México-La Dictadura: ESPECIAL MEXICO ---Una nueva masacre ejecutada por la policía contra el estudiantado....AW-Agencias

Numerosos jóvenes muertos por las balas de los uniformados en Ayotzinapa, Guerrero-Trágica paradoja: los jóvenes asesinados recaudaban fondos para viajar a la Capital a los actos conmemorativos de la Masacre de Tlatelolco, en 1968.

 

 La policía y grupos parapoliciales que actuaban bajo efecto de drogas, también baleó un autobús donde viajaba un equipo deportivo y mataron a uno de sus integrantes Habría 58 estudiantes desaparecidos



TRANSCRIBIMOS NOTA DE RESUMEN LATINOAMERICANO.

1. de México (SinEmbargo).– La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó la muerte de seis personas en Iguala, entre ellas al menos dos estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los que les disparó la propia policía de ese municipio.

La ciudad, que es la tercera en importancia en el estado, después de Chilpancingo y Acapulco, vivió  una jornada de balaceras, en las que elementos policiacos del Ayuntamiento estuvieron ligados desde la noche del viernes pasado.
De acuerdo con las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, Leonardo Vázquez Pérez, por la muerte de los normalistas y de otros cuatro civiles, más de 300 policías de Iguala fueron arraigados y sus armas están siendo investigadas para cotejar los calibres.
Este presunto asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa trajo a la memoria los hechos del 12 de diciembre de 2011, cuando alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos bloquearon la Autopista del Sol en sus dos sentidos, a la altura del paradero de El Marqués, en Chilpancingo, para demandar al Gobernador Ángel Aguirre Rivero mejoras en su escuela y plazas para los egresados.
Ese día, elementos de las policías estatal, ministerial y federal acudieron al lugar para desalojar a los jóvenes y ocasionaron la muerte de dos alumnos, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de acuerdo con un informe presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por los hechos violentos de ayer en Iguala, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, anunció que se designaron a 10 visitadores para recabar información, formar un expediente, investigar y, en su caso, dar las primeras recomendaciones.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió una investigación sobre el asesinato de normalistas y dos miembros de un equipo de fútbol de tercera división que pertenece a esa ciudad guerrerense. Un grupo de visitadores adjuntos, conformado por abogados, médicos y psicólogos, proporcionarán atención integral a las víctimas, anunció.
“Según información publicada en medios de comunicación de aquella entidad federativa, se registraron varios eventos en los que, al parecer, elementos de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, y un comando no identificado, privaron de la vida a siete personas, entre ellas, tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, al dispararles con sus armas de fuego. Asimismo, seis personas al menos resultaron lesionadas y 25 fueron detenidas”, expuso la CNDH en un comunicado.
En Guerrero se contabilizaron de enero al mes de agosto mil 029 asesinatos, pero la inseguridad en la entidad se ha recrudecido durante los últimos días: en menos de una semana se registraron al menos 14 muertos.
Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, Guerrero se ha mantenido como el segundo estado más violento del país, sólo por debajo del Estado de México, donde han ocurrido 3 mil 470 asesinatos, esta entidad contabiliza 3 mil 314 de estos ilícitos en el periodo enero-agosto. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cifras de homicidios muestran que en agosto hubo un repunte en la violencia en Guerrero, pues en ese mes se contabilizaron 134 asesinatos, mientras en julio se reportaron 115 homicidios.

IGUALA
La noche del viernes y la madrugada ayer, diversos actos violentos, donde también participó la Policía Estatal de Iguala, dejaron como saldo seis personas muertas en la entidad.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia de Guerrero confirmó que elementos de la Policía de Iguala abrieron fuego contra estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa e indicó que también hubo otros ataques perpetrados por comandos armados, por lo que en total seis personas perdieron la vida.
En conferencia de prensa, el Procurador General de Justicia del estado, Iñaky Blanco Cabrera, detalló que alrededor de las 21:30 horas de este viernes, elementos de la Policía Municipal Preventiva tuvieron un “incidente” con normalistas debido a que los estudiantes habían tomado tres autobuses de la central camionera del municipio. Ahí los policías abrieron fuego contra los autobuses en los que se trasladaban los normalistas.
Uno de los vehículos llegó al Palacio de Justicia donde los estudiantes abandonaron la unidad que tenía rotas las ventanas.
El Procurador destacó que, posteriormente, el Ministerio Público del Fuero Común recibió el reporte de que en la avenida Periférico Norte, a la altura de una tienda de autoservicio, había un autobús con estudiantes normalistas y en ese mismo lugar había otros vehículos.
En la zona donde estaban las unidades, con impactos de bala de rifle AR-15, se encontraron dos cuerpos sin vida, que a decir de los normalistas, se trata de sus compañeros; sin embargo la identidad de estas personas aún no ha sido confirmada.
Iñaky Blanco informó que otra agresión, registrada alrededor de la media noche, fue perpetrada por un grupo armado contra varios automovilistas que transitaban por la carretera Iguala-Chilpancingo, en el entronque de la carretera que conduce a la comunidad de Santa Teresa.
En el lugar fue agredido un autobús en donde viajaban los jugadores del equipo de fútbol de tercera división Los Avispones, donde murió el jugador David Josué Evangelista y resultó herido el chofer de la unidad, Víctor Lugo Ortiz, quien perdió la vida posteriormente. En este ataque también murió la señora Blanca Montiel Sánchez, quien viajaba en un taxi.
El Procurador agregó que este sábado alrededor de las 11:00 horas fue encontrado el cuerpo de un individuo desollado sobre la avenida Periférico Norte.
El funcionario estatal aseguró que el Ministerio Público concentró a todos los elementos de la Policía Preventiva Municipal y además les aseguró el armamento y las patrullas para que se lleven a cabo las investigaciones periciales. Finalmente destacó que los agentes están sujetos a investigación.

“Ratifico la convicción de mi gobierno de fincar responsabilidad con todo el peso de la ley a quienes sean responsables de los hechos”, aseveró.
El gobierno del Ayuntamiento de Iguala emitió un comunicado la tarde de este sábado, en el que pidió a la población del municipio mantener la calma ante los “incidentes ocurridos” en la entidad.
“Invitamos a la ciudadanía de este municipio mantenga la calma y desarrolle sus actividades con normalidad”.
El documento detalla: “Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de las personas acaecidas en esos sucesos”.
Además exigieron a las autoridades correspondientes que incoen una investigación para esclarecer los ataques y que se castigue “con todo el peso de la ley a los responsables”.

 

CLAVES PARA ENTENDER LO QUE OCURRIÓ

Ayotzinapa y la matanza de Iguala

por Luis Hernández Navarro

 

La policía preventiva municipal de Iguala los cazó como conejos. A pesar de ser estudiantes, los trataron como si pertenecieran a un cártel rival. A los 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México, los balearon a mansalva. Primero los uniformados, y luego los pistoleros vestidos de civil, les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna. A Julio César Fuentes Mondragón, uno de los normalistas, lo torturaron, le arrancaron los ojos y le desollaron el rostro.
El saldo es trágico. En cuatro eventos violentos relacionados entre sí, protagonizados por policías municipales y pistoleros, fueron asesinadas seis personas, tres de ellas normalistas; 20 resultaron heridas, un muchacho está en estado vegetativo y se desconoce el paradero de otros 55, de los cuales al menos 20, fueron subidos a camionetas de la policía municipal.
En un primer momento, los uniformados les dispararon mientras los normalistas se trasportaban a bordo de tres autobuses de la empresa Costa Line. Después, un grupo de pistoleros los rafagueó cuando daban una conferencia de prensa para denunciar el ataque en su contra. Más adelante, en lo que el periodista Sergio Ocampo describió como una agresión hacia todo aquel que pareciera estudiante, balacearon el camión en el que se trasladaban los jugadores del equipo de futbol Avispones.
Ese 26 de septiembre, la presidenta del DIF en Iguala, María de los Ángeles Pineda de Abarca, rindió su informe de actividades. Además de ser la esposa del presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, es una de las principales aspirantes a la alcaldía para 2015, y una figura de enorme influencia política.
José Luis Abarca Velázquez pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a joyero, dueño de la plaza comercial Galería Tamarindos y un acaudalado comerciante. Su fortuna le permitió sufragar en 2011 una costosa campaña electoral en favor del hoy gobernador Ángel Aguirre Rivero y, un año después, financiar la suya propia, repartiendo generosamente despensas a sus simpatizantes.
Abarca conquistó la candidatura de la alcaldía a golpes de chequera. Después de un efímero jaloneo interno, el Partido de la Revolución Democrática no tuvo empacho alguno en incorporarlo a sus listas, a pesar de su reputación como amigo de algunos de los más importantes malosos de la región. De inmediato se sumó a las filas de Nueva Izquierda.
Iguala es una ciudad clave en el tráfico de drogas. Valle rodeado por nueve montañas en la región norte de Guerrero, es punto de entrada a la Tierra Caliente, donde los cárteles elaboran drogas sintéticas y cultivan mariguana. Allí operan diversas bandas del crimen organizado, hegemoneizadas por Guerreros Unidos, uno de los subgrupos surgidos a raíz de la implosión de los Beltrán Leyva.

La guerra de cárteles por la plaza ha sido salvaje. Guerreros Unidos está enfrentado por el control de las rutas de trasiego de drogas que conectan los estados de México, Guerrero y Morelos con la Familia y Los Rojos, una célula encabezada por Leonor Nava Romero, El Tigre, hermano de Jesús Nava Romero, El Rojo, lugarteniente de Arturo Beltran Leyva, abatido en 2009 en Cuernavaca.
El resultado de esta disputa en Iguala ha sido sangriento. En enero de 2004, un comando armado, que se identificó como policía estatal, asaltó el penal en el municipio, y asesinó a cinco reclusos. Los policías, que se encontraban en una torre del penal, dispararon contra los agresores y mataron a cuatro e hirieron a uno. Entre abril y mayo fueron encontradas 16 osamentas en fosas clandestinas en el asentamiento Ernesto Pineda Vega.
Desde su llegada al ayuntamiento, José Luis Abarca ha sido acusado de corrupción, nepotismo y autoritarismo. El 30 de mayo de 2013, ocho miembros de Unidad Popular de Iguala, organización social opositora al presidente municipal, fueron levantados por un comando. Tres fueron ejecutados. Nicolás Mendoza Villa, uno de los secuestrados, que alcanzó a escapar, acusó directamente al alcalde de los hechos y de haber dado muerte personalmente al dirigente perredista Arturo Hernández Cardona disparándole un escopetazo en la cara y otro en el pecho, tras de espetarle: Qué tanto estás chingando con el abono. Me voy a dar el gusto de matarte.
Infamia sobre infamia, José Luis Abarca declaró que la matanza de normalistas fue provocada porque “al parecer alguien contrató a los ayotzinapos para hacer desmadres”. ¿Quién es ese alguien que, según el alcalde, les pagó para crearle problemas? En una región infestada por el narcotráfico, la acusación es temeraria y provocadora. ¿Acaso por eso le arrancaron la piel de la cara a uno de los estudiantes?
Los normalistas rurales de la Escuela Raúl Isidro Burgos no están a sueldo de nadie. Tienen tras de sí una larga historia de lucha en favor de las mejores causas. El año pasado apoyaron abnegadamente a los pobladores de Tixtla afectados por los huracanes Ingrid y Manuel, abandonados por el gobierno del estado. El 22 de diciembre de 2011, dos de sus compañeros fueron asesinados por la policía estatal, cuando exigían mejoras para su escuela y plazas para trabajar. Los crímenes siguen impunes.
A José Luis Abarca lo protegen personajes muy poderosos en el gobierno y el Congreso del estado. Cuando la regidora de Desarrollo Rural, Sofía Lorena Mendoza, promovió revocación del mandato del alcalde, acusándolo de ser responsable del asesinato de los tres dirigentes de la Unión Popular, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, lo apoyó. Al igual que Abarca, Ortega es parte de Nueva Izquierda. ¿Seguirá el PRD protegiendo a José Luis Abarca?

