Por : Pilar Rodríguez en Reportajes de investigación
La segunda parte de esta serie sobre el lobby en
la Ley de Fármacos muestra el juego de intereses de los distintos
actores de la industria cuando se trata de vender medicamentos genéricos
o de marca. Muchos de los argumentos de los privados se impusieron y
obligaron al gobierno a resignarse a una salida intermedia. Finalmente
los médicos deberán incluir el nombre genérico de los medicamentos sólo
cuando exista una versión certificada de que son igualmente efectivos
que los de marca.
Vea también: “Las huellas que dejó el lobby en la Ley de Fármacos”
Una persona puede ahorrar entre 70 mil y 2,5 millones de pesos al año
si compra un remedio bioequivalente en lugar de preferir uno de marca,
según un sondeo del Ministerio de Salud que comparó precios en 12
medicamentos. El ahorro se explica por las diferencias de precio, que
pueden llegar al 1.600% en el caso de una droga inmunosupresora. El
estudio coincide con una agresiva campaña publicitaria del gobierno en
los medios que, bajo el eslogan “Elige medicamentos bioequivalentes”,
promueve el uso de fármacos genéricos, que están certificados por su
eficacia terapéutica. La ofensiva gubernamental ocurre justo cuando el
Congreso está a punto a aprobar la nueva Ley de Fármacos que obligará a
los médicos a escribir en la receta el nombre genérico del medicamento
con bioequivalencia acreditada. La apuesta es que bajen los precios,
pero eso está por verse.
Comisión Mixta de fármacos
El camino para llegar a esta fórmula fue pedregoso por el fuerte
lobby que ejercieron laboratorios farmacéuticos y cadenas de farmacias
en el trabajo legislativo. Ambos defienden un negocio que les renta
ganancias en conjunto por un monto superior a los US$2.500 millones al
año, y donde la defensa de sus marcas es prioritaria ante la amenaza de
que se extienda el mercado de los genéricos bioequivalentes con precios
más competitivos. CIPER reconstruyó la ruta del lobby en el trabajo
parlamentario en un punto altamente sensible para la industria: la
regulación de incentivos y la definición de los genéricos
bioequivalentes en la receta médica.
Así como las farmacias marcaron presencia a lo largo de toda la
tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados, los laboratorios
farmacéuticos y distribuidores hicieron pesar su opinión en reiteradas
ocasiones en las comisiones a través de
José Manuel Cousiño, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile (CIF); y de
Sergio Cedano, Elmer Torres y Rodrigo Cabello, presidente, gerente general y asesor legislativo de la Asociación de Industriales de Farmacias (ASILFA); además de
Jorge Velis, director ejecutivo de la Cámara de Medicamentos de Venta Directa (Cameved).
A diferencia del Senado, que publica en su página web quiénes asisten
a cada sesión, en la Cámara de Diputados no hay obligación de
registrarse como público al trabajo de comisiones. Y es allí, según
testimonios recogidos, donde se despliega otra de las estrategias de los
lobbystas. Un parlamentario relató a CIPER:
-Es frecuente que, a través de papelitos, se sugieran ciertos temas
de conversación o se propongan determinadas indicaciones. Por ejemplo,
te proponen preguntas para hacerle a un invitado determinado. Yo recojo
el papel y lo rompo públicamente. Es un insulto a la inteligencia.
En Chile, no existe ninguna posibilidad de saber cuánto dinero
destina la industria farmacéutica al ejercicio del lobby. No existe ley
que exija transparentar ese gasto. En cambio, en Estados Unidos, se sabe
que la industria farmacéutica es la que invierte más dinero en la
actividad del lobby. De hecho, la gran reforma sanitaria que impulsó el
presidente Obama (“
Obamacare”) debió sortear grandes embates del lobby farmacéutico. Según una columna publicada en el diario
El País,
una congresista estadounidense admitió que, para aprobar el grueso de
la ley, debieron ceder a la presión farmacéutica y dejar fuera la
posibilidad de que el sistema de salud público Medicare utilizara su
poder adquisitivo para regular y de ese modo bajar los precios de los
medicamentos.
“EL GOBIERNO HA EJERCIDO LOBBY A FAVOR DE LABORATORIOS”
En este potente lobby cruzado que se desplegó en torno al proyecto de
ley de fármacos coincidieron los intereses de los supermercados con los
laboratorios farmacéuticos, representados por la CIF y ASILFA. Ambos
sectores pujaron para promover la venta abierta de medicamentos sin
receta, disputando el dominio a las farmacias en un mercado de US$350
millones anuales.
