Reproducimos el análisis publicado por La Vaca dada su calidad y la calidad de la información que contiene.
Llenar un tanquede 70 litros de gasolina vale la mitad del precio de una botella de medio litro de agua mineral. Lo mismo que un cigarrillo detallado (suelto), cinco bolos (bolívares
fuertes). La última semana de marzo el dólar paralelo estaba a 52
bolívares, nueve veces más que el oficial que había alcanzado semanas
atrás la astronómica cifra de cien bolívares.
Esta
distorsión de los precios es el emergente de
una economía deformada, que ya no funciona como una economía capitalista tradicional (dominada por los monopolios privados) y parece encontrarse
a medio camino de la economía llamada socialista (monopolio estatal), con las
tensiones y contradicciones que supone semejante tránsito. En suma,
la economía es escenario de una aguda lucha de clases, en el sentido más tradicional del concepto.
Una
de las distorsiones evidentes puede palparse recorriendo los diversos
barrios de una ciudad de millón y medio de habitantes, como
Barquisimeto,
capital del estado occidental de Lara: en los barrios populares se
aprecian colas frente a tiendas y supermercados, de diferente extensión
pero casi diarias; en los barrios de clases medias altas como Fundalara,
no se ven colas y los comercios parecen bien abastecidos. Las familias
salen de los comercios con pequeñas bolsas de alimentos, mientras en los
barrios populares las amas de casa acarrean grandes bultos para
aprovisionar sus familias numerosas.
La principal diferencia es
que en los barrios altos pueden verse, con la misma cotidianeidad que se
observan colas en los populares, manifestaciones de estudiantes que
portan banderas venezolanas en lo alto, sin que nadie los moleste y
aplaudiendo algún que otro bocinazo de apoyo. La última semana de marzo
la impresión es que tanto las colas como las protestas tendían a
disminuir.
Empate catastrófico
La
imagen de una sociedad dividida en partes casi iguales,
y además polarizada, parece la más cercana a la realidad. Las
elecciones presidenciales que llevaron a Nicolás Maduro a la
presidencia, casi un año atrás, reflejaron ambos hechos
al marcar una diferencia del 1,5 % entre el actual presidente y el aspirante opositor Henrique Capriles.
La
división tiene, además, una lectura territorial necesaria que puede
contribuir a explicar la situación actual. En los estados de
Zulia, Táchira y Mérida,
entre otros, ganó la oposición. Se trata de la región que limita con
Colombia donde las protestas alcanzaron durante el mes de febrero una
situación de “zona liberada”, como en la capital de
Táchira, San Cristóbal, cuya
universidad pública fue incendiada por los manifestantes con, por lo menos, la
complicidad de las autoridades municipal y estatal vinculadas a la oposición.
Desde el oficialismo se denuncia la participación de paramilitares colombianos afines al ex presidente
Álvaro Uribe en las protestas y, de modo particular, en las amenazas selectivas a militantes chavistas.
La oposición, a su vez, denuncia malos tratos y torturas a los detenidos. Ambos hechos parecen plausibles, aunque no existen pruebas contundentes que los avalen.
Dos hechos parecen evidentes.
Que
la represión estatal provocó la muerte de varios manifestantes, y que
tanto la oposición como los grupos chavistas utilizan armas de fuego. El periodista Aram Aharoninan, ex director de
Telesur,
asegura que de los 40 muertos entre el 12 de febrero y fines de marzo,
22 fueron “asesinatos selectivos de líderes de base bolivarianos,
realizados por mercenarios paramilitares colombianos aliados de las
fuerzas de la burguesía venezolana” (
Rebelión, 1 de abril de 2014).
La
Fiscalía General de la República difundió datos, cuando la cifra de
muertos era de 31, de que entre los 461 heridos en las manifestaciones
había 143 policías. Varios uniformados fueron muertos. De casi dos mil
detenidos, sólo 168 permanecen tras las rejas.