 

 

La balacera tuvo una duración de casi 40 minutos, narran estudiantes

El presidente municipal, a la hora de los balazos, se encontraba bailando

por Arturo Cano

 

Martes 30 de septiembre de 2014,

Iguala, Gro., 29 de septiembre.
Si me hacen el honor, compañeros, hay que colocar las veladoras, dice Gerardo Barrera, estudiante de cuarto grado del Centro Regional de Educación Normal (CREN) en esta ciudad. Aquí fue donde culminó la persecución de nuestros compañeros de Ayotzinapa y en aquella parte (señala a sus espaldas) es donde se paró la otra camioneta y los rafagueó.
El letrero lavado y aspirado sobre un portón negro permite identificar el lugar donde quedó tendido uno de los muchachos de la normal de Ayotzinapa la noche del viernes pasado. En ese sitio preciso se inclinan los jóvenes, todos con sus uniformes de normalistas, hasta dejarlo cubierto de veladoras. Poco antes han hecho lo mismo en una de las puertas del palacio municipal, que cerró sus puertas desde antes de las cinco de la tarde.
En la marcha silenciosa de flores y velas participan unos 150 de los 537 alumnos que tiene el CREN. A muchos no los dejan venir sus padres. Claro, aquí fue todo, aquí sembraron el terror, reconoce el líder estudiantil.
–¿Saben algo de sus compañeros desaparecidos (57 jóvenes)?
–No sabemos absolutamente nada. Nada ha informado el municipio ni el gobierno estatal. Obviamente necesitamos que se involucre la Federación, porque es cuestión de todos.
–¿El alcalde los ha buscado?
–Como él no sabe nada, yo creo que no nos va a buscar para nada.
El presidente municipal José Luis Abarca, efectivamente, no sabe nada, porque a la hora de los balazos se encontraba bailando al ritmo de La Luz Roja de San Marcos, como dijo en una entrevista radiofónica mañanera, antes de viajar a la ciudad de México a reunirse con los diputados Silvano Aureoles Conejo y Sebastián de la Rosa.
En ese trayecto debió escuchar al senador Armando Ríos Piter, puntero en la sucesión del gobernador Ángel Aguirre, tocarle otra música, fúnebre y no de baile: Debe pedir licencia, dijo el político costeño que gusta nombrarse Jaguar.

 

Se diluye respaldo de NI
El cuadro lo completa el deslinde de altos funcionarios del gobierno aguirrista. Uso excesivo de la fuerza, dictamina el procurador estatal, Iñaki Blanco, quien también asegura que investigan posibles vínculos de los agentes municipales con los desconocidos que perpetraron el segundo ataque a los normalistas (da también las cifras oficiales: se presentarán cargos contra 22 efectivos policiacos; en los hechos hubo 6 muertos, 25 heridos y 57 desaparecidos).
El respaldo político de Nueva Izquierda –corriente perredista a la que pertenece el alcalde Abarca– y el apoyo incondicional ofrecido por el diputado federal Sebastián de la Rosa se diluyen a lo largo del día.
A los medios nacionales, el presidente municipal les dice que ordenó a la policía municipal (responsabilidad compartida con el gobernador, deslizan allegados al alcalde, merced el Mando Único) no caer en provocaciones de los normalistas. Que nunca ordenó disparar ni mucho menos (aunque estaba seguro de que “alguien contrató a los ayotzinapos para que vinieran a hacer desmadres”).
La respuesta del gobierno del estado deja claro que han decidido dejar solo a Abarca: El Mando Único no se ha iniciado en ninguna de sus etapas en la ciudad de Iguala, dice el secretario de Gobierno, Jesús M. Garnelo.
En la prensa local –la mayoría de los impresos igualtecos baila al son del edil– Abarca usa otro discurso. Dice, de entrada y para no desairar a los clásicos: Sabemos que estamos limpios y mi conciencia está tranquila.
Se va de largo: Mientras en otros municipios de Guerrero y del país han pasado cosas peores, aquí pretenden responsabilizarme de algo que definitivamente no soy.

 

Estudiantes y pobladores de Chilpancingo colocaron veladoras en la explanada del zócalo de la ciudadFoto Lenin Ocampo Torres

Más, por si hubiese duda del talante del empresario joyero: Estos hechos no tienen por qué detener nuestra vida cotidiana. Iguala está de pie y trabajando.
Y está en campaña, le falta decir al alcalde. Centenares de postes de la ciudad lucen la imagen de la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa. Pendones con motivo de su segundo informe como titular del DIF municipal. La propaganda es burda: debajo de su nombre se lee: Presidenta (del DIF, en letras chiquitas) municipal.
Armados de flores y velas, los normalistas concluyen su marcha nocturna sin gritar una sola consigna. Por la mañana, hicieron otra marcha con carteles y gritos. En ambas, la presidencia municipal estuvo cerrada.
La manifestación es ordenada y la colocación de ofrendas lleva apenas unos minutos. Por seguridad, compañeros, rápido, y nos regresamos todos juntos a la normal, por seguridad, dicen una y otra vez los líderes.
En el ínter, el palacio municipal abrió sus puertas y los ciudadanos siguieron haciendo trámites, aunque en cada pasillo se pescaban conversaciones relativas a los policías municipales: Todos tienen miedo.
Los excesos de los normalistas de Ayotzinapa en sus protestas, sumados a una persistente campaña de descrédito, han generado odio en diversos sectores del estado. Los hubieran bombardeado, dijo una anciana clasemediera de Chilpancingo en 2011, cuando dos normalistas fueron asesinados en la Autopista del Sol. En Iguala no cantan mal las rancheras.
Pero ahora que marchan los estudiantes del CREN, la gente deja sus cosas y los mira con un silencio reverencial. No hay un solo claxonazo. Tampoco aparece ningún policía.
Los hubo, y por montones, apenas el viernes pasado, en hechos que comienzan a ordenarse en los relatos de estudiantes y testigos. Los recogidos por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan informan: “Al salir de la central de autobuses, con dirección a Chilpancingo, varias patrullas intentaron cerrar el paso a los autobuses, empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. Los normalistas se bajaron e intentaron defenderse, lo que conllevó aun breve enfrentamiento. Los normalistas regresaron a los autobuses y continuaron la marcha; al llegar al periférico norte (lugar donde esta noche los igualtecos pusieron la ofrenda), una patrulla municipal, la número 320, les cortó el paso atravesándose frente al autobús, al tiempo que llegaron más de 30 policías que se aposaron en posición de tiro en distintas direcciones. Los normalistas quedaron totalmente cercados, al posicionarse las patrullas 017, 018, 022, 027 y 028 en la parte trasera de la caravana de autobuses.
“Así, los normalistas descendieron de los autobuses dirigiéndose hacia la patrulla que se encontraba estacionada frente a los autobuses, en un intento de salir del lugar.
“Sin mediar palabra, los policías municipales comenzaron a disparar en ráfagas, de manera indiscriminada, desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año… Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente bajados por los policías y sometidos, acostándolos en el piso, a un costado de una tienda de autoservicio.
El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de 40 minutos.
Sería el primer capítulo de una noche de horror en la cuna de la bandera nacional.

fuente La Jornada

 

Reclaman familiares a 58 normalistas desaparecidos; detienen a 22 policías José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero, aseguró que no dio ninguna orden para actuar contra normalistas,pues mientras ocurrían los hechos, él se encontraba con su esposa en una fiesta del DIF.
septiembre 29, 2014

1. autobuses en los que viajaban estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron escoltados por siete patrullas de la policía estatal cuando se dirigían a Iguala reclamar los cuerpos de los estudiantes caídos en la agresión; al llegar les dijeron que los cuerpos habían sido traslados a las instalaciones de Semefo de Chilpancingo. Foto: Cuartoscuro.

El pasado 26 de septiembre de 2014, en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí en Iguala, Guerrero, perdieron la vida seis personas, entre éstas tres estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 20 más resultaron heridas, uno de ellos, un estudiante que se encuentra en estado vegetativo, y 58 se reportan como desaparecidos.
Los familiares de los desaparecidos y estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa acusan que los jóvenes fueron desaparecidos por los efectivos municipales que los habían detenido.

Miles de mexicanos protestan en Guerrero por desaparición de estudiantes

Emotiva Marcha por estudiantes asesinados

PARA CONDENAR "REPRESIÓN" EN GUERRERO

HUGUET CUEVAS/Foto: EMILIO MORALES

Lun, 09/29/2014 -

 

 

 

 

 

 

 

