Como
militantes de izquierda y activistas de derechos humanos, los abajo
firmantes ofrecemos un nuevo balance sobre los hechos ocurridos en el
país en días recientes.
Reiteramos la alerta sobre la persistente
distorsión del tema de los derechos humanos,
evidenciada a través de la campaña de desinformación que mantienen
numerosos medios nacionales e internacionales sobre la situación de
Venezuela.
Continúa la instrumentalización de los derechos humanos
Durante
febrero y marzo,
las grandes corporaciones mediáticas han amplificado la matriz de
información según la cual el gobierno venezolano ha respondido con
brutal represión
[1] a las legítimas exigencias del sector estudiantil. Esta misma matriz deriva como consecuencia la
violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de manifestantes pacíficos [2]. En efecto,
hay casos que apuntan hacia la responsabilidad de funcionarios del Estado. Sin embargo, el análisis de los hechos nos permite reiterar que
se está produciendo una distorsión interesada del tema de los derechos humanos en esta coyuntura.
Algunas ONGs que defienden a los estudiantes han difundido
gruesas cifras de maltratados, torturados y detenidos, pero el número de
casos presentado luego ante la Fiscalía (e incluso elevados ante instancias internacionales) fue inferior al denunciado públicamente. En recientes declaraciones, el
Relator Especial de la ONU contra la tortura,
Juan Méndez,
ante los casos que han sido llevados a esa instancia, señaló: "Los
casos que yo calificaría de torturas son dos o tres, pero eso no quiere
decir que no haya más. Los que trajeron a mi conocimiento son dos o
tres"
[3]. Buena parte de estas denuncias hechas
a través de medios de comunicación o redes sociales, han sido respaldadas por imágenes que no corresponden a la realidad venezolana
[4]. Otras
han sido desmentidas públicamente por testigos
[5]. En lo que respecta al derecho a la vida,
el
número de víctimas atribuibles a los cuerpos de seguridad es
significativamente menor al que refleja un lamentable saldo de violencia
política entre civiles. A estos elementos se suma la
deliberada omisión sobre el carácter violento de muchas de las protestas. El conjunto permite
construir la percepción, sobre todo a escala internacional, de
una grave crisis de derechos humanos en Venezuela.
El saldo de las protestas
Luego de
cinco semanas de protestas, el
saldo oficial es de 461 heridos y mil 854 detenidos. Entre éstos,
121 permanecen privados de libertad[6]. A la mayoría de los detenidos les impusieron medidas cautelares y el resto goza de libertad plena.
33 personas han perdido la vida.
Todas
las víctimas son igualmente dolorosas para el país, y el análisis de
las circunstancias en que se produjeron debe alertarnos sobre el peligro
de permitir que se imponga una agenda de violencia política de carácter
inédito para los venezolanos: del total de víctimas,
17 fallecieron en guarimbas[7],
15 murieron en el marco de manifestaciones en la calle y
uno fue tiroteado a la salida de una reunión estudiantil.
27 de las víctimas eran civiles (entre ellas, un fiscal del Ministerio Público y un trabajador de mantenimiento de la Alcaldía de Caracas);
las seis restantes eran funcionarios de cuerpos de seguridad. Del saldo general,
21 personas han muerto por disparos de armas de fuego.
28
muertes son consecuencia de hechos de violencia política; cuatro son
violaciones del derechos a la vida y una corresponde a un hecho
accidental[8].
Tres muertes son atribuidas al uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza por parte de funcionarios de seguridad
en el control de los disturbios ocurridos al finalizar varias marchas
convocadas por la oposición. Estas denuncias involucran a funcionarios
del
Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y de la
GNB.