-Los laboratorios cuentan con el gobierno como socio, el que ha
realizado el lobby más grande de la historia republicana del país -acusa
el presidente de las farmacias independientes, Héctor Rojas.
Héctor Rojas, representante de las farmacias independientes.
El interés de los laboratorios -especialmente los de innovación- en
el nicho de los medicamentos sin receta, tiene una potente explicación:
representan una alternativa de reconversión en momentos en que están
venciendo las patentes que les permiten fabricar en exclusividad los
medicamentos de prescripción médica. Para el año 2015 se prevé que el
87% de los productos farmacéuticos en Estados Unidos serán genéricos y,
por lo tanto, con menores retornos económicos porque son más baratos
(según antecedentes entregados en la Comisión de Hacienda de la Cámara).
De allí que los laboratorios necesiten buscar nuevas alternativas de
rentabilidad en los OTC y contar con mayor cantidad de puntos de venta.
-Para esta nueva forma de comercialización, lo que necesitan los
laboratorios en Chile es pasar de 1.500 puntos de venta a 15.000
aproximadamente. Este es el verdadero objeto de la insistencia de
aprobar esta iniciativa y no una real necesidad de la población
-sostiene Héctor Rojas, representante de las farmacias independientes.
Ni el lobby de la industria ni el gobierno pudieron con la mayoría
parlamentaria que se opuso a permitir la venta de medicamentos sin
receta (OTC) en supermercados y otras tiendas. Esa batalla, al menos, la
perdieron.
EL LOBBY DE ZALIASNIK
El segundo nudo de conflicto en la ley de fármacos está en las normas
que ponen atajo a las relaciones contaminadas por incentivos entre
laboratorios, médicos, visitadores médicos, farmacias y vendedores. Los
cambios que vienen son grandes. Allí está el origen de por qué la
industria del rubro se ha desplegado en el Congreso. El senador (UDI)
Gonzalo Uriarte, admite: “Hay bastante presión. Hay intereses de grandes
empresas de por medio, pero nosotros no nos perdemos en procurar el
bien común de la población, más allá del interés de las industrias
farmacéuticas, de los grupos gremiales y de las grandes empresas”.
En ese contexto, la presencia del
abogado Gabriel Zaliasnik
durante el trámite del proyecto en comisiones, ha sido motivo de
múltiples comentarios entre los parlamentarios. Asistió como invitado a
la comisión de salud para dar su “opinión personal” sobre la ley de
fármacos, pero de acuerdo a las actas públicas de la sesión, no
explicitó que él forma parte del staff de abogados permanentes que
asesora al
Laboratorio Recalcine. Esta empresa figura
entre los principales laboratorios en el país, los que concentran el 47%
de los ingresos totales del sector (junto a Laboratorios Chile, Saval,
Andrómaco, Pfizer, Merck Serono y Bayer, entre otros).
Gabriel Zaliasnik
Zaliasnik aseguró a CIPER que “lo primero que hice fue decir que si
bien tengo un interés personal en el tema por una experiencia familiar
en materia de salud, debía dejar constancia que era abogado de
laboratorios, hecho por lo demás público y notorio. Tengo interés
personal en el tema porque soy abogado especializado en salud, tema que
he estudiado en profundidad en Chile y el extranjero a raíz de una
enfermedad familiar. Eso es público y conocido. También lo es que como
oficina de abogados, somos especialistas en salud y, por lo mismo,
trabajamos como abogados para varias empresas e instituciones del área
de la salud”.
La prueba más elocuente del compromiso de Zaliasnik con los intereses
de los laboratorios es una minuta privada que envió a un grupo de
parlamentarios -y a la que accedió CIPER- donde marca puntos que
coinciden con los intereses de la industria de los laboratorios. Bajo el
encabezado
“Postura nuestra finalmente…”,
figura mantener la potestad del médico para recetar el medicamento que
estime conveniente, y no permitir que en la farmacia se le intercambie
por cualquier medicamento, sólo los genéricos bioequivalentes
debidamente certificados. Textualmente señala: “
Esto para
DESEMPODERAR A LAS FARMACIAS…El respeto a la receta médica sirve de
contrapeso al poder de la farmacia, impidiendo que ésta reemplace un
medicamento por otro de una marca propia o de un laboratorio que
proporcione ventajas comerciales a la farmacia en desmedro del paciente” (
ver minuta). El abogado Zaliasnik dijo que la minuta fue “abierta y la envié sin distinciones a distintos diputados”.
Los diputados y senadores consultados por CIPER coinciden en que,
dentro de las estrategias de lobby, es habitual recibir minutas. Y
respecto de este proyecto de ley, señalaron haber recibido documentos
con observaciones sobre el proyecto y hasta “indicaciones redactadas”
para que los parlamentarios las presentaran como iniciativa personal.
