Cine: Impacto...(1949)

Walter Williams, exitoso hombre de negocios, debe viajar a San Francisco para ultimar los detalles de su última compra. Su segunda mujer, Irene, se excusa en no acompañarle aludiendo motivos de salud, sugiriendo que sea su primo Jim, quien le acompañe. Jim, en realidad, resultará ser el amante de Irene, con quien ha planeado el asesinato de su marido. Walter, arrojado brutalmente por un acantilado, es dado por muerto, aunque el destino hará que en la huída, sea Jim quien muera en un accidente de coche e Irene sea acusada y enviada a prisión por cómplice de asesinato. Sin embargo, Walter no muere en la caída y aunque decidirá salvar la vida de su mujer, se encontrará con que ella le acusará de matar a su amante y será él quien deba probar su inocencia.
Fabulosa historia de crimen y misterio, dirigida por el aclamado director Arthur Lubin, donde demuestra su enorme capacidad para desplegar escenas del más puro cine negro americano.

Nuestra América: Néstor Kirchner 1950 - 2010. "El hombre que nos cambió la vida". Homenaje 2012

Nuestra América: Manos de artesano - Ónix. Tecali, Puebla México

A 46 kilómetros de la ciudad de Puebla de los Ángeles, en el valle de Tepeaca, se encuentra el pueblo prehispánico de Tecali o "Casa de las piedras." Es una villa tranquila, y su centro está muy bien conservado. Desde antes de la Conquista, sus habitantes se dedican a la artesanía en piedras semipreciosas. Sobre sus calles rectas abundan los talleres de artesanos talladores de piedras.

En las tiendas de Tecali, el ingenio de los trabajadores se ve reflejado en piezas insólitas que nos muestra Don Bernabé...

Argentina: Los cuentacuentos de Mousy... Por Carlos Del Frade, desde Reconquista

 (APe).- María José Leguizamón es la directora de escuela secundaria más joven de la provincia de Santa Fe. Ejerce el cargo en tres establecimientos rurales del norte profundo. En el paraje Mousy, en La Sarita y San Manuel. Tres puntos en algunos mapas pero que, más allá de la mención cartográfica, están habitados por decenas de pibas y pibes que merecen que la palabra futuro también sea sinónimo de algo dulce y no de angustia para ellos.

En esas escuelas de las familias agropecuarias, las chicas y chicos inician el recorrido secundario pero abandonan, mayoritariamente, después del primer año. La primera promoción, por ejemplo, en Mousy, solamente fue celebrada por una quincena de alumnos sobre un total de casi noventa que iniciaron el recorrido educativo.

Se ganan la vida con changas, especialmente vinculadas a la producción de leña en los montes de la zona de Arroyo Ceibal. Esa actividad deja huellas en las manos de chicas y chicos adolescentes.

Otros pibes intentan ganarse la vida con las abejas y la venta de la miel pero apenas trabajan como peones. No son productores. Siempre trabajan para todos y el dinero no alcanza para mucho. Al contrario.

Un tercer grupo de adolescentes logra ser empleado de las pollerías de los alrededores de ciudades como Avellaneda y Reconquista pero en todos los rubros nombrados, el salario –con mucha suerte- llega a dos mil pesos mensuales y en negro.

Las chicas, en su mayoría, trabajan como niñeras. El principal cuidado es el de los propios hermanitos. Semejante tarea las exilia de las escuelas en forma muy temprana.
Pero a pesar del sueldo efímero, las chicas y los chicos de los establecimientos rurales del norte santafesino sueñan con seguir estudiando para, alguna vez, volver a sus pueblos de los que nunca se imaginan yéndose de manera definitiva.

Incluso piensan en comprarles cosas a sus padres para devolverles algo del todo esfuerzo que destinan en el presente.

-Frente a la escuela de paraje Mousy funciona un hogar de niños abandonados que tienen entre 3 y 13 años. Son chicos con muchísimos y profundos problemas de conducta. Sin embargo, nuestras alumnas y nuestros alumnos siempre se las ingenian para llevarlos a la secundaria y pasan horas leyéndoles cuentos. Es algo que esos chicos retribuyen con un cariño hermoso. Necesitan mucho amor y los que les dan ese amor son justamente las pibas y los pibes de la escuela que trabajan de forma tan dura – describe la joven directora, María Leguizamón.

En esas escuelas rurales la droga no está presente. Pero sí el alcohol.

Un rito cotidiano es el llamado “jueguito peruano”. Consiste en tirar cartas o dados y según el número que aparezca, el chico o la chica tiene que tomar la cantidad de vasos de la bebida que indique esa cifra. Es un problema serio que están intentando pelear con distintas herramientas.

Otro de los factores de integración para las chicas y los chicos de las escuelas rurales de la zona de Avellaneda y Reconquista, norte profundo de Santa Fe, es la iglesia. No hace mucho tiempo atrás, la noticia fue que había un cura flogger que congregaba a gran cantidad de adolescentes a sus curiosos oficios. Hay poco lugar para el deporte en esas tierras que alguna vez fueron la geografía devastada por La Forestal.

-Hace poco tiempo cayó muy mal el suicidio de uno de los chicos que venía a la escuela. Sin embargo hay un futuro que se palpa a diario. Es que todos los días apostamos a la ternura de esas chicas y esos chicos. Ellos son capaces de resistir y pelear por un futuro mejor. De allí que se conviertan en el mejor motivo para continuar intentado un proceso educativo para cada uno de los docentes. Por esa increíble resistencia pasa también la esperanza. La de ellos y la nuestra - dice María.


Fuente de datos:
Entrevistas realizadas por el autor de la nota en Reconquista, norte profundo de la provincia de Santa Fe.


Vía,fuente:

http://www.pelotadetrapo.org.ar/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=7453:los-cuentacuentos-de-mousy&catid=35:noticia-del-dia&Itemid=106

Argentina: "Basta por favor" ..por Leonardo Del Grosso

A propósito de las condenas a dos militantes de la organización revolucionaria argentina Quebracho, perseguidos por su trayectoria de lucha