Profesores de las regiones de la Mixteca, Sierra y Valles Centrales, adheridos a la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), junto con integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), marcharon ayer de dos puntos de la ciudad con dirección al Zócalo, para exigir justicia por el asesinato de tres  normalistas ocurrido en Iguala, Guerrero. 
Los inconformes partieron en dos contingentes: uno salió del crucero ubicado en inmediaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y el otro del distribuidor vial de la agencia de Cinco Señores, aunque ambos confluyeron posteriormente en el Zócalo, donde finalizaron la protesta con un mitin. El primer contingente llegó alrededor del mediodía, y el otro unos 20 minutos después. 
Durante el trayecto, a través de pintas y cartulinas, condenaron el asesinato de los jóvenes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa Guerrero, perpetrado presuntamente por miembros de la Policía Municipal de Iguala el viernes pasado, luego de culminar un 'boteo' donde los estudiantes recabarían fondos para la marcha del dos de octubre. 
También cargaron dos ataúdes en señal de protesta y luto por la muerte de sus compañeros y algunos más usaron cubre bocas. Otros de los inconformes pintaron parte de la estructura del distribuidor vial con grafiti para expresar sus demandas. 
Durante el mitin, efectuado frente al Palacio de Gobierno donde mantienen un plantón rotativo regional desde hace varias semanas, la representante regional de los Valles Centrales Norma Cleyver Cruz Vásquez recriminó el hostigamiento institucional hacia el magisterio y "el normalismo".
Por su parte, el dirigente del sector Periferia Othón Nazariega Segura, aseguró que los estudiantes normalistas cuentan con todo el respaldo del sindicato en la defensa de su derecho a la educación, al mismo tiempo que condenó "la represión" que por años han vivido los jóvenes de Ayotzinapa Guerrero. 
En tanto, la secretaria general de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca (ENEPO), sostuvo: "la lucha normalista y la defensa de nuestros derechos no es algo indigno que se deba castigar". 
Lamentó que el crimen de sus compañeros suceda a tan sólo unos cuantos días de conmemorarse un aniversario más de la Matanza de Tlatelolco ocurrida en 1968. 
Alegó que "el normalismo no cesa ni se agota", por lo que, dijo, los estudiantes seguirán fortaleciendo sus escuelas para que éstas sigan formando a profesores críticos durante los próximos años. 
Asimismo, en su oportunidad, el secretario Técnico de la Sección 22 del SNTE Gustavo Manzano Sosa, calificó como un acto de "terrorismo de estado" las agresiones en contra los normalistas. Dijo que este hecho no debe quedar impune: "no permitiremos que esto quede en el olvido porque es una estrategia del gobierno para acallar al movimiento". 
Informó que a estos acontecimientos se suma la privación ilegal de la libertad de uno de sus compañeros profesores ocurrido en Veracruz y la agresión a balazos a dos miembros de la Sección 22 del SNTE en Salina Cruz.  
Dijo que si bien aún no se establece el móvil de las últimas agresiones, no descarta que se deba a motivos políticos. 
Posteriormente, los oradores pidieron un minuto de silencio en memoria de los estudiantes, para después cerrar con el himno "Venceremos". 
Aunque en un inicio los docentes habían considerado "tomar" la Macroplaza del municipio Santa Lucía del Camino, al poco rato desistieron y únicamente realizaron  bloqueos intermitentes sobre carretera federal 190, y en el crucero del distribuidor vial.

Detienen a 22 policías en Guerrero

Vania Pigenoutt Corresponsal| El Universal

Lunes 29 de septiembre de 2014

 

DUELO. Jugadores del equipo "Avispones de Chilpancingo" cargan el cuerpo de su compañero David Josué García Evangelista, muerto por las balas de los municipales. (Foto: CRISTOPHER ROGEL BLANQUET / EL UNIVERSAL )

 

La PGJE de Guerrero detuvo ayer a 22 elementos de la Policía Preventiva de Iguala, por su presunta responsabilidad en la muerte de seis personas y causar heridas a otras 17, luego de tres ataques ocurridos el viernes pasado contra alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa y un autobús donde viajaban jugadores de un equipo de futbol de la tercera división  A dos días de los hechos violentos ocurridos en este municipio, en los que perdieron la vida seis personas y 17 más resultaron lesionadas, la mayoría de los negocios del centro y de la zona industrial de la ciudad permanecieron cerrados.

 

En la calle Juan N. Álvarez, donde ocurrió una persecución de policías municipales a estudiantes de primero y segundo grados de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, aún hay plastas de sangre en el suelo.
En ese lugar, dos señoras familiares de uno de los 58 jóvenes presuntamente desaparecidos tras los ataques de los que fueron víctimas normalistas, maestros, jugadores de futbol y algunos ciudadanos, colocaron una veladora en memoria del estudiante fallecido en ese sitio.
Iguala, una cabecera municipal de unos 130 mil habitantes, donde los domingos la gente sale al Zócalo y aún se pueden ver jugar a las ardillas, lucía semivacía, mientras el centro comercial más grande del municipio, Galerías Tamarindos, tampoco albergó a los cientos de igualtecos que van al cine, a tomarse un helado o simplemente a comer; los visitantes, de acuerdo con testimonios de los propios pobladores, bajaron casi 70%.
En este contexto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que 22 elementos de la Policía Preventiva Municipal de Iguala fueron detenidos, al ser señalados como probables responsables de los hechos violentos.
“Por cuestiones de seguridad”, los agentes tuvieron que ser trasladados la noche de ayer, de esta ciudad a Acapulco.
De acuerdo con el secretario de Salud del estado, Lázaro Mazón Alonso, de los 17 lesionados de los tres ataques, nueve fueron dados de alta y ocho continúan recuperándose en el hospital general de esta población.
Los más graves son los normalistas de Ayotzinapa, Aldo Gutiérrez Solano, quien está en coma, con una lesión en la región frontal, y Edgar Andrés Vargas, a quien se le practicaron estudios y será trasladado a la ciudad de México porque necesitará cirugía plástica, pues su cara quedó desfigurada casi a la mitad. El gobierno del estado, se dio a conocer, lo apoyará en esa operación.
Mazón informó también que Pedro, director técnico del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo, víctimas de un tercer ataque en los hechos violentos del viernes, se recuperará. Jorge León Sáenz, del mismo equipo, también se está recuperando, pero posiblemente quede ciego.

Indagaciones sobre 58 estudiantes desaparecidos

Por otra parte, el gobierno de Guerrero investiga la denuncia sobre 58 estudiantes “presuntamente desaparecidos”, y al respecto dijo que la Secretaría de Seguridad Pública estatal y Protección Civil encabezan los trabajos de búsqueda por aire y tierra.
Ayer, las autoridades emplearon un helicóptero que realiza sobrevuelos de localización en toda la ciudad de Iguala y en las comunidades cercanas e instalaron puestos de control y bases mixtas en coordinación con el Ejército.
Además, por lo menos 11 patrullas de la fuerza estatal acompañaron a los normalistas en dos camiones de Estrella de Oro, en los que se trasladaron a buscar a los desaparecidos.
Los estudiantes y sus familiares —como César González Contreras, de oficio hojalatero, que vino desde Huamantla, Tlaxcala en busca de su hijo Mario César de 19 años— buscaron en el 27 Batallón de Infantería, en el ISSSTE, en el Ministerio Público, en el Servicio Médico Forense (Semefo), en las barandillas, pero no hallaron a nadie.
Sobre los policías detenidos, la PGJE informó que de los 280 policías que declararon, 258 fueron puestos en libertad y a 22 policías —21 hombres y una mujer— se les cambió la calidad a probables responsables y actualmente se encuentran detenidos en la ciudad guerrerense de Acapulco.
Ayer también se informó que fueron identificados dos de los normalistas asesinados: Daniel Solís Gallardo, originario de Zihuatanejo, cuyos parientes recibirían el cuerpo en el Semefo de Chilpancingo, al igual que Julio César Mondragón Fuentes, a quien le apodaban “El Chilango” por ser originario de la ciudad de México.
Mondragón es el joven que fue encontrado desollado y con sus ojos extraídos.

 

Gobierno de Guerrero acatará recomendaciones de la CNDH

"No hay ni siquiera un proceso penal" por muerte de normalistas: CNDH
Hoy, 29 de septiembre, trabajadores académicos y administrativos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y el Frente Estatal de Maestros de Educación Superior iniciarán un paro de labores indefinido para exigir castigo para los culpables del asesinato de tres estudiantes, se prevé que se vean afectados aproximadamente diez mil estudiantes de todo el estado de las escuelas de educación superior y que participarán unos mil trabajadores académicos y administrativos.
También demandan juicio político para el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y el gobernador del estado Ángel Aguirre Rivero.
Por su parte, José Luis Abarca, alcalde de Iguala, Guerrero, aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva que no dio ninguna orden para actuar contra normalistas,pues mientras ocurrían los hechos, él se encontraba con su esposa en una fiesta del DIF.
“Había unas 4 mil 4 mil 500 personas. Cuando termina de dar su informe la presidenta, empieza un grupo que no es de buen gusto de la gente. Entonces muchos se empezaron a retirar, quedándose unas 150 personas, las cuales empezamos a bailar al ritmo de la Luz roja de San Marcos. Inmediatamente después decidí retirarme, aproximadamente a las 9:30″, dijo.
Asimismo informó que se enteró que ya habían pasado los hechos: “Yo no he tenido un parte informativo… No me han dicho nada, no he tenido reunión… Lo que tengo es que hubo enfrentamientos, no sé quiénes hayan participado.”

Iñaki Blanco Cabrera, procurador del estado de Guerrero, confirmó a The Associated Press que tres de los muertos eran estudiantes y que otros tres viajaban en el autobús del equipo. Entre estos últimos estaba un futbolista menor de edad, una mujer y el chofer.
Asimismo, informó que este lunes 29 de septiembre se llevará al cabo una conferencia a las 14:30 horas para dar el último informe sobre los hechos.

 

 

 

Juicio político contra Aguirre y destitución de edil, exigen estudiantes. Con Ciro Gómez Leyva
29 de Septiembre, 2014

 

Luego de realizar actividades de boteo en autobuses en la ciudad de Iguala, Guerrero, normalistas fueron atacados por policías municipales con armas de fuego sin posibilidad previa de negociación y no los dejaron salir del centro de la ciudad bloqueándoles el paso con una patrulla, denunciaron Agustín Chocolate y Uriel Alonso Solís, normalistas de Ayotzinapa.
Ante los hechos ocurridos el viernes pasado, en los que fueron asesinadas seis personas y se reportan 58 desparecidas, los estudiantes exigen juicio político en contra del gobernador de Guerrero y la destitución de edil Iguala. 
Además exigieron la aparición con vida de los estudiantes que fueron subidos a patrullas y de los que se desconoce su paradero y que en su mayoría son del primer año de estudios. 
Entrevistados por Ciro Gómez Leyva, fueron cuestionados sobre los nombres de los estudiantes desaparecidos, explicaron que en el momento no tenían el documento, el cual ya tiene en su poder el abogado que lleva el caso. 
Se dijeron consternados por lo ocurrido, el cual calificaron de no tener nombre, porque fue un ataque directo de la policía municipal contra estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos que se dirigían a la ciudad de Chilpancingo desde la ciudad de Iguala, a bordo de tres autobuses de la empresa Costa Line, después de llevar a cabo actividades de colecta de recursos para costear los gastos de la Normal. 
Al salir de la central de autobuses, con dirección a Chilpancingo, varias patrullas cerraron el paso a los autobuses, empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. 
Uriel Alonso comentó que han acudido a todas las instancias gubernamentales policiacas para buscar a sus compañeros en donde les niegan que haya habido detenciones, cuando ellos mismos fueron testigos de lo ocurrido.
"En sí eran municipales uniformados, nuestros compañeros venían de acividades de boteo y fueron interceptados por un comando de policías que rafaguearon los camiones (…) no tenemos palabras para llamar esto, somos estudiantes", dijo Chocolate.