LOS GENÉRICOS PARA BAJAR PRECIOS
Gabriel Zaliasnik y los representantes gremiales de los laboratorios
defendieron con ahínco la libertad de los médicos para prescribir el
medicamento que estimen conveniente, apuntando a las marcas patentadas o
aquellas de genéricos de marca. El argumento es que no se puede cambiar
un medicamento patentado o de marca por otro genérico que no tenga
reconocida bioequivalencia y que además, este proceso de certificación
en Chile no siempre cumple adecuadamente con las normas internacionales.
Se opusieron entonces a los cambios.
El proyecto que aprobó el Senado obligaba al médico a prescribir el
nombre genérico, conocido como denominación común internacional además
de la marca comercial, para que sea el paciente el que baraje
alternativas y tengan opciones de intercambiar en la farmacia por un
producto más económico, que contenga “el principio activo, dosis y forma
farmacéutica recetada”. No se hablaba en ese artículo de exigir
bioequivalencia. La Cámara, con el respaldo de la “bancada blanca”, se
opuso a intercambiar el medicamento por cualquier genérico y suavizó el
texto dejándola como opcional: sólo si el médico lo estima conveniente
prescribe el genérico. Este fue el punto que finalmente zanjó la
comisión mixta con aprobación unánime de sus miembros, el martes 19 de
noviembre. En definitiva, el médico está obligado a prescribir en la
receta en nombre genérico, de denominación común internacional, cuando
exista bioequivalencia certificada, asegurando además que las farmacias
dispongan de un listado mínimo de fármacos para evitar que privilegien
determinadas marcas.
Estudio comparativo del MINSAL sobre medicamentos bioequivalentes
Esta decisión importa muchos millones de dólares para el negocio
farmacéutico. Facilitar la sustitución del medicamento por un genérico
implica un golpe a las marcas –las que tienen patente, las segundas
marcas y las de marca propia de farmacias- que generan los mayores
ingresos a las cadenas y laboratorios. En el caso de las farmacias, los
ingresos que más han aumentado en los últimos cinco años son aquellos
generados por los medicamentos de marca propia (100% de aumento). Los
genéricos representan el menor crecimiento de ingresos, aun cuando su
precio ha crecido en un 40% (
ver estudio del Ministerio de Economía).
El último estudio presentado por el Ministerio de Salud, en noviembre
de 2013, indica que existen grandes posibilidades de ahorro para la
población, al elegir medicamentos bioequivalentes en lugar de los de
marca. Las mayores diferencias se producen con el fármaco tacrolimus,
que se administra post trasplante de órganos. El ahorro anual alcanza
los $2.518.620; la Atorvastatina, que se utiliza para combatir el
colesterol alto, implica un ahorro anual para el paciente de $258.216,
si se elige el medicamento bioequivalente.
Según datos aportados por el Instituto de Salud Pública (ISP), un 38%
de los medicamentos que han sido certificados como bioequivalentes son
genéricos de uso habitual. Sin embargo, eso no asegura el acceso de las
personas a los medicamentos. Según una encuesta del Sernac de marzo de
2013, sólo el 29,2% de los 131 medicamentos genéricos bioequivalentes
aprobados hasta ese momento por el Instituto de Salud Pública (ISP),
estaban disponibles en las tres cadenas de farmacias. La diferencia de
precios puede alcanzar hasta $34.440 (3.344%) entre productos destinados
al tratamiento de la Hipercolesterolemia y de $19.780 (1.009%) en
productos destinados a la Hipertensión Arterial, siendo estas patologías
frecuentes en la población y en el último caso la primera causa de
muerte en Chile (
ver estudio Sernac).
A partir de agosto de 2013, los medicamentos con bioequivalencia
demostrada tienen un sello amarillo con una letra B en el envase, que
los hace fácilmente identificables para las personas.
Estudio comparativo del MINSAL sobre medicamentos bioequivalentes
Los laboratorios farmacéuticos no quieren perder terreno con sus
marcas (sean patentadas o similares cuando lo fabrican laboratorios
distintos al dueño de la patente). Además, deben lidiar con marcas
potenciadas por las cadenas farmacéuticas que han ido ganando espacio.
Para defender su posición, argumentan que la bioequivalencia que
certifica el ISP no garantiza que los medicamentos cumplan con la
eficacia terapéutica y los estándares internacionales de buenas
prácticas de manufactura. En el Ministerio de Salud responden que hoy
existen nueve laboratorios instalados que cumplen todas las normas sobre
manufactura para demostrar bioequivalencia, además de veinte agencias
que están certificadas bajo las normas internacionales para otorgar el
sello de bioequivalencia.