Otra víctima falleció a consecuencia de golpes recibidos durante una manifestación vecinal reprimida por la GNB. En el marco de las manifestación ocurrieron también 10 muertes, a causa de
disparos de armas de fuego
presuntamente accionadas por civiles, en diferentes hechos: 5 víctimas
participaban en acciones de protesta convocadas por la oposición; 3 eran
funcionarios de la GNB heridos en el marco del control de protestas
violentas; las otras dos víctimas eran: un dirigente obrero que
regresaba de una marcha a favor de la paz convocada por el gobierno en
el Estado Bolívar y a un dirigente estudiantil chavista que venía
promoviendo en su centro de estudios la desmovilización de los violentos
y el reinicio de las actividades educativas. Un adolescente fue
atropellado por un civil que intentó pasar por la fuerza un cierre de
calle.
Entre los
fallecidos en guarimbas, se
cuentan 7 conductores u ocupantes de vehículos que no pudieron esquivar
los obstáculos colocados en las vías; 8 personas que recibieron heridas
de armas de fuego; un manifestante de oposición fue apuñaleado y otro
joven se precipitó accidentalmente de un edificio. 7 de los fallecidos
en guarimbas eran motorizados
[9].
3 civiles y 3 funcionarios de la GNB murieron a consecuencia de
disparos recibidos desde edificios mientras intentaban levantar las
guarimbas para despejar las vías.
Dos dirigentes estudiantiles,
Angelo Vargas y
Daniel Tinoco
(chavista y opositor, respectivamente) fallecieron el mismo día, bajo
patrones de ocurrencia similares. A Vargas le dispararon desde un
vehículo en marcha, a la salida de una reunión en la que se debatía el
reinicio de clases, en el estado Bolívar. A Tinoco le habrían disparado
también desde vehículos en marcha, durante una vigilia organizada por
estudiantes de la oposición, en Táchira. Ambas muertes podrían
constituir un alerta sobre posibles patrones de violencia política
selectiva.
El carácter de las protestas
Diversas
motivaciones han sido atribuidas a las protestas: la
escasez de ciertos alimentos, la
inseguridad personal, el
alto costo de la vida y otras que constituyen
legítimas razones para manifestar descontento y exigir soluciones. Con el curso de los días los mismos manifestantes –y varios líderes de oposición
[10],
reconocieron que el fin último era forzar la salida del Presidente
Constitucional, sin acudir a los mecanismos constitucionales para ello
previstos
[11].
De
la crónica expuesta arriba se desprende que muchas de las
manifestaciones que se han producido en Venezuela en las últimas
semanas, han sido pacíficas. Hacemos énfasis en recalcar que si bien ha
habido concentraciones y marchas con tal carácter, hay evidencias de
uso de armas de fuego por parte de manifestantes en varios de estos
sucesos
[12].
En recientes declaraciones, el presidente de la República informó sobre
la incautación de 25 armas de guerra, bombas molotov, niples,
ballestas, objetos contundentes y explosivos tipo C-4 que fueron
entregados al Ministerio Público
[13].
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló que 21 de
los funcionarios heridos en el control de manifestaciones recibieron
impactos de bala
[14].
Sobre todo,
no puede hablarse de guarimbas pacíficas,
vista su comprobada peligrosidad. Las guarimbas han afectado vías
principales y secundarias en urbanizaciones de sectores de ingresos
medios y altos, en 8 de los 335 municipios del país, todos ellos
gobernados por alcaldes de oposición
[15].
Cables, alambres de púas, árboles talados, piedras de grandes dimensiones, aceite derramado
en el asfalto se mezclan con muebles en desuso, cauchos y basura a la
que se prende fuego. Las tapas de las alcantarillas públicas son
levantadas, dejando los huecos en los que murieron al menos dos
motorizados. Mensajes intercambiados en las redes sociales y testimonios
en medios masivos revelan que
quienes optan por esta modalidad de protesta lo hacen bajo la percepción de estar en una suerte de estado de guerra[16].