"El 7 de diciembre no pasa nada" puede ser la consigna que mejor expresa el desafío de los impunes contra toda una Nación. Después de más de tres años de sancionada la ley de servicios de comunicación audiovisual, distintos jueces de las más diversas competencias fueron competentes para impedir que una ley fundamental, que indudablemente representa un avance sustantivo en la democratización de la comunicación en la Argentina, que fue sancionada por el Congreso, pueda aplicarse concretamente.
Y lo que hoy es motivo de prestigio internacional de la Argentina y de inobjetable orgullo para cualquier persona honrada: el juicio y condena a los cipayos de la dictadura apátrida y genocida de 1976 y la recuperación -de la que las Abuelas de Plaza de Mayo son estandarte- de decenas de niños que habían sido apropiados por estos alienados, no fue mérito del Poder Judicial sino de la lucha popular, que debió enfrentar a ese poder.
Esto decía Néstor Kirchner, cuando era presidente de la Nación, el 24 de marzo de 2007, en el acto de conmemoración del "Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia": "Hace un rato allí -y voy a seguir después recorriéndolo con detenidos desaparecidos- me tocó ver, tocar y palpar el horror. Por eso la primera síntesis que quiero hacer es decirle a la Justicia argentina, y el Consejo de la Magistratura sé que va a proceder, que basta por favor, basta, juicio y castigo, necesitamos que los juicios se aceleren.
¿Cuál es el compromiso que tienen algunos integrantes de la Justicia? ¿Qué pasa en aquella Cámara de Casación, por dar un ejemplo, donde están parados hace años juicios que deberían estar en marcha? ¿Quiénes son los fiscales de esa Cámara de Casación?
Señores: es hora de que todos, desde donde podamos, hagamos todo el esfuerzo. No estamos invadiendo otro Poder, estamos pidiendo que funcione. Porque les voy a decir una cosa: nosotros no estamos predicando venganza, estamos pidiendo que funcione la Justicia, esa Justicia que nuestros hermanos, nuestros compañeros y nuestros amigos no tuvieron".
"¿Qué pasa con aquella Cámara de Casación?", preguntaba Néstor Kirchner, cuando era precisamente esa Cámara el principal refugio de los genocidas para escapar de la Justicia. Hoy esa Cámara de Casación es nuevamente protagonista de lo más retrógrado y despreciable de una justicia de clase que es de palo y cárcel para los pobres, y de impunidad para los oligarcas: con la condena de Fernando Esteche, de Raúl Boli Lezcano y de seis compañeros del MPR Quebracho vuelve a reafirmar una vez más su oscura y funesta trayectoria de inquisidores.
La sala 3 de la Cámara de Casación, encabezada por el único juez que aún no renunció de los designados cuando Menem la creó, el juez Eduardo Riggi, confirmó la prisión de varios de los tantos compañeros que, a lo largo y a lo ancho del país, reaccionaron frente al asesinato de Carlos Fuentealba, crimen por el que su confeso y jactancioso autor intelectual, el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, aún no pisó ni una baldosa de una unidad penitenciaria.
"El amigo Eduardo"
Pero: ¿de quién estamos hablando cuando nos referimos a Eduardo Riggi? Estamos hablando del "amigo Eduardo", según el eufemismo del ex agente de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme, uno de los intermediarios en la venta de sentencias para parte de este "amigo". Estamos hablando del juez a través del cual se pretendía garantizar la impunidad para el traidor José Pedraza, el entregador de los ferroviarios y autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreira.
Largo es su prontuario como corrupto, como desvergonzado traidor, como mercader del templo. Y porque es largo deberemos consignarlo en una lista que aunque larga, seguramente será incompleta. Aquí va:
- comenzó su carrera judicial en el Camarón, aquella Cámara Federal Penal que fue creada por el dictador Lanusse, que fue el instrumento principal de aplicación de la legislación represiva aprobada en los años previos para perseguir a los luchadores populares y que se extinguió el 25 de mayo de 1973 con la asunción de Cámpora.
-en 1978 es designado juez en lo penal económico durante la dictadura de Videla.
-desde 1992 es designado juez, impulsado directamente por Menem, de la recién creada Cámara de Casación Penal, uno de los "esperpentos" que denunció Arslanián antes de presentar su renuncia como Ministro de Justicia, denunciando que no quería avalar a "ningún Frankenstein".
-acusado de ser del Opus Dei, así se defendía el "amigo Eduardo": "No tengo el honor de ser del Opus Dei, y mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas".
-en septiembre de 2005 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (que es la que encabeza el "amigo Eduardo") dejó en libertad al automovilista Sebastián Cabello, rebajando la pena de 12 años a la que había sido condenado por matar a Cecilia González Carman, de 38 años, y su hija Vanina Rosales, de 3, cuando atropelló, corriendo una "picada" con su Honda Civic a 137,65 kilómetros por hora por la calle Cantilo, en el barrio de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires, el Renault 6 conducido por Carman.
-en marzo de 2007 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo reclamaron ante el Consejo de la Magistratura la destitución de varios jueces de la Cámara de Casación, entre ellos el "amigo Eduardo", por obstaculizar los procesos de los delitos de lesa humanidad de los genocidas. A través de distintos mecanismos como cambios en los criterios de excarcelaciones para dejar en libertad a los reos, cajoneo de las causas, etc., decenas de represores fueron dejados en libertad y las causa no avanzaban. "De los 259 militares, policías y civiles presos (70 con arresto domiciliario) por crímenes de la dictadura, sólo cinco cumplen condena luego de ser juzgados" denunciaban los sobrevivientes y familiares, apoyados por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, denuncia a la que luego se sumó el mismo Néstor Kirchner. En estas maniobras la Sala III fue la que tomó la primera resolución de excarcelación, abriendo el camino para que luego fueran excarcelados decenas de represores que estaban con preventiva, entre los que se contaban varios de los más conspicuos jerarcas del régimen de Videla.
-en octubre de 2008 la Sala III dictó el sobreseimiento del cabo Oscar Ramón Sosa y del agente Cristian Angel Villegas de la Policía Federal, que habían sido procesados con embargos millonarios por el incendio del boliche Cromañón, que provocó 194 muertos y centenares de heridos.
-en mayo de 2008 la Sala III declaró la nulidad de lo actuado y la prescripción de la causa por administración fraudulenta del fondo de sepelios de los trabajadores ferroviarios contra José Pedraza, que ya había sido embargado por 50 millones de pesos, en 2006, por este motivo.
-en junio de 2008, la Sala III confirmó la condena a 30 años de prisión contra Fernando Carrera en lo que se conoce como "la masacre de Pompeya", quien denunció que la causa en su contra había sido armada por policías federales que lo habían confundido con un ladrón y lo tirotearon desde un auto (que no era patrullero), lo que provocó que intentara eludir los disparos y en la huida matara con su auto a tres personas. La Corte revocó este año el fallo de Casación porque no se había investigado suficiente esa línea. Carrera pasó siete años preso. Su caso motivó la película The Rati Horror Show.
-en el verano de 2011 es parte protagónica de una operación que se realizó para garantizar la impunidad del monito tití José Pedraza en el caso del asesinato de Mariano Ferreira. A partir de escuchas telefónicas se supo que un ex agente de inteligencia, Juan José Riquelme, un ex juez, Octavio Aráoz de Lamadrid, el prosecretario de la Sala III de la Cámara de Casación, Luis Ameghino Escobar, y el juez Eduardo Riggi, se comunicaban para establecer el precio de dicho encubrimiento. La maniobra consistió en postergar para después de la feria judicial la decisión sobre que sala de la Cámara entendería en el caso, y luego de lograda la postergación (que no lo trate el juzgado de feria) digitar el "sorteo" (a cargo de Ameghino Escobar) para que caiga en la Sala III, ya comprada por Pedraza. Todo eso sucedió: se postergó para después de la feria y la Sala III terminó siendo donde cayó el caso. Pero todo cambió cuando se descubrió la maniobra. Según los dichos de Riquelme, el juez prostituido es llamado por Riquelme como "el amigo Eduardo", Ameghino Escobar es "el señor de las teclas" (el "sorteo" se hace por computadora) y Aráoz de Lamadrid es apodado "el amigo de la calle Viamonte", por la dirección de su estudio. Por este ilícito otro juez "amigo", el juez Luis Rodríguez, luego de más de un año de demoras, dejó sin procesar al "amigo Eduardo" (a pesar de que se comunicó reiteradas veces con los participantes de la maniobra), y procesó por tráfico de influencias y cohecho (coimas) a Riquelme, Amgehino Escobar, Aráoz de Lamadrid y Angel Stafforini, abogado de la Unión Ferroviaria, que llevó un sobre con 50 mil dólares, con la leyenda "Octavio", al estudio del "amigo de la calle Viamonte". Por este caso el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación que inicie el proceso de remoción del "amigo Eduardo".
Un antecedente similar con la manipulación de los "sorteos" salió a la luz cuando se descubrieron las maniobras para proteger a monito tití Pedraza: los abogados de Carrefour denunciaron que en una causa por estafa contra el grupo Excell y la consultora Price Watherhouse pese a que les habían informado que los recursos de queja de los procesados del Exxel irían a la sala IV por una conexidad, luego los mandaron a la Sala III, y que tampoco fue prolijo el sorteo. Por esta razón los letrados pidieron la anulación de la designación de la Sala III y la recusación de los jueces.
-en junio de 2011 la Sala III declaró prescripta la causa contra el expresidente Carlos Menem por la venta en 1995 del predio público ferial de Palermo a la Sociedad Rural, supuestamente en 100 millones menos de su valor real. -hace pocos días, la sala de la Cámara de Casación encabezada por Riggi dejó sin efecto el sobreseimiento por prescripción con que la Cámara Federal había beneficiado a D'Elía con una reducción de la calificación del delito que se le atribuía originalmente en relación a la toma de la comisaría de La Boca. El fallo dispuso también que se siga investigando a Angel Borello y Luis Alberto Bordón.
Los escándalos que envuelvan especialmente a la Sala III de la Cámara de Casación han hecho que hoy se denomine vox popoli como "cámara de tasación", y la actividad de compar jueces como "fórum shopping". Su descrédito no puede ser mayor. ¿Cómo suena la palabra "calidad institucional" frente a semejante corruptela?
La causa Quebracho
Como no podia ser de otra manera, la Sala III del "amigo Eduardo" confirmó la sentencia de junio de 2010 del Tribunal Oral Federal Nº 3, que condenó por "daño e incendio con peligro común para los bienes, en concurso ideal" a Fernando Esteche, Raúl Lescano, Facundo Lafit, Matía Lafit, Tomás Lafit, Joaquín Isasi, Martín Lizzano, y Fransisco Da Silva, a tres años y ocho meses de prisión (Esteche); tres años y seis meses de prisión (Lescano); y a tres años de ejecución condicional (a los demás imputados).
En esta causa, está demostrado que Fernando Esteche no estuvo en el lugar de los hechos que se imputan, pero aduciendo razones organizativas (ser dirigente de Quebracho) lo condenan de todas maneras, cuando es imposible utilizar ese elemento en la tipificación de daño e incendio. Han utilizada la doctrina "de autor", o "del enemigo", en delitos en la que es imposible utilizarla, más allá de que se comparta o no dicha doctrina. En el caso de los demás condenados las irregularidades y la absoluta orfandad probatoria demuestran claramente el carácter político del juicio, y la total prevaricación de los jueces.
Los jueces del Tribunal Oral Federal que los condenó son "hombres que sin ningún prurito se animaron a juzgar a estos militantes pero que sistemáticamente se negaron a juzgar a genocidas, violadores, desfalcadores, roba-bebes: los jueces Larrambebere, Gordo y Pons", tal lo consigna el MPR Quebracho en su página web.
Los antecedentes de estos criminales disfrazados de jueces hablan por si mismos: "Larrambebere fue juez en Morón e intervino en la causa por los hechos posteriores al copamiento del La Tablada el 23 de enero de 1989. Su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no investigar los homicidios y torturas cometidos por militares, por el tratamiento dado a los cadáveres de los caídos, por no investigar los desaparecidos y por el rol de la fuerza como auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial. Los cuerpos fueron enterrados por su orden sin previo aviso a los familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Todo fue denunciado ante el mismo juez Larrambebere. Pero el juez prefirió no investigar ni castigar.
Gordo instruyó siete juicios en el Tribunal Oral Federal n° 5 por delitos de lesa humanidad y resistió con éxito los reclamos para garantizar la publicidad de los procesos. Trabajó hasta septiembre de 1976 en un Tribunal de Familia de Lomas de Zamora que se convirtió en símbolo de la complicidad de la Justicia con el plan sistemático de robo de bebés. El padre de Gordo, general de brigada Angel Andrés Gordo, fue designado por el dictador Jorge Videla como vicepresidente de Somisa. El juez se excusó de intervenir en una causa contra el coronel Mario Gómez Arenas, luego condenado por delitos de lesa humanidad en Neuquén, porque era amigo de su padre.
Pons, en 1985, como juez federal porteño, persiguió a distintos integrantes de la organización Montoneros por denunciar los crímenes de la dictadura. Inició una causa por las mismas razones contra Norman Briski, Juan Gelman, Osvaldo Lovey, Graciela Daleo sobreviviente de la ESMA, y tantos más. Por sus manos fueron tratados como delincuentes subversivos dos ex gobernadores: Obregón Cano, a quien encerró seis años, y Bidegaín. Ambos ganaron elecciones con el voto popular, con la más alta cantidad de sufragio democráticamente emitidos, en los dos principales estados de este país, Buenos Aires y Córdoba. Esos dos hombres, demócratas si los hay, revolucionarios si los hay, tuvieron que pasar los últimos años de sus vidas en la cárcel.
Más acá en el tiempo, este mismo tribunal tuvo el vergonzoso caso IBM-Banco Nación, por el cual nadie estuvo preso ni un día. Estos mismos jueces, por juicio abreviado, pidieron a los acusados devolver lo que pudiesen de las multimillonarias coimas. También tuvieron en sus manos el caso de la estafa del Banco Mayo. Y ahí tampoco nadie fue preso". (extraído de www.quebracho.org.ar)
"Basta, por favor"
Uno de los cambios casi inmediatos que propició Néstor Kirchner cuando asumió fue la modificación de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, a varios años del aquel discurso que el presidente Kirchner diera un 24 de marzo pidiéndole a la Cámara de Casación que deje de obstaculizar la Justicia, la Corte Suprema ha fallado en varias causas en favor de la justicia. El caso de Fernando Carrera (caso que motivó la película "Rati, Horror, Show"), justamente desautorizando a la Sala III de la Cámara de Casación; la revocación de las medidas cautelares, impulsadas por la megaminería, que trababan la aplicación de la Ley de Glaciares; o el límite del plazo de las cautelares contra la ley de medios, son algunos ejemplos de fallos justicieros. Hoy la Corte Suprema puede llegar a tener en sus manos el recurso extraordinario que se presente por la causa Quebracho para revertir el bochornoso fallo de la bochornosa Sala III de la Cámara de Casación encabezada por el "amigo Eduardo".
El caso de la persecución a los militantes de Quebracho, que es sumamente flagrante bien puede ser una ocasión en que algo de decoro y sentido de la justicia pueda imperar en medio de la desvergüenza y ilegalidad promovida por los más altos estratos judiciales.
Porque es injustificable que sean condenados quienes se alzan contra la injusticia mientras autores confesos de crímenes gravísimos, como Jorge Sobisch, o no confesos, como el ex presidente Fernando de la Rúa, estén libres e impunes.
En momentos en que desde el Poder Ejecutivo vienen librando una batalla sin cuartel contra las irregularidades manifiestas y escandalosas que traban la aplicación de la ley de medios, sería absolutamnete incoherente permitir que patriotas probados y leales, que han luchado siempre por su Patria, estén postrados en un calabozo.
De ser así, la consigna "el 7 de diciembre no pasa nada" sonará realmente como una gran carcajada en contra de la Nación toda. De ser así, el "basta por favor", de Néstor Kirchner, sonará como una broma cruel en contra de quien luchó contra la impunidad de los genocidas del Proceso.
No es de patriotas abandonar a quienes luchan por la Patria. No es de jueces justos el permitir la injusticia manifiesta y flagrante.
De no haber justicia ahora, de todas maneras, tarde o temprano, la lucha popular terminará poniendo las cosas en su lugar, la Historia reivindicará a los verdaderos luchadores y lapidará a los criminales y cómplices. Pero todos deseamos que sea antes que tarde. En manos de la Corte Suprema estará hoy la palabra.
Agencia Walsh
Vía:

http://www.lahaine.org/index.php?p=64829

Argentina: Compañera Presidenta Cristina Fernández, el salario de los trabajadores argentinos se lo llevan las empresas transnacionales ../ Antonio Sales

Antonio Sales

Agencia Matriz del Sur

La noticia publicada el lunes en medios nacionales informan sobre el aumento de las ventas realizadas por los comercios instalados en los grandes centros de compra durante septiembre y se relaciona a un aumento del 10,9 % comparado con igual mes de 2011, según lo señalado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El dato adicional es que durante ese mes las ventas estuvieron un 1,1 % por sobre las de agosto, medido a precios constantes y desestacionalizados.
En la medición hecha a precios corrientes, la facturación de estos grandes centros de compra alcanzó a 1.496,8 millones de pesos, un 29,8 % menos que en agosto, pero 27,5% por sobre la marca de septiembre del 2011.
La inflación interanual en estos grandes centros de compra alcanzó al 10,2 %, y en el último mes, el 1,3 %, dijo el INDEC.
Más allá de los indicadores de aumentos en las ventas de los centros comerciales , la reflexión que deseo compartir con los lectores es la siguiente: ¿a dónde van los consumos realizados por millones de personas en un país como Argentina?
Para más específico en el interrogante: ¿son las empresas monopólicas y oligopólicas quienes aumentan sus ganancias por la comercialización de alimentos, indumentaria, medicamentos, productos de aseo personal y limpieza, telecomunicación (celulares, internet), energía (consumo de luz, gas domiciliario, combustibles)?
La respuesta inmediata es SI
Los números que muestra una encuesta realizada a Grandes Empresas que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), determinan que de las 500 compañías que más producen en Argentina y que representan, nada menos, que un cuarto del PIB nacional, el 68 por ciento posee participación de capital extranjero. Son en total 338 compañías. La marcada extanjerización de la economía local representa un problema estructural de desarrollo del que el gobierno de la presidenta Cristina no puede salir y del que no es informada por sus asesores económicos.
Por otra parte pesa el pago de la deuda: Según afirmó el Ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino: “durante los últimos 10 años. Sólo por el Boden 2012, la cuenta que pagamos los argentinos demandó 19.600 millones de dólares.
El peso de la deuda sobre la economía representa sólo el 41,6% del Producto Bruto.
La deuda con privados es de menos del 10% del Producto Bruto Interno
Los servicios de pago de la deuda en moneda extranjera con privados representan anualmente sólo el 6% de las exportaciones.
Sin embargo, no hay suficientes dólares para continuar pagando los intereses anuales de la deuda externa que estaría ascendiendo actualmente a la módica suma de 200.000 millones de dólares (si 200.000). a pesar de la histórica quita del 67 % sobre el capital realizada por el entonces presidente Néstor Kirchner.
Sin dudas la extranjerización del capital se aceleró durante las gestiones neoliberales de la dictadura iniciada en 1976 y durante la década del 90, pero sus causas no han sido abordadas y sus efectos son percibidos por la economía popular que, producto de la brutal crisis capitalista de los países centrales, está afectando la espectacular etapa expansiva de la que experimentó la economía argentina.
A pesar de ello, la fuga de capitales registrada en los últimos años alcanza la nada despreciable suma de 90.000 millones de dólares
Las empresas alimentarias (Cargill, Monsanto, Syngenta, Dreyfus), farmacéuticas (Pfizer, Eli Lily, Astra Zéneca, Bayer, Merck, de aseo personal (Procter & Gamble), los supermercados ( Wall Mart, Carrefour, Jumbo), de combustibles ( Exxon, Shell, Petrobras), de comunicaciones ( Telefónica, Telecom, Claro), de energia eléctrica (Edesur, Edenor, Edelap), de gas (Metrogas), servicios bancarios (BBVA, Santander, City Grupe, HSBC, Deusch Bank, Bank of América), y muchas otras son las que se quedan con gran parte del salario de los argentinos y estas ganancias no son reinvertidas en Argentina producto de la sed capitalista de los monopolios transnacionales que compensan sus crisis con la expoliación del mercado nacional.
El capitalismo en serio -como frecuenta expresar- es una ficción económica: es la transferencia del salario y las asignaciones familiares, pensiones, jubilaciones y subsidos a las manos de los capitalistas salvajes que fugan sus ganancias pues responden a los intereses de las casas matrices radicadas en New York, Boston, Londres, París, Madrid, Roma, Zurich, Amsterdam o Tokio.
El salario de los trabajadores argentinos se lo llevan las empresas transnacionales y no hay inyección de capitakles que levante la econmía hasta que se nacionalicen los principales sectores productores de los bienes y servicios esenciales para el desarrollo de la vida en sociedad.
Antonio Sales es Economista
Fuente: http://matrizur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23935:a-la-presidenta-cristina-fernandez-el-salario-de-los-trabajadores-argentinos-se-lo-llevan-las-empresas-transnacionales&catid=40:argentina

Vía:

  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=158190&titular=compa%F1era-presidenta-cristina-fern%E1ndez-el-salario-de-los-trabajadores-argentinos-se-lo-llevan-las-empresas-

Argentina: A 35 años de su caída en combate recordaremos a los compañeros guerrilleros que lucharon contra la dictadura militar....AW

(AW) Mañana sábado 27 de octubre 2012 a partir de las 16.00 hs H.I.J.O.S. Zona Oeste invita a participar de una jornada de Memoria popular en la calle Leiva 3972, el lugar donde los compañeros José Luis Tagliaferro y Cristina Catalina Galzerano le hicieron frente a los milicos. El homenaje sumará la presencia del cantautor y militante del campo popular Abelardo Martin.