Actualmente existen 283 medicamentos certificados con
bioequivalencia, pero el objetivo es cubrir unos 2.000 medicamentos que
son los más comercializados dentro del listado general que autoriza el
ISP. El costo para certificar un medicamento es de $60 millones
aproximadamente y lo debe cancelar el laboratorio respectivo. En la otra
cara, tener más bioequivalentes a la venta significaría abrir un gran
abanico de opciones para la población, con beneficios económicos
directos.
El abogado de Recalcine, Gabriel Zaliasnik, ha sido especialmente
activo en la crítica pública al sistema de certificación de
bioequivalencia que opera en Chile. Pero insiste en desmarcarse de la
actividad del lobby: “Trabajamos como abogados y por lo mismo no hacemos
lobby para nadie. Discrepar con la posición del ministro Mañalich no es
lobby. Cualquier acusación de lobby solo busca distraer el foco de
atención de lo principal, que es la discusión que se está realizando en
el Congreso y a quién beneficia la posición de cada uno. ¿Por qué el
ministro esconde que los remedios no tienen certificación internacional
para ser intercambiables y que los laboratorios de las farmacias son los
grandes beneficiados? Creo que la ley de fármacos lisa y llanamente es
mala, y que es preocupante la existencia de algunos grupos de interés
cuyo financiamiento se desconoce, pero que sí realizan lobby para el
ministro Mañalich y que desinforman a la ciudadanía”, aseguró a CIPER.
El alto impacto que tendría en la población la entrada al mercado de
medicamentos genéricos con bioequivalencia quedó graficado en un estudio
que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) dio a conocer en septiembre de
2013, donde se afirma que es la mejor forma de aumentar la competencia y
reducir las distorsiones del mercado farmacéutico. Y se estima que
puede lograrse hasta un 50% de reducción en los precios de los
genéricos, cuando entra al mercado una segunda marca (
ver informe).
Facilitar el acceso a medicamentos más baratos es un tema urgente y
lo avalan las cifras entregadas por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo (OECD). En su último informe sobre la salud 2013, las
familias chilenas son las que más gastan en este ámbito, superando a los
34 países miembros. El gasto familiar es de un 4,5% del presupuesto
mensual, en el caso de Chile, mientras el promedio se sitúa en un 2,8%.
Esta es una cifra elocuente, considerando que además, la mitad de ese
gasto se destina a medicamentos, uno de los nudos de proyecto de ley.
En esta discusión, la presencia de la industria fue muy activa, en
los pasillos y en comisiones. Según el registro disponible de la
Comisión de Salud del Senado, figuran con regularidad como invitados:
Fernando del Puerto y
Hernan Pfeifer, presidente y vicepresidente de ASILFA;
Erick Viertel y
Jean-Jacques Duhart, vicepresidente y vicepresidente ejecutivo de la Cámara de la Innovación Farmaceutica (CIF) y la asesora,
Asunción Martínez. Por
Farmacias Salcobrand, asistió el fiscal
Alberto Novoa Pacheco y su asesor, el director de la empresa de comunicaciones Tironi y Asociados,
Manuel Melero Abaroa (hermano del diputado UDI y presidente de la Cámara, Patricio Melero). Por Farmacias Cruz Verde figura su director
Jorge Brenner Hernández y el asesor
Luis Fernando Laso. Además, aparece en el listado sin precisar a quien representó,
Carmen Celedón Cariola, socia fundadora de la empresa
Imaginacción Asuntos Públicos (que dirige Enrique Correa), la que ha reconocido que Cruz Verde es uno de sus clientes.
La
disputa fue áspera no sólo entre farmacias y laboratorios, sino también
al interior de las dos agrupaciones gremiales: CIF y ASILFA. José
Manuel Cousiño separó aguas aclarando que los laboratorios de innovación
(que tienen patentes) apoyan que los médicos indiquen en la receta el
nombre genérico según la denominación común internacional, no así de los
productos genéricos de marca (que producen los laboratorios de ASILFA y
las farmacias con laboratorios integrados), porque
“constituyen una ficción creada por estrategias de marketing y un abuso considerable”.
Y graficó lo dicho afirmando que un genérico de denominación común
internacional tiene en Chile un precio promedio de US$ 0,80, mientras
que uno de marca gira en torno a US$ 5,60, siendo el mismo producto.