Desde el inicio de las protestas, no se ha tenido conocimiento de
pronunciamientos de condena de las muertes ocurridas en guarimbas por
parte de las autoridades locales de estos municipios, ni por voceros de
oposición o líderes estudiantiles, salvo en el caso de Valencia, una de
las ciudades con mayor nivel de confrontación en esta coyuntura. El
17.03.14, el alcalde de la ciudad de Valencia, Miguel Cocchiola de
tendencia opositora, rechazó los actos vandálicos y, sin referirse a
responsabilidades concretas en torno a las víctimas, señaló: “No creo
que el camino sea la violencia. La gente debe entender que no hay otra
forma de que el país progrese que no sea el diálogo. La guarimba no ha
dado resultados, lo que ha hecho es enfrentar vecinos con vecinos. Hay
lugares donde no hay gas, las ambulancias no pueden entrar. Eso no se
puede permitir”
[17]. Luego de estas declaraciones, Cocchiola fue expulsado de su partido, Voluntad Popular.
La
actitud omisiva de las autoridades locales en los municipios en los que se producen guarimbas
es contraria al ejercicio de sus funciones y puede interpretarse como
connivencia con tácticas de protesta violenta de carácter
inconstitucional. Si bien sus competencias en materia de orden público
son limitadas, y pese a que estas guarimbas son convocadas a través de
redes sociales, ningún alcalde tomó previsiones como aumentar la
vigilancia en lugares específicos. Muy por el contrario, las autoridades
municipales dejaron de cumplir sus funciones de recolección de basura y
mantenimiento de espacios públicos; los escombros y los desechos
permanecieron por días en plena vía, impidiendo el tráfico y generando,
de paso, un problema adicional de salud público. Tal situación provocó
la interposición de una demanda de protección de derechos colectivos por
parte de un ciudadano de estas jurisdicciones que fue admitida por el
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el cual ordenó a los alcaldes
“….cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de
garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de
sus municipios”
[18]. En días posteriores, el mismo TSJ amplió la prohibición de permitir guarimbas a cuatro municipios del país
[19].
Por añadidura, las guarimbas derivaron en pérdida de clases en varios
centros educativos, con el consecuente impacto negativo sobre el derecho
a la educación de niños, niñas y jóvenes. También se afectó el tránsito
de enfermos que requerían atención médica en algunas zonas. Estas
formas de protesta violenta han adquirido especial gravedad en el estado
fronterizo de Táchira.
Por otra parte,
señalamos con suma
preocupación lo que parece ser la puesta en práctica de formas de
violencia poco conocidas en el país tales como el uso de
francotiradores, "paros armados", sabotajes y asesinatos selectivos,
e incluso el marcaje de casas de chavistas en zona del interior del
país; y alertamos sobre la posibilidad de que se conviertan en formas
residuales de resistencia al gobierno y las instituciones del Estado.
El ejercicio a la manifestación pacífica[20]
está plenamente vigente en Venezuela como lo demuestran varias de las
manifestaciones realizadas por sectores de la oposición, la más reciente
de ellas el domingo pasado. Sin embargo, frente al carácter
violento de las guarimbas, el Estado está en la obligación de activar
sus mecanismos para el control del orden público y la protección de las
personas, con apego a la legalidad y pleno respeto a los derechos
humanos.
En los últimos días, la situación de protestas violentas ha disminuido progresivamente.
El 17 de marzo, el Gobierno Nacional emprendió acciones de control del orden público
para restringir las acciones de protesta violenta que se volvieron
cotidianas en la Plaza Altamira, centro de las protestas más fuertes en
la ciudad de Caracas. En coordinación con las autoridades municipales se
establecieron mecanismos de seguridad extraordinarios para asegurar la
paz de la zona. Desde entonces, un grupo de manifestantes permanece en
la Plaza, de manera pacífica.
La actuación del aparato de justicia
El
Ministerio Público ha informado sobre el estatus de los diversos casos
señalados anteriormente. Días después de su comparecencia ante el
Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en Ginebra
[21],
señaló que: “…el Ministerio Público investiga 59 casos de presuntas
violaciones a los Derechos Humanos y 17 funcionarios de distintos
cuerpos de seguridad están privados de libertad”
[22],
a consecuencia de los hechos de violencia ocurridos los últimos días.
Al respecto, señalamos dos aspectos que obstaculizan la administración
de justicia: Muchas de las denuncias, especialmente las relacionadas con
la libertad personal y la integridad física, se hacen a través de los
medios de comunicación y las redes sociales, sin aportar pruebas ante
los órganos competentes. En otros casos, los testimonios de las víctimas
se contradicen con los resultados del peritaje técnico posterior
[23].
