones a Afganistán, por entonces ya ocurrida, y la que preparaba
contra Iraq. En esa intervención, Bush mencionó a Irán, Iraq, Corea del
Norte, Libia, Siria y Cuba.
Después del fracaso del golpe
de Estado de Venezuela, el 11 de abril de 2002, los halcones de la
guerra de la Casa Blanca incluyeron en el eje del mal al régimen de Hugo
Chávez, en Venezuela, y desde 2005, al de Evo Morales, en Bolivia.
La
punta de lanza de la contraofensiva norteamericana en la región fue el
gobierno de Alvaro Uribe en Colombia, con las FARC y la lucha contra el
narcotráfico -simbióticamente asimilados- como elemento justificador.
A
esa estrategia obedecen el Plan Colombia y el Plan Patriota, en virtud
de los cuales el gobierno norteamericano ha transferido ya unos seis mil
millones de dólares al gobierno colombiano -660 millones sólo en 2009-,
y ha convertido a sus Fuerzas Armadas en la mayor máquina de guerra de
la región, con un pie de fuerza superior a 500 mil efectivos, que
consume el 6,5% del PIB, en proporción incluso superior a la de Estados
Unidos (4,6%), con dos guerras en simultáneo.
Fue en ese
contexto, y con tecnología de última generación, que las Fuerzas Armadas
colombianas bombardearon el campamento de Raúl Reyes en territorio
ecuatoriano, el 28 de febrero de 2008, matando de paso al menos a ocho
civiles de distintos países, pertenecientes a organizaciones de
solidaridad con las luchas del pueblo colombiano, operación que se
repitió el 22 de septiembre pasado, y acabó con la vida de Víctor Julio
Suárez Rojas, alias Jorge Briceño, o mono Jojoy, el segundo comandante y
jefe militar de las FARC.
A la inversa, la visión de las
organizaciones de solidaridad con la lucha del pueblo colombiano, a las
que pertenece Manuel Olate, asume a las FARC como fuerza beligerante de
un conflicto de larga data, con origen históricamente determinado, que
lucha por un objetivo también históricamente y éticamente justificado,
vale decir, la construcción de un nuevo orden social, sobre la base de
un programa orientado a la solución política del conflicto que desangra
al país, que propone un régimen democrático, bolivariano y comprometido
con la justicia social.
Desde el punto de vista jurídico,
específicamente en el ámbito del derecho internacional humanitario, la
condición de fuerza beligerante de las FARC, se sostiene en artículo 1
del II Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (1), aprobado en
1977, referido a la protección de las víctimas de conflictos no
internacionales:
“Artículo 1. Ámbito de aplicación material
1.
El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus
actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos
armados que no estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional
a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales
(Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte
contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o
grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando
responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal
que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y
aplicar el presente Protocolo.
2. El presente Protocolo
no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios
interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de
violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados”.
Aparte
de que proviniendo de los gobiernos de Chile o de Colombia, o de los
medios de comunicación que controlan, la categorización de las FARC como
organización terrorista resulta ridícula, en lo fundamental implica
ignorancia del recurso a la violencia como mecanismo secular de
resolución de los conflictos de la sociedad colombiana, presente desde
las conspiraciones de Santander contra Bolívar, en los albores de su
historia; y grosera omisión de las causas sociológicas e históricas del
prolongado conflicto armado en ese país.
Violencia histórica
Sea
por conflictos entre liberales y conservadores, o anteriormente entre
federalistas y unitarios, o por intolerancia en el ámbito filosófico o
religioso o político; o por conflictos motivados por injusticia social y
pobreza, o simplemente por lucha entre caudillos, el hecho es que entre
1830 y 1903 se registraron en Colombia 13 grandes guerras civiles, sin
considerar las 40 registradas en estados federales, que costaron
centenares de miles de muertos, en proporciones pavorosas respecto al
número de población.
Son las guerras de los coroneles de los que escribió García Márquez.
El
9 de abril de 1948, bajo la presidencia de Mariano Ospina, el asesinato
del líder liberal y candidato presidencial, Jorge Eliécer Gaitán,
desencadenó una espontánea sublevación popular, el dominado “bogotazo”,
en que murió un número indeterminado de personas, que algunos
historiadores cifran en no menos de tres mil.
En el
quinquenio inmediatamente posterior, conocido como La Violencia, que se
extendió hasta 1953, la ofensiva militar, policial y paramilitar
impulsada por el líder del Partido Conservador, Laureano Gómez, contra
militantes y simpatizantes del Partido Liberal, costó 300 mil muertos.
Al
igual que la derecha chilena en relación a la Unidad Popular, Gómez se
empeñó en acusar a los liberales de un ilusorio armamentismo, mientras
se los masacraba con metódico rigor. En esa perspectiva, el conflicto
armado de Colombia, que persiste desde entonces, no es sino el
cumplimiento de la autoprofecía.
El desplazamiento y
asesinato de campesinos por cuenta de paramilitares financiados por los
terratenientes, fenómeno que recrudeció desde mediados de los 80 con
probada complicidad y participación de Uribe Vélez, ha sido una práctica
consuetudinaria e ininterrumpida, a la cual se le deben imputar
centenares de miles de muertos más.
De hecho, el bombardeo
y asalto del poblado de Marquetalia, donde vivía Pedro Antonio Marín,
más conocido como Manuel Marulanda Vélez, el 11 de mayo de 1964, sin
mediar otra razón que no fuera la imposición del Plan LASO
norteamericano, fue el antecedente directo que condujo a la creación de
las FARC.