 

MEXICO

Desde Puebla, condenan la ejecución extrajudicial de los estudiantes
de la Normal Rural “Raul Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero 27 de septiembre 2014


Desde Puebla el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RENDDH) y la Promotora CNTE manifestamos nuestra más enérgica condena ante la ejecución extrajudicial de los estudiantes de la Normal Rural “Raul Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero. Nos solidarizamos con nuestros compañeros estudiantes normalistas en la exigencia del juicio y castigo a los responsables de los atentados y cumplimiento de sus demandas estudiantiles.
El pasado 26 de septiembre del año en curso los jóvenes normalistas se encontraban realizando actividades políticas como parte del plan de lucha de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). Cuando sufrieron dos atentados, el primero cerca de las 21:30 horas en el Periférico Norte de la ciudad de Iguala, cometido por policías municipales, quienes a mansalva rodearon y dispararon contra los autobuses en que se trasladaban los estudiantes, en este primer atentado, el estudiante Aldo Gutiérrez Solano fue ejecutado con un disparo en la cabeza.
El segundo ataque fue cometido por un comando armado vestidos de civil no identificado cuatro horas después, cuando los estudiantes denunciaban el ataque en el mismo lugar de los hechos con maestros y reporteros, fueron detonados al menos 200 disparos durante el atentado, con las que ejecutaron a otros dos normalistas de Ayotzinapa. Es decir, que en este segundo ataque quienes lo perpetraron tienen el mismo modo de operar que los grupos paramilitares.
Los estudiantes de las normales rurales agrupados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), se han caracterizado por luchar por una educación pública, y por las demandas más sentidas de nuestro pueblo explotado y oprimido, siempre críticos al sistema capitalista. Por esto han sido criminalizados de forma recurrente por los gobiernos neoliberales que una y otra vez pretenden desaparecer a todas las normales rurales instaladas en el país.
No debemos olvidar que en junio de 2011, Claudio X González se pronunció por el cierre de estas escuelas. Desde entonces la violencia y terrorismo de Estado contra los normalistas se ha hecho manifiesto en el asesinato de cuatro estudiantes de Ayotzinapa, dos el 12 de diciembre de 2011 y dos el 7 de enero de 2014; la represión e intento de desalojo de las normales de Michoacán en agosto de 2012, donde hubo 174 detenidos; en lo que va del 2014: la represión y encarcelamiento de 160 normalistas del estado de Oaxaca, el 21 de marzo; el atentado del 9 de abril en Morelia donde 11 estudiantes normalistas resultaron heridos y nuestra compañera del FNLS, Rosa Hernández Reyes quien sufrió lesiones craneoencefálicas que aun la mantienen en estado de salud grave; la represión del 13 de mayo contra los normalistas de Chiapas; y el 24 de mayo se atentó contra las normalistas de Amilcingo, en que hubo estudiantes heridas y el asesinato de Aurora Tecoluapa Tecoapa.
La oligarquía ve en la educación un instrumento más de dominación ideológica en su pretensión de perpetuar el modo de producción capitalista, por eso tiene por objeto apropiarse de la rectoría de la educación pública del país; y los gobiernos neoliberales, bajo los designios del capital se han encargado de abrir de par en par las puertas a la privatización de la educación bajo el sofisma de la “modernización” y “calidad educativa”, es por esto que la campaña de linchamiento mediático y criminalización en contra de las escuelas normales se ha hecho más descarada en los discursos de la burguesía y en el terrorismo de Estado mediante sus cuerpos represivos oficiales y paramilitares.
Hacemos responsables de estos actos criminales a Enrique Peña Nieto representante del Estado mexicano, Ángel Aguirre, gobernador del estado de Guerrero, José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala y a los altos mandos de los cuerpos policiacos Federales Estatales y municipales.
Por lo anterior, llamamos a la solidaridad de organismos defensores de los derechos humanos, a las organizaciones políticas, democráticas e independientes a que se pronuncien e intervengan contra la violencia y terrorismo de Estado contra las luchas del pueblo organizado, haciendo pública su condena ante los atentados, aprensión y ejecución de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
ATENTAMENTE

¡Juicio y Castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de los Normalistas de Ayotzinapa, Guerreo!
¡Presentación con vida de todos los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero!
¡Libertad incondicional a los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero!
¡Presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales!
¡Libertad a todos los presos políticos en el País!
¡Alto a la militarización y paramilitarización del País!
¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular!

¡Por la unidad obrero, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos RENDDH
Promotora CNTE

 

 

INFORME URGENTE DEL EQUIPO TLACHINOLLAN 

SOBRE LA MATANZA DE ESTUDIANTES EN MEXICO

El pasado 26 de septiembre de 2014, en al menos cuatro eventos violentos relacionados entre sí, en las inmediaciones de la ciudad de Iguala perdieron la vida 6 personas, entre éstas tres estudiantes de la normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 20 más resultaron heridas, uno de ellos, un estudiante que se encuentra en estado vegetativo, y 57 se mantiene sin conocerse su paradero.  No sobra recordar que todo esto nos remite a los eventos de diciembre de 2011, en el que se cometieron diversas violaciones graves de derechos humanos en contra de estudiantes de esta Normal, de los que todos los hechos se mantienen impunes. 
Tlachinollan, junto con los compañeros y compañeras del Centro Morelos y la Red Guerrerense, estamos acompañando y asesorando a los normalistas y a los padres de familia que desconocen el paradero de sus hijos. En ese marco, adjunto encontrarán una acción urgente, que detalla los hechos que se tienen verificados al momento. 

**ACCION URGENTE**
HECHOS
El día 26 de septiembre de 2014 a las 21:00 hrs., 80 estudiantes de la Normal Rural, Raúl Isidro Burgos se dirigían a la ciudad de Chilpancingo desde la ciudad de Iguala, a bordo de tres autobuses de la empresa Costa Line, después de llevar a cabo actividades de colecta de recursos para costear los gastos de la Normal. Al salir de la central de autobuses, con dirección a Chilpancingo, varias patrullas intentaron cerrar  el paso a los autobuses, empezando a disparar de manera intermitente sin dar advertencia alguna. Después de una persecución, los normalistas fueron cercados, al posicionarse las patrullas 017, 018, 022, 027 y 028 en la parte trasera de la caravana de autobuses. Así, los normalistas descendieron de los autobuses dirigiéndose hacia la patrulla que se encontraba estacionada frente a los autobuses.
Sin mediar palabra los Policías municipales comenzaron a disparar en ráfagas de manera indiscriminada desde las distintas posiciones, cayendo herido en ese instante Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año, originario de El Refugio, Municipio de Ayutla, Guerrero, quien el día de hoy se encuentra en estado vegetativo. Los estudiantes que se encontraban en el autobús de atrás fueron violentamente descendidos del mismo por los policías y sometidos, acostándolos en el piso, a un costado de una bodega Aurrerá. El resto de los normalistas se dispersaron en diferentes direcciones, al tiempo que los Policías municipales continuaban disparando. La balacera tuvo una duración de alrededor de cuarenta minutos. 
Los servidores público Municipales se retiraron, llevándose a alrededor de 20 normalistas detenidos en las patrullas 017, 018, 020, 022 y 028, a la vez que algunos estudiantes se reorganizaron en el lugar de los hechos, esperando que arribaran las autoridades del Ministerio Público, para dar fe de los hechos y recoger los indicios. 
A las 24.00 hrs, los estudiantes iniciaron a informar sobre los hechos a los medios de comunicación que habían llegado al lugar de los hechos, junto a diversas organizaciones sociales, cuando del periférico norte arribó una camioneta RAM color rojo de la que descendieron varias personas con armas largas que empezaron a disparar indiscriminadamente en ráfagas. El saldo de los eventos fue de dos estudiantes muertos, Daniel Solís Gallardo y un estudiante de primer año de licenciatura bilingüe que no ha sido aún identificado por sus familiares; además de cinco estudiantes heridos graves y dos los profesores que se encontraban ahí. Esta segunda agresión armada duró alrededor de 15 minutos. 
A las 7:00 hrs. del día 27 de septiembre, los normalistas se reagruparon en la Fiscalía de la zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE). Los estudiantes comenzaron a declarar sobre los hechos y solicitaron visitar los separos de la Policía preventiva para constatar la integridad física de los estudiantes que habían sido detenidos por la Policía municipal en los primeros hechos sobre la carretera; sin embargo, el Director de Seguridad Publica les dijo que no tenía a ninguna persona en los separos; les permitió verificar y efectivamente no se encontró a ningún estudiante ingresado. Durante la segunda agresión muchos estudiantes se dispersaron por diferentes partes, por lo que a la fecha 57 estudiantes se encuentran desaparecidos, entre ellos los detenidos por autoridades municipales en los primeros hechos.  
A las 16.00 hrs., estando los estudiantes en la Fiscalía dando seguimiento a las denuncia, el Ministerio Público les informó que a tres cuadras de donde ocurrieron los hechos habían encontrado el cadáver de un estudiante con visibles huellas de tortura, sin ojos y desollado del rostro; después de ser identificado por sus compañeros, éstos constataron que se trataba de Julio Cesar Fuentes Mondragón. 
En este contexto, se interpuso el día 28 de septiembre de 2014, una denuncia por el crimen de desaparición de personas, en agravio de los 57 estudiantes desaparecidos, que quedó radicada bajo la averiguación previa VRA/03/2385/2014 en la PGJE en Chilpancingo. También se ha iniciado una queja frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. 
Por su parte el Gobierno del estado de Guerrero, ha dado a conocer en un comunicado de prensa,  información sobre sus acciones ante estos lamentables hechos y otros dos eventos violentos que sucedieron en el  mismo contexto.
LLAMAMIENTO: 
Las ejecuciones extrajudiciales de los tres estudiantes, la situación de los heridos y de los desaparecidos constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden permanecer en la impunidad. Los hechos evidencian de parte de la Policía Municipal un uso excesivo de la fuerza, una intención deliberada de ejecutar ilegal y arbitrariamente a los estudiantes y del las autoridades estatales y federales, una omisión para implementar medidas de seguridad y preventivas que evitaran una segunda agresión y la desaparición de los 57 estudiantes normalistas. 
En virtud de ello, las organizaciones de derechos humanos que hemos acompañado por varios años a los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, urgimos a la comunidad internacional y a la sociedad civil a urgir a a las autoridades Estatales y Federales a:
1.Llevar a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de todos los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. 
2.Procesar y sancionar a los Policías municipales responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades Municipales que omitieron y consintieron las graves violaciones a los derechos humanos descritas. 
3.Iniciar los procesos administrativos y judiciales contra autoridades Estatales y Federales que faltaron a su deber de prevenir razonablemente estas graves violaciones a los derechos humanos. 
4.Realizar las investigaciones y acciones de búsqueda para dar con el paradero y presentación con vida de los 57 estudiantes desaparecidos.
5.Implementar medidas cautelares a fin de garantizar y salvaguardar la integridad física y psicológica de los 57 estudiantes desaparecidos.  
6.Garantizar la atención integral, médica y psicológica, de los estudiantes lesionados.
7.Establecer la verdad y reparar integralmente los daños a las víctimas y sus familiares. 
8.Garantizar la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los hechos y de las personas defensoras que acompañan en su proceso a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en acuerdo a lo establecido en la Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente. 