Según
las informaciones emitidas por la Fiscal, los funcionarios del Sebin
responsables de la muerte de dos personas el 12 de febrero pasado se
encuentran detenidos y están siendo procesados. Igual ocurre con los GNB
involucrados en el caso de José Alejandro Márquez y en los maltratos
sufridos por una artesana Marvinia Jiménez, en la ciudad de Valencia. En
el caso de las muertes ocurridas en el marco de guarimbas o a causa de
civiles armados, las investigaciones se encuentran en curso y en algunos
casos ya hay personas detenidas.
Cabe destacar que los días 6 y 7
de marzo, la Fiscal General de la República se reunió con dos de las
organizaciones no gubernamentales que han denunciado torturas y malos
tratos. Una de ellas no formalizó ningún caso y la segunda entregó
documentación sobre 40 casos, varios de los cuales ya estaban siendo
investigados por el Ministerio Público
[24]. Igualmente, se han sostenido reuniones con la Defensoría del Pueblo.
No estamos frente a una política sistemática de violación a los derechos humanos
Insistimos
en que las violaciones de derechos humanos, expresadas en los casos de
vulneración al derecho a la vida y en denuncias sobre malos tratos y
torturas, deben ser condenadas y deben ser investigadas hasta sus
últimas consecuencias. Según información oficial, todos los casos de
violaciones del derecho a la vida, atribuibles a funcionarios públicos,
están siendo procesados por los órganos de justicia correspondientes. La
Fiscal General de la República ha manifestado que "Si algún
funcionario, sin importar rango, comete un delito de tortura, tratos
crueles e inhumanos, nosotros lo vamos a castigar"
[25].
Igualmente ha asegurado que “El Ministerio Público no va a permitir
ninguna detención arbitraria”. Por su parte, el Presidente Maduro
también ha reconocido la participación de efectivos de seguridad que han
incumplido su papel de resguardar los derechos humanos de la población y
ha manifestado su voluntad de que estas situaciones sean investigadas y
castigadas.
Más allá de las declaraciones oficiales, tanto el
análisis de la casuística de las protestas de las últimas semanas como
la evidencia de las medidas adoptadas por los distintos poderes del
Estado para atajar la protesta violenta y para enfrentar los casos de
abusos de cuerpos de seguridad, indican una clara voluntad política y
descartan la tesis de una política sistemática y generalizada de
violaciones a derechos humanos. Entre estas medidas, cabe destacar la
efectiva activación de los mecanismos de administración de justicia, el
diálogo con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y la
puesta en marcha de medidas legislativas y ejecutivas para preservar los
derechos humanos de la población en el control del orden público.
Los
principios de uso progresivo y proporcionado de la fuerza deben ser los
que orientan la acción de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tal y
como lo establece la propia Constitución. Coyunturas como esta revelan
también la necesidad de que el Estado venezolano insista y profundice
los esfuerzos que ha venido adelantando para reformar en profundidad los
cuerpos de seguridad del Estado y ajustar su actuación al pleno respeto
de los derechos humanos. Si bien se han alcanzado importantes logros en
ese sentido, resulta imperativo que el gobierno asegure la continuidad y
la debida urgencia en la aplicación de esta agenda fundamental.
La superación de la conflictividad
La
capacidad de la sociedad venezolana para resolver sus diferencias y
superar la crisis en esta coyuntura ha quedado demostrada, tal como fue
reconocido por las resoluciones de organismos como la Organización de
Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones del Sur (Unasur). En
este contexto, consideramos que las invocaciones a una intervención
extranjera que se encuentran presentes en el discurso de un sector de
la oposición y que han sido enunciadas por algunos actores
internacionales, son inaceptables y no contribuyen a la desactivar el
conflicto dentro de los parámetros de la Constitución.