Cristina y José Luis eran parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.) Se habían sumado a sus filas en abril de 1975.
Militantes en la década del 60 en la Federación Juvenil Comunista, luego en los comienzos de los 70, activos y decididos soldados revolucionarios, luchando contra los milicos desde la organización guerrillera F.A.L. "Che".
Seria el mismo Comandante Santucho quien decidiría en favor de ellos y aceptar la solicitud de los compañeros de las Fal "Che" para incorporarse al E.R.P. en abril del 75.
Todos los compañeros se sumaron para pelear con total y absoluta decisión. Santucho no se había equivocado al aceptarlos. Eran unos diez compañeros, y militaban juntos desde hacía muchos años, hoy continúan desaparecidos y otros fueron asesinados.
En memoria de los hombres y mujeres, que lucharon por ideales, y que no dudaron y pelearon contra la dictadura militar.
Realizaremos una jornada contra el olvido, por todos los 30000 detenidos-desaparecidos, asesinados, encarcelados y exiliados de la última dictadura militar.
Resignificaremos el lugar donde los compañeros arma en mano enfrentaron a las patotas de milicos que la noche del 24 de octubre de 1977 vinieron a buscarlos. A un hoy se puede escuchar a los compañeros gritar "milicos hijos de puta "...
24 de octubre de 1977-24 de octubre del 2012
José Luis Tagliaferro Desaparecido.
Cristina Catalina Galzerano Asesinada estando herida.
No Olvidamos, No Perdonamos!!
Ni nos reconciliamos.
Juicio y Castigo a los Culpables.
Basta de beneficios para los genocidas.
No a los arrestos domiciliarios de los milicos.
La cárcel es su único lugar.
Acto Homenaje calle Leiva 3972
Contaremos con la presencia del cantautor y militante del campo popular Abelardo Martin.
entre la calle Guevara y Gral. Juan. G. Lemos. Barrio de Chacarita. Cap. Fed.
Convocan y adhieren:
H.I.J.O.S. Zona Oeste. junto a HIJOS La Plata.

Vía:
http://www.agenciawalsh.org/aw/index.php?option=com_content&view=article&id=9487:no-olvidamos-no-perdonamos&catid=42:j-y-c&Itemid=70

España bate récord histórico y alcanza los 5,77 millones de desempleados...LibreRed

España cerró el tercer trimestre de 2012 con 5.778.110 desempleados, según reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por primera vez en la historia tras la dictadura franquista más de un cuarto (25,02%) de la población económicamente activa está parada.
Con respecto al trimestre anterior, hay 85.000 nuevos desempleados y 799.800 más que en el mismo período de 2011.
En contrapartida, el número de personas con empleo cerró el mes pasado en 17.320.300, el punto más bajo desde hace casi una década.
Desde la llegada al gobierno de Mariano Rajoy, hace nueve meses, hay medio millón de desempleados más: se han eliminado 487.200 plazas de trabajo.
Entre julio y septiembre pasado se eliminaron casi 97.000 puestos de trabajo. De ellos, 49.400 eran del sector público y 47.600 del sector privado.
De los 5,77 millones de desempleados, más de la mitad (3.034.200) llevan más de un año buscando trabajo sin éxito. Otros 1,74 millones llevan más de dos años y 1,28 millones entre uno y dos años.
En 1,7 millones de casas todos los miembros de la familia en edad para trabajar están desempleados. En el último año este dato se ha incrementado a un 21,94%.
Al desempleo se suma la precariedad laboral: entre julio y septiembre el número de empleados con contrato indefinido cayó en 179.400 y los contratos temporales subieron en 15.300. En total, 75,95% de los asalariados tiene un contrato indefinido y 24,05% un contrato temporal.
Si uno de cada cuatro españoles no consigue trabajo, en el caso de los menores de 25 años la situación se agudiza: uno de cada dos jóvenes que va a buscar empleo no lo logra. La tasa de paro juvenil alcanzó el 52,34%. Hay 970.100 jóvenes entre 16 y 24 años parados.
AVN


Vía:

http://www.librered.net/?p=21917

España: La gran estafa en Catalunya (I) Vicenç Navarro

Vicenç Navarro

Público

Catalunya es uno de los poquísimos países de la Eurozona en el que el Gobierno, a pesar de ser uno de los gobiernos que han llevado a cabo con mayor intensidad la política de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, y haber apoyado reformas laborales orientadas a facilitar el despido de los trabajadores y empleados, no ha perdido sustancialmente el apoyo popular que determinó su victoria electoral -hace casi dos años-, victoria basada en parte en un programa electoral que excluía el desarrollo de tales políticas, tal como también, por cierto, hizo el Partido Popular que gobierna actualmente en España (que sí ha sufrido una pérdida de apoyo electoral). ¿Cómo es que la política de recortes ha tenido un coste electoral al partido gobernante en España y a la gran mayoría de los partidos gobernantes en la UE, y no la ha tenido en Catalunya?
Las causas de esta situación, claramente excepcional, es que tal Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que tiene pleno control de los mayores medios públicos de información públicos, tales como Catalunya Ràdio y la Televisió de Catalunya (TV3, C33, 3/24, etc.), y que goza del apoyo de la mayoría de medios de información privados, ha sido exitoso en promover el mensaje de que “no hay alternativas” a tales políticas, debido al enorme déficit público que había dejado el Gobierno tripartito anterior (y que se encontró “inesperadamente” cuando llegó al Gobierno) y también al “expolio de Catalunya por parte de España” que había creado un enorme agujero en las arcas de la Generalitat de Catalunya. El término un tanto belicista de “expolio” se refiere al déficit fiscal de Catalunya versus el Estado español, es decir, la diferencia entre lo que los ciudadanos que viven en Catalunya contribuyen con sus impuestos y lo que reciben del mismo Estado a través del gasto público.
De esta lectura de las causas del problema financiero de tal Gobierno, la coalición gobernante CiU (una coalición de un partido liberal, Convergència Democràtica de Catalunya, perteneciente a la Internacional Liberal, y un partido cristianodemócrata, Unió Democràtica de Catalunya, perteneciente al grupo del Partido Popular Europeo, el mismo, por cierto, al que pertenece el Partido Popular) ha propuesto (además de recortar el gasto público para reducir el déficit y así corregir los supuestos excesos de gasto incurridos por la coalición de partidos de izquierdas que constituyeron el Gobierno anterior), una redefinición de la relación financiera entre el Estado central español y la Generalitat de Catalunya, proponiendo un pacto fiscal encaminado a desarrollar un concierto económico semejante al existente en el País Vasco y en Navarra. Esta petición, a partir de la manifestación del 11-S (que exigía un Estado propio para Catalunya) que reunió a un millón y medio de personas en las calles de Barcelona, se convirtió, en manos del Gobierno Mas, en un mero eslabón en el camino hacia la independencia de Catalunya, objetivo que no estaba en el programa electoral de CiU ni tampoco era un objetivo deseado por el Gobierno de la Generalitat para tal manifestación del 11-S que, según CiU, debería haberse centrado en la demanda por un pacto fiscal entre Catalunya y el Estado español. Es obvio que el Gobierno Mas quedó desbordado por la propia manifestación y que intenta ahora canalizar esta protesta (que en otros países hubiera sido en contra del propio Gobierno) hacia el Estado español. El enorme enfado popular hacia los recortes, entre muchos otros agravios, se intenta canalizar, no en contra de la Generalitat y su partido, CiU, sino hacia el Gobierno de España gobernado por el mayor aliado que CiU ha tenido en el desarrollo de sus políticas.
Las contradicciones del argumentario de CiU
En la línea argumentativa de CiU hay varios hechos que se ignoran y/o ocultan. Veamos los datos. La deuda de la Generalitat pasó de ser el 7% del PIB catalán en 2003 (cuando inició su mandato el primer tripartito) al 17% en 2010 (cuando terminó el mandato del 2º Gobierno tripartito). Durante este periodo, el gasto público social en los servicios públicos del Estado del bienestar subieron como nunca antes habían subido: en esos cuatro años se aumentó el gasto en protección social en 1.025 euros por habitante, pasando de 3.781 euros a 4.806 euros, mientras que en los cuatro años anteriores el aumento había sido de 768 euros, es decir 257 euros por habitante menos.
En 2010, el Gobierno Mas comenzó su gobierno con el intento de bajar tal deuda pública. Pero a pesar de los enormes recortes, cuya intensidad no tenía precedentes ni en Catalunya ni en España, la deuda pública se disparó pasando del 17% del PIB en Catalunya al 22% en 2012, uno de los mayores incrementos de la deuda pública ocurridos en los países de la Eurozona. Las causas de ello eran previsibles, tal como indicamos unas pocas voces, marginadas cuando no insultadas en tales medios públicos de la Generalitat (ver ”Comentario del profesor Navarro a los hechos vergonzosos que ocurrieron en la entrevista que le hizo Manel Fuentes en Catalunya Ràdio” en www.vnavarro.org).
Los recortes del Gobierno Mas, junto con los del Gobierno del PP (aprobados en las Cortes Españolas con el apoyo del partido gobernante en la Generalitat de Catalunya, CiU), acentuaron de una manera muy marcada la recesión económica, con la consecuente bajada de actividad económica y disminución de los ingresos al Estado. Se ha mostrado una vez más que las políticas de austeridad han sido un suicidio económico, tal como incluso el Fondo Monetario Internacional (que ha sido una de las instituciones que más ha presionado a los gobiernos para que se hagan tales recortes de gasto público, incluyendo el social) ha tenido que reconocer en un reciente informe (ver mi artículo “Los neoliberales deberían pedir perdón al pueblo al pueblo español, incluido el catalán”, El Plural, 22.10.12).
Pero la otra causa del descenso de los ingresos al Estado era la bajada de impuestos que el Gobierno español, con el apoyo de CiU había llevado a cabo durante el periodo de expansión económica. Tal bajada de impuestos creó un crecimiento del déficit público estructural del Estado (y de la Generalitat), dato silenciado en la mayoría de medios de la Generalitat de Catalunya. En realidad, según los datos del Ministerio de Hacienda, la aplicación de la reforma fiscal del 2006 (aprobada con el apoyo de CiU) a nivel del estado español (y que naturalmente afectó a los ingresos de la Generalitat) significó una bajada de ingresos (equivalente a 19.540 millones de euros) en 2007, bajada de impuestos que fue muy acentuada en el impuesto de Sociedades y en las rentas superiores. El impacto de tal bajada de impuestos en los ingresos al Estado, que también afectaba a la Generalitat, ha sido una de las noticias menos visibles en los medios de mayor difusión en Catalunya. Tal bajada de impuestos causó, como he indicado, un aumento del déficit público estructural, tanto del Estado como de la Generalitat de Catalunya, déficit que apareció con toda claridad cuando el crecimiento económico se frenó y finalmente se colapsó, resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Cómo respondió CiU a la crisis
Cuando el déficit público se incrementó, la respuesta de CiU fue apoyar medidas de recortes de gasto público llevadas a cabo por los gobiernos españoles y más tarde, cuando gobernó la Generalitat de Catalunya, realizarlas con gran intensidad con la intención –según declaraciones de los portavoces del Gobierno CiU- de impresionar a Bruselas de la “seriedad y compromiso del Gobierno de la Generalitat”, homologando seriedad con la voluntad de tomar medidas impopulares (tal como también ha dicho y hecho el portavoz del Gobierno del PP en España). Estos recortes se hicieron con el argumento de que “no había otra alternativa”, mensaje promovido activamente por los medios de información, tanto públicos como privados, ocultando que sí que había alternativas. Veámoslas.
CiU aprobó en las Cortes Españolas la propuesta del Gobierno Zapatero de congelar las pensiones, incluyendo, naturalmente, las pensiones catalanas (con el fin de ahorrar 1.200 millones de euros, dedicados a reducir el déficit público). Podría haber tomado, sin embargo, otras medidas que hubieran conseguido incluso más fondos. Así, CiU podría haber apoyado el mantenimiento del impuesto de patrimonio (con lo cual se habrían conseguido 2.100 millones de euros) en lugar de eliminarlo, como hizo. O podría haber apoyado la eliminación de las rebajas (que respaldó) en el impuesto de sucesiones (por valor de 2.552 millones de euros), o podría haber apoyado revertir la bajada de impuestos (que había aprobado) de las personas que ingresaban más de 120.000 euros al año, consiguiendo 2.500 millones.
Un tanto idéntico podría haber hecho con los recortes, incluso más intentos, realizados por el Gobierno del PP, presidido por el Sr. Rajoy. Así, en lugar de apoyar los recortes del Gobierno Rajoy (que han impuesto una reducción de 6.000 millones de euros en la sanidad pública, que tendrá como consecuencia el desmantelamiento de tal servicio público), CiU podría haber apoyado la anulación de la bajada de impuestos de sociedades (que CiU había aprobado) de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan un 0,12% de todas las empresas de España), consiguiendo con ello 5.300 millones de euros para el erario público (incluyendo a la Generalitat de Catalunya).
O CiU podría haber apoyado en las Cortes Españolas la reducción del subsidio que el Estado da a la Iglesia Católica para impartir docencia de religión católica en las escuelas públicas (incluidas las catalanas) a fin de ahorrar 600 millones de euros, permitiendo evitar los recortes a los servicios domiciliarios a las personas con discapacidades y dependientes. Y aquí, en Catalunya, el Gobierno CiU podría haber reducido su déficit a base de aumentar los ingresos a la Generalitat de Catalunya en lugar de centrarse tanto en los recortes. Incluso el Gobierno Cameron de Gran Bretaña, con afinidades políticas a las del Gobierno Mas, intentó reducir el déficit público, no sólo recortando el gasto público, sino también aumentando los impuestos. El Gobierno Obama de EEUU intentó una reducción del déficit a base de un equilibrio 50%/50%. Y el Gobierno socialista francés acaba de aprobar un presupuesto en el que el 80% de la reducción del déficit público se ha hecho a costa de aumentar los impuestos del capital y de las grandes fortunas, y sólo un 20% a base de más recortes del gasto público. No así el Gobierno Mas. El 98% de la reducción del déficit se ha hecho a base de recortes.
El mayor problema del retraso social de Catalunya y de España es la escasez de recursos del Estado, incluyendo de la Generalitat de Catalunya
El Gobierno Mas podría haber evitado muchos de sus recortes si hubiera recogido fondos ya existentes en Catalunya. Catalunya no es pobre. Su PIB per capita es el 110% del promedio de la UE-15. Su gasto público social, sin embargo, es sólo el 73% del promedio de la UE-5. Si fuera el 110%, Catalunya se gastaría casi 20.000 millones más que no se gastan, porque la Generalitat no los recoge. La Generalitat podría haber recogido, por ejemplo, 2.788 millones de euros mediante las siguientes medidas: 1.000 millones de euros a través de un impuesto finalista progresista que fuera a la sanidad pública, tal como ha hecho el Gobierno canadiense; 600 millones de euros a base de gravar los beneficios exuberantes del capital financiero (tal como ha sugerido, paradójicamente, el Fondo Monetario Internacional); 400 millones de euros manteniendo el impuesto de sucesiones; 538 millones de euros a base de recuperar el impuesto de patrimonio, modificándolo para centrarse en las grandes fortunas; 150 millones modificando las multas y sanciones para hacerlas progresivas (es decir, que una multa sancionadora sea mayor en la medida en que los ingresos de la persona o institución sancionada sean mayores, tal como ocurre en los países nórdicos); 150 millones de euros en impuestos verdes, haciendo pagar 5 euros por cada vuelo que despegue de aeropuertos catalanes, y así un largo etcétera.
Ninguna de estas medidas, por cierto, hubiera afectado a la mayoría de la ciudadanía a la que sí, en cambio, le afectan los recortes en sanidad, educación y otros servicios públicos de la Generalitat. Y, naturalmente, podría también reducirse, camino de eliminarse, el enorme fraude fiscal, muy acentuado entre las rentas superiores de Catalunya y en las grandes empresas. Aplicando a Catalunya la metodología utilizada por los técnicos de Hacienda para calcular el tamaño del fraude, éste es en Catalunya de 18.000 millones de euros (cifra que los propios técnicos consideran muy conservadora). CiU no se ha distinguido, ni en las Cortes Españolas ni en el Parlament de Catalunya, por haber iniciado o apoyado medidas correctoras de tal fraude.
Otras fuentes de ingreso para la Generalitat de Catalunya, que hubieran evitado los recortes, hubieran sido apoyar el aumento de impuestos al tabaco y al alcohol que hubieran podido recoger 200 millones, fondos que hubieran repercutido en mayores ingresos para Catalunya, o exigir a las mutuas patronales de accidentes y enfermedades laborales que paguen al sistema sanitario público catalán los gastos de atender a los pacientes accidentados o enfermos por causas laborales, y que hoy no pagan (representando un déficit de la sanidad pública de 230 millones de euros).
Todas estas son medidas que CiU y su Gobierno podría haber apoyado en las Cortes españolas, y aprobado y/o llevado a cabo en su gobierno, y que no hicieron. Y el que no lo hicieran responde a causas políticas. Es decir, hubieran afectado a los grupos sociales o intereses financieros y económicos que CiU representa o a los que no se atreve a enfrentarse. Como dijo recientemente un dirigente de Cáritas en Catalunya, ¿cómo los políticos pueden dar tanto dinero a la banca (CiU ha sido el partido que más ha apoyado al PP en el rescate bancario), y tan poco dinero a las poblaciones vulnerables que hoy están sufriendo enormemente? La respuesta del Gobierno CiU al incremento de la pobreza fue hacer la Maratón Antipobreza de la televisión pública TV3, que recogió 4 millones de euros. Si CiU y su aliado en las Cortes y en el Parlament (el PP) hubieran aprobado un impuesto sobre las transacciones bancarias de corto plazo (la mayoría de clara orientación especulativa) la Generalitat habría obtenido 300 millones de euros. Todas estas son medidas que CiU podría haber llevado a cabo en su Gobierno que hubiera podido hacerse como alternativas a los recortes. Ahora bien, ¿cómo es que, con la evidencia existente, y que presento en este artículo, el Gobierno CiU no sólo no está perdiendo popularidad, sino que puede ganar por mayoría? La respuesta es el argumento del “expolio”.
El déficit fiscal es un problema, pero no es el mayor problema de Catalunya
En cuanto al “expolio”, hay que indicar que, detrás de tal término belicista existe una realidad que le cuesta mucho al Estado español reconocer. Y es que la contribución de los impuestos derivados de Catalunya es excesiva (según los parámetros comparativos de transferencias interregionales en la mayoría de países de la Eurozona), en relación a los fondos que recibe del Estado. Esta es una realidad, cuya falta de reconocimiento por parte del Estado Central es un indicador más de un problema mayor, que es el gran desequilibrio que existe en la relación Estado Central-versus Catalunya a favor del primero y a costa del segundo (ver mi artículo “El nacionalismo españolista”. Sistema, 05.10.12). La constante oposición del establishment español, centrado en Madrid, al reconocimiento de la plurinacionalidad de España, ha sido la mayor fuente de frustración en grandes sectores de la población catalana, una falta de reconocimiento que aparece también en la decisión del Tribunal Constitucional de vetar puntos clave del Estatuto de Catalunya aprobado por referéndum por la población catalana.
Complementando esta decepción hubo la falta de respuesta y protesta por parte del establishment español (cuyas Cortes Españolas habían aprobado previamente tal Estatuto), después del “cepillazo” -término ofensivo que incluso causó gracia en el establishment madrileño- a la propuesta aprobada por el Parlamento Catalán. La falta de protesta del Gobierno Zapatero a tal hecho por parte de aquel establishment fue un factor contribuyente a la generalización del enfado en Catalunya hacia el Gobierno central.
Pero el punto final que ha rebosado el vaso ha sido la victoria del PP, que fue el partido que había llevado el Estatuto al Tribunal Constitucional, y cuya postura hostil hacia las reivindicaciones en Catalunya se ha traducido en sus declaraciones y comportamientos. El Gobierno no ha tomado ninguna medida sancionadora, por ejemplo, contra el militar que amenazó con una intervención militar ocupando Catalunya, de nuevo un caso que demuestra no solo la enorme insensibilidad democrática del Gobierno PP sino también su hostilidad hacia Catalunya.
Ahora bien, dicho todo lo que he dicho, varias realidades necesitan añadirse. Una de ellas es que la mayor fuerza política que ha apoyado las políticas neoliberales que ha estado aprobando el PP y que están causando unos enormes daños a las clases populares catalanas ha sido precisamente CiU. Y la otra vertiente es que, en reciprocidad, la fuerza política que ha apoyado constantemente las políticas neoliberales y regresivas en Catalunya ha sido el PP. Tales políticas están desmantelando el Estado del bienestar en Catalunya convirtiendo un Estado universal (con derechos universales que se aplican a toda la ciudadanía) en un Estado asistencial (para las personas sin recursos o especialmente vulnerables) con un gran debilitamiento de la fuerza del trabajo y una disminución de los derechos laborales, todo ello acompañado con una disminución de los derechos civiles y aumento de la represión.
Esto ha sido ocultado en los medios de comunicación de la Generalitat de Catalunya que han jugado un papel clave con su silencio ensordecedor sobre la naturaleza de estos hechos. TV3 ha alcanzado unos niveles de instrumentalización desconocidos desde la era pujolista, enfatizando la inevitabilidad de esta reforma y el “expolio” de Catalunya por parte de España. Tal expolio, sin embargo, no puede explicar el enorme déficit social de Catalunya. Explica parte pero no todo. De hecho, los datos de gasto en protección social de 2007 para Catalunya, que son los últimos disponibles, muestran que si se destinaran los recursos que configuran el déficit fiscal (que la Generalitat considera que es el 8% del PIB catalán) a gasto social según la asignación actual del presupuesto de la Generalitat, el gasto social por habitante en Catalunya todavía estaría lejos de alcanzar la cifra que le correspondería por el nivel de riqueza que tiene. En realidad, pasaría de 5.475 unidades de poder de compra (upc, unidades monetarias que tienen idéntica capacidad de compra, estandarizando el poder adquisitivo de países con diferente nivel de riqueza) a 6.236 upc, una cantidad todavía muy lejos de los 8.210 upc que se debería gastar por el nivel de riqueza que tiene. La mayor causa del retraso social de Catalunya es la misma causa del subdesarrollo social de España (como documenté en mi libro El subdesarrollo Social de España), es decir, el enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado español (incluido el catalán) a lo largo de su historia, y que se ha cristalizado durante estos dos años en la alianza PP-CiU en las Cortes Españolas, y CiU-PP en el Parlament. Y ahora ambas formaciones políticas están agitando las banderas con fines electorales.
Esta es la gran estafa y el fraude existente hoy en Catalunya y en España. La coalición gobernante de Catalunya, que tiene gran responsabilidad en el retraso social de las clases populares de Catalunya, se presenta ahora como la gran defensora del pueblo catalán, convirtiendo a su máximo aliado, el PP, en su máximo adversario, enarbolando la bandera catalana para mantenerse en el poder y continuar siguiendo las políticas neoliberales que han hecho tanto daño.
Ahora bien, los enfadados que marcharon en las calles de Barcelona el 11-S pidiendo autogobierno y el derecho a decidir (lo cual comparto), deben ser conscientes de que en la medida que voten a tal partido y a tal Gobierno, el motivo de su enfado no se resolverá, pues una futura Catalunya bajo el Gobierno CiU será muy semejante a la Catalunya de hoy, con los mismos recortes, las mismas políticas fiscales regresivas, la misma instrumentalización de los medios públicos, el mismo retraso social de Catalunya y la misma inmunidad frente a la corrupción que ha salpicado tan extensamente a este partido y a este Gobierno. ¿Es esta la Catalunya que desean? No es la Catalunya por la que la generación de mis padres, mi generación y generaciones posteriores lucharon durante la dictadura para que nuestros hijos y nietos pudieran vivir libremente en una Catalunya con democracia, pluralidad y justicia social. Esta Catalunya no existe y tampoco existirá si las fuerzas conservadoras dominan la transición de esta Catalunya a la otra Catalunya.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra


Vía:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=158262

Colombia: El Estado colombiano condena a muerte por tortura de negación de asistencia médica al preso político y de guerra José Dinael Lamprea ....por Lazos de Dignidad Presos Políticos

Contrajo cáncer de huesos y ha pasado dos años sin diagnosticar. Sólo recibe analgésico. En Colombia hay 9.500 presos políticos, entre ellos el 90% civiles encarcelados bajo montajes judiciales: todos, los presos políticos civiles y los presos políticos de guerra, padecen tortura, muchos fallecen

DENUNCIA PÚBLICA

LA INDOLENCIA DEL ESTADO COLOMBIANO CONDENA A PENA DE MUERTE AL PRISIONERO POLÍTICO Y DE GUERRA JOSÉ DINAEL LAMPREA

La Fundación Lazos de Dignidad emite DENUNCIA PÚBLICA contra el Estado Colombiano y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia -INPEC- por condenar a pena de muerte al prisionero político y de guerra JOSÉ DINAEL  LAMPREA, de 35 años de edad, guerrillero de las FARC EP, al omitir diagnóstico oportuno, negarle atención médica adecuada y restringir el derecho a la libertad por grave enfermedad.

HECHOS

 1.    JOSE DINAEL LAMPREA VILLAMIL, de extracción campesina, ingresó a las FARC EP debido a las amenazas, hostigamientos y desplazamiento forzado que su núcleo familiar padeció por grupos paramilitares en el departamento del Guaviare, donde fue capturado en el año 2009, siendo condenado a 48 meses de prisión por el delito de rebelión.

 2.    Al momento de su captura el prisionero gozaba de buena salud, pero en reclusión comenzó a padecer una extraña enfermedad que le ha generado inflamaciones, fuertes dolores, tumores y parálisis en su cuerpo, al límite de postrarlo en una cama.

 3.    Durante el primer año de su reclusión el prisionero fue sometido al “paseo de la muerte”, siendo trasladado en múltiples ocasiones a diferentes sitios de reclusión y hospitales, sin recibir atención médica adecuada, situación que deterioro su estado de salud.

 4.    Desde el 15 de noviembre de 2011, fue remitido a especialista en oncología, sin embargo, y a pesar de las insistentes peticiones presentadas por la Fundacion Lazos de Dignidad ante el INPEC y Ministerio de Justicia, el prisionero fue valorado hasta el mes de junio de 2012, sin que se le diagnosticara la real enfermedad que padece.

 5.    El 04 de junio de 2012, el Juzgado 10 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le otorgó la libertad condicional a JOSÉ DINAEL LAMPREA, imponiéndole una caución prendaria de 2.600.000 pesos, la cual fue pagada por su humilde familia con el apoyo de diferentes organizaciones sindicales y de derechos humanos; sin embargo, el Juez Penal del Circuito de San José del Guaviare, a pesar de conocer la extrania y grave enfermedad del prisionero, impidió su libertad emitiendo una nueva orden de captura dentro de un proceso penal donde el prisionero tan solo está siendo investigado.

 6.    Durante el mes de julio de 2012, el prisionero tuvo varias recaidas, por lo que fue hospitalizado, siéndole únicamente suministrado medicamentos para calmar el dolor.

 7.    El 02 de agosto de 2012, debido a una fuerte recaida, el prisionerofue remitido al Hospital del Tunal, siéndole diagnosticado osteosarcoma con metástasis en la cara y condrosis múltiple (cáncer en los huesos), y el 17 de septiembre de 2012, sus familiares fueron informados que tenia pocas probabilidades de vida.

 8.    A pesar de estar probada la grave enfermedad que padece prisionero político de guerra JOSÉ DINAEL  LAMPREA el INPEC no ha tramitado su libertad, negando la posibilidad a que viva sus últimos días en condiciones dignas y rodeado del afecto de su familia.

El Estado colombiano en cabeza del INPEC ha violado la dignidad humana, el derecho a la salud en relación con la vida y a la familia del prisionero político y de guerra JOSÉ DINAEL  LAMPREA, a quien ha condenado a pena de muerte de facto, así mismo ha infringido el Derecho Internacional Humanitario al omitir su deber de protección a dicho Prisionero de Guerra.

PETICIONES

 1.    Exigimos al estado colombiano otorgar la LIBERTAD INMEDIATA por grave enfermedad alprisionero político de guerra JOSÉ DINAEL  LAMPREA.

2.    Que cesen las condenas a pena de muerte contra los prisioneros políticos mediante la omisión de diagnósticos y atención médica oportuna. 