 

 

“La masacre de Tlatlaya pudo ser una ejecución sumaria del ejército”

Un relator de la ONU pide que México investigue a fondo los presuntos asesinatos de 22 personas

 

Juan Diego Quesada México 30 SEP 2014 - 00:06 CEST5

 

 

Imagen de la matanza de Tlatlaya. / B. RODRIGUEZ (AFP)

El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, consideró este lunes que la muerte de 22 personas a manos del Ejército mexicano en el municipio de Tlatlaya, a tres horas en coche de la Ciudad de México, pudo tratarse de una ejecución sumaria y no de un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes como informaron las autoridades en un primer momento. El batallón 102 de infantería dijo haber abatido a un comando de peligrosos delincuentes en una bodega tras un intenso intercambio de disparos, pero una testigo asegura que en esa reyerta solo murió uno de los civiles y que el resto fueron ejecutados durante la noche pese a que se habían rendido.

El testimonio de la superviviente ha puesto en entredicho el papel de las fuerzas armadas en un tema tan delicado como es el de la seguridad en México. Especialmente en un momento en el que el presidente Enrique Peña Nieto había expresado su deseo de enviar tropas a las misiones de paz de la ONU. Por el momento, un teniente y siete soldados han ingresado en una prisión militar bajo los cargos de desobediencia e infracciones al deber. Pero las organizaciones internacionales siguen pendientes de que se sepa toda la verdad sobre lo que ocurrió en aquel lugar apartado, en medio de la oscuridad. Un caso que se podría haber archivado como tantos otros si no fuera por el relato de una persona que lo vio todo.

“El Gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”, dijo Heyns en su comparecencia. El experto en ejecuciones sumarias y arbitrarias mostró su satisfacción por las detenciones de los militares que podrían haber estado implicados en los asesinatos y recordó que el uso de armas letales debe aplicarse cuando sea estrictamente necesario. Heyns incidió también en la necesidad de proteger a los supervivientes de la masacre y a los periodistas que con sus crónicas y fotografías han revivido el caso. La revista Esquire México fue la primera en hacerse eco del revelador testimonio de la a madre de un de una adolescente de 15 años asesinada en Tlatlaya ese día. Se llamaba Érika.
El llamamiento del relator de la ONU se une a otros como el del director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. “Si es cierto lo que dice la testigo, estamos ante uno de las masacres más grandes ocurridas en México”. El Departamento de Estado de Estados Unidos le pidió al Gobierno mexicano que hiciera una investigación creíble. A partir de esa fuerte declaración del vecino del norte, la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo a los militares.

El llamamiento del relator de la ONU se une a otros como el del director de HRW

El batallón 102, cuyas instalaciones de San Miguel Ixtapan fueron inauguradas en 2010 por Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, ha estado involucrado en otros incidentes que hacen dudar de su respeto por los derechos humanos. Los militares dispararon en diciembre pasado, según recoge AP, a cuatro hombres que portaban armas. En realidad eran los vecinos de un pueblo que iban de caza. En 2012, seis soldados fueron acusados formalmente de haber recibido dinero de La Familia, un cartel que opera en esa zona.
Es un terreno especialmente caliente, ya que es un lugar de paso que conecta varias regiones mexicanas donde se cultiva y fabrica droga. Las sospechosas actividades de este batallón pone una interrogante más sobre la conveniencia de que el presidente Felipe Calderón sacase al ejército a la calle para combatir al crimen organizado. Las organizaciones civiles y la prensa han documentado asesinatos extrajudiciales, secuestros y todo tipo de violaciones a la legalidad por parte de los militares, acostumbrados a enfrentar al enemigo con mano dura. Arrojar luz sobre lo que ocurrió aquella noche de Tlatlaya significaría levantar la alfombra en uno de los temas más espinosos para México.

 

También se sucedieron hechos de mucha violencia en otros municipios

 

ARCELIA En el municipio de Arcelia, una población ubicada muy cerca de Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas fueron asesinadas, presuntamente ejecutadas por militares, se reportaron al menos seis  muertos en los últimos seis días.
La primera víctima fue el párroco de Arcelia, José Asención Acuña Osorio, quien fue encontrado sin vida en el cauce del Río Balsas, a la altura de la comunidad de Santa Cruz de Las Tinajas, en el municipio de San Miguel Totolapan, en la región de la Tierra Caliente.
La PGJE informó que el cuerpo del sacerdote fue levantado por personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Ministerial, luego de una denuncia anónima a la línea de emergencias 066.
La dependencia detalló que los agentes lo trasladaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala para practicarle la necropsia de ley, en la cual se determinó que la causal de muerte fue asfixia por sumersión.
Sin embargo, versiones de medios locales aseguran que el padre presentaba huellas de tortura y que al parecer no tenía impactos de arma de fuego. También reportaron que el párroco llevaba varios días desaparecido.
Además, la PGJE inició la averiguación previa “por el homicidio por proyectiles de arma de fuego en contra de cinco personas del sexo masculino, ocurrido la noche del miércoles 24 en la ciudad de Arcelia, de los cuales tres han sido identificados y dos permanecen en calidad de desconocidos en el Servicio Médico Forense de la ciudad de Iguala”.
De acuerdo con medios locales, los cadáveres de las cinco personas fueron localizados en esa ciudad el pasado jueves; trascendió que se trata de hombres de entre 20 y 29 años con impactos de bala y señales de tortur. Sin embargo la dependencia no lo ha confirmado.
La PGJE detalló que derivado de una denuncia anónima a la línea de emergencias 066, personal del Ministerio Público, peritos y agentes de la Policía Ministerial “se constituyeron en la escena del crimen e iniciaron las diligencias ministeriales consistentes en levantamiento cadavérico y la práctica de la necropsia a los cinco cuerpos, como parte de los protocolos de actuación en materia de investigación”.

 

 

ZIHUATANEJO  La noche del jueves en el puerto turístico de Zihuatanejo, dos jóvenes, de entre 21 y 23 años, fueron ejecutados por un comando armado.
El homicidio ocurrió alrededor de las 21:00 horas, mientras los dos jóvenes se encontraban con reunidos con otras personas en la colonia El Limón de la ciudad, fueron acribillados por sujetos armados; el ataque originó una intensa movilización de elementos de seguridad en la zona.

 

fuente Sin Embargo

 http://resumenlatinoamericano.blogspot.com/

vía: http://www.agenciawalsh.org/internacionales/a-l/12708-especial-mexico.html

 

En Iguala, Guerrero, matanza de normalistas

x Gerardo Peláez Ramos

Vuelve a correr la sangre de estudiantes normalistas rurales en el estado de Guerrero, derramada por policías municipales y cuerpos francos de sicarios

De esta suerte, el gobierno mexicano comprueba, por enésima vez, su incapacidad de mantener la seguridad pública y de respetar el libre tránsito de los habitantes de nuestro país, así como queda en claro que a las demandas de las masas se responde con balas y terrorismo, quizás con la intención de amedrentar a sectores movilizados y en vías de movilización. Con estos pasos, difícilmente podrá el mexiquense comprador de la presidencia promoverse en la ONU y otras instancias internacionales en las que presume tratar muy bien a los indígenas, tener un gobierno transparente y respetar los derechos humanos.
Leer texto completo [PDF]

vía:
 http://www.lahaine.org/mundo.php/en-iguala-guerrero-matanza-de


Ya ni los busquen, dicen a familiares de desaparecidos

¿Qué clase de policía puede hacer algo así?, pregunta un dirigente de Ayotzinapa

Aterrado, Julio César Mondragón se echó a correr; al otro día apareció sin rostro

Hay 38 desaparecidos, dicen normalistas

 Arturo Cano
 Periódico La Jornada

La espantosa imagen de un muchacho sin cara ha circulado profusamente en las redes sociales. Hoy, los normalistas de Iguala marchan de nuevo y cargan con ellos una manta con la fotografía de Julio César Mondragón, con una mujer y un recién nacido. Era un muchacho blanco de rostro amable. Ya era padre y tenía apenas un mes de haber ingresado a la escuela normal de Ayotzinapa.
De él, ya saben dónde terminó, pero no conocen la suerte de los 38 alumnos que, según los líderes estudiantiles, siguen desaparecidos. La lista se ha reducido, dicen, porque algunos compañeros han llegado por su propio pie a la escuela.
La madrugada del sábado 27 de septiembre, aterrado, Julio César Mondragón no hizo caso de los gritos de sus compañeros que pedían permanecer juntos. Echó a correr luego de que un grupo de sicarios disparó contra estudiantes y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) que ofrecían una conferencia de prensa tras el ataque de los policías municipales. Se lo tragó la noche de Iguala. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, espantosamente mutilado.
Sus padres, y los de Daniel Solís Gallardo, oriundo de Zihuatanejo, no quisieron homenaje en la normal. El cuerpo –lo que quedaba de él– de Julio César Mondragón, el muchacho sin rostro de las redes sociales, fue trasladado al Distrito Federal. Lo identificó por la ropa y porque estaba rapado, como todos los alumnos de primer grado, el grueso de la tropa estudiantil que fue a Iguala a botear.
Los representantes de Ayotzinapa no hallan las palabras para describir en qué estado hallaron a su compañero: ¿Qué clase de policía, qué clase de persona puede hacer algo así?, dice uno de los dirigentes de la normal.

Está más muerto que vivo

Los estudiantes marcharán de nuevo mañana, mientras siguen al pendiente de sus compañeros desaparecidos y de los que aún permanecen en hospitales.

Aldo Gutiérrez Solano es quien se encuentra en peores condiciones. Está más muerto que vivo.
Édgar Andrés Vázquez lucha por recuperarse de un disparo que recibió en la cara. Otro compañero ya fue dado de alta, pero perdió varios dedos de una mano.
Luego de una marcha que culmina frente al palacio de gobierno, los dirigentes de la normal de Ayotzinapa informan que hasta ese momento (alrededor de las dos de la tarde) son 38 los compañeros que siguen desaparecidos.
Las autoridades estatales han sugerido que una parte de ellos puede estar en sus casas, pero los estudiantes no lo creen. Padres o familiares de los 38 que mencionamos están aquí, y no sería así si los compañeros hubieran ido a refugiarse a sus casas.
Las madres de varios de los muchachos hacen fila frente a las libretas de los reporteros para decir los nombres de sus desaparecidos.
Apunte al mío, licenciado. Se llama César Manuel González Hernández, de Huamantla, Tlaxcala.
Israel Jacinto, de Atoyac, nunca había estado en Iguala. Tiene 19 años y estaba hablando con su hermanito por teléfono. Le decía que la policía les estaba echando gases, que ya no podía hablar. Después ya no supimos nada de él, dice su madrina, a punto de las lágrimas. Tiene dos tíos maestros; aquí andan, los dos estudiaron en Ayotzinapa. ¿Quiere hablar con ellos?
Anote ahí a Luis Ángel Abarca, 17 años, de San Antonio Cuautepec.
Emiliano Gaspar de la Cruz, 22. Mauricio Ortega Valerio.
Una caravana de familiares llevó sus nombres, sus fotografías y su dolor a Iguala. Recorrieron las calles de la cuna de la Bandera. No hallaron a sus hijos: encontraron miedo.