De otra
parte, un requisito necesario para avanzar en una solución dialogada del
conflicto planteado por los sectores que promueven la protesta violenta
es el reconocimiento mutuo entre las fuerzas políticas que ejercen el
gobierno y las que se encuentran en la oposición. El recurso a la
protesta violenta y la manipulación mediática no construyen soluciones a
los problemas legítimos invocados por el liderazgo opositor, pues lo
que se requiere para enfrentarlos es el desarrollo y aplicación de
políticas consensuadas a través de los canales institucionales que
ofrece la Constitución. El recurso a éstas tácticas como estrategia para
forzar la renuncia de un gobierno legítimamente electo, exigencia que
caracteriza las convocatorias y consignas de los sectores manifestantes,
significa colocarse al margen de la propia Constitución y del derecho
internacional - que en ningún momento convalida el recurso a la
violencia como una vía legítima para lograr objetivos políticos. A ello
se suma la negativa del liderazgo de la oposición y de las protestas a
incorporarse al diálogo y la falta de condena de los dirigentes de la
oposición a estas formas de protesta
El diálogo nacional abierto y
transparente es la única forma legítima y cónsona con el marco de
respeto a los derechos humanos, de frenar la escalada de violencia que
de continuar en la tónica que evidencia el discurso opositor puede
terminar adquiriendo dimensiones irreversibles. Las iniciativas
emprendidas en tal sentido por el Gobierno Nacional y la reciente
convocatoria a una Conferencia Nacional por la Paz y por la Vida, deben
ser la plataforma que haga posible este diálogo. Por eso, señalamos con
preocupación la negativa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a
participar, pese a la asistencia de diversos sectores de la vida
nacional tales como empresarios, iglesias, dirigentes de partidos
políticos, estudiantes, movimientos sociales y culturales, autoridades
de gobiernos nacionales y regionales y representantes de los poderes
públicos. Hasta ahora, la Conferencia ha avanzado en la producción de un
conjunto de propuestas para atender temas urgentes en la agenda
nacional, que han sido esgrimidos como bandera en las protestas.
Nuestras exigencias
En
nuestra condición de activistas de derechos humanos y frente a la
coyuntura antes descrita nos manifestamos en los siguientes términos:
Repudiamos
la persistencia de prácticas que constituyen violaciones a los derechos
humanos y exigimos con firmeza su investigación exhaustiva, el castigo a
los responsables y, sobre todo, la erradicación de las condiciones que
las propician. La actuación de los cuerpos de seguridad debe mantener un
estricto apego a los estándares que garantizan el respeto a los
derechos humanos
Nos solidarizamos con las víctimas y con sus
familiares, a quienes instamos a acudir ante los órganos de
administración de justicia correspondientes.
Exhortamos a las
autoridades nacionales a impulsar medidas que fortalezcan en el corto
plazo el proceso de reforma policial y la consolidación del nuevo modelo
policial, que debe extenderse hacia cuerpos de seguridad tales como el
SEBIN, la GNB y el CICPC.
Condenamos rotundamente la protesta
violenta ejercida por sectores minoritarios de la población y alertamos
sobre la posible aparición de nuevos patrones de violencia
caracterizados por muertes selectivas con armas de fuego.
Rechazamos
que se sigan instrumentalizando los derechos humanos con fines
distintos a su plena protección y respeto, tal como se ha producido en
esta coyuntura.
Solicitamos a los medios internacionales y
nacionales de comunicación, así como a las diferentes organizaciones de
derechos humanos, que realicen un seguimiento ponderado, equilibrado y
contrastado de la situación que atraviesa Venezuela y, en su caso, que
se abstengan de manipular los hechos con el fin de contribuir a la
defensa de las posiciones de quienes alientan la protesta violenta para
avanzar fines anticonstitucionales y contrarios a los principios
democráticos.
Exhortamos a la dirigencia opositora a condenar
firmemente la violencia y a hacerse eco de la solicitud de Amnistía
Internacional que los insta “… a hacer un llamado a sus seguidores a no
cometer actos de violencia, incluyendo ataques contra personas por sus
preferencias políticas”. Igualmente los convocamos a incorporarse activa
y propositivamente a las iniciativas de diálogo convocadas por el
Gobierno Nacional.