3.    Solicitamos que LA LIBERACIÓN DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS ENFERMOSsea incluida dentro de la agenda de diálogos entre el gobierno Colombiano y las FARC - EP.

No mas abuso de poder por parte del Estado Colombiano!

Si el Estado no puede proteger a los prisioneros que los libere!

Octubre 18 de 2012.

Vía:

http://kaosenlared.net/america-latina/item/35265-el-estado-colombiano-condena-a-muerte-por-tortura-de-negaci%C3%B3n-de-asistencia-m%C3%A9dica-al-preso-pol%C3%ADtico-y-de-guerra-jos%C3%A9-dinael-lamprea.html

Noticias: Peligro emergente....Los partidos Demócrata y Republicano no dejan que se escuchen las voces de más de 35 partidos alternativos en Estados Unidos. La CIA ha solicitado una ampliación de su flota de drones para continuar sus operaciones de matanza. Y la OTAN prepara una ciberguerra contra Rusia, Irán y China, enmascarada en ejercicios militares contra un adversario ficticio.

Sociedad: El acaparamiento mundial de aguas....guía básica por Jennifer Franco*

En los últimos años, el fenómeno del ‘acaparamiento mundial de tierras’ ha despertado una gran atención, entre otras cosas por el enorme auge de las operaciones comerciales y especulativas sobre tierras y la consiguiente desposesión de comunidades rurales. Estas operaciones se ven impulsadas sobre todo, aunque no exclusivamente, por la producción y la exportación a gran escala de alimentos y agrocombustibles. Ahora, comienzan a sonar las alarmas sobre otro fenómeno paralelo, el del ‘acaparamiento mundial de aguas’, por el que este recurso se estaría convirtiendo en otra gran mercancía, en un ‘oro azul’ ansiado por Estados e inversores de todo el mundo. El agua se ha convertido en un nuevo objeto de apropiación y representa un factor fundamental en numerosos ámbitos, como el medio ambiente, la energía, los alimentos y el desarrollo. En esta guía básica, se tratan doce preguntas claves sobre el creciente fenómeno del acaparamiento de aguas.

¿Qué es el ‘acaparamiento de aguas’?

El término ‘acaparamiento de aguas’ –o ‘apropiación de aguas’– alude a aquellas situaciones en que actores poderosos asumen el control de valiosos recursos y cuencas de agua para su propio beneficio, privando de ellos a las comunidades locales cuyo sustento depende de estos recursos y ecosistemas.1 La capacidad de hacerse con el control de los recursos está vinculada con procesos de privatización, mercantilización y apropiación de bienes comunes. Estos procesos convierten el agua de un recurso abierto y al alcance de todos y todas a un bien privado cuyo acceso debe negociarse y suele basarse en la capacidad de pago. El acaparamiento de aguas se manifiesta en formas muy diversas, desde su extracción para grandes monocultivos de producción industrial de alimentos y combustibles a la construcción de represas fluviales para energía hidroeléctrica, pasando por la apropiación corporativa de recursos de agua públicos. El fenómeno también forma parte inherente de un modelo de desarrollo que se ve reforzado por el comercio de ‘agua virtual’.

El acaparamiento de aguas no es un fenómeno nuevo y comparte muchos rasgos con otros acaparamientos de recursos y con lo que suele conocerse como ‘el cercamiento del patrimonio común’ o ‘de bienes comunales’.2 La nueva dimensión del acaparamiento de aguas contemporáneo es que los mecanismos para apropiarse de los recursos hídricos y convertirlos en bienes privados están mucho más avanzados y cada vez más globalizados, y sujetos a leyes internacionales sobre inversiones extranjeras y comercio exterior. Por ese motivo, existe una preocupación muy real de que la nueva generación de ‘Mulhollands’ –el superintendente de Los Ángeles que hizo tristemente famoso el acaparamiento de aguas a principios del siglo XX– se beneficie de este escenario en detrimento de las comunidades y los ecosistemas locales, y a una escala sin precedentes (véase el cuadro 1). En el contexto de la ‘crisis mundial de agua’, en que 700 millones de personas de 43 países viven por debajo del umbral de estrés de agua, 1.700 metros cúbicos por persona, es urgente y necesario poner fin a los procesos que persiguen su acaparamiento.3

Cuadro 1. ¿Un nuevo Mulholland?“Hace cien años, William Mulholland, superintendente del Departamento de Agua de Los Ángeles, resolvió el problema de la escasez de agua de la ciudad mediante un método innovador y brutalmente eficiente: ‘la apropiación de los recursos hídricos’. Mediante la imposición de la transferencia del agua utilizada por los agricultores del valle de Owens, a más de 300 km, permitió que Los Ángeles tuviera una de las tasas de crecimiento más elevadas de Estados Unidos. Los tiempos han cambiado. Actualmente, los californianos resuelven las disputas relacionadas con el agua en los tribunales. Pero en los países en desarrollo, la competencia por el agua se está intensificando a una velocidad alarmante, produciendo intensos conflictos, a veces violentos. El peligro es que el modelo de Mulholland reaparecerá con otra apariencia y el poder dictará los resultados sin ninguna preocupación por la pobreza y el desarrollo humano.”.Fuente: PNUD (2006) Resumen del Informe sobre desarrollo humano 2006 – Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua

2. ¿Qué factores clave impulsan el acaparamiento de aguas?

El acaparamiento de aguas es una de las expresiones de un modelo de desarrollo económico en que la acumulación de capital está vinculada con el creciente control de recursos naturales abundantes y baratos, entre los que estarían los alimentos, el agua y la energía. El estallido de la crisis financiera mundial en 2008, acompañado de una extraordinaria subida de los precios de las materias primas y una creciente especulación financiera con los alimentos, ha provocado una nueva oleada de acaparamientos de tierras, aguas y recursos, mediante los que gobiernos e inversores buscan garantías que no pueden proporcionar unos mercados cada vez más volátiles e inestables.4 En efecto, la interrelación entre seguridad hídrica, energética y alimentaria es muy relevante y merece la pena analizarla con mayor detalle.

El incremento gradual de los precios del petróleo y la creciente preocupación de que se haya alcanzado ya ‘el pico del petróleo’ han disparado señales de alarma sobre la alta dependencia de los combustibles fósiles que caracteriza a las economías modernas. La búsqueda de alternativas a las fuentes de energía no renovables se ha centrado en gran medida en los agrocombustibles: cultivos como la palma aceitera, la jatrofa, la caña de azúcar y la soja, que se producen como fuente de combustible líquido para el sector del transporte y varios usos industriales. En Asia, África y América Latina se ha producido un verdadera explosión en la producción de agrocombustibles, que se ha visto aún más intensificada por decisiones gubernamentales como la Directiva sobre energías renovables de la Unión Europea (UE) y un gran número de subsidios y préstamos preferenciales.5 Sin embargo, la idea de que los agrocombustibles representan una fuente de energía limpia y eficiente se ha demostrado claramente errónea, entre otras cosas por la enorme cantidad de agua que se necesita en el ciclo de producción: desde el riego de los cultivos al lavado de la cosecha, pasando por la refrigeración de las calderas durante el procesado. Por ejemplo, en el caso del cultivo de caña de azúcar para producir etanol, se necesitan 7.000 litros de agua para obtener 12 kilogramos de azúcar, necesarios para conseguir un litro de etanol.6 En ocasiones, la alta intensidad hídrica que supone producir agrocombustibles no se tiene en cuenta, lo cual entraña consecuencias catastróficas para otros usuarios de agua (véase el cuadro 2).

Del mismo modo que el incremento de los cultivos para combustibles refleja la búsqueda por parte de Estados e inversores de suministros estables y baratos de energía en circunstancias de competencia y crisis económica, la apropiación de recursos de agua para cultivar alimentos se basa en una lógica parecida. Como los precios de los alimentos se han disparado en los últimos años, un creciente número de países y de grandes corporaciones agroindustriales están intentando reducir su dependencia de los mercados internacionales involucrándose directamente en la producción agrícola. Este factor, por ejemplo, es de gran relevancia en los proyectos de muchos Estados del Golfo, ya que sus propios recursos de agua están al límite y el coste de la importación de alimentos no cesa de aumentar (se calcula que dicho coste representa hasta un tercio de la inflación experimentada en la región).7 Así pues, apropiarse de tierras y aguas para producir alimentos en otros países es visto como una estrategia de estabilización económica y como un medio para protegerse contra la inflación a largo plazo. Lo mismo puede decirse de las corporaciones agroindustriales, que han dado un giro hacia una mayor integración vertical con el objetivo de garantizar sus márgenes de beneficio y ejercer más control en toda la cadena de valor.

Cuadro 2. Primero los combustibles y después los campesinos: el caso de ProCana en MozambiqueEn 2007, la compañía londinense Central African Mining and Exploration Company (CAMEC) y el gobierno de Mozambique establecieron un acuerdo para desarrollar un proyecto de producción de etanol a partir de caña de azúcar en una superficie de 30.000 hectáreas. Como el proyecto – llamado ProCana– necesitaba 407 millones de metros cúbicos de agua al año para las plantaciones de azúcar, CAMEC obtuvo una licencia del gobierno mozambiqueño que le permitía extraer grandes reservas de agua de la represa de Massingir. Sin embargo, un estudio independiente demostró que esas reservas solo bastaban para cubrir el 60 por ciento del volumen necesario y que, por encima de ese nivel, la seguridad hídrica de los agricultores y pastores de subsistencia que dependía del caudal por debajo de la represa se vería gravemente comprometida. Actualmente, después de que la compañía CAMEC se retirara del proyecto, este está suspendido, pero el gobierno mozambiqueño está buscando otros inversores para retomar la iniciativa. Fuente: Borras, Fig y Monsalve (2011) The Politics of Agrofuels and Mega-land and Water deals: Insights from the ProCana case, Mozambique: http://www.tni.org/paper/politics-agrofuels-and-mega-land-and-water-deals

Mientras tanto, se está dando también el creciente fenómeno de los ‘cultivos comodín’ (flex crops), es decir, cultivos que tienen distintos usos (alimentos, forraje, combustible, material industrial) y que se pueden intercambiar de forma fácil y flexible en función de varios factores, como el cambio de las señales de precios en los mercados globales.8 Entre estos cultivos, se encontrarían algunos de los que requieren una mayor intensidad de agua y/o generan una mayor destrucción de cuencas y bosques autóctonos: la soja (forraje, alimentos, biodiésel), la caña de azúcar (alimentos, etanol), la palma aceitera (alimentos, biodiésel, usos comerciales/industriales) y el maíz (alimentos, forraje, etanol). El sector de los cultivos comodín, por ejemplo, es uno de los que está experimentando un crecimiento más acelerado en América Latina hoy en día.9 Además de los cultivos comodín, puede que estemos presenciando también una creciente tendencia hacia los ‘árboles comodín’, es decir, monocultivos de árboles que se pueden destinar a varios fines, como madera para construcción y muebles, madera para virutas y tacos de madera, y actividades de (re)forestación para la captura de carbono y otros llamados ‘servicios ambientales’. Si bien el impacto de las plantaciones de árboles sobre los ecosistemas y los usuarios locales desde el punto de vista de la (re)asignación de agua es complejo y viene determinado por muchos factores, cada vez hay más pruebas de que las repercusiones en los ecosistemas y las comunidades locales pueden ser extremadamente negativas.10 A pesar de los riesgos, los datos oficiales muestran que la superficie global destinada a las plantaciones de árboles está creciendo a un ritmo medio de aproximadamente el 2 por ciento anual; los índices más altos se concentran, concretamente, en América Central y del Sur, el Caribe y Asia.11

Los factores que impulsan el acaparamiento de aguas ponen de manifiesto cómo la acumulación de capital por parte de las corporaciones está estrechamente relacionado con el control de recursos naturales como el agua. Es en este contexto en el que cabe cuestionar la tendencia a convertir todos los debates en torno al agua, los alimentos y la energía en temas de seguridad: seguridad hídrica, seguridad alimentaria, etcétera. Con esto, se corre el peligro de conferir un grado de legitimad a la apropiación privada de los recursos de agua. Entender que el acaparamiento de aguas tiene menos que ver con una verdadera preocupación por la disponibilidad de reservas de agua, alimentos y energía (lo cual comportaría una cierta consideración por su conservación y uso sostenible) y mucho más con garantizar la rentabilidad de ciertas economías y compañías que venden a los mercados globales y se abastecen de ellos constituye el primer paso para rechazar esta lógica. En efecto, el peligro del acaparamiento de aguas está en la capacidad de ciertos actores para usar su poder con el fin de explotar las preocupaciones, tanto reales como supuestas, en torno a la escasez de agua.

3. ¿Quiénes son los acaparadores de aguas

En el acaparamiento mundial de aguas participa una gran diversidad de actores, tanto recién llegados como más tradicionales. Entre ellos estarían fondos de inversión especializados en agua, transnacionales del agua y toda una serie de actores cuyas actividades dependen del comercio de ‘agua virtual’.

Una de las novedades más sorprendentes de los últimos años es la creación de fondos privados en que el agua es un componente importante de la cartera de inversiones. En 2008, Rabo Farm Europe Fund, un fondo de capital privado perteneciente al banco holandés Rabobank, y el banco suizo Bank Sarasin crearon el ‘Fondo AgriSar’. Entre sus principales objetivos está la inversión en recursos hídricos, señalando que “la monetización del agua está apenas comenzando, en un momento en que un recurso antes gratuito gana valor de escasez, y vemos oportunidades para las compañías que puedan asegurar y gestionar su suministro”.12 Está claro, por tanto, que para los fondos de capital privado como AgriSar, la ‘crisis mundial de agua’ representa una oportunidad de negocio muy lucrativa.