Nadie quería hablar con ellos. La gente vive aterrada. Cuando se acercaban preguntando casa por casa, cerraban las tiendas, bajaban las cortinas, cuenta un miembro de la asociación de ex alumnos de la emblemática escuela normal. Ya ni los busquen, les dijo el dueño de una vulcanizadora.
La guardia frente al palacio de gobierno termina. Los familiares de los desaparecidos suben apresuradamente a los autobuses. Van al entierro de Julio César Ramírez Nava, otro de los normalistas caídos, a su natal Tixtla, municipio que aporta entre 40 y 50 por ciento de los estudiantes de la normal, lugar donde han florecido, se han dividido y sobreviven las policías comunitarias.
El cortejo fúnebre es encabezado por la banda de guerra Halcones dorados, de Ayotzinapa. Centenares de personas acompañan el féretro.
Al llegar al cementerio, los rapados de primer grado ocupan las primeras filas frente a la fosa. Son los sobrevivientes de Iguala.
¡Julio César Ramírez Nava!, grita un profesor de la normal. ¡Presente!, responden los rapados y el resto de sus compañeros. La familia ha pedido al profesor decir unas palabras. Es muy breve. Pide justicia, nada más. No dejemos que la muerte de este joven sea en vano.
El abuelo de Julio César moja una flor en una bandeja de agua bendita y la va rociando en la fosa.
Corrimos, brincamos una barda y nos metimos en una casa, pero el señor que era el dueño nos pidió salir después de unas horas. Éramos como 20. No quisimos salir. Lo hicimos hasta que el comité nos avisó que irían por nosotros. Fueron los soldados y nos llevaron a declarar, cuenta uno de los sobrevivientes.
El sepelio transcurre lentamente. La familia deposita bolsas con las pertenencias del joven asesinado. Los Halcones dorados tocan trompetas fúnebres.
Los familiares de José Ángel Campos Cantor y Julio César López Patolzin, ambos nacidos en el Barrio Fortín, cuna de la policía comunitaria, acuden al sepelio, temerosos de que sus propios hijos ya estén muertos.
A esa misma hora, el gobernador Ángel Aguirre Rivero anuncia que se ha girado orden de presentación contra el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y el ex secretario de seguridad del ayuntamiento Felipe Flores.

Aguirre Rivero, manotazo tardío

El martes, luego de que solicitó licencia, el alcalde salió apresuradamente de la sede del ayuntamiento. Unos 10 minutos después de la graciosa huida, tres camionetas de la Policía Ministerial del estado se estacionaron afuera del palacio municipal, sus ocupantes, armas en ristre. Los empleados del municipio, que habían despedido con aplausos al munícipe –entre ellos algunos de los 20 familiares del alcalde en la nómina, según dijo por lo bajo un regidor–, se miraron nerviosos, pero nada pasó. El tardío manotazo de Aguirre ocurrió, claro, sólo después del regaño presidencial en horario triple A.

El gobernador también escribe en las redes sociales: Ofrecemos un millón de pesos a quien brinde información, que ayude a localizar a nuestros jóvenes desaparecidos en Iguala.
Algunos usuarios lo felicitan por ofrecer recompensa. Otros lo critican por gastar carretadas de dinero en publicidad y ser pichicato a la hora de pagar por información sobre el paradero de los muchachos. Unos más descargan su furia clasista contra los ayotzinapos.
Las protestas de los normalistas continuarán, y también el desprecio hacia ellos que no oculta una parte de la sociedad guerrerense. En un plantel de educación prescolar del centro de Chilpancingo, un letrero anuncia que este 2 de octubre no habrá clases porque se preveen (sic) marchas y actos con violencia.

 http://www.jornada.unam.mx/2014/10/02/politica/011n1pol

 

Perú: Territorio...tiulación, muerte y persecución en Perú.t..Por Rubén Darío Ninahuanca Rivas

"Mientras seguimos jugando a repasar las normas jurídicas en lujosos hoteles, a participar en eventos de justificación de la muerte y a realizar el concurso del rostro más preocupado en el sector público por la agenda indígena; el tema de fondo de las muertes de líderes indígenas y la persecución judicial, sigue siendo la agenda del día siguiente."

Por Rubén Darío Ninahuanca Rivas
“Somos como los perros; ladramos la piedra que nos hizo daño, más nunca mordemos la mano que nos la arrojó.”
La muerte de los cuatro hermanos Ashaninkas de la comunidad nativa Saweto, en la región Ucayali - Perú, nuevamente abarrotó las portadas de los medios de comunicación nacional, predisponiendo que cada vez que obtengamos noticias sobre los hermanos indígenas deberán estar relacionados a los actos de violencia o muerte, dejando de la lado la investigación sobre las causas que han originado estos hechos.
“Los procesos de titulación nos están costando muchas muertes de líderes indígenas en forma sistemática y no existe voluntad política para acelerar estos procesos” (Q.E.P.D. Ylder Flores Gonza – Dirigente Indígena- San Martín)
El 2 de noviembre del 2010, en el distrito de César López, Provincia de Alto Amazonas, región Loreto; el dirigente Shawi Miguel Huaynacari Huayta “[…] Lo encontraron a una hora aguas abajo del caserío en la quebrada Yanayacu […] Encontraron una huella de bala en la espalda, el rostro desfigurado y sin el cuero cabelludo…”, según el acta de levantamiento del cadáver.
Huaynacari fue un dirigente que lideraba las gestiones de titulación de su comunidad, sin embargo surgió un grave conflicto, que llegó a instancias judiciales, debido a la superposición de su territorio con una supuesta prescripción adquisitiva de dominio en favor de la Empresa koreana Ecoamérica, sindicándose a la empresa como la principal sospechosa de la muerte del dirigente indígena, presunción que hasta la fecha no ha sido esclarecida.
Magno Rodríguez, Presidente de la Comunidad Nativa de Nuevo Papaplaya durante esos años, denunció que también recibió amenazas de muerte por acompañar a Huaynacari con los trámites de titulación; “Ya se murió uno; faltan cuatro” – se apreciaba en su teléfono celular.
El 5 de abril de 2014, el Jefe de la Comunidad Nativa de Santa Rosa de Alto Shambira, Emilio Marichi Huansi, fue asesinado en el distrito de Pongo de Cainarachi, provincia de Lamas, Región San Martín, con un disparo en el pecho; hecho ocurrido cuando retornaba de notificar a las comunidades nativas shawis de Nuevo Alianza, Nuevo Nauta, Pijuayal y Nuevo San Martín para formalizar sus actos registrales para el inicio de los procesos de titulación de sus comunidades. En esta oportunidad la Federación Regional Indígena Shawi de San Martín (FERISHAM) responsabilizaba a grupos de traficantes de tierras, mafias organizadas y grupos empresariales que se oponían al reconocimiento y titulación de sus comunidades; investigación que hasta la fecha tampoco tiene resultados positivos.
“Titulación + Territorio indígena = MUERTE”
Si la muerte de los cuatro hermanos ashaninkas causó preocupación y un real interés del gobierno de turno por sus demandas, éste debería empezar por titular los territorios de la comunidad nativa Saweto.
En el año 2003 la comunidad Nativa de Saweto obtuvo su reconocimiento oficial por parte del Estado peruano, desde aquel momento la comunidad nativa solicitó a las instancias correspondientes la titulación de su comunidad, a pesar de haberse producido los informes técnicos socioeconómico, de linderamiento y la evaluación de suelos; nunca existió una real voluntad política para titularlos.
Por el contrario, el Estado peruano otorgó sobre el territorio de la comunidad nativa del Saweto dos concesiones forestales; y, categorizó todo el territorio comunal como bosques de producción permanente (BPP), es decir, han sido clasificados como bosques destinados a la producción maderera, y no para titulación.
Si la comunidad nativa de Saweto contara con su título de propiedad, permitiría en primer lugar la identificación de la titularidad de los derechos sobre los recursos naturales y en segundo lugar el establecimiento de mecanismos coordinados para su sostenibilidad; sin embargo, los conflictos en la administración territorial permiten que agentes extraños aprovechen el desorden para autoidentificarse como titulares de los recursos y extraerlos en forma desmedida, generando las consecuencias ya conocidas.
La investigación de la muerte de los hermanos Ashaninkas no debe solamente estar condicionada a ubicar a los autores materiales de los hechos, sino también debe estar orientada en responsabilizar a los autores intelectuales de lo ocurrido; que se inicia desde la responsabilidad de los funcionarios públicos en tutelar los derechos indígenas (como la de cualquier ciudadano) y los actuales titulares de los derechos que existen sobre el territorio indígena.
“Titulación + Territorio indígena = Persecución”
La condena a muerte a los líderes indígenas que sostienen que la Titulación de sus territorios es el único mecanismo de seguridad jurídica sobre sus tierras, como así también lo ha establecido el Tribunal Constitucional en su STC N° 022-2009-PI/TC; no ha sido el único mecanismo para aplacar esta demanda al Estado peruano, sino ahora también cuenta con la complicidad del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Sobre las Orillas del Río Huallaga se asentaron los pueblos quechuas descendientes de la cultura Pocra y Chanca, grupos étnicos que tuvieron vigencia en la época de los incas y que fueron casi exterminados en la batalla de Yahuarpampa por el imperio de Wiracocha. Entre estos grupos de quechuas se identifica a la Comunidad Nativa Ankash Yaku de Achinamiza que data aproximadamente del año de 1880.
En 1943, el Estado peruano categorizó a esta población como el Caserío de Achinamiza; posteriormente mediante Resolución Municipal N° 1791-89-MPSM, el 17 de diciembre de 1989, dentro del territorio indígena, se re-categorizó como Centro poblado Menor de Achinamiza, sin embargo esta población nunca negó su pasado cultural y vivió revalorando su cultura.
Durante el conflicto armado entre los años de 1980 – 1990, la comunidad nativa Ankash Yacu de Achinamiza se enfrentó ferozmente con los grupos terroristas (MRTA principalmente), no permitiendo el ingreso a su comunidad ni mucho menos su desplazamiento, como lo sufrieron sus antepasados en la época incaica.
La tranquilidad para el pueblo quechua se irrumpe, cuando mediante Decreto Supremo N° 045-2005-AG de fecha 25 de diciembre del 2005 se establece el Área de Conservación Regional “Cordillera escalera”, porque ésta se sobreponía sobre el territorio indígena, quien hasta ese momento no recibía notificación alguna sobre la afectación de sus territorios, a pesar que ya se encontraba vigente el Convenio 169 OIT.
Existe abundante literatura sobre la cultura quechua en nuestro país, por ende no es un secreto que dicho pueblo sustentó su actividad tradicional en la agricultura, en tal sentido la Comunidad Nativa Ankash Yacu de Achinamiza no era la excepción.
En el uso ancestral de sus tierras, los miembros de la Comunidad Nativa Ankash Yacu de Achinamiza decidieron cultivar sus territorios ancestrales con la finalidad de obtener su alimento diario, sin embargo la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – Yurimaguas al tomar conocimiento, decidió abrir investigación preliminar contra quince miembros de la comunidad nativa de Ankash Yacu de Achinamiza por los delitos Contra los Bosques o Formaciones Boscosas.
Debido a este proceso judicial la comunidad nativa Ankash Yacu de Achinamiza solicitó el reconocimiento de su comunidad, el mismo que fue otorgado, mediante Resolución Directoral N° 192-2013-GRSM/DRASAM/DTRTyCR de fecha 16 de octubre de 2013; “la misma que sólo es declarativa y no es constitutiva de derechos” – refiere el Jefe de la Comunidad Nativa Ankash Yaku de Achinamiza, Elias Sinti Panduro.
Actualmente, la comunidad nativa Ankash Yacu de Achinamiza espera una respuesta de la Dirección Regional de Agricultura respecto de su proceso de titulación, que obra en su acervo documental desde el 27 de enero de 2014, sin respuesta alguna.
El 04 de setiembre de 2014, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – Yurimaguas decidió FORMALIZAR ACUSACIÓN contra los miembros de la Comunidad Nativa Ankash Yaku de Achinamiza; mientras que el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), a cargo del ACR Cordillera Escalera, ha decido no permitir el ingreso de los líderes indígenas a sus territorios poniendo en riesgo la libertad personal de los dirigentes indígenas que buscan la titulación de su territorio así como el sustento diario de sus familias.
“El MRTA no pudo sacarnos de nuestro territorio, por el contrario lo defendimos con nuestras vidas, nunca el Estado se preocupó por nosotros y ahora cuando aparece, pretende quitarnos nuestra tierra amenazándonos que nos meterán presos y con la policía y hasta con el ejército, pero no lo vamos a permitir, esas son nuestras tierras ancestrales. Respetamos al Estado, pero también exigimos que nos respete nuestro derecho a la propiedad indígena” – señaló Elias Sinti Panduro.
Mientras seguimos jugando a repasar las normas jurídicas en lujosos hoteles, a participar en eventos de justificación de la muerte y a realizar el concurso del rostro más preocupado en el sector público por la agenda indígena; el tema de fondo de las muertes de líderes indígenas y la persecución judicial, sigue siendo la agenda del día siguiente.
Fuente: PUCP
vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Territorio_titulacion_muerte_y_persecucion_en_Peru