Exhortamos a toda la ciudadanía con
independencia de sus simpatías políticas a abstenerse de acudir a vías
violentas para expresar su propio descontento.
Exhortamos a todos
los actores y fuerzas políticas del país a respetar las vías
constitucionales y los plazos establecidos en la CRBV, para dirimir sus
diferencias.
Caracas, 21 de marzo de 2014
Firman:
1. Keymer
Ávila, C.I. 14.128.739. Abogado, Investigador y Profesor Universitario.
Línea de investigación: Sistemas Penales y DDHH
2. Ana
Barrios, C.I. 5.451.122, Miembra del equipo coordinador de (Provea
1990-1995). Integrante de Amnistía Internacional Venezuela (2004-2009).
Miembra asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
(2000-actual).
3. María Isabel Bertone, C.I. 10.046.200, educadora en derechos humanos. Equipo Coordinador Provea 1996-2005)
4. Marieva
Caguaripano, C.I. 10.378016. Comunicadora. Coordinadora del área de
Comunicación e Información, Miembro del Equipo Coordinador, Provea
(1990, 1995). Productora de campañas de prevención y concientización
sobre embarazo adolescente y violencia doméstica (2010 - 2012).
5. Alba
Carosio. C.I. 11858059, militante feminista por los DDHH desde 1975,
profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela
6. Cristóbal
Cornieles Perret Gentil. C.I. 10.817.524. Abogado. Miembro de la
Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2006 -); Miembro
Consultivo de CECODAP (1999-2007); Integrante del equipo de defensa
jurídica de ACCSI (1999 -2000); Integrante del Colectivo de Atención
Integral a los Trabajadores (Aportes, 1995- 1998) e Integrante de
Provea (1994- 1995).
7. Luis Díaz, C.I. 11.488.047.
Investigador. Centro para la Paz y los Derechos Humanos. Universidad
Central de Venezuela. 1996 – 2009
8. Michael Adolfo
Díaz Mendoza, C.I. 17.066.609. Abogado y activista de DDHH. Colaborador
del Centro de Apoyo Comunidad Universidad CEAjUC (2000-2008), miembro
del Colectivo de Educación e Investigación para el Desarrollo Social
CEIDES (2008-2010).
9. Isamar Escalona, C.I. 7.981.055. Responsable de Grupos y Redes. Área de Educación Provea (2000-2006).
10.
Pedro Pablo Fanega, C.I. 6.241.410. Miembro del Centro de Organización
Comunitaria y Derechos Humanos del Estado Vargas, Codehva (2004-2007).
Miembro de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (2006-2007).
11. Julio
Fermín Salazar, C.I. 5.579.890. Miembro del Equipo de Formación,
Información y Publicaciones (EFIP) 1980 a la fecha, miembro de la
Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) 1982-a la fecha
12. Pablo
Fernández Blanco, C.I. 23.527.749, Integrante y Coordinador del
Programa de Educación en DDHH (1996-2005) y Coordinador General
(2006-2012) de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
13. Judith
Galarza Campos. Afectada por la desaparición forzada por motivos
políticos de su hermana Leticia Galarza, efectuada en D.F. en México, el
5 de enero de 1978. Fundadora del Comité Independiente de Chihuahua pro
defensa de los derechos humanos y AFADEM. Actualmente Secretaria
Ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos
Desparecidos (Fedefam).
14. Jesús Chucho García. C.I. 4.168.353. Fundación Afroamérica y La Diáspora Africana
15. Angel
Osiel González Alvarado, CI 9.624.046. Miembro de la Coordinación
Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (CORENATs)
Venezuela. Colaborador del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de
Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATs).
16. Iván González Alvarado, C.I: 7.379.876. Miembro de la Asamblea y Consultivo Provea (1994- 2013).
17. Antonio
J. González Plessmann, C.I. 10.866.332, Miembro del Equipo Coordinador
de Provea (1999-2005). Miembro Asociado de la Red de Apoyo por la
Justicia y la Paz (2005 - actual)
18. Enrique González, C.I. 29.525.916, miembro de Provea (1995-1999), ACCSI (2000-2001), investigador con Cecodap (2002-2003).