El ministro Mañalich aportó otra cifra: “La gran utilidad que han
hecho las farmacias de cadena ha sido fabricar medicamentos con nombre
propio, privilegiando su venta. Las marcas propias desde 2009 han
aumentado su venta en 26%, medicamentos que en promedio son cuatro o
cinco veces más caros que los genéricos”. Alberto Novoa, fiscal de
Salcobrand, replica: “El grupo Salcobrand tiene un laboratorio de muy
buen desempeño que vende también sus productos a la competencia y a
farmacias independientes. El problema es que sus medicamentos son muy
baratos, de modo que cuando la gente pide el producto más económico,
inevitablemente llega al de Medipharm”.
EL FIN DE LA “CANELA”
El ministro Jaime Mañalich, ex director de la Clínica Las Condes,
sabe bien que esta nueva ley de fármacos quiebra un sistema de
incentivos y regalías que hasta ahora operó sin regulación en la cadena
de distribución y venta de medicamentos. Por eso, desplegó su furia
contra el lobby farmacéutico al que calificó como la “mayor ofensiva” de
la industria en el Congreso.
Ministro de Salud, Jaime Mañalich
Un reportaje de Carola Fuentes para el programa
Informe Especial
de TVN, demostró las variadas formas de marketing que usan los
laboratorios farmacéuticos para introducir sus marcas en el mercado:
captura con regalos a alumnos de medicina, financiamiento de actividades
de formación y de estudios científicos de médicos (“formación
continua”), para fidelizarlos con sus marcas, entre otras.
Eso es precisamente lo que la nueva ley pretende eliminar al prohibir
cualquier tipo de incentivo “pago, regalo, servicio o beneficio
económico entregado o realizado (…) por parte de laboratorios
farmacéuticos, droguerías, importadores o distribuidores de
medicamentos, establecimientos farmacéuticos en general o por quienes
los representen”.
En esa cadena de incentivos, la receta médica es un eslabón esencial:
lo que prescribe el médico condiciona mucho la venta. Al terminar con
ese condicionante, la nueva ley no sólo fulmina la práctica de los
incentivos o “canela” a los vendedores, sino que, además, abre la venta
directa de medicamentos en góndolas, lo que pone fin al vendedor
intermediario.
Ambos puntos son resistidos por los químicos farmacéuticos y los
trabajadores de las farmacias, porque impactan sus ingresos y les resta
poder sobre la decisión de compra. Y así lo hicieron también sentir en
el Congreso sus representantes, en el trabajo de comisiones y en
conversaciones bilaterales con parlamentarios.
Mauricio Acevedo, presidente del sindicato que agrupa a todos
los trabajadores de las grandes farmacias, admitió que el sueldo de sus
representados tiene un 40% de componente variable y que las mayores
comisiones la reciben por la venta de productos de marca propia de la
cadena farmacéutica. A cambio de aceptar el fin de los
incentivos, los dirigentes lograron –a través de un lobby activo-
convencer a los parlamentarios de ambas cámaras de agregar un artículo
transitorio a la ley: les asegura un piso mínimo de ingresos, calculado
sobre la base de los mejores años de la industria (2011 y 2012),
mientras se produce el ajuste de los contratos.
Finalmente, el gobierno no consiguió su propósito de incorporar al
retail en la venta de OTC. Lo que sí logró fue que se aprobara la venta
en góndolas. Eso significa sacar fuera del mostrador de las farmacias
los medicamentos, transparentar más el sistema, de modo que la persona
pueda elegir entre más alternativas y cotizar precios, lo que hoy no es
posible porque la venta está mediada por el vendedor, motivado a
recomendar determinadas marcas por las comisiones que recibe.
Pero no hay buenos augurios para lo que viene. Los trabajadores del
rubro ya han advertido: “El riesgo es que la farmacia siga controlando
el tema, poniendo en góndola sólo las marcas que les interesan a ellos, y
no todas las disponibles en el mercado”. Y las farmacias reclaman que
es necesaria la custodia de los químicos farmacéuticos en el puesto de
venta y se oponen a la venta directa, a pesar de que esos mismos
profesionales reconocen que, en la práctica, están destinados a labores
más administrativas del negocio.
Después de tres años de discusión y del despliegue de un lobby que
provocó acusaciones inéditas en el Congreso y una disputa destemplada
entre quienes se disputan el botín de los fármacos, la ley que pretende
regular el sector finalmente llega a su fin. Sólo falta afinar los
últimos detalles en comisión mixta y que los acuerdos sean ratificados
por ambas cámaras. Antes de fin de año, debiera entrar en vigencia la
nueva ley que regula el acceso a los medicamentos en Chile.
Vía:
http://ciperchile.cl/2013/11/28/medicamentos-con-o-sin-marca-los-millones-en-juego/
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