Intentos de salida política
Sin
considerar los centenares de miles de muertos del conflicto que se
prolonga desde entonces, en mayo de 1984 culminaron los diálogos de las
FARC-EP con el gobierno de Belisario Betancourt, con los denominados
Acuerdos de La Uribe, que en esencia, establecieron un alto al fuego en
el conflicto, con miras a la firma de un tratado de paz definitivo y a
la reinserción de la guerrilla a la vida política y civil.
Por
entonces, nadie ponía en duda la condición de las FARC-EP como fuerza
beligerante. De este proceso surgió Unión Patriótica, una agrupación
política en la que participaron representantes de las FARC
desmovilizadas, del Partido Comunista y de organizaciones sociales, que
en 1986 obtuvo el tercer lugar en las elecciones generales y logró
veinte escaños parlamentarios.
El promisorio proceso
político fue ahogado en sangre por paramilitares en alianza con
narcotraficantes y agentes del Estado, mediante un paroxismo homicida
que en dos años dejó alrededor de cinco mil muertos, incluyendo a Jaime
Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, candidatos a la presidencia de la
República, ocho senadores, trece diputados, setenta concejales, once
alcaldes y miles de cuadros públicos del Partido Comunista y de
organizaciones sindicales.
A las FARC no les quedó otro
camino que volver a la clandestinidad y la actividad armada, sin
perjuicio de que desde entonces mantienen vigente la oferta de diálogo
con el gobierno, con el fin de retomar la vía de las negociaciones
políticas para la resolución del conflicto.
De hecho, en
1998 hubo un nuevo proceso de diálogo con el gobierno de Andrés
Pastrana, el que sin grandes progresos, pero al menos en lo formal,
concluye en 2002, con el ataque sin previo aviso de las fuerzas
militares a la zona de distensión, en San Vicente del Caguán, y queda
sepultado definitivamente con la entronización de Alvaro Uribe Vélez.
Este
personaje, de reconocidas vinculaciones con el narcotráfico y el
paramilitarismo, asume el gobierno con el encargo del imperio de
intensificar la guerra interna, para lo cual se vale primero del Plan
Colombia, y luego, del Plan Patriota.
No sólo la guerra
interna, sino en lo posible, de escalarla al nivel regional, como
demuestran la autorización para la instalación de siete bases
norteamericanas en territorio colombiano; el bombardeo del campamento de
Raúl Reyes en Ecuador; contínuas provocaciones fronterizas a Venezuela,
y últimamente, la exportación de tecnologías y prácticas represivas a
las Fuerzas Armadas hondureñas.
El mismo día en que José
Manuel Santos Ascarza asumió el poder, Alfonso Cano, actual Secretario
General de las FARC, propuso un diálogo al nuevo gobierno, oferta que
reiteró tras la muerte de Jorge Briceño.
Por toda respuesta, Santos dijo que el Estado seguiría combatiéndolos hasta la aniquilación. Obvio. Santos no se manda solo.
Apocalipsis ahora
En parte por las razones antedichas, la violación de los derechos humanos en Colombia alcanza dimensiones apocalípticas.
El
Observatorio de Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario, dependiente de la Vicepresidencia de la República, señala
que sólo “entre enero y agosto de 2009 se registraron 10.737 homicidios;
20 casos de masacre con 102 víctimas, 362 ejecuciones extrajudiciales;
245 homicidios intencionales de personas protegidas y 18 desapariciones
forzadas”(2).
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía
General de la Nación da cuenta que “entre enero y septiembre de 2009 se
cometieron 10 homicidios de maestros sindicalizados y 13 homicidios de
sindicalistas de otros sectores”(3).
El Informe 2010 de
Amnistía Internacional Colombia refiere que en el curso de 2009 se
registraron 286 mil nuevos desplazados, 114 asesinatos de indígenas; 184
homicidios de personas pertenecientes a grupos sociales marginados,
como trabajadore(a)s del sexo, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero,
y drogadictos; y el asesinato de 8 activistas de derechos humanos y de
39 sindicalistas(4).
El informe del Observatorio de
Derechos Humanos, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, un
grupo de ONG’s dedicados a la defensa de los derechos humanos, establece
que en los primeros 75 días del Gobierno de José Manuel Santos, se
registraron 33 asesinatos de líderes campesinos, activistas de derechos
humanos y dirigentes sindicales(5).
En el mismo período,
la Organización Nacional Indígena reporta el asesinato de cien
indígenas, 40 de ellos en el Departamento del Cauca.
Las cifras globales son igualmente pavorosas.
El
Registro Unico de Población Desplazada registra una cifra total de
3.226.442 desplazados internos hasta el 30 de septiembre de 2009. Por su
parte, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES) estima un total de 4.629.190 desplazados internos hasta finales
de 2008, de terrenos que involucran unos 6,65 millones de hectáreas(6).
O sea, casi un tercio de la población ha sido desplazada
de un cuarto del territorio, por grupos paramilitares financiados por la
oligarquía terrateniente, con el fin de apoderarse de sus tierras.
¿Qué país se libra de una guerra civil con semejante trastorno?
Según
el Presidente de CODHES, Marcos Romero, "ya superamos el nivel de
desapariciones de Argentina, que estuvo cerca de las 30 mil personas y
esto puede pasar de unas 100 mil en las últimas décadas”.
De
hecho, un informe del Departamento de Medicina Legal, citado por
Telesur(7), reporta 38.255 personas desaparecidas en los últimos tres
años, 18 mil 236 sólo en 2009.