En la industria global del agua se puede observar una tendencia parecida. Las corporaciones privadas, en efecto, se dedicaron durante gran parte de la última década a intentar tomar el control de servicios de agua que antes eran públicos en países como Perú, Bangladesh y Sudáfrica. En esta industria global del agua, hay también grandes monopolios; de hecho, dos corporaciones francesas, Vivendi y Suez, dominan en torno al 70 por ciento del mercado de los servicios de agua de todo el mundo.13 La imposición de un modelo de servicio de agua que persigue el lucro, que se basa en la ‘capacidad de pago’ y que se orienta hacia un mayor nivel de consumo de agua no augura nada bueno para las necesidades de los sectores pobres ni para la conservación de este recurso. Sin embargo, este modelo se ha topado también con importantes resistencias, y muchas comunidades han luchado y han conseguido poner fin a los intentos de privatización.14 De hecho, son cada vez más las ciudades que están ‘remunicipalizando’ el agua, es decir, recuperando su gestión local y pública.15

Cuadro 3. Principios campesinos frente a beneficios de la agroindustriaEn el valle bajo del río Piuria, al norte de Perú, la comunidad campesina de San Juan Bautista de Catacaos había conseguido establecer un modelo de producción agrícola cooperativo, diverso y bajo en insumos externos. Dadas las condiciones semiáridas de la región, el manejo cuidadoso del agua, respetando los límites ecológicos, era de vital importancia para la supervivencia de la comunidad. Este imperativo de gestión sostenible del agua fue sencillamente ignorado por una empresa de la agroindustria que se instaló en 1.500 hectáreas de la región. Para producir pimientos, pimentón, bananas orgánicas, azúcar orgánico, arroz, cebollas y uvas que necesitaban un gran volumen de agua, la empresa construyó una gran planta de bombeo en un punto estratégico del río Piuria, además de canales y estanques artificiales cercados por alambradas y patrullados por guardias armados. Cada hectárea regada por la agroindustria supone la pérdida de tres hectáreas de tierras productivas para la comunidad de Catacaos, en su día floreciente y ahora enfrentando grandes dificultades. Fuente: Van der Ploeg, J. D. (2008) The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization. Londres y Sterling, Earthscan

Mientras tanto, la compañías de la agroindustria están dando un giro hacia una mayor integración vertical y cada vez ejercen más control sobre los recursos de agua. Este control suele utilizarse para incrementar una agricultura que necesita grandes cantidades de agua y que compite con modelos agrícolas más sostenibles y localmente adaptados, y en ocasiones los desplaza por completo (véase el cuadro 3).

Teniendo en cuenta los recursos hídricos que se necesitan para la agricultura, podría decirse que el comercio agrícola global es, a un nivel muy básico, “una gigantesca transferencia de agua, en forma de commodities, desde regiones donde se la encuentra en forma abundante y a bajo costo, hacia otras donde escasea [y] es cara”.16

Este comercio de ‘agua virtual’, que no solo se da en el caso de la agricultura, sino que afecta también al agua usada para producir todo tipo de bienes y servicios y comerciar con ellos, abre el debate sobre quiénes son los acaparadores de agua. En concreto, exige que se comprendan los complejos vínculos entre satisfacer la demanda de agua en una región y propiciar la escasez de agua en otra. Un ejemplo de ello sería la política comercial ‘Todo menos armas’ de la UE, que se ha demostrado que está fomentando la expansión de grandes plantaciones de caña de azúcar, muy exigentes en agua, en Camboya para su posterior exportación a Europa.17

4. ¿Qué relación existe entre el acaparamiento de aguas y el de tierras?

Las causas del acaparamiento de aguas son parecidas a las del ‘acaparamiento de tierras’, el fenómeno por el que inversores adquieren o arriendan grandes extensiones de terrenos, con impactos socio-económicos y medioambientales negativos. El control de la tierra por parte de un determinado inversor suele ir acompañado del correspondiente control sobre los recursos de agua de dicha tierra. De hecho, el acceso al agua podría ser incluso el elemento más valioso del acuerdo. Más aún si se tiene en cuenta que los gobiernos anfitriones intentan atraer a los inversores ofreciéndoles concesiones con respecto al uso del agua. En Malí y en Sudán, por ejemplo, se ha otorgado a los inversores un acceso ilimitado al agua, de forma que puedan usar toda la que necesiten.18 Algunos inversores internacionales acuerdan construir infraestructuras de agua a cambio de la adquisición o el arrendamiento de tierras. El gobierno libio, por ejemplo, construyó un canal de riego a cambio de 100.000 hectáreas de tierras en Malí.19

Adquirir tierras para poder acceder a recursos de agua y controlarlos es algo de especial importancia para los países que se enfrentan a la escasez de estos. Se prevé que las fuentes renovables de agua en los Estados del Golfo se agoten en las próximas tres décadas.20 Las implicaciones de esta escasez de agua son muy profundas. Arabia Saudí, antes exportador neto de trigo, prevé poner fin a la producción nacional de este grano en 2016 debido al agotamiento progresivo de las reservas de agua dulce en el país.21 El país busca ahora compensar esta pérdida en la producción de alimentos nacional mediante la adquisición de tierras agrícolas en el extranjero (véase el mapa 1), transfiriendo así gran parte de la presión sobre los recursos de agua que genera la producción agrícola a otros países. Esta es una estrategia que seguirán muy probablemente otros países con escasos recursos hídricos, que intentarán así asegurarse el acceso a reservas de agua y resolver este problema interno adquiriendo tierras en el exterior.

El acaparamiento de tierras y el de aguas también se relacionan entre sí en la medida en que ambos conllevan un modelo de uso del agua caracterizado por la explotación, la exclusión y la especulación. El acaparamiento de tierras y aguas se ve impulsado por la producción de cultivos alimentarios y de otro tipo en grandes plantaciones de monocultivo. Estos monocultivos, que se basan en la aplicación de prácticas productivas industriales, orientan la agricultura hacia la maximización de los beneficios; el agua es vista simplemente como una materia prima que posteriormente se convertirá en mercancías de mayor valor. El hecho de que las grandes plantaciones de monocultivo necesiten enormes cantidades de agua y utilicen hasta diez veces más que los sistemas agrícolas biodiversos deja de ser un problema, siempre que se puedan superar externamente una serie de restricciones biofísicas, incluso aunque eso suponga recurrir al acaparamiento de tierras y aguas.

Cada vez se cuestiona más la falsa idea de que los monocultivos son la forma más eficiente (y por tanto, también la mejor para conservar recursos) de organizar la producción agrícola. Por ejemplo, mientras que la producción de caña de azúcar sigue expandiéndose a gran velocidad en Brasil, esta ha ido acompañada en los últimos años de un descenso en la productividad, lo cual apunta a que el incremento en los niveles de producción se debe a la expansión de la superficie ocupada por monocultivos.22 Así pues, la rentabilidad de la producción de caña de azúcar en Brasil depende de que se siga avanzando aún más en los procesos de acaparamiento de tierras y aguas.

5. ¿Qué impactos tiene el acaparamiento de aguas sobre los medios de vida, la seguridad alimentaria y los entornos acuáticos locales?

La reclamación de los recursos locales de agua por parte de los inversores externos suele justificarse en nombre del desarrollo. La idea es que garantizar unas reservas suficientes de agua para el buen funcionamiento de los proyectos comerciales ayudará a generar empleo, impulsar la productividad agrícola, contribuir a la creación de nuevas infraestructuras y abrir nuevas entradas de ingreso para el gobierno. Si estos proyectos se gestionaran de manera sostenible e incluyeran procesos de consulta adecuados con las comunidades afectadas, puede que algunos de estos beneficios, en efecto, se materializaran. En muchos casos, sin embargo, estas promesas de desarrollo se contradicen con la realidad sobre el terreno.

En lo que se refiere a los medios de vida, uno de los principales problemas está en la incapacidad o en la renuencia de inversores y gobiernos a documentar y registrar cómo se usan las aguas o las tierras antes de que estas sean arrendadas o transferidas. Por lo general, los recursos de tierras y aguas que forman parte de los acuerdos comerciales suelen describirse como ‘inutilizados’, con lo que su traspaso a manos de los inversores no supone problema alguno. Esto, no obstante, supone obviar el valor de las tierras y aguas para la vida de las comunidades rurales, que dependen de estos recursos no solo para mantener sus medios de vida, sino también para asegurar su identidad social y cultural. Los acuerdos comerciales de inversión que solo valoran las tierras y aguas desde el punto de vista económico suelen pasar por alto estas dimensiones. Las comunidades rurales, que por lo común practican una agricultura de pequeña escala, no pueden competir por la atención del gobierno cuando hay otros actores que están ofreciendo una gran inversión de capital. En consecuencia, las comunidades quedan marginadas y se privilegian las grandes iniciativas comerciales (véase el cuadro 4).

El arroz saudí por encima de las necesidades locales en EtiopíaEn la región etíope de Gambela, el gobierno está obligando a varias comunidades locales a renunciar a sus tierras ancestrales para dar paso a una plantación de arroz de 10.000 hectáreas gestionada el propio gobierno etíope y la compañía Saudi Star Agricultural Development Plc. La plantación de arroz está situada en las márgenes del río Alwero, que es también una fuente clave de agua para las comunidades rurales de la zona que practican la pesca, el pastoreo y la agricultura itinerante. Los derechos al agua de estas comunidades, vistas como marginales e improductivas desde el punto de vista económico por parte del gobierno etíope, se están viendo desplazados por las necesidades de agua de la empresa Saudi Star, a la que el gobierno de Etiopía no ha impuesto ningún límite sobre el uso de agua, ningún control de protección ambiental ni ningún mecanismo para supervisar los efectos del incremento de consumo corporativo de agua para el resto de usuarios. Ahora se ha convocado una licitación para construir una serie de canales de cemento de 30 kilómetros para transportar agua desde el río Alwero hasta la plantación de arroz y también se está planificando una nueva represa en ese mismo río para que la compañía Saudi Star pueda disponer de un mayor volumen de agua. Fuente: Horne, F. y F. Mousseau (2011) Understanding Land Investment Deals in Africa – Country Report: Ethiopia. Oakland, Oakland Institute

La mala gestión de los recursos hídricos por parte de compañías privadas puede también acabar teniendo repercusiones catastróficas que van mucho más allá de las actividades físicas inmediatas de dichas compañías. Cuando la gestión del agua no funciona como debería y las fuentes se contaminan, puede verse afectado todo el caudal del sistema fluvial. Las filtraciones de residuos tóxicos que se producen en las plantaciones de palma aceitera en Indonesia, por ejemplo, además de provocar que las aguas de los ríos no sean potables, están matando a los peces y a otras formas de vida acuática.23 Las plantaciones afectan también de forma muy importante a los patrones de drenaje naturales, lo cual conduce al agotamiento del agua en los ríos cercanos y a un incremento de las inundaciones durante la estación de lluvias.24 Las plantaciones de caña de azúcar en Brasil, por ejemplo, situadas junto a ríos y lagos, han causado la pérdida de hábitats y especies debido a la deforestación y al uso de lodos tóxicos (un producto derivado del procesamiento de etanol) como fertilizantes, lo cual ha contaminado ríos y aguas subterráneas.25

6. ¿Quién se beneficia de las inversiones en infraestructuras de agua?

El acaparamiento de aguas no se limita a la extracción directa de agua para producir alimentos, combustibles y cultivos comodín, sino que conlleva también varios tipos de infraestructuras como represas, embalses, centrales hidroeléctricas, canales y sistemas de riego que desvían y agotan las fuentes de agua, y que pueden llegar a afectar a cuencas fluviales enteras (véase el cuadro 5). Los gobiernos suelen ver estos proyectos que requieren grandes inversiones de capital como algo imprescindible para potenciar el desarrollo económico. Sin embargo, el quid de la cuestión es: ¿desarrollo económico para quién? El gobierno brasileño, por ejemplo, está realizando grandes inversiones en la construcción de centrales hidroeléctricas arguyendo que la hidroeléctrica es una fuente de energía renovable, muy eficiente y, una vez finalizadas las obras de construcción de la infraestructura, barata. Sin embargo, este proceso ha ido también acompañado de la privatización del suministro energético, que ha puesto la energía hidroeléctrica al servicio de grandes compañías transnacionales –como grandes conglomerados mineros, metalúrgicos y de supermercados–, que reciben la energía a una tarifa hasta diez veces más baja que la pagada por la población general.26 En consecuencia, los brasileños de a pie han experimentado un incremento en las tarifas de más del 400 por ciento en los últimos diez años, aunque el 80 por ciento de la energía en Brasil provenga de centrales hidroeléctricas.27

Mientras que las hidroeléctricas han generado una polémica notable, las inversiones en sistemas de riego se ven en ocasiones bajo una luz más favorable, ya que estos sistemas son críticos para producir alimentos y, por lo tanto, pueden ayudar, potencialmente, a mejorar la seguridad alimentaria. Por este motivo, muchos países han acogido con satisfacción la llegada de inversiones extrajeras en sistemas de riego para modernizar la agricultura y aumentar el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, aunque es cierto que el rendimiento de los cultivos en tierras de regadío es, como promedio, de dos a tres veces más alto que los situados en tierras de secano, esto no se traduce automáticamente en una mayor seguridad alimentaria. El riego rara vez se introduce de forma aislada, sino que suele formar parte de un ‘paquete de tecnología’ que incluye fertilizantes, pesticidas y, a veces, pasar a la mecanización. Aunque este ‘paquete de tecnología’ puede estar inicialmente subsidiado por gobiernos u otras entidades, permitiendo así a todos los campesinos participar en el ‘cambio tecnológico’, con el tiempo esos subsidios se suelen eliminar, dejando a los campesinos cargar con el incremento en el coste de los insumos. Esto puede abocar a la ruina a los hogares con menos recursos. Si se examina con detenimiento cómo se distribuyen los beneficios de los planes de sistemas de riego y cómo estos reestructuran las relaciones sociales basadas en la tierra, se llega a una visión menos optimista de las ventajas de las inversiones extranjeras en las infraestructuras de agua.

Cuadro 5. Las represas ahogan los medios de vida en el río MekongLa cuenca del río Mekong es muy extensa; se calcula que sirve de apoyo a hasta 100 millones de personas a lo largo de sus 5.000 kilómetros de recorrido fluvial, que atraviesa China, Myanmar, la RPD Lao, Tailandia, Camboya y Vietnam. Las comunidades pescadoras, en particular, dependen en gran medida del río Mekong. Sin embargo, el acaparamiento de aguas para construir represas hidroeléctricas está impidiendo que los peces migratorios lleguen a sus zonas de desove y están reteniendo los sedimentos ricos en nutrientes que mantienen los ecosistemas acuáticos y la pesca en el interior. Con un total de 50 represas en toda su cuenca, se calcula que solo permanece intacta el 46 por ciento de la conectividad original del ecosistema del Mekong. Teniendo en cuenta que se están estudiando aún más proyectos de infraestructuras, la batalla por el río Mekong –como fuente de pesca o como fuente de energía– se intensificará, sin duda, en los próximos años. Fuente: Schertow, J. (2008) Sacrificing the Mekong River Basin in the Name of Electricity: http://towardfreedom.com/home/content/view/1479/1/

7. ¿Cuál es la relación entre el acaparamiento de aguas y la privatización de recursos hídricos?