Durante el mes de febrero,
Venezuela fue escenario de una doble escalada y de un amago de negociación: la escalda de la derecha más ultra, liderada por el detenido
Leopoldo López y la diputada Corina Machado pero no acompañada por la
Mesa de Unidad Democrática (MUD) encabezada por Capriles quien en plena crisis afirmó que “el único camino es la vía electoral”.
La ofensiva de la derecha ultra conoció un viraje cuando irrumpieron las fuerzas chavistas, en particular los
motorizados,
miles de militantes en motos que son una de las más activas fuerzas
organizadas del oficialismo. Contra ellos, la oposición cruzó cables en
las calles a la altura de la cabeza.
Incluso el presidente Maduro apoyó públicamente la aparición de los
motorizados denunciado
que cinco de ellos fueron muertos por francotiradores. “Este golpe de
Estado continuado que ya está derrotado, pero que sigue haciéndole daño
al pueblo, ha permitido que los motorizados irrumpan como un actor para
el bien de la patria. Ahora ustedes son visibles, ya no serán más
estigmatizados. Los motorizados actuarán haciendo la paz y en este
momento están derrotando un golpe de Estado” (
El Nacional, 13 de marzo de 2014).
La mala economía
En la comunidad Abya Yala, en las afueras de
Barinas,
tierras tan secas como fértiles que esperan ansiosas el comienzo de la
temporada de lluvias, Ignacio y Edis detallan cómo trabajan la
producción de alimentos sin agrotóxicos en base al control biológico de
las plagas. Producen hortalizas y frutas, cerdos y aves, que llevan al
mercado de la
Cooperativa de Autogestión Comunitaria integrada en una de las mayores redes cooperativas de abastecimiento, Cecosesola.
Ignacio,
veterinario y productor uruguayo que lleva ocho años en Venezuela, es
miembro de una cooperativa cercana que se destaca por una fuerte
producción de yuca orgánica. Vive en una
cooperativa de reforma agraria, también en las cercanías del capital del estado. Alucina con la tierra porque
aquí se pueden cultivar los doce meses del año,
mientras en Uruguay sólo es posible hacerlo durante cinco meses. Aunque
sigue apoyando el proceso, sostiene que “la inmensa mayoría de los
beneficiarios de la reforma agraria no trabajan la tierra y la
abandonan”.
Sabe de lo que habla. Y tiene perfecta conciencia que
está tocando un punto neurálgico de la economía bolivariana. Su relato a
escala micro se ve reforzado por los datos macro: 56,2 por ciento de
inflación en 2013, déficit fiscal cercano al 15 por ciento, caída de las
reservas internacionales, importante escasez de alimentos.
Lo más grave es que
las cosas vienen empeorando.
Hasta mediados de 2013 no faltaban alimentos ni había colas. La
inflación venía cayendo hasta 2008, para remontar hacia 2011. Datos a
los que debe sumarse una aguda evasión de divisas y que en su conjunto
reflejan un problema estructural que los sucesivos gobiernos no han
resuelto y que eclosiona con la muerte de Chávez.
El periodista
Modesto Emilio Guerrero,
venezolano radicado en Argentina,
quien apoya el proceso bolivariano, se pregunta cómo es posible que
haya desabastecimiento cuando el gobierno controla el 36 por ciento del
sistema de distribución de alimentos.
Señala que las 240 empresas
creadas, y otras muchas nacionalizadas y estatizadas, no están
consiguiendo un aumento de la producción
. “Hay dos pbi en
Venezuela, el petrolero y el no petrolero. El petrolera está intacto, no
hay problemas. El pbi no petrolero es el que está liquidado, el privado
y el estatal” (
Notas, 21 de marzo de 2014).
Es cierto que
el desabastecimiento se explica, en cierta medida, por el contrabando de productos con precios regulados hacia Colombia. Pero
hay mucho más. E
l sector privado no crece porque la burguesía no está invirtiendo.
Pero Venezuela cuenta con dos enormes plantas de aluminio que no son
competitivas y la planta de acero que fue propiedad de Techint y cuya
calidad productiva cayó luego que la empresa fue nacionalizada en mayo
de 2009.