El informe 2009 de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, señala:
“A
diciembre de 2009, el Registro Nacional de Desaparecidos había
identificado 37.300 casos, de los cuales casi 10.000 correspondían a
casos de desaparición forzada. La mayoría de estos casos permanecen en
la impunidad, sin resolver ni identificar perpetradores y móviles”.(8)
Un
Informe de la Fiscalía de Justicia y Paz de febrero 2010 indica que los
paramilitares reconocen haber perpetrado 30.470 asesinatos en los
últimos quince años, y haber hecho desaparecer a otras 2.520
personas(9).
Corrupción e impunidad
Todos
los informes de derechos humanos disponibles coinciden en la alarma
sobre la impunidad en que permanece el escándalo de los “falsos
positivos”, que tuvo una dramática expresión en el hallazgo de la fosa
de La Macarena.
Por “falsos positivos” se denomina en
Colombia a ejecuciones extrajudiciales en el marco de operativos
militares anti-insurgentes, en que los testigos declaran que no hubo
combate; y donde las víctimas son capturadas en su domicilio o lugar de
trabajo, y conducidas al lugar de la ejecución. Las personas ejecutadas o
desaparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores,
jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios. Las víctimas son
reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en
combate.
Más diabólico aún -como establece el informe 2010
de la la Corte Interamericana de Derechos Humanos- “los miembros de la
Fuerza Pública reciben incentivos económicos, profesionales y premios
por la presentación de “positivos”; la competencia judicial para la
investigación de los hechos se atribuye desde el primer momento a
juzgados penales militares; los familiares de las víctimas, testigos y
defensores de derechos humanos dedicados al esclarecimiento de los
hechos son objeto de actos de amenaza e intimidación; el porcentaje de
condenas a los responsables es ínfimo. La Unidad de Derechos Humanos de
la Fiscalía General de la Nación cuenta con 1.230 casos que afectan a
2.103 víctimas en los últimos seis años”(10).
Responsable
directo de estos hechos, en tanto superior jerárquico de los hechores,
era el entonces Ministro de Defensa, José Manuel Santos Ascarza, el
mismo que calificó la detención de Manuel Olate como “una señal muy
importante, de que a los terroristas los vamos a perseguir donde estén”.
En los primeros días de diciembre de 2009, una visita
inspectiva de una delegación de congresistas y sindicalistas británicos,
permitió el hallazgo de la fosa común de La Macarena, en el
departamento del Meta, donde habían sido sepultados ilegalmente más de
dos mil cadáveres. Investigaciones posteriores han demostrado que la
mayoría de ellos pertenecían a personas enroladas en las listas de
“falsos positivos”.
A pesar de que hay 3.700 mil militares
sumariados o bajo investigación, ninguno de ellos está en prisión, y no
hay una sola condena. Lejos de eso, en una visita a la base militar de
La Macarena, Alvaro Uribe aseveró que la fosa común era sólo el producto
de calumnias: "Aquí vinieron los enemigos de la Seguridad Democrática, a
alimentar calumnias contra el Ejército de la Patria”.
El
informe del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas, denunció el alarmante grado de impunidad con respecto a
violaciones masivas de derechos humanos en Colombia.
Otro
punto en el que enfatizó el Comité, remite a la agencia de inteligencia
de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el mismo
que le suministró a la Fiscalía General de la República, las “pruebas”
contra Manuel Olate:
“Sistemáticamente desde hace ya
algunos años el DAS ha venido realizando un operativo de seguimiento
ilegal sobre miembros de la oposición, periodistas, defensores de
derechos humanos y también incluso de la Corte Constitucional y
organismos tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El
Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU Para los Derechos
Humanos, sobre la situación de derechos humanos en Colombia, 2009,
agrega sobre el particular:
“En 2009 se hizo público que
el DAS, entidad de inteligencia dependiente de la Presidencia de la
República, había estado desarrollando, por lo menos desde 2003 y de
manera generalizada y sistemática, una serie de actividades ilegales
dirigidas contra, entre otros, defensores de derechos humanos,
opositores políticos, periodistas y altos funcionarios del Gobierno,
como el Vicepresidente. Además, información preocupante publicada en los
medios de comunicación indicaría que incluso los magistrados de la
Corte Suprema fueron objeto de vigilancia. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, un Relator Especial de las Naciones Unidas y la
Oficina en Colombia fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones,
en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores
desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba "blancos
legítimos" por ser potenciales opositoras de las políticas
gubernamentales. Las acciones ilegales incluyeron interceptaciones de
teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y
amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y
domicilios. Esto provocó un clima de miedo e inseguridad y, en algunas
ocasiones, sabotaje y descrédito del trabajo de los defensores y las
defensoras de derechos humanos. Las acciones contra las mujeres
incluyeron amenazas directas contra sus hijos e hijas, en ocasiones con
manifiesto contenido sexual violento”(11).
¿A ese infierno
en la tierra, con antecedentes que escasamente rebasan la sospecha,
pretenden Santos, Piñera, Allamand, Espina, El Mercurio y La Tercera,
que la Justicia chilena extradite a un connacional?
SEGUNDA PARTE
La
“voluminosa” prueba de la Fiscalía General de Colombia contra Olate se
reduce a una decena de mensajes de correo electrónico entre el
Comandante Raúl Reyes y un alias “Roque”, y una serie de fotografías de
un grupo de chilenos en el campamento del mismo Reyes, entre los que
está Manuel Olate, encontrados en su portentoso computador, incautado
luego de su muerte en la Operación Fénix, que como se sabe, consistió en
el bombardeo de su campamento, con tecnología de última generación, de
origen norteamericano, en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo de 2008.
Además, existe el reconocimiento de Roque de una testigo,
una guerrillera desmovilizada, cuya descripción no coincide con el
aspecto físico de Olate.