Colombia: Deterioro ambiental exprés...Escrito por Semanario Voz

La expedición apresurada de licencias de explotación minera, que afecta la sostenibilidad ambiental del país, abre un debate de fondo

Dos son las razones que tienen los ambientalistas para alertar al país del irremediable daño ambiental que se agudiza y se acelera en Colombia, frente a las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en las últimas semanas. La primera tiene que ver con las licencias exprés con las que el Ministerio de Ambiente pretende acelerar los trámites para adquirir permisos de exploración y explotación de los recursos naturales; y la segunda: el visto bueno para la explotación de hidrocarburos por medio de la tecnología del fracking, una forma letal de contaminación.
Las decisiones llegaron de la mano del ministro del ramo Gabriel Vallejo López, quien en recientes declaraciones no solo defendió sus posturas sino que afirmó la necesaria reestructuración en el proceso de otorgamiento de licencias y la agilización de los trámites represados que están evitando la iniciación de proyectos del gran capital.
Los protagonistas En el ojo del huracán se encuentra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), encargada desde el año 2011 de evaluar las solicitudes de empresas mineras para acceder a la explotación ambiental. Según su director, Fernando Iregui Mejía, la ANLA está en capacidad de resolver las solicitudes de licencias ambientales represadas en un tiempo muy corto. Pero esa es la razón de mayor preocupación entre las comunidades asentadas en territorios previstos para la explotación.
Una licencia ambiental tiene un promedio de trámite de 12 meses, que se emplean en la presentación de todos los documentos que acreditan el proyecto y la consulta a las comunidades para aceptarlo o no. Con la entrada en vigencia del decreto 2820 de 2010, tales trámites serían expeditos, pero la consulta a las comunidades aún no se tiene clara. De lo que sí se tiene certeza es que tal celeridad abriría la puerta a un daño ambiental irreparable.
Las jugadas jurídicas El decreto contemplaría que una licencia ambiental otorgada sobre la exploración y extracción de crudo pueda servir para impactar otros ecosistemas, es decir contaminar acuíferos o fuentes de agua superficiales del mismo territorio, sin que ello traiga consecuencias a los dueños de los proyectos. Pero lo más grave es la desregulación sobre los proyectos que impacten los ambientes con protección especial como los páramos, humedales o manglares. En adelante, dice el decreto, el Ministerio de Ambiente podrá levantar las reservas forestales nacionales a cambio de “desarrollo de actividades de utilidad pública e interés social”. Bajo ese pretexto cualquier proyecto de explotación podrá quedar amparado allí bajo la discrecionalidad del Ministerio.
El decreto viene acompañado con la apertura de la ventanilla para la solicitud de títulos de explotación minera, otra de las figuras jurídicas contraproducentes para el ambiente. Según denuncias de Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, acaban de aprobar mediante la apertura de la ventanilla proyectos de explotación minera en territorios excluidos en los departamentos de Boyacá, Santander y Tolima.
Lo denunciado por el parlamentario indica que en un año se otorgaron e inscribieron en el catastro minero seis contratos de concesión en zonas de reserva de recursos naturales, es decir, en zonas prohibidas donde no se podía conceder esta clase de contratos, de acuerdo con la resolución Nº 0705 del 28 de junio de 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente.
Irregularidades “Por estas razones le reitero defender el interés público ante estos hechos, no sin antes manifestarle mi enorme preocupación por la afectación a los derechos colectivos, al ambiente sano y al equilibrio ecológico de todos los colombianos que este tipo de fallas institucionales puede ocasionar, máxime cuando se quiere expedir un decreto para aprobar licencias temporales exprés o darle vía libre a la práctica de la fractura hidráulica para la exploración de hidrocarburos, en contravía del principio de precaución ambiental, y sin que estén dadas las condiciones para que las entidades competentes puedan cumplir siquiera con las obligaciones que les fija la ley, como la exclusión de la minería de los páramos”, explicó Cepeda.
Ya se había advertido por parte de organizaciones sociales y comunidades campesinas que la apertura de la ventanilla minera se llevaría por delante el patrimonio ambiental y podría en peligro la vida de las comunidades sobre las cuales existen planes de explotación minera. De hecho la propia Contraloría General de la Nación advirtió el riesgo por la apertura de la ventanilla de solicitudes de títulos mineros sin evacuar la totalidad de las solicitudes en curso, pero lo más grave, sin contar con una plataforma catastral de corte minero confiable que permita contar con información óptima.
En la actualidad de los 34 páramos existentes en Colombia, 22 se encuentran en grave riesgo, pues sobre ellos se han concesionado 391 títulos mineros en zonas de páramos, además de existir un promedio diez mil concesiones mineras en todo el país, las cuales pueden alcanzan 5% del territorio nacional (Colombia tiene una extensión de 114,1 millones de hectáreas). Sumando las 20.5 millones de hectáreas de tierra ubicadas en la Amazonia y en el departamento del Chocó denominadas como áreas estratégicas que, de otorgarse mediante las licencias exprés, junto a la apertura de la ventanilla de titulación minera, significarían un desastre ambiental en las zonas de mayor biodiversidad del planeta.
La línea gubernamental La recién posesionada jefe de la Agencia Nacional Minera, Natalia Gutiérrez, otra de las entidades que entra a terciar el debate sobre la regulación minera, opina que el costo por retrasos en el otorgamiento de licencias para el sector es: “supremamente grande por cuenta de que las cosas no salen en el tiempo en que deben salir”. Gutiérrez desestimó las denuncias del senador Cepeda y agregó: “Tenemos que educar mucho más a la gente, explicarles de qué se trata el proceso minero, nos estamos dejando ganar la batalla por los ambientalistas radicales y no podemos permitirlo”.
La otra decisión tomada por el gobierno nacional es allanar el camino de la explotación y extracción hidráulica de hidrocarburos utilizando la técnica del fracking, proceso mediante el cual se penetra con un híbrido de agua y químicos letales el subsuelo para extraer gas o petróleo. En opinión de expertos, el ambiente y en especial para los acuíferos son destruidos con esa práctica. Ese debate sobre la utilización de fracking toca el continente y Colombia no es la excepción. De hecho el propio Ministerio de Minas y Energía admite que existe un riesgo en la práctica extractiva pero beneficioso para incrementar las reservas de gas del país.
Es evidente que el gobierno le imprimió el acelerador al sector minero con los anuncios hechos por las carteras de Minas y Ambiente, en razón a la inconformidad de las multinacionales por cumplir los mínimos que impone la ley a costa del precipitado deterioro ambiental al que se ve abocado el país.

vía:
 http://www.kaosenlared.net/component/k2/97166-colombia-deterioro-ambiental-expr%C3%A9s

Venezuela: Robert Serra diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela asesinado la noche del miércoles 1 de octubre... AVN