La privatización y mercantilización de los recursos de agua son mecanismos clave a través de los que se hace efectivo el acaparamiento de tierras. La privatización de los recursos hídricos no es un fenómeno nuevo, pero la nueva oleada de acaparamiento de aguas le ha dado a este recurso una mayor prominencia como bien comercial.

La privatización y el comercio de los derechos sobre el agua que esta facilita puede llevar a que se expropien o se vendan al mejor postor los derechos de las comunidades locales. Este es un peligro especialmente real cuando los derechos sobre el agua de las comunidades indígenas no están registrados, es decir, cuando están sujetos a formas tradicionales y colectivas de gestión y no a un control estatal formalizado. Por ejemplo, la Ley del agua de Mozambique prioriza, en teoría, el uso del agua por parte de los hogares rurales para las necesidades domésticas, el ganado y el riego de pequeñas parcelas de cultivo.28 Sin embargo, al mismo tiempo, no exige que este ‘uso común’ esté registrado, por lo que se hace ‘invisible’ ante los planes del gobierno y muy vulnerable a la competencia de otros usuarios.

La asignación de derechos privados sobre el agua a inversores es, por el contrario, altamente visible. Como tal, la privatización del agua puede ser una forma de traspasar poder de las comunidades locales a inversores privados, y un primer paso hacia la erosión de modelos tradicionales y colectivos de manejo del agua.

Destruir la organización social de los recursos hídricos y sustituirla por una forma privada e individualizada de gestión basada en el mercado es uno de los principales objetivos de la política neoliberal en materia de agua. Esta política se suele presentar como una mejora progresista, ya que otorga el agua a sus usuarios más eficientes y productivos, y ayuda a garantizar derechos sobre este recurso. El problema de esta idea es que ignora por completo las grandes desigualdades de poder entre los diversos actores del mercado del agua. Los supuestos de la política neoliberal en materia de agua solo se sostienen cuando todos los actores implicados son libres y tienen una posición de igualdad en el mercado. Por supuesto, esto es una falacia. Por este motivo, es necesario oponerse categóricamente a los nuevos cercamientos de los recursos de agua, que posibilitan la privatización de esta.

8. ¿Cómo se abordan actualmente las demandas de acceso al agua y de uso de esta?

Uno de los principales problemas que plantea el acaparamiento de aguas es cómo se deberían mediar las demandas encontradas sobre el acceso al agua y el uso de esta. Se trata de una cuestión jurídica, política y, en última instancia, moral. Desde una perspectiva jurídica, existe un complejo conjunto de leyes nacionales e internacionales que regulan la asignación de aguas. Uno de los problemas de la actual oleada de acaparamientos es que los inversores están apuntando a países donde no existe una legislación nacional sobre los derechos de agua, o bien donde dicha legislación está poco definida o mal aplicada. Sin la debida regulación y aplicación, se corre el peligro de que sea el poder el que determine los resultados. Teniendo en cuenta que el poder de negociación de las comunidades locales es casi siempre menor que el de los inversores extranjeros –quienes a veces gozan también del favor del gobierno–, son estas comunidades las que tienen más que perder (véase el cuadro 6).

Cuadro 6. Flower power: el caso de la región etíope de OromiaLas comunidades campesinas de la región de Oromia, en Etiopía, llevaban generaciones gestionando el agua de manera colectiva, basándose en una serie de reglas y principios tradicionales que concedían especial importancia al uso compartido, la conservación y la rendición de cuentas mediante encuentros regulares. Los distintos grupos de campesinos recolectaban las tarifas, que se usaban para reparar el canal, pagar a los guardas y para cubrir los costes administrativos.La situación cambió drásticamente cuando en la región se establecieron nueve grandes haciendas de flores y hortalizas, siete de las cuales están total o parcialmente en manos de inversores extranjeros. Con la llegada de estas haciendas, la estructura informal para la gestión del agua cambió por completo. Los grupos de campesinos fueron reorganizados y se crearon nuevas reglas. Entre estas, estaba doblar las tarifas por el uso del agua, aumentar notablemente las sanciones por el incumplimiento de las normas y un sistema de turnos entre las empresas inversoras y las comunidades locales. De las normas vinculantes establecidas, cuatro eran aplicables a las comunidades locales, y solo dos a las grandes haciendas, que además tampoco estaban sujetas a ningún tipo de sanción. Además, se descubrió que los inversores no seguían la regla sobre el sistema de turnos acordado, y que sobornaban a los guardas para que les abrieran las compuertas del canal de riego.Lógicamente, las comunidades campesinas de Oromia consideran que este cambio en la asignación del agua no es equitativo. Los campesinos han apelado a la Junta Regional de Inversiones para que ponga fin a la violación de sus derechos por parte de las grandes haciendas. Sin embargo, el gobierno etíope, que acoge con entusiasmo toda inversión extranjera directa en su sector agrícola, se ha puesto del lado de los inversores, dejando a las comunidades locales de Oromia con pocas vías alternativas para actuar y con una profunda sensación de impotencia. Fuente: Bues, A. (2011) Agricultural Foreign Direct Investment and Water Rights: An Institutional Analysis from Ethiopia. International Conference on Global Land Grabbing. University of Sussex, Brighton, LDPI

9. ¿Cómo se pueden gestionar de forma equitativa y sostenible los recursos de agua transfronterizos?

Los sistemas fluviales no respetan las fronteras internacionales. Por este motivo, el acaparamiento y la extracción, el trasvase o la contaminación de recursos hídricos en una región o país puede tener un impacto notable en la disponibilidad y la calidad del agua en otra región o país. Así, la gestión de las aguas transfronterizas de una cuenca hidrográfica es fundamental. En este contexto, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se ha presentado como “un proceso que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”.29 El éxito de la GIRH depende en gran medida de la capacidad de los Estados implicados en colaborar estrechamente para alcanzar acuerdos sobre derechos y responsabilidades compartidos. El acaparamiento de aguas, sin embargo, pone en peligro este espíritu de colaboración.

La ya complicada política hídrica de la cuenca del Nilo, por ejemplo, se ha hecho aún mucho más difícil con el incremento de las inversiones extranjeras en la región. Nuevos actores como China, India y los Estados del Golfo están invirtiendo en grandes plantaciones e infraestructuras de riego, agua e hidroeléctricas en todo el río. China ha financiado, en total, ocho represas: dos en Egipto, dos en Etiopía, una en Uganda, una en Burundi y una en la República Democrática del Congo.30 Los inversores también han situado en su punto de mira la región etíope de Gambela, donde se ha arrendado un millón de hectáreas a 896 compañías desde 2009.31 El hecho de que el gobierno de Etiopía otorgue libre acceso a los recursos de agua ha sido uno de los factores clave. Este acceso ilimitado al agua ha llevado a los inversores a adoptar actitudes displicentes con respecto a la conservación y la gestión del agua, como sería la mostrada por Karuturi, que se encuentra entre las 25 mayores compañías del agronegocio del mundo y que cuenta con extensas plantaciones de palma aceitera, caña de azúcar, arroz y cereales en la región.

El efecto acumulativo de este incremento en el uso del agua de los ríos en el Nilo Azul aún se desconoce. Lo que está claro, sin embargo, es que los inversores extranjeros que se dedican al acaparamiento de aguas –con el consentimiento y el estímulo de los gobiernos anfitriones– están cambiando la geopolítica de la región, poniendo en tela de juicio la ‘hidrohegemonía’ histórica de Egipto. Este podría ser un cambio positivo si llevara a una visión común para gestionar el agua y a un entorno propicio para desarrollar proyectos conjuntos de inversión por parte de todos los países que atraviesa el Nilo (hay algunos indicios de ello en la nueva Iniciativa de la Cuenca del Nilo). Sin embargo, si conduce a la creciente adopción de medidas unilaterales por parte de esos países y a la mayor extracción de aguas por parte de los inversores extranjeros, la situación tendrá graves consecuencias sociales y ecológicas. Puesto que todas las cuencas fluviales están afectadas, en mayor o menor medida, por cambios demográficos, económicos, climáticos y de uso de la tierra parecidos, el éxito de la GIRH dependerá, ante todo, del acuerdo sobre un conjunto común de valores. Si la integridad de estos valores se ve minada por una suma cero, un modelo competitivo de extracción y uso de recursos, la gobernanza de las cuencas fluviales se hará extremadamente difícil.

La GIRH propone el concepto de ‘valor económico total’ como una vía para integrar en los análisis de coste-beneficio el valor económico de los muchos servicios ecosistémicos que realizan las cuencas fluviales. Este marco persigue corregir la trayectoria de subsidios e incentivos perversos que normalmente se han concedido a actividades de explotación industrial y comercial de recursos, tremendamente perjudiciales para el medio ambiente. Un ejemplo de ello puede encontrarse en Ulaanbaatar, en Mongolia, donde las autoridades, enfrentadas a una escasez inminente de agua, están intentando aprovechar otras reservas subterráneas y ampliar el almacenamiento superficial de agua en la cuenca superior del río Tuul. Estudios sobre el valor económico total han demostrado que la constante degradación de la cuenca superior del Tuul le costará a la economía de Mongolia en torno a 270 millones de dólares estadounidenses en los próximos diez años; por su parte, la conservación del ecosistema hidrográfico genera un retorno de 15 dólares al año por cada dólar invertido.32 Así pues, la GIRH pone de manifiesto que la conservación de los recursos hídricos es imperativo, algo que no se está dando actualmente en la cuenca del río Mekong, donde “la confusión, las rivalidades y la inacción” bloquean la gestión sostenible y local del agua.33

10. ¿Qué deberían hacer los países que se enfrentan a la escasez de agua?

La escasez de agua supone un verdadero problema para muchos países áridos. Con el cambio climático, la escasez de agua en ciertas zonas ecológicas se exacerbará, ya que el calentamiento global lleva a una mayor variabilidad de las lluvias y a un creciente riesgo del descenso de las precipitaciones, el agotamiento de las aguas subterráneas y la sequía.34 Por lo tanto, todos los usuarios de agua deben ajustar el impacto previsto del cambio climático a las reservas de agua en el futuro.

En este contexto, la cuestión es qué deben hacer los países que se enfrentan a una escasez de agua para garantizar su seguridad hídrica.

Existen varias opciones, tanto basadas en el suministro como en la demanda. En lo que se refiere al suministro, los Estados pueden invertir en expandir los recursos de agua mejorando las instalaciones para su almacenamiento y adoptando fuentes no convencionales como el agua de mar, que se puede convertir en agua dulce mediante técnicas de desalación. Ambas opciones son caras y exigen importantes inversiones de capital y altos costes energéticos, por lo que no están al alcance de los países con menos renta o pueden ir acompañadas de impactos ambientales. Las opciones basadas en la demanda suelen ser más eficaces desde el punto de vista económico, social y ecológico. Las iniciativas que se centran en el reciclado y la conservación de aguas, así como en la reducción de las pérdidas y fugas de agua pueden generar mejoras sustanciales.

Los defensores de las políticas neoliberales en materia de agua sostienen que la privatización de este recurso y los mecanismos de mercado son parte de la solución. Como ya se ha comentado, esta idea parte de la falsa premisa de que el mercado asigna el agua a los usuarios más eficientes y productivos y, por tanto, minimiza las pérdidas. También afirman que, al tratar el agua como un activo económico en lugar de como un bien público, se puede asignar a este recurso un precio que esté en consonancia con su verdadero coste de escasez, lo cual fomenta que se use de forma más moderada y sostenible (véase el cuadro 7). De este modo, se presenta la escasez como una oportunidad para ir avanzando hacia la creación de mercados privados de agua.

Cuadro 7. ¿La moralidad de los mercados?“Los bajos precios –o en algunos casos la gratuidad– ha mantenido un uso excesivo: si los mercados entregaran automóviles Porsche a precios ínfimos, también estarían faltos de existencias.” (PNUD 2006: 30)

Sin embargo, que los mercados privados sean el mejor mecanismo para lograr un equilibrio entre la equidad y la eficiencia en el uso del agua es algo muy cuestionable. Sin duda, se deberían ofrecer incentivos para animar a los usuarios a preservar el agua. Pero eso no tiene por qué corresponderse con la creación de mercados privados, que pueden amenazar el derecho de las personas pobres al agua, al vincular el acceso a esta con la capacidad de pago. En lugar de eso, los gobiernos deberían poner fin a los subsidios perversos que otorgan a las grandes industrias que hacen un uso intensivo del agua y la malgastan, a los proyectos de lujo como campos de golf y hoteles, y a aquellos inversores que buscan lucrarse con derechos al agua y la tierra que los gobiernos anfitriones les ofrecen como ‘obsequio’. La crisis global del agua se debe en gran medida a la actual trayectoria de desarrollo, que minusvalora el capital natural y no integra los aspectos relacionados con la sostenibilidad, trasladando así una enorme deuda ecológica a las futuras generaciones (véase el cuadro 8). Para poder abordar las verdaderas causas de la escasez de agua, esta situación debe dar un giro radical.

Cuadro 8. La verdadera causa de la escasez“La escasez ha sido provocada por errores políticos. En lo referente a la gestión del agua, el mundo se ha dedicado a una actividad frenética comparable a un frenesí imprudente e insostenible de gastos financiados por crédito.” (PNUD 2006: 30)

11. ¿Qué se puede hacer para proteger el derecho humano al agua?