La debilidad de la prueba es tan
evidente, que La Tercera, el medio chileno que ha oficiado de guaripola
de la campaña, reconoció en la edición del 5 de noviembre, que la
canciller colombiana, María Angela Holguín, “ha expresado algunas dudas y
realizado consultas” a su homónimo chileno, Alfredo Moreno, sobre los
pasos a seguir en el proceso de extradición.
Al día
siguiente, El Mercurio, la otra pinza de la tenaza de la campaña,
publicó que el Fiscal Nacional, Sabas Chauán, “pidió celeridad al
Ministerio Público colombiano para enviar los antecedentes para
solicitar la extradición de Manuel Olate”; tras lo cual la cronica
agrega: “el punto es que los profesionales chilenos podrán sugerir a los
requirentes que mejoren el estándar de la evidencia” en la idea de que
“el dossier final y el pedido de extradición, que llegan a través de
vías diplomáticas, vengan lo más completo posible con miras al juicio
que decidirá el futuro del sospechoso”.
De esta verdadera
confesión de parte, se desprende que tanto el Estado chileno,
representado por el Canciller y el Ministerio público, y la prensa
“seria”, en abierta flagrancia del principio de presunción de inocencia y
de la obligación de otorgar protección diplomática a un connacional,
aparecen vinculados en una relación de estrecha colaboración con un
Estado extranjero, con el fin de extraditar a un compatriota, por
razones estrictamente ideológicas.
Este es un hecho inédito en la historia del país, del que tendrán que dar cuenta, llegado el momento.
En
cualquier tribunal independiente del mundo, las pruebas extraídas del
computador de Raúl Reyes no pueden sino ser rechazadas, por motivos de
diversa naturaleza.
Vicio de origen
En
primer lugar, están viciadas de origen, en tanto provienen de una
agresión armada en territorio extranjero, abiertamente violatoria del
derecho internacional, y que adicionalmente impidió la liberación
unilateral de rehenes en poder de las FARC, que personalmente negociaba
Reyes desde ese campamento.
Luego, a pesar de sus
esfuerzos, el Estado Colombiano no ha conseguido validar el contenido
del computador de Reyes como prueba confiable.
Entre
ellos, estuvo solicitar a INTERPOL una pericia forense sobre la validez
de la prueba contenida en los computadores incautados en el campamento.
La
conclusión 2b de dicho informe, inhabilita el contenido de esos
computadores como prueba válida ante cualquier tribunal del mundo, en
términos irrevocables:
“Conclusión Nº 2b: Entre el 1 de
marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las
FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de
marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron
entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la
Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los
datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios
reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas
electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de
la ley”.
A mayor abundamiento, el párrafo 91 de dicho informe, señala de modo textual:
“Utilizando
sus herramientas forenses, los especialistas hallaron un total de
48.055 archivos cuyas marcas de tiempo indicaban que habían sido
creados, abiertos, modificados o suprimidos como consecuencia del acceso
directo a las ocho pruebas instrumentales por parte de las autoridades
colombianas entre el momento del decomiso de éstas, el 1 de marzo de
2008, y el 3 de marzo de 2008 a las 11:45 horas”.
Pero eso
no es todo. En el juicio contra Liliana Obando, socióloga, académica,
activista de derechos humanos y ex funcionaria de la Federación Nacional
Sindical Unitaria Agropecuaria, acusada como Olate de supuestos
vínculos con las FARC, sobre la base de antecedentes obtenidos de los
computadores de Reyes, el investigador del grupo antiterrorista de la
Dirección de Investigación de la Policía Judicial, DIJIN, Ronald Hayden
Coy Ortiz, admitió que manipuló la información de los computadores de
Ráúl Reyes, antes de entregarlos a la Fiscalía.
Según un
reporte de Telesur; Coy admitió que "abrió la información y la manipuló
antes de que esa información fuera sometida a control de legalidades,
sin que existiera entonces autorización legal para ello".
A mayor abundamiento, aseguró que no encontró correos electrónicos, sino documentos Microsoft Word:
"No
se ha hallado hasta el momento correos electrónicos, se han hallado
gran cantidad de direcciones que pertenecen a correos electrónicos, pero
Reyes almacenaba la información en Word y de programas Microsoft"
El
abogado Eduardo Matías sostuvo que con la confesión de Coy, quedó sin
piso jurídico el mérito probatorio para juzgar a su defendida:
"Se
evidencia un manejo desbordado por parte del funcionario judicial y un
abuso de autoridad que viola el debido proceso y por tanto la prueba no
puede ser tenida en cuenta como tal dentro de un proceso penal".
Con
mayor razón ese argumento es aplicable a un juicio de extradición,
donde la culpabilidad de un imputado debe ser probada con mayor rigor
que en un juicio común.
Solidaridad internacional
En
cuanto a su presencia y la de otros tres chilenos en el campamento de
Raúl Reyes, del que salieron dos días antes del bombardeo, Olate nunca
la ha negado. Asevera que fue en el marco de la realización del Segundo
Congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana, un movimiento
político social amplio, internacional, público, legal y abierto, cuyo
objetivo es la solidaridad internacional con las luchas del pueblo
colombiano.