“¿Le vas a echar la culpa al imperialismo?”, dice Guerrero en alusión a quienes sólo esgrimen ese argumento para eludir responsabilidades.
Su explicación va por el lado de
la cultura política. Quien fue representante de la
Unión Nacional de Trabajadores, creada por los seguidores de Chávez en 2003, señala que la ineficiencia de estas grandes empresas se debe a “
la burocracia sindical,
que efectivamente protege un tipo de industria para pagar salarios del
Estado. El Estado paga salarios para que no haya crisis social”.
Explica
que en Techint la producción era superior cuando era propiedad de la
multinacional. Las empresas estatizadas repiten la historia del
socialismo real, que hace que donde se producen transformaciones
radicales “brota del propio organismo revolucionario, social, un cuerpo
venenoso, gangrenoso, que es la llamada burocracia”, que en Venezuela se
hizo burguesa y corrupta.
Sembrar petróleo
Arturo Uslar Pietri,
uno de los más destacados intelectuales latinoamericanos, publicó en
fecha tan temprana como 1936 un artículo periodístico que hizo historia,
titulado “
Sembrar el petróleo”. Señalaba dos hechos: que
la industria petrolera tendría un carácter efímero y además destructivo. En el primer aspecto parece haber errado, en el segundo acertó como pocos.
Ciertamente,
la explotación del petróleo se extiende por más de un siglo y Venezuela
ha superado a Arabia Saudí como la mayor reserva de hidrocarburos del
mundo. Hay petróleo para rato. Pero además consideró que la economía
extractiva destruye un país. “La economía destructiva es aquella que
sacrifica el futuro al presente”, porque su productividad “depende por
entero de factores y voluntades ajenos a la economía nacional”.
Sostuvo
que la explotación de las riquezas del subsuelo podrían “llegar a hacer
de Venezuela un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del
petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a
una catástrofe inminente e inevitable”. La única forma de evitar esa
deriva catastrófica sería promover la agricultura y la industria, o sea
el trabajo productivo. El petróleo es una mina, y las minas no se
producen, se explotan; son riqueza, no economía. En la misma sintonía
que Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de Rómulo Bentancourt, quien
definió al petróleo como “excremento del diablo”.
Uslar Pietri
escribió que “la única política económica sabia y salvadora que debemos
practicar, es la de transformar la renta minera en crédito agrícola,
estimular la agricultura científica y moderna, importar sementales y
pastos, repoblar los bosques, construir todas las represas y
canalizaciones necesarias para regularizar la irrigación y el defectuoso
régimen de las aguas, mecanizar e industrializar el campo, crear
cooperativas para ciertos cultivos y pequeños propietarios para otros”.
Asombroso
porque anticipó en setenta años la propuesta de Chávez, con quien
simpatizó en sus primeros años. No contó, empero, con la nueva burguesía
nacida del corazón del proceso, la llamada
boliburguesía.
Las
cosas en realidad se agravaron. En 2013 el petróleo representó el 96
por ciento del valor de las exportaciones. Un miembro del gabinete
confiesa, en una cena privada, que los intentos por crear una industria
textil bolivariana mediante la donación de miles de telares y máquinas a
familias que se comprometieron en la producción, tuvo un efecto tan
contrario como inesperado: hoy trabajan como maquilas para las
multinacionales. Millones de bolívares echados al cesto. O peor,
entregados involuntariamente al “enemigo”.
Hablemos de socialismo
La debacle económica no lo explica todo. Pero
sobre ella muerden la oposición y la Casa Blanca,
que no deja de recordar el aserto del teórico geopolítico con mayor
influencia sobre la política exterior de Estados Unidos, Nicholas
Spykman, recordado oportunamente por el profesor brasileño José Luis
Fiori. Los países caribeños, incluyendo claro a Colombia y Venezuela,
son parte de una región “donde la hegemonía de Estados Unidos no puede
ser cuestionada” (
Valor, 29 de enero de 2014).