19. Martha
Lía Grajales Pineda, C.I. 29.565.914. Coordinadora Programa Educación
en DDHH – Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2008 -2009); integrante
de la Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
20. Alejandra
Guédez. C.I. 13.748.311. Antropóloga, productora audiovisual e
investigadora, con experiencia en comunidades indígenas y
afrodescendientes, consejos comunales, cultores populares, adolescentes
embarazadas, niños, niñas y jóvenes.
21. Mary Luz Guillén.
Rodríguez, C.I. 11.557.841, Internacionalista, miembra de la Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz (1993jactualmente). Investigadora y
docente de la Escuela de DD.HH. "Juan Vives Suria" de la Defensoría del
Pueblo.
22. Erick Gutiérrez García, C.I. 6.976.990. Abogado,
voluntario de Clínicas Jurídicas (1987). Investigador de Provea.
Secretario ejecutivo del Capitulo venezolano de la Plataforma
Interamericana de DD.HH., Democracia y Desarrollo (PIDDDH). Investigador
y docente de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del
Pueblo.
23. María Lucrecia Hernández, C.I. 26.783.758, abogada y activista de derechos humanos.
24. María Paula Herrero, C.I. 14.444.733, ejecutora del área de Comunicación e Información, Provea (1989, 1996).
25. Elba
Martínez Vargas. C.I. 6.914.739. Internacionalista. Gerente del
Proyecto de Educación en Derechos Humanos de la Sección Venezolana de
Amnistía Internacional (1992-1993). Miembra del equipo de Provea
(1994-1996).
26. Africa Matute, C.I. 18.011.961. Abogada y
activista de DDHH, integrante del Programa de atención integral a
personas víctimas, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2010 - 2013)
27. Lilian
Montero, C.I 6.427.029 Miembro del Equipo Paz Presente (1987-1990),
Miembro del Equipo Coordinador de CECODAP (1991-1998/2001-2007), Miembro
de la Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2006)
28. Vicmar
Morillo Gil, C. I. 7958276. Ejecutora del Área de Información e
Investigación de Provea (1993-1999/2000-2004). Integrante de la
Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
29. Gioconda
Mota Gutiérrez. C.I. 11.917.394, Educadora. Integrante de la Red de
Colectivos "La Araña Feminista". Militante por los derechos humanos de
las mujeres.
30. Maureen Riveros CI: 6.280.434. Comunicadora. Comité contra el Olvido y por la Vida. PROVEA (1999-2006)
31. María
Elena Rodríguez CI 6913399, Miembra del Equipo de Provea (1995-2007),
Miembra asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
(2009-actual).
32. José Ángel Rodríguez Reyes CI. 6.295.334. Ex
trabajador de Provea. Año 1997-1998. Miembro de Amnistía Internacional
de 1984 hasta 1999.
33. Ileana Ruiz, C.I. 6.084.832.
Comunicadora Social. Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
desde 1987: Educación en derechos humanos, comunicación popular, uso
alternativo del derecho y rehabilitación de víctimas de tortura.
34.
Marvelys Sifontes Cerrada, C.I. 13.123.818. Abogada, Trabajadora
Social. Activista de los derechos humanos formada en la Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz (más de cinco años) y
defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
35. Belkis Urdaneta Jayaro, CI 9.740076. Miembra asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1994-actual)
36. Wilman
Verdú Canache CI 6300170 Activista en la defensa de los DDHH, en y para
comunidades, Educador popular, miembro voluntario Red de Apoyo por la
justicia y la Paz 1997- actual / Miembro Asociado de la Asamblea
General Red de Apoyo, Comunicador Social, facilitador DDHH para
policías/ Conductor y productor del programa radial "UNES fuerzo por la
Paz y la Vida.