Pretender que las cavernarias derechas de
Chile y Colombia entiendan lo que significa solidaridad internacional,
es tan difícil como esperar que a las ranas les salga pelo. Pero desde
la cárcel Santiago I, donde está internado bajo un régimen de seguridad
que le permite sólo dos horas fuera de su celda al día, Olate declaró a
quien suscribe:
“No entiendo que hagan tanto caudal de
nuestra presencia en el campamento del comandante Raúl Reyes, pues lo
hemos declarado en innumerables ocasiones. Fuimos allá para llevar un
saludo del Congreso Continental Bolivariano, que se celebraba por
entonces en Quito. No fuimos sólo chilenos, sino delegados de varios
países. De hecho, en el bombardeo murieron al menos cinco compañeros del
capítulo mexicano de la Coordinadora Continental. En mi caso
particular, además llevaba el encargo de hacerle una entrevista al
comandante Raúl Reyes, por cuenta de radio Bío Bío. Para mí, la
solidaridad internacional con las luchas del pueblo colombiano, hace
parte de la política del Partido Comunista, al que pertenezco. Nosotros
estamos por la salida política al prolongado conflicto armado en
Colombia. Creemos que a estas alturas, ya no es posible una solución
militar. Y dentro de ese contexto, entendemos que la mejor colaboración
es impulsar el intercambio humanitario de prisioneros, en nuestra
opinión, el primer paso para crear un clima de confianza que permita a
las partes sentarse a conversar”.
Recordó, además, que la
visita al campamento de Raúl Reyes no vulneró ninguna legalidad, pues
tenían permiso en regla para moverse en cualquier dirección dentro de
las fronteras de Ecuador.
En entrevista para el semanario
El Siglo, efectuada por el suscrito en marzo de 2008, Olate explicó las
fotos en el computador de Reyes:
“Esas fotos las sacamos
entre nosotros mismos. Todos lo que trabajan con fotografía digital
saben que en algún momento se acaba el espacio, y que para hacer más
espacio, hay que descargar las fotos en un computador. Nosotros las
descargamos en un computador que se nos facilitó, el cual no podíamos
sospechar que después iba a ser incautado tras un bombardeo”.
Y también el uso del uniforme de camuflaje, propio de las FARC:
“La
razón es bastante sencilla y es que para llegar a esos terrenos, hay
que caminar mucho. Ya le conté que caminamos bajo un diluvio tropical.
Al campamento llegamos empapados y sucios. Por lo tanto, al llegar al
campamento nos prestaron esa ropa, que era la única disponible. No
estábamos en ningún mall”.
Los correos del montaje
Manuel Olate niega enfáticamente ser Roque.
Pero
aún cuando la policía chilena identificase a Roque, quienquiera que
sea, y lo colocase a disposición de la Fiscalía General de Colombia,
ésta díficilmente lograría la extradición con base a las copias en word
de quince mensajes de correo electrónico, que a todo lo más, sugieren
relaciones políticas, pero ningún hecho punible, ni menos extraditable.
A continuación, una transcripción de algunos de esos archivos de word, supuestamente originados en mensajes de correo:
Raúl a Roque, agosto 2 de 2004:
“Roque,
tenga en cuanta que su comunicación conmigo es independiente de las
comunicaciones con César y los camaradas de Brasil”.
Roque a Raúl, febrero 2, 2007;
“Un
agradecimiento especial a la camarada Gloria por la cancharina y la
paciencia y por poner la voz de Rafaela en la web del movimiento.
Gracias por esa consideración”.
Raúl a Roque, octubre 22, 2007:
“Lamentamos
los quebrantos de salud de nuestra camarada Rafaela, al tiempo que
hacemos votos por su pronta y satisfactoria recuperación. Los deseos son
de volverla a tener aquí con nosotros en el próximo viaje del
colectivo”.
Roque a Raúl, diciembre 28, 2007:
“Un
abrazo para toda la compañía, para Chana, para la camarada Gloria (rafa
casi se pone a llorar con el regalo que le envió) y para usted,
camarada Raúl, un abrazo y deseos de éxitos en esta campaña”.
Roque a Raúl, mayo 28, 2007:
“Como
anécdota le comento que iniciamos la venta de la muñequita guerrillera,
las que hace rafa, alcanzamos a poner 5 en exposición y se las llevaron
de inmediato, a dólar y medio”.
Raúl a Roque, mayo 31, 2007:
“Felicitamos
al colectivo por su buen trabajo. Bueno, con las muñequitas de Rafaella
habrá dinero, propaganda y más relaciones con las juventudes
comunistas”.
Fenomenal. Desde que las FARC hacen parte del
eje del mal, el Estado colombiano las ha acusado de financiarse
mediante el narcotráfico. Pero resulta que según la solicitud de
extradición de Manuel Olate, en realidad lo hacen…con la venta de
muñequitas.
Y no es broma, como lo prueba el hecho de que
dos de los tres delitos por los que se solicita la extradición son
“financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados
con actividades terroristas”, con el solo mérito de tan contundente
“prueba”. Ya volvemos sobre este tema.
La conexión mapuche
En
la orden de investigar RUC 0900212075-2, de la Fiscalía de Pudahuel,
del 12 de julio de 2010, se oficia a la Fiscalía General de Colombia, a
fin de solicitar información para acreditar delitos de “asociación
ilícita terrorista, conducta terrorista y financiamiento del
terrorismo”, y determinar el grado de participación de ciudadanos
chilenos”, según se desprende “de la información extraída de los
computadores del líder de las FARC, alias Raúl Reyes”.
El
texto agrega que el oficio de referencia “debe ser confeccionado en
conjunto con los antecedentes que se investigan en la causa RUC Nº
0900697670-8, del 28 de julio de 2009, del Juzgado de Garantía de
Temuco, por los delitos de crímenes y simples delitos contra la
Soberanía Nacional y Seguridad del Estado, de la Fiscalía Local de
Temuco”; es decir, la causa que en estos mismos instantes se sigue
contra 27 comuneros mapuche, en Cañete.