Spykman consideró que
la geografía es el factor fundamental de la política exterior porque es el más permanente, y se esmeró en dividir el planeta en zonas donde la superpotencia debería desarrollar acciones diferenciadas. Sobre el
Caribe, dijo: “Para todos los efectos se trata de
un mar cerrado cuyas llaves pertenecen a los Estados Unidos,
lo que significa que quedarán siempre en una posición de absoluta
dependencia de los Estados Unidos”. Eso explica no sólo la actitud de la
Casa Blanca hacia Cuba, sino incluso la imponente reacción militar
cuando el terremoto en Haití que llevó a una masiva intervención en la
isla.
Así las cosas, es posible que
el apoyo del gobierno
estadounidense a la rebelión de la derecha ultra esté más relacionado
con el viraje de Venezuela hacia Rusia y China que ante un inexistente
proceso hacia el socialismo. Vale aclarar que en Venezuela
nunca hubo una revolución, en el sentido clásico y habitual del término,
sino una ocupación progresiva y pacífica del Estado “realmente
existente”. O sea, un proceso reformista, también en el sentido clásico.
El socialismo, siguiendo a sus fundadores,
debe asentarse en el trabajo y la producción, no en el reparto de la renta extractiva,
aunque éste haya conseguido disminuir la pobreza, mejorar la vida de
los sectores populares y abrirles nuevas perspectivas vitales. En ese
sentido, la famosa “expropiación de los expropiadores” no es sino la
restitución de medios sustraídos a los productores que no puede ser
repetida hasta el infinito. Sembrar el petróleo es tanto como sembrar la
corrupción. El socialismo no puede ser sembrado, sino laboriosamente
construido durante largo tiempo. En este punto, no hay atajos.
Venezuela vive un “empate catastrófico”, término usado por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, para describir una
situación en la que ninguno de los contendientes logra imponerse.
Por eso, el camino más probable es un pacto que evite que el país pueda
enrumbarse hacia una guerra interna similar a la de Siria, o a una
situación de desgobierno como en Libia luego de la caída de Muamar el
Gadafi.
La participación de los más importantes empresarios en la
reunión con el gobierno el 27 de febrero, la Conferencia Nacional de
Paz, puede considerarse un primer paso en esa dirección.
Aunque no
participaron miembros destacados del MUD, la presencia del presidente
de Fedecámaras, Jorge Roig, y el presidente de Empresas de Alimentos
Polar, Lorenzo Mendoza, dice que la burguesía tradicional venezolana
está optando por un camino propio y que no parece doblarse ante los
dictados de los ultras ni de Washington.
El
Pacto de Puntofijo es el antecedente obligado.
Caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y para garantizar una mínima
estabilidad democrática, los dirigentes de la socialdemócrata Acción
Democrática, los socialcristianos de Copei y la centroizquierdista Unión
Republicana Democrática, firmaron un acuerdo el 31 de octubre de 1958
que garantizó la gobernabilidad durante medio siglo.
Los partidos
se comprometieron a respetar el resultado de las elecciones, gobernar en
conjunto sobre la base de un programa mínimo común y a integrar el
gabinete con miembros de los dos partidos (urd se retiró del pacto en
1962). La cuestión central era garantizar la democracia frente a los
alzamientos militares.
Ahora
las cosas son más complejas.
Un acuerdo entre la oposición y el gobierno con apoyo de los
empresarios, debe neutralizar a la derecha ultra pero también a las
bases chavistas, “los colectivos” de las comunas, los
motoristas y todos los sectores organizados que han surgido desde el golpe de 2002.
Podar
estos sectores del proceso bolivariano, rechazados tanto por la burguesía tradicional como por la boliburguesía incrustada en el gabinete,
sería tanto como poner fin al proceso de cambios para garantizarle a la
burguesía emergente la continuidad de sus privilegios. Pero a la vista
de lo sucedido en Ucrania, donde los de afuera se montaron en las
manifestaciones, semejante pacto puede allanar el camino de la
intervención estadounidense.
vía:
http://otramerica.com/temas/venezuela-laberinto-socialismo-petrolero/3175