[1] http://www.diariolavoz.net/2014/02/20/oposicion-venezolana-denuncia-brutal-represion/
[2] http://laradiodelsur.com/?p=252429
[3]
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140310/onu-recibe-nuevas-denuncias-de-torturas-en-venezuela
[5]
Un caso emblemático es el del joven con discapacidad mental
supuestamente maltratado por fucionarios de la GNB, hecho desmentido por
el propio periodista que tomó la gráfica.
http://www.aporrea.org/medios/n247146.html
[6]
MIJ: Protestas insurreccionales suman 31 fallecidos y 461 heridos, en
http://radiomundial.com.ve/article/mij-protestas-insurreccionales-suman-31-fallecidos-y-461-heridos-audio
[7]
Guarimbas: protestas violentas en las que personas cierran las calles
colocando obstáculos de alta peligrosidad por medio de cables, alambres
de púas, aceite vertido en el asfalto, árboles talados, piedras y
escombros, entre otros, a los que se les prende fuego.
[8]
No se incluyen en el listado los casos de: María Heredia, madre del
gobernador de Yaracuy, quien sufrió un infarto cuando manifestantes de
oposición hicieron un cacerolazo a las puertas de su casa, y el de
Luzmila Petit de Colina, quien murió por falta de atención médica cuando
los manifestantes de una guarimba impidieron su traslado al centro
médico. La prensa nacional ha mencionado casos similares de enfermos
graves que no pudieron recibir atención médica por causa de las
guarimbas. Sin embargo, se desconocen más datos concretos.
[9] Los motorizados han sido estigmatizados, por algunos sectores de oposición, como miembros de colectivos armados pro gobierno.
[10] http://informe21.com/maria-corina-machado/maria-corina-machado-envia-mensaje-a-los-gochos-video
[11] http://www.noticentrodigital.com/tania-diaz-diputada-machado-mantiene-agenda-de-agitacion-en-el-pais.html
[12]
La destrucción de espacios y servicios públicos como estaciones de
metro, de autobuses y metrobuses, edificios de organismos públicos e
instalaciones deportivas ha sido otra constante de estas
manifestaciones.
[13]
Saldo de las guarimbas: 1.529 detenidos, C-4 y armas incautadas, 28
muertos y 78 efectivosheridos, en
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/228281/maduro-el-uso-desproporcinado-de-la-fuerza-del-lado-de-la-extrema-derecha-video/
[14] http://www1.unionradio.net/actualidadur/nota/visornota.aspx?id=167624&tpCont=1&idSec=3
[15]
Los servicios de recolección de basura de algunos de estos municipios
dejaron de funcionar con regularidad, de suerte que los manifestantes
acumulaban basura para quemar en las guarimbas.
[16]
El asesinato del líder estudiantil Daniel Tinoco, en
http://cronicasvenezuela.com/2014/03/17/el-asesinato-del-lder-estudiantil-daniel-tinoco/
[20] El artículo 68 de la CRBV consagra el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a
manifestar pacíficamente y sin armas.
[23]
Es el caso del joven que denunció haber sido víctima de violación por
parte de funcionarios de la GNB y a quien la propia Fiscal General de la
República desmintió afirmando: „No es cierto que ese hecho haya
ocurrido, de acuerdo al reconocimiento médico-legal practicado. Hechos
todos los exámenes resultó que no es cierta esa afirmación".
http://diariodecaracas.com/que-sucede/fiscal-niega-que-estudiante-haya-sido-violado-fusil-el-ano-video
De
esa manera, todo el mundo sabe –aunque no lo practique– que es de buen
cristiano poner la otra mejilla así nos hayan pegado en la primera. Es
decir: en nuestro mundo cultural cristiano (y occidental), donde el Hijo
de dios, dios encarnado, el Mesías o como se le quiera llamar vino a
enseñárnoslo hace dos milenios, debemos ser solidarios, humildes y no
arrogantes. Eso, al menos, es lo que se ha escuchado siempre. Somos
“buenos” en tanto no somos altaneros, soberbios, despectivos del
inferior. Recuerdo un refrán que nunca deja de impresionar: “la codicia
rompe el saco”. La bondad se une a la solidaridad. No hay que mostrarse
ostentoso.
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