En ninguno de los
quince correos supuestamente intercambiados entre Raúl Reyes y Roque
aparece una relación directa entre los mapuche y las FARC por mediación
de Roque. Eso lo deduce la Fiscalía General de Colombia por inferencia
indirecta, basada en información de contexto.
A continuación, el tenor de esos intercambios:
Roque a Raúl, febrero 2, 2004:
“Otro
punto es el regreso de la Presidenta del PC, Gladys Marín, al país; eso
sería alrededor del 14 de marzo, el 27 del mismo mes habrá un gran acto
en torno a la imagen de la compañera, pero relacionado con las luchas
que se están desarrollando en el país, los mapuches, la salud, los
cesantes, la defensa del cobre, la consigna del acto es Todas las
Luchas”.
Otro de los nexos descubiertos por la Fiscalía
General de Colombia, es una declaración del Comité Regional de la Novena
Región del Partido Comunista, , del 17 de febrero de 2007, en apoyo a
la comunidad de Temucuicui, que había sufrido un violento allanamiento
policial el día anterior.
Todo el peso de la “prueba” con
la que se pretende extraditar a Colombia a un ciudadano chileno, cuya
identidad no ha sido establecida de modo fehaciente, decansa en el
siguiente intercambio de supuestos mensajes de correo:
Roque a Raúl, marzo 27, 2006:
“Existen
unos compañeros del pueblo mapuche que hace rato están en lucha con el
Estado por la devolución de sus tierras, tienen planes ambiciosos para
liberar una zona en el sur de Chile, donde actualmente viven. A través
de unos contactos se acercaron a nosotros para pedir apoyo en términos
de instrucción y es lo que estoy haciendo”.
La respuesta de Raúl Reyes, según el dossier colombiano, está fechada el 30 de marzo, tres días después:
“Hay
que hacerles ver las características de quienes harían la experiencia,
partiendo de la dureza del régimen militar y de los riesgos a que se
exponen por la diaria confrontación con las tropas enemigas (…) tener en
cuenta de qué tiempo dispondrían y la cantidad de compañeros.
Preferible que sean unos seis a diez y que tengan solucionado los
permisos laborales o estudiantiles durante el tiempo de estadía aquí”.
Y
no hay más. Es cierto que en el dossier colombiano existen unos
reconocimientos fotográficos de testigos acerca de la presencia de
algunos mapuche en el campamento de Raúl Reyes, y la constancia de su
ingreso a territorio ecuatoriano, pero nada que los vincule a Roque o al
Partido Comunista.
La debilidad de la prueba es tan
manifiesta, que los fiscales de Bío Bío y la Araucanía, a cargo de los
juicios orales contra los comuneros mapuche, desistieron de interrogar a
Olate, y de utilizar las pruebas remitidas por la Fiscalía General de
Colombia.
La conexión comunista
Viene
al caso recordar que esta campaña se inició en agosto de 2008, luego de
una visita de los senadores Alberto Espina y Andrés Allamand, y el
entonces acaudalado empresario y candidato presidencial, Sebastián
Piñera, a Colombia, donde se entevistaron con Alvaro Uribe Vélez y José
Manuel Santos.
Más aún, se jactaron de haber recibido esa
información sobre "chilenos-FARC” arriba de un avión, estando presentes
Uribe (ahora demandado judicialmente por la Justicia de los Estados
Unidos, acusado por crímenes de sindicalistas en una empresa
norteamericana en Colombia), José Manuel Santos, y el Comandante en Jefe
del Ejército, general Mario Montoya, quién posteriormente debió
renunciar por su responsabilidad en los asesinatos descubiertos en la
fosa de La Macarena.
Una vez que llegó de Colombia el trío
dinámico, de Piñera, Allamand y Espina, se inició una campaña brutal a
través de La Tercera y en menor grado El Mercurio, que lleva ya casi dos
años, en virtud de la cual filtraban información supuestamente
reservada, entregada a la fiscalía chilena, la misma que se devela en el
presente trabajo. Nunca Piñera, Espina, Allamand, ni menos La Tercera,
revelaron las fuentes de la información.
El Partido
Comunista solicitó formalmente que se explicitaran las fuentes y jamás
tuvo respuesta, ni del gobierno, ni del trío dinámico ni de ningún
fiscal. Aunque la ANI, y en su momento el Fiscal Nacional, no
encontraron mérito para investigar, prosiguieron las publicaciones
arbitrarias en la prensa, que a esta altura han causado un daño
irreparable a Manuel Olate y su familia.
A pesar de la
gravedad de las acusaciones, no se han esforzado mayormente en
probarlas, como no sea el laxo procedimiento de extradición ensayado por
el Estado colombiano.
Deben saber desde ya que, una vez
esclarecidos los hechos, las responsabilidades legales correspondientes
serán perseguidas, y que para esclarecerlos, serán citados a declarar
Piñera, Hinzpeter, Allamand y Espina.
La única vinculación
del Partido Comunista en este montaje, es una declaración de un
suboficial de la Policía Judicial, Jaime Humberto Lizarazo Pediache, que
sin apoyo en ningún antecedente que lo avale, se despachó ante el
Fiscal Murcia Berneo, en presencia del fiscal chileno Emiliano Arias
Madariaga, el siguiente parrafo:
“El análisis de la
información muestra la participación y apoyo en las actividades de las
FARC de siete integrantes del Partido Comunista de Chile, relacionados
además con la Coordinadora Continental Bolivariana, ellos son Carlos
Casanueva, Guillermo Teillier, Lautaro Carmona, Sergio Sepúlveda, Daniel
Núñez, Jorge Insunza y Andrés Lagos”. Y no hay más.