Esta intervención pública, la primera de Serra desde la sede del poder legislativo venezolano, selló su futuro político. Ese día, cuando cursaba el cuarto año de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), defendió con su verbo la irreversibilidad de la Revolución Bolivariana y su indiscutible carácter democrático impulsado por el comandante Hugo Chávez.
"Nos comprometemos frente al país y el pueblo venezolano, a ese pueblo que confía en nosotros, que somos la garantía de que este proyecto de país, continuará", subrayó, durante el debate transmitido por cadena de radio y televisión.
Con ideas claras y la conciencia despierta, destacó la unidad de las fuerzas revolucionarias cuando a los educandos de oposición manifestó: "¿Quieren que les diga qué es lo que pasa? Es que nosotros tenemos un solo proyecto de país, tenemos una sola forma de ver esta nación, y tenemos un solo líder indiscutible que es el presidente Hugo Chávez Frías".
Refiriéndose a los políticos de la Cuarta República enfatizó que "ellos ya pasaron por aquí y demostraron que no sirven. Fueron ineficientes en 40 años y el pueblo se dio cuenta y dijo: no más" para apuntar seguidamente hacia las acciones violentas que desataron sectores de derecha tras el vencimiento y no renovación de la concesión de la empresa de comunicación Radio Caracas Televisión (RCTV) y sentenciar: "A ustedes, casualmente, el pueblo no les renovó la concesión en este país. A ustedes el pueblo les dijo: no, no seguirán gobernando este país".
El joven exponente hizo un llamado de reflexión y alerta a las fuerzas revolucionarias sobre las intenciones de la derecha nacional, que ese día, representada en los estudiantes de ese bando político, abandonaron el debate para retirarse del hemiciclo protocolar, espacio que ellos mismos habían solicitado para tratar, entre otros temas, la libertad de expresión en el país.
"No hace falta demostrar nada, ya sabemos de qué democracia le están hablando al país. No les gusta el debate. ¿Qué mayor garantía de libertad de expresión que esta? Imposible. Están en cadena nacional, se les está dando el espacio. ¿Cómo es posible que pidan un derecho de palabra al cuerpo legislativo del país y hay un país esperando que quiere escuchar propuestas y se van? Además, dicen que no son estudiantes de oposición sino de proposición y ¿esa es la propuesta que le tienen al país? ¿Creen que esto es lo que el país espera de ustedes? Yo les hago un llamado sincero a la reflexión, sean responsables", exigió.
"Esto responde a una campaña de conspiración que es permanente y no cesará. ¿Saben hasta cuándo va a haber conspiración? Hasta que en este país haya Revolución y como para siempre va a haber Revolución, porque esto llegó para quedarse, siempre habrá conspiración y tenemos que estar preparados para combatirla", destacó Serra, tres años más tarde electo (en las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010) por el circuito 2 de Caracas como Diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) a la Asamblea Nacional desde la que se dirigía al país.
Cerró su discurso rememorando al Libertador: "Bolívar dijo: Dios concede la victoria a la constancia, seamos constantes y perseverante en la lucha".
"Echemos el miedo a la espalda y salvemos a esta patria de los lacayos. ¿El camino? dice un autor por ahí que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Quizá el camino no está hecho. Para eso estamos los estudiantes: si no hay camino lo encontraremos y si en el camino no lo encontramos, lo haremos. ¡Patria estamos venciendo!", sostuvo.
Joven, dirigente y creador
Robert Serra, zuliano de 27 años de edad, fue el asambleista más joven. Además de ser militante de Psuv, fue el creador del Movimiento Avanzada Revolucionaria, constituido por jóvenes. Se desempeñó como concejal juvenil en el Cabildo infantil y Juvenil del municipio Libertador.
Antes de asumir altas responsabilidades políticas con el Gobierno bolivariano, fue dirigente estudiantil y gracias a su encendida participación en el debate estudiantil del 07 de junio de 2007 en la AN, pasó a formar parte de la comisión Presidencial del Poder Popular Estudiantil, creada por el Comandante Hugo Chávez ese mismo año.
Además de ser reconocido por su lucha en pro de los derechos de la juventud, también se destacó por su capacidad de trabajo en la construcción de una sociedad justa y solidaria.
Importante fue su participación en la articulación entre la juventud del Psuv con el Ministerio para el Interior, Justicia y Paz, con el fin de trabajar en el tema de la inseguridad bajo el programa Mil Veces Juventud.
En noviembre de 2009 se midió en elecciones populares en el Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde resultó electo como el número 7 de Caracas entre 13 puestos a ocupar.
Luego participó en las elecciones internas del Psuv para optar a la candidatura de diputados de la Asamblea Nacional donde obtiene el puesto principal en el circuito 2 de Caracas.
Lealtad revolucionaria
Serra, asesinado la noche de este miércoles 1 de octubre en su vivienda, ubicada en La Pastora, Caracas, defendió con vehemencia y eterna lealtad el proceso revolucionario.
Desde su primera intervención, esa de junio de 2007, hasta la última, este martes 30 de agosto en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, acompañó al comandante Chávez, y al presidente de la República, Nicolás Maduro en la construcción del socialismo.
En esta ocasión el diputado socialista destacó que "el país puede recordar claramente que quienes secuestraron, robaron y expropiaron la historia de nuestro país son quienes hoy están sentado en la derecha venezolana".
Sus últimas palabras en la cámara fueron enfáticas: "Tenemos tres cosas que la oposición venezolana envidia de nuestra generación y de la juventud venezolana. Tenemos en primer lugar, un proyecto claro, estamos construyendo el socialismo bolivariano, chavista. Tenemos en segundo lugar un líder, cosa que envidiarían muchos de ustedes (dijo en relación a los diputados de derecha), tenemos a un líder claro indiscutible como el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro que nos unifica. Quisiera la oposición venezolana tener unidad y liderazgo que le hace falta. Pero como si fuera poco y pa' que sepan lo que les espera el año que viene (año de las elecciones parlamentarias) tenemos la mayoría del pueblo venezolano, tenemos barrio y tenemos calle".
Vídeo Robert Serra: Joven patriota, revolucionario y ferviente luchador social  


Fuente: http://www.avn.info.ve/contenido/serra-fue-hijo-leal-y-defensor-comprometido-revoluci%C3%B3n

vía:
 http://rebelion.org/noticia.php?id=190337

Perú: Megahidroeléctricas para Megaminas....Por Jorge Chavez Ortiz*

"Haciendo una unión de la minería y la energía, nos damos cuenta que la actual expansión minera está aumentando y por lo cual, para que estas se ejecuten es necesario electricidad. Respecto a Cajamarca, la ´Cartera estimada de proyectos mineros´ del Ministerio de Energía y Minas, cuenta con 5 proyectos mineros de la cual tienen como inversión un total de 9208 millones de US$; para desarrollarse necesitan energía eléctrica..."

Por Jorge Chavez Ortiz*
Cuando hablamos de minería, nos acordamos del conflicto Conga en Cajamarca, quizás de la población campesina de Cocachacra que se opone al proyecto Tia Maria de Southern Copper, algunos recordaran a la comunidad indígena quechua hablante de Kañaris en Lambayeque que se opone a la exploración que quiere hacer Cañariaco Copper. Pero cuando hablamos de hidroeléctricas recordamos a Ruth Buendía de la Central Ashaninka del Rio Ene (CARE) demostrando como la hidroeléctrica Pakitzapango afectaría social y ambientalmente su zona, o la gente de Inambari que también tuvo que demostrar que no permitirían ser desplazado por el megaproyecto hidroenergéticas.
Haciendo una unión de la minería y la energía, nos damos cuenta que la actual expansión minera está aumentando y de la cual para que estas se ejecuten es necesario electricidad. Respecto a Cajamarca, la “Cartera estimada de proyectos mineros”[1] del Ministerio de Energía y Minas, cuenta con 5 proyectos mineros de la cual tienen como inversión un total de 9 208 millones de US$; para desarrollarse necesitan energía eléctrica de la cual es necesario desarrollar proyecto hidroenergéticas.
De acuerdo a PROINVERSION, las hidroeléctricas cercanas a estos proyectos están Central Hidroeléctrica Chadin 2, C.H. Balsas, C.H. Cumba 4, todas ella de darse el caso se instalarían en el Rio Marañón, pero estas no serían las únicas hidroeléctricas que fragmentarían al río sino también estarán la C.H. Rentema y C.H. Manseriche.

Fuente: PROINVERSION

Pero varias personas dirían que las hidroeléctricas a construirse no tienen relación alguna con la megaminería que se quiere imponer en la región Cajamarca. Para desmentir ello, el pasado 20 de septiembre de 2013 en Arequipa, el presidente del a república, Ollanta Humala Tasso en su discurso de en la ceremonia de cierre del PERUMIN – 31° Convención Minera[2], manifestó que:
“Como vemos, en esta zona predominan los proyectos de oro y cobre, ubicados en la sierra de Piura, Lambayeque, Cajamarca y Trujillo. Para funcionar, requieren energía, y para ello se prevé la construcción de al menos cinco centrales que, aprovechando la fuerza hidráulica podrían alcanzar una producción superior a los diez mil mega watts, (…)”
Estas 5 centrales hidroeléctricas a las que se refiere Ollanta Humala, son las mencionas anteriormente, la pregunta ahora es cuales serían los proyectos mineros beneficiados con la construcción con estas 5 hidroeléctricas, solo para Cajamarca son:

• Proyecto Conga – Minera Yanacocha S.R.L.
• Proyecto La Granja – Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.
• Proyecto El Galeno – Lumina Copper S.A.C.
• Proyecto Michiquillay – Anglo American Michiquillay S.A.
• Proyecto Shahuindo – Sulliden Mining Capital Inc.

Para la gente que reside en la región Cajamarca, saben que los proyectos que son tomados en cuenta por “Cartera Estimada de Proyectos Mineros” del Ministerio de Energía y Minas no son los únicos y que más de una docena de proyectos actualmente en exploración, como el caso del proyecto Colorado de Minera Yanacocha S.R.L. o proyecto Mirador Norte, Mirador Sur, Tantahuatay 4 y Ciénega Sur de Compañía Minera Coimolache S.A.; esto deja claro que de darse su explotación necesitaran más energía eléctrica adicional a las que tienen en sus minas en operación. Hay que tener en cuenta que hay varios proyectos mineros en Cajamarca que se encuentran en “stand by” hace varios años debido a los conflictos sociales, inviabilidad economía momentánea para explotar, baja en los precios de los metales entre otros más. Para mejor entendimiento, los siguientes mapas dejan el panorama actual de Cajamarca.

DATOS SOBRE MEGA REPRESAS
Según el Informe de la Comisión Mundial de Represas, al año 2000 ya se habían construido en el mundo más de 50 mil represas, interrumpiendo más del 60% de los ríos existentes[3]. Hoy en día sólo en América Latina existen 973 represas en operación, de todos los tamaños, y aproximadamente 1603 más están en proceso de construcción o planeación, de las cuales 254 se concentran en la cuenca Amazónica[4].
Por los sobrecostos, demoras y pérdidas económicas que implican; la evidencia demuestra que la mayoría de las represas que se han construido terminan costando aproximadamente 96% más de lo presupuestado, lo que se ha vinculado con el aumento de la deuda pública y crisis económicas de varios países[5][6].
La construcción y operación de grandes represas en zonas tropicales genera la emisión de CO2 y metano por las grandes cantidades de material orgánico inundado y retenido en los estanques y la destrucción de amplias extensiones de tierra necesarias para construir estas infraestructuras. El metano es un gas de efecto invernadero 20 a 40 veces más potente que el CO2[7].
ADICIONAL
Para los interesados en saber más sobre el discurso de Ollanta Humala en la ceremonia de cierre del PERUMIN – 31° Convención Minera, anexamos el documento para mayor entendimiento: Vea el documento en Scribd
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*Estudiante de Ing. Ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, activista ambiental, blogger, fotografo.
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[1] Cartera Estimada de Proyectos Mineros del Ministerio de Energía y Minas. Disponible aquí (pdf)
[2] Discurso del Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, en la Ceremonia de Cierre de PERUMIN – 31° Convención Minera. Disponible aquí
[3] Informe de la Comisión Mundial de Represas. Disponible aquí (pdf)
[4] State of the World’s Rivers. Disponible aquí
[5] Ansar, A et al. Además el Tribunal de Cuentas de Brasil investigó las obras energía implementadas entre 2005 y 2012 concluyendo que casi el 80% de las hidroeléctricas no cumplirán cronograma previsto, aquí.
[6] Ansar, Atif and Flyvbjerg, Bent and Budzier, Alexander and Lunn, Daniel, Should We Build More Large Dams? The Actual Costs of Hydropower Megaproject Development (March 10, 2014). Energy Policy, March 2014, pp.1-14. Disponible aquí
[7] Climate and Clear Air Coalition. Short-Lived Climate Pollutants. (2011). Disponible aquí
Fuente: Celendín Libre

vía:
  http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Peru_Megahidroelectricas_para_Megaminas