En lugar de aceptar las falsas soluciones que proponen las políticas neoliberales, un enfoque basado en los derechos –y no en los mercados– pone de relieve la obligación fundamental de todos los Estados de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho humano al agua. Gracias a una memorable resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 30 de septiembre de 2010 y unos meses más tarde, en julio de 2010, por la Asamblea General de la ONU, este derecho al agua no es solo un deber moral, sino uno derecho humano jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento.35 Esto también incluye la obligación extraterritorial de los Estados a garantizar que sus propios ciudadanos y terceras partes, como compañías privadas, no violen el derecho al agua en otros países en cuanto a la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad del agua.

El reconocimiento del derecho al agua debería conformar la base para regular los acuerdos de tierras y aguas. Es muy urgente, por ejemplo, registrar todos los usuarios de agua y las formas de gestión del recurso. Mientras que las políticas de agua neoliberales persiguen destruir “la pluralidad de los derechos de agua, las identidades del agua y los modos de gestión” para poder sustituirlos por una lógica de mercado uniforme, un enfoque basado en derechos debe comenzar por visibilizar estos derechos, identidades y modos como un primer paso para luchar contra los acaparamientos.36

Para proteger el derecho al agua, los Estados pueden adoptar varias medidas. Por ejemplo, cualquier negociación que implique derechos de agua en un acuerdo sobre tierras debe estar abierta a examen público y contemplar la debida consulta con las comunidades afectadas, definidas en su sentido más amplio en función de los estudios de impacto social y ambiental. Los Estados, además, siempre deberían dar prioridad a las necesidades de agua de los usuarios locales por encima de las reclamadas por los inversores externos.

Por otro lado, se debería establecer una distinción fundamental entre el agua como un recurso vital y un bien público (asociado con la satisfacción de necesidades básicas), algo que no es negociable y se debe garantizar por encima de todo, y el agua como un insumo para la producción de bienes, sobre lo que se deben aplicar controles y restricciones legítimos.

No se puede permitir, por ejemplo, que se otorguen derechos de agua a la agroindustria cuando estos afectan a las necesidades de pequeños campesinos y campesinas que se dedican a la agricultura de subsistencia o a la producción (precaria) de alimentos para venderlos en mercados locales. Los Estados pueden dar mayor poder a estos pequeños campesinos reconociendo los modelos tradicionales de gestión del agua, y permitiendo a los usuarios tradicionales crear asociaciones colectivas y solicitar permisos de agua. Cuando alguien considera que su derecho al agua se está viendo denegado o violado, debería tener la posibilidad de reclamarlo y de exigir una reparación ante un tribunal. El derecho al agua es, en última instancia, una cuestión de gobernanza que debe ser regulada por los Estados.

12. ¿Cómo se debate el ‘acaparamiento de aguas’ en los foros internacionales y qué podría proponer la sociedad civil?

Los foros de corte conservador, como el Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial del Agua, que mantienen fuertes lazos con las grandes corporaciones de agua, promueven por lo general una agenda que defiende la privatización de este recurso. Desde el punto de vista de estos actores, la creación de mercados privados, la asignación de derechos de agua y el comercio con estos son respuestas racionales a la creciente escasez de agua en el mundo. Esta estrategia cuenta también con el apoyo de instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los diversos bancos regionales de desarrollo, que suelen vincular la concesión de ayudas con la privatización de recursos hídricos.

La carta de principios del Foro Alternativo Mundial del Agua, celebrado en la ciudad francesa de Marsella en 2012, señala, con acierto, que “el agua es un bien común de la Humanidad, vital para todos los seres vivos, y no una mercancía”.37 Así pues, el agua se debería gestionar mediante servicios públicos y se debería distribuir democráticamente entre sus diversos usuarios. Esta idea, de hecho, refleja la realidad del suministro de agua en todo el mundo, que en más de un 90 por ciento de los casos depende del sector público.38 Teniendo en cuenta la experiencia del sector público en la prestación de servicios de agua, los partenariados público-públicos y otros mecanismos como la iniciativa de Partenariados entre Operadores de Agua (WOP) y la Alianza Mundial de Partenariados entre Operadores de Agua de la ONU (GWOPA), que apoyan el intercambio de conocimientos entre organismos del sector público, son muy prometedoras para expandir el acceso al agua.39

El acaparamiento de aguas, en el contexto del acaparamiento de tierras, es una cuestión que ha saltado a los titulares hace poco y es un ámbito aún poco estudiado. Espacios como el Foro Alternativo Mundial del Agua de Marsella pueden contribuir en este sentido, al llamar la atención sobre este tema y apuntar a las evidencias que sugieren que el agua es un factor clave de los acuerdos internacionales de tierras. Hay que poner de relieve los peligros que entraña esta forma de inversión, con la que se corre el riesgo de violar el derecho al agua de los pueblos. Teniendo en cuenta que muchos ejemplos de acaparamiento de aguas suponen su extracción para la agricultura industrial, es importante que la sociedad civil llame la atención sobre prácticas agrícolas alternativas que ayuden a promover un uso sostenible del agua. Entre estas, se encontrarían prácticas como la captación de aguas, las tecnologías para el microrriego, el uso de acolchados en los cultivos y la construcción de terrazas en laderas rodeadas de arbustos y árboles que mejoran la capacidad del suelo para captar y almacenar agua. La inspiración, ante todo, debería proceder de las prácticas cotidianas de uso del agua de muchas comunidades campesinas, como las de Catacaos y Oromia que aparecen en estas páginas, cuyos sistemas de gestión del agua se basan en un entendimiento intuitivo y tradicional del equilibrio ecológico que se debe lograr entre seres humanos y naturaleza.

Jennifer Franco*

Transnational Institute

* Investigadora independiente que colabora con el comité asiático para los programas de desarrollo internacional (Asia Committee for International Development Programs) dentro de la ONG Development and Peace (Developpement et Paix). Sus trabajos anteriores se centran principalmente en los movimientos sociales rurales y en la democratización de las Filipinas. Entre sus libros publicados destaca Elections and Democratisation in the Philippines (Routledge, 2001), así como un libro sobre derecho y la probreza rural en Filipinas, que se saldrá a la luz próximamente (Ateneo de Manila University Press, 2010). Ha publicado en revistas académicas importantes como, por ejemplo, World Development, Journal of Agrarian Change, Journal of Peasant Studies, Journal of Development Studies y Critical Asian Studies.

Lecturas complementarias:

• Proyecto Justicia Agraria (http://www.tni.org/es/work-area/agrarian-justice) y Derecho al Agua (http://www.tni.org/es/work-area/water-justice) del Transnational Institute
• Woodhouse, P. y Ganho, S. (2011) ‘Is Water the Hidden Agenda of Agricultural Land Acquisition in sub-Saharan Africa?’, International Conference on Global Land Grabbing, Universidad de Sussex, Brighton, LDPI: http://www.tni.org/article/water-hidden-agenda-land-acquisition-africa
• Woodhouse, P. (2012) ‘New Investment, Old Challenges. Land Deals and the Water Constraint in African Agriculture’, Journal of Peasant Studies (próxima publicación).
• Balanya, Brennan, Kishimoto et al. (2007) Por un modelo público de agua: Triunfos, luchas y sueños. Transnational Institute y Corporate Europe Observatory: http://www.tni.org/es/archives/know/90
• Barlow (2011) Nuestro derecho al agua: Una guía para las personas para implementar el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento de las Naciones Unidas. Council of Canadians: http://canadians.org/water/documents/RTW/RTW-es-web.pdf

Notas
1 Mehta, Veldwisch y Franco (2012) ‘Water Grabbing? Focus on the (Re)appropriation of Finite Water Resources’, Water Alternatives Journal (próxima publicación): http://www.water-alternatives.org/index.php?option=com_content&task=view…
2 Para saber más sobre la historia y la definición del término, véase, por ejemplo: http://en.wikipedia.org/wiki/Enclosure (o una versión más breve en español: http://es.wikipedia.org/wiki/Cercamiento) y V. Shiva (1997) ‘El “cercado” de los bienes comunales’: http://www.redtercermundo.org.uy/tm_economico/texto_completo.php?id=1144
3 PNUD (2006) Resumen del Informe sobre desarrollo humano 2006 – Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua. Nueva York, PNUD.
4 Jones, T. (2010) The Great Hunger Lottery: How Banking Speculation Causes Food Crises: http://www.wdm.org.uk/food-speculation/great-hunger-lottery
5 Comunicado de prensa de RNCOS (3 de junio de 2008) ‘RNCOS Releases a New Report-Global Biofuel Market Analysis’: http://www.prlog.org/10077074-rncos-releases-new-report-global- biofuel-market-analysis.html
6 Mendonça, M. L. (2009) ‘Impactos del monocultivo de caña para la producción del etanol’ (Brasil), en M. S. Emanuelli, J. Jonsen y S. M. Suárez, Azúcar roja, desiertos verdes. Amsterdam, FIAN Internacional, FIAN Suecia, HIC-AL, SAL.
7 Woertz, E., S. Pradhan et al. (2008) Potential for GCC Agro-investments in Africa and Central Asia, Gulf Research Center.
8 Borras Jr., Spoor, M., Franco, J. et al. (2011) El acaparamiento de tierras en América Latina y el Caribe visto desde una perspectiva internacional más amplia. Informe elaborado para el seminario ‘Dinámicas en el mercado de la tierra en América Latina y el Caribe’, 14-15 de noviembre, Santiago de Chile.
9 Ibid.
10 Lohmann y Carriere (1996), Pulping the South: Industrial Tree Plantations and the World Paper Economy: http://www.wrm.org.uy/plantations/material/pulping.html; y otros documentos e informes: http://www.wrm.org.uy/inicio.html
11 PNUD (próxima publicación, 2012) Global Environmental Outlook (GEO) 5, Chapter on ‘Land’. Nairobi: UNEP.
12 Sarasin Agrisar (2010) Reasons Why. Product Flyer: www.sarasin.ch/internet/iech/en/index_ssol/uk_oeic_ssol/sarasin_agrisar_…
13 Polaris Institute (2003) Global Water Grab: How Corporations are Planning to Take Control of Local Water Services. Ottawa, Polaris Institute.
14 Hall, Lobina y de la Motte (2005) Public Resistance to privatisation in water and energy. Londres, PSIRU: http://www.psiru.org/reports/2005-06-W-E-resist.pdf
15 Véase http://www.remunicipalisation.org/
16 Zapatta, A. (2009) Consumo de agua en la agroindustria ecuatoriana, en M. S. Emanuelli, J. Jonsen y S. M. Suárez, Azúcar roja, desiertos verdes. Amsterdam, FIAN Internacional, FIAN Suecia, HIC-AL, SAL.
17 Bridges Across Border Cambodia y Transnational Institute (2010) Bittersweet: A Briefing Paper on Industrial Sugar Production, Trade and Human Rights in Cambodia: http://babcambodia.org/developmentwatch/cleansugarcampaign/bittersweet.pdf
18 Provost, C. (2011) ‘Africa’s Great “Water Grab”’, The Guardian: http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/nov/24… 2012
19 HLPE (2011) Tenencia de la tierra e inversiones internacionales en agricultura. Un informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Roma.
20 Smaller, C. y H. Mann (2009) A Thirst for Distant Lands: Foreign Investment in Agricultural Land and Water. Winnipeg, International Institute for Sustainable Development.
21 HLPE (2011)
22 Xavier, C. V., F. P. Pitta et al. (2011) A Monopoly in Ethanol Production in Brazil: The Cosan-Shell Merger. Amsterdam, Milieudefensie y Transnational Institute.
23 Friends of the Earth, LifeMosaic, et al. (2008) Losing Ground: The Human Rights Impacts of Oil Palm Plantation Expansion in Indonesia – Executive Summary. Londres, Edimburgo, Bogor, Friends of the Earth, LifeMosaic, Sawit Watch.
24 Ibid.
25 Mendonça, M. L. (2009)
26 MAB (2009) ‘Agua, minería, agronegocio y modelo energético: ¿para qué? ¿para quién?’, en M. S. Emanuelli, J. Jonsen y S. M. Suárez, Azúcar roja, desiertos verdes. Amsterdam, FIAN Internacional, FIAN Suecia, HIC-AL, SAL.
27 Ibid.
28 Woodhouse, P. y A. S. Ganho (2011) Is Water the Hidden Agenda of Agricultural Land Acquisition in sub-Saharan Africa? International Conference on Global Land Grabbing. University of Sussex, Brighton, LDPI.
29 Martens, A. K. (2011) Impacts of Global Change on the Nile Basin: Options for Hydropolitical Reform in Egypt and Ethiopia. IFPRI Discussion Paper 01052, IFPRI.
30 Cascao, A. E. (2010) ‘New “Partners” on the Nile: You Have Access to My Land and Water if You Provide Me with Your Investment and Political Support’: http://www.slideshare.net/ana.cascao/ newpartnersonthenile
31 Cascao, A. E. (2011) Cooperation over Transboundary Water Resources in the Nile Basin: Potential, Obstacles and Challenges. Presentación ofrecida en la conferencia DANIDA Development Days. Copenhague.
32 Bach, H., T. J. Clausen et al. (2011) From Local Watershed Management to Integrated River Basin Management at National and Transboundary Levels. Vientiane, Lao PDR, Mekong River Commission.
33 Ibid.
34 Nellemann, C., M. MacDevette et al. (2009) The Environmental Food Crisis – The Environment’s Role in Averting Future Food Crises. A UNEP Rapid Reponse Assessment. Nairobi, UNEP.
35 The Rights to Water and Sanitation (2010) ‘Rights breakthrough: legal recognition of water and sanitation affirmed by UN’, http://www.righttowater.info/right-water-and-sanitation-affirmed/
36 Achterhuis, H., R. Boelens et al. (2010) Water Property Relations and Modern Policy Regimes: Neoliberal Utopia and the Disempowerment of Collective Action. Out of the Mainstream: Water Rights, Politics and Identity. R. Boelens, D. Getches y A. Guevara-Gil. Londres y Washington, DC, Earthscan: 27-56.
37 Foro Alternativo Mundial del Agua (2012) Carta: http://www.fame2012.org/es/acerca-de/carta/
38 George, S., M. Nhlapo et al. (2011) ‘The Politics of Achieving the Right to Water’: http://www.tni.org/article/politics-achieving-right-water
39 Ibid.

Vía:

http://www.elciudadano.cl/2012/10/25/59097/el-acaparamiento-mundial-de-aguas-guia-basica/