Si este es uno de los ocho testigos que anuncia la Fiscalía Colombiana, se verá en amarillos aprietos para sostener sus dichos.
Consultado
al respecto Andrés Lagos, Encargado de Relaciones Internacionales del
Partido Comunista de Chile, e integrante de su Comisión Política,
señaló:
“Estamos ante el intento de externalizar una
política de guerra, de terrorismo de Estado, desde Colombia hacia Chile,
parte de una operación más global del imperio norteamericano, que
explica las tensiones guerreristas con Venezuela, y el bombardeo y
asesinato del comandante Raúl Reyes, y de gente que solidarizaba con la
lucha del pueblo colombiano y con las FARC-EP, en territorio
ecuatoriano.
Evidentemente, lo que se buscó ahí fue
generar una guerra, y por tanto, externalizar el conflicto. El imperio
norteamericano está dispuesto incluso a eso, para evitar que se
consolide en nuestra región una tendencia a la emancipación de los
pueblos, que sigue siendo un factor de desarrollo hacia delante, donde
se abren relaciones de intercambio con China, India Rusia e Irán, es
decir, con otros ejes mundiales.
La acción guerrerista y
criminal del imperio de expresa a través del Estado colombiano, que
entre otras cosas, viola flagrantemente los derechos humanos a través de
una política de terrorismo de Estado.
Nos preocupa que la
externalización del conflicto tenga en el caso de Chile una expresión a
partir de la cual va quedando cada vez más claro que el gobierno de
Piñera deja al gobierno de Santos que haga el trabajo sucio, contra el
pueblo mapuche, los movimientos sociales y el Partido Comunista.
Lo
que se busca es criminalizar y estigmatizar procesos políticos que
incluso tienen que ver con convergencias que el Partido Comunista ha
llevado adelante, desde el punto de vista de una concepción
democratizadora de la sociedad, ampliando espacios de alianzas.
Se
busca incidir en la irrupción de movimientos sociales y sus luchas, y
se busca amarrar las manos a la vocación solidaria que ejercen distintos
sectores en nuestro país, incluida la expresión concreta que ha
realizado Manuel Olate, y muchos otros chilenos en esta perspectiva. Por
tanto, no sólo hay que denunciar el montaje, sino también la operación
que hay detrás de este montaje.
Nosotros vamos a responder
en forma transparente, con la verdad y con las armas de la justicia.
Nos parece preocupante que ya una ministra haya dado señales de acoger
las demandas y las presiones de un Estado terrorista, frente a lo cual
vamos a convocar la solidaridad nacional e internacional más amplia, que
ya se ha manifestado de manera importante. No vamos a ceder en nuestro
empeño de empujar en dirección de una salida política y negociada, de
intercambio humanitario y de diálogo en Colombia. Nos preocupa que el
gobierno de Piñera oculte su verdadero objetivo, y que se haya alineado
con la salida guerrerista, dentro y fuera de Colombia.
Acá
se está por la paz, y por tanto por una salida política, negociada y de
intercambio humanitario, que es el esfuerzo que están haciendo
gobiernos de nuestra región y europeos, o se está por la guerra, que es
la salida que busca Estados Unidos, que siempre ha estado por
desestabilizar gobiernos que no puede controlar, por medio de crímenes,
terrorismo de Estado e incluso tensiones fronterizas, como en los casos
de Venezuela y Ecuador”.
Tiro por la culata
Según El Mercurio (03/11/2010), la Fiscalía General de Colombia aportará 27 pruebas y ocho testigos contra Olate.
Un
vuelco extraño, por decir lo menos, por cuanto el oficio 005617, del 8
de junio de 2010, firmado por el Fiscal Pablo Murcia Bermeo, de la
Unidad Nacional contra el Terrorismo, de Colombia, informa sobre el
numeral 1, es decir sobre la solicitud de ubicar desmovilizados del
Frente 48 de las FARC, que hubiesen tenido conocimiento de la
operatividad en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana, y/o acceso a los
integrantes de la Comisión Internacional de las FARC:
“A
través del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, del
Ministerio de Defensa Nacional, se ha venido realizando las
coordinaciones pertinentes para efectos de ubicar desmovilizados del
Frente 48 de las FARC. En tal sentido, pese a que se han ubicado varios
ex integrantes del referido grupo terrorista, estos no aportan mayores
elementos de información, por lo tanto se continúa en la tarea de ubicar
más desmovilizados”.
En el punto 7, denominado Resultado de la Actividad Investigativa, se lee:
“Atinente
al numeral 1: hasta el momento no se ha obtenido ningún resultado; se
continuará con la ubicación de desmovilizados del Frente 48, para
efectos de evacuar la actividad investigativa solicitada”.
A
mayor abundamiento, el investigador de la Dirección de Investigación
Criminal de la Policía Judicial, DIJIN, Wilmar Parra Quinceno, aparece
remitiendo un informe al Fiscal Murcia Bermeo, con fecha 17 de julio de
2010, en el que reproduce el interrogatorio a una desmovilizada de las
FARC, de iniciales G.S.R., quién asegura haber visto a Roque en el
campamento de Raúl Reyes:
“manifestó acordarse de un
sujeto chileno de nombre Roque, que esta persona era alta, de contextura
normal, tez blanca, de ojos claros, cabello ondulado, de color castaño,
el cual era joven. Adujo que se acuerda de él, porque una vez lo
recogió en Barranca, acompañado de una muchacha blanca, de mismo porte
que Roque”. La testigo afirma que se quedó unos seis días a mediados de
2007, y que lo volvió a ver a fines de 2007, en el cumpleaños de Raúl
Reyes:
“Roque se encontraba uniformado y portaba una pistola a la altura de la cintura, y que ese día lo saludó, y nada más”.
Pues
bien, si ese personaje es Roque, entonces no es Manuel Olate. Primero,
porque la descripción de la testigo no calza en absoluto con su
tipología física. Pero en lo principal, porque el investigador le
exhibió a la testigo un set de ocho fotografías entre las que estaba la
de Olate, y no lo reconoció.
Deficiencia técnica
Con
base en semejante mérito, ningún tribunal independiente en el mundo
podría extraditar a Manuel Olate. Menos aún por las decisivas e
insanables deficiencias técnicas que presenta la solicitud de
extradición.
En primer lugar, la solicitud de extradición
acusa a Olate de los siguientes delitos: a) financiamiento del
terrorismo; b) administración de recursos relacionados con actividades
terroristas y c) concierto para delinquir.
El único
antecedente que configura los dos primeros, es la mención, en un correo
de Roque a Raúl Reyes, de la venta de cinco muñequitas, a dólar y medio
cada una, es decir un financiamiento al terrorismo por un monto de
exactamente 7,5 dólares. Sería para la risa si el caso no fuera tan
grave.
Peor aún para las pretensiones de extraditar a
Olate, ninguno de esos delitos está contemplado en el Tratado de
Extradición entre ambos países, suscrito en 1928, sin perjuicio de que
el tratado excluye expresamente delitos de naturaleza política. Y aún
cuando un tribunal de alguno de los dos países estimara que hay mérito
para la sustanciación de una causa criminal, no está obligado a
extraditar al acusado. Puede optar por juzgarlo en el país propio,
conforme al principio de territorialidad.
Las
posibilidades de extraditar a Olate se reducirían cero, de no mediar el
fuerte compromiso del Gobierno chileno con el caso, manifestado a través
de las consultas entre ambos Cancilleres, declaraciones del Presidente
de la Repúblico y el Ministro del Interior, y la insólita asesoría que
está prestando el Ministerio Público.
En otras palabras,
el Gobierno chileno aparece coludido con un gobierno extranjero para
extraditar a un connacional, con lo que de paso viola el principio de
presunción de inocencia e incumple su obligación de otorgar protección
diplomática a todo ciudadano de nacionalidad chilena.
La
impropia asesoría que está prestando el Ministerio Público al proceso de
extradición, es completamente extemporáne y fuera de lugar. Si la
Fiscalía General de Colombia requiere cualquier tipo de gestión en el
proceso, debe encargarla a un abogado particular, como ocurrió con la
extradición de Alberto Fujimori.
Radical injusticia
La
colusión del Gobierno chileno con el gobierno colombiano puede
representar un matiz de preocupación para la defensa jurídica de Olate,
en la medida en que se ha dado el caso, en procesos donde está
comprometido el interés del Ejecutivo, que la Corte Suprema aprovecha la
oportunidad para pasar de contrabando algún pliego de peticiones,
generalmente de naturaleza económica, a cambio de su aquiescencia en ese
asunto en particular.
Si Manuel Olate permanece detenido,
ello obedece exclusivamente que la jueza subrogante y la sala penal de
la Corte Suprema, acogieron la presunción de fuga, planteada por el
Ministerio Público en representación del Estado colombiano.
Sucede
que después de casi dos años de odiosa campaña de prensa, que lo
acusaba de ser el nexo con una organización terrorista, Manuel Olate
perdió el trabajo y no pudo encontrar otro, razón por la cual tuvo que
trasladarse al extranjero a buscarlo, con el costo humano y familiar que
eso implica. Retornó al país por voluntad propia a mediados de
noviembre, de manera enteramente normal y legal.
Pues de eso se valió la jueza Herreros para negarle la libertad provisional:
"El
ha entrado y salido con tanta facilidad de un país a otro, no tiene
mayor arraigo en Chile, aunque diga que tiene dos hijas y pareja, pero
la verdad, en Chile no ha vivido. En estos diez meses ha estado en el
país sólo dos. Entonces, es de pensar que se puede evadir".
La
jueza omite cínicamente que Olate regresó al país con la expresa
intención de ponerse a disposición de los tribunales de justicia, para
acabar de una vez con la absurda campaña de acusaciones gratuitas. Eso
es precisamente lo que iba a hacer el lunes 1 de noviembre, según lo
acordado con su entonces abogado, Rodrigo Román.
Por medio
de una ilegal intercepción de sus comunicaciones telefónicas,
funcionarios de Policía Internacional de la PDI obtuvieron esa
información, y proceden a detenerlo, con innecesario y mediático
despliegue, a la salida de una actividad familiar, la noche del 29 de
octubre.
Tal parece que en Chile las cosas no han cambiado
mucho desde que Violeta Parra escribiera, “yo que me encuentro tan
lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta, que en mi
patria no hay justicia”.
Notas
(1)
http://www.cicr.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/protocolo-II
(2) Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009,
Colombia, pág 14.
(3) Ibidem; pág 17.
(4) El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo 2010; Amnistía
Internacional; Colombia, pags. 148 y siguientes.
(5) El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo 2010; Amnistía
Internacional; Colombia, pags. 148 y siguientes.
(6) Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009,
Colombia, pág 18.
(7)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/71765-NN/colombia-registramas-
de-38-mil-personas-desaparecidas-en-tres-anos.
(8) Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia;
pag 12.
(9)
http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/66984-NN/ex-paramilitarescolombianos-
reconocen-haber-cometido-cerca-de--30-mil-500-asesinatos/
(10) Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009,
Colombia, pág 15.
(11) Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia;
pag. 6
- Francisco Herreros Director Diario REDigital www.diarioreddigital.cl
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