Distintos documentos permiten conocer el sistema elaborado por la dictadura para “legalizar” los robos de bienes a sus enemigos. Para ello, el franquismo ordenó dividir a la población entre “afectos, desafectos y dudosos”. Alcanzaba con haber sentido simpatía hacia un partido político para perderlo todo.
Domingo
Epalza pagó muy caro su compromiso con la libertad. Los franquistas no
sólo le robaron el derecho a seguir soñando con una Euskadi libre, sino
que también le arrebataron todas y cada una de sus pertenencias. Cuando
este veterano nacionalista vasco ya había huido a Francia, los hombres de Franco en la pequeña localidad vizcaína de Orozko entraron a su casa y la vaciaron.
En un detallado inventario, los verdugos apuntaron cada uno de los
objetos apropiados. Las camas, las sillas, los espejos… Ya nada,
absolutamente nada, volvería a ser suyo.
Fechada
y sellada el 11 de julio de 1938, la detallada lista de los bienes
robados a Epalza resume una de las prácticas favoritas del franquismo:
la “incautación” de las pertenencias de sus “enemigos”, un concepto que
el régimen utilizó de manera muy amplia. Así queda constatado en las
órdenes elaboradas por la dictadura para perpetrar ese expolio contra un amplio sector de la población. Un
robo de proporciones gigantescas que aún hoy, ochenta años después,
continúa: los particulares expoliados por la dictadura nunca pudieron
recuperar sus bienes.
Según consta en distintos documentos obtenidos por Público, el franquismo organizó meticulosamente este proceso. Las órdenes eran elaboradas desde altas instancias del régimen,
y posteriormente llegaban a los municipios para que las “juntas locales
de incautaciones” hicieran el trabajo sucio: serían sus miembros
quienes se encargarían de decretar quiénes debían perderlo todo, e
incluso cuál sería la dimensión de ese “todo”. El paripé dictatorial
incluía un supuesto “juzgado especial de incautaciones” que jamás
impartió justicia, sino que se limitó a coordinar el expolio para que se
hiciera de manera ordenada.
De esta manera, las comisiones locales debían asumir la “realización de ficheros de presuntos responsables” y
la “adopción de medidas precautorias para evitar la desaparición de los
bienes abandonados por los rojos y separatistas, organizando la
administración provisional de los mismos, así como preparándose para en
su día poder administrar los bienes embargados”, tal como puede leerse
en un documento de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de
Bizkaia, en la que participaba el gobernador civil de turno y el abogado
del Estado.
Tres categorías
Siguiendo
las directrices del régimen, las comisiones de incautación clasificaron
a los “vecinos y afincados” de los municipios en tres grupos: “afectos
al Movimiento Nacional, desafectos y dudosos”. “Se considerarán afectos los que por su actuación y patriotismo deban ser considerados como oro de ley”, señalaban.
Por su parte, la categoría de “desafectos” abarcaba a “todos los que
hayan incurrido en cualquiera de las causas de responsabilidad civil
aunque tengan a su favor atenuantes o eximentes”, mientras que el
término “dudosos” sería aplicado a “todos aquellos que no pueden ser
incluidos en ninguno de los otros dos grupos, incluso los desconocidos
si los hubiere”.
En ese documento también se
detallaba quiénes serían identificados como “responsables políticos por
su intervención en la preparación o desarrollo de la revolución
rojo-separatista”. En primer lugar estarían todos aquellos que
“acordaron levantase en armas contra el Ejército, hayan llevado o no a
la práctica su proyecto”, así como “todos los que antes o después de
haber estallado el Movimiento Nacional hayan hecho propaganda de
cualquier clase en favor del Frente Popular o del Partido Nacionalista
Vasco”, incluyendo a “los que formaron parte de dichos partidos
políticos o hubiesen cedido u arrendado locales a dichas
organizaciones”.
Del mismo modo, el régimen
ordenaba expropiar “a todos los que por cualquier otro medio hayan
colaborado con actos u omisiones que revelen su ánimo de favorecer el
triunfo de la revolución rojo-separatista” o “hubieran servido u
obtenido cargos o comisión en empresas comerciales o industrias que
hayan trabajado para el Gobierno de Euzkadi o rojo (sic)”. Tampoco
escaparían los que “a partir del movimiento revolucionario de octubre de
1934 hayan desempeñado cargos directos o de asesores políticos en los
partidos que luego integraron el Frente Popular o el Nacionalismo Vasco o
desempeñaron cargos similares en asociaciones inspiradas en dichos
partidos o simplemente figuraron como afiliados de los mismos”. Ese
último concepto, el de “afiliados de los mismos”, figura subrayado en
rojo.
“Pedestales de oro”
Tal como se detalla en uno de los documentos obtenidos por Público, el franquismo identificaba el robo de bienes como un asunto de “suma trascendencia,
porque la Justicia de la Nueva España ha de administrase de arriba
abajo, empezando por los grandes y poderosos plutócratas que
aprovecharon sus pedestales de oro para manejos turbios en contubernio
con los personajes rojo-separatistas”.
Asimismo,
se dejaba claramente escrito cuáles serían las “medidas precautorias y
de administración” sobre los bienes expoliados a las víctimas de la
dictadura. “Tan pronto como la Junta tenga conocimiento de la existencia
de bienes de cualquier clase que hayan sido abandonados, mereciendo por
tal motivo la calificación de bienes presuntamente incautables,
procederá con la mayor urgencia formar con los mismos un inventario y
adoptar las medidas precautorias que estime la Junta Local necesarias
para su conservación y mejor rentabilidad y evitar su desaparición”. En
esa línea, ordenaba realizar “una exacta contabilidad de los ingresos
que por tal concepto puedan obtenerse”.
De
manera paralela, el régimen franquista fijó las bases para el denominado
“servicio de recuperación de muebles y enseres”, dirigido a dar vía libre a todas aquellas personas afines a la dictadura que quisieran hacerse con los bienes de sus enemigos.
Tal como se detallaba en una resolución del 3 de julio de 1937,
alcanzaba con alegar que una pertenencia era de su propiedad para que un
“español de bien” se hiciera con objetos de los denominados
“rojo-separatistas”.
Esas órdenes estuvieron seguidas de las “investigaciones” efectuadas por los integrantes de las comisiones de “recuperación civil”,
las cuales se encargarían de materializar este robo generalizado. En
otras palabras, ya nadie podría escapar. “Esta comisión se propone
practicar investigaciones domiciliarias por medio de sus agentes al
objeto de la imposición de las severas sanciones que procedan”,
advirtieron sus responsables en Bizkaia mediante una nota enviada a los
ayuntamientos en julio de 1937. A partir de entonces, los grupos locales
iniciaron sus tareas de “incautación”, lo que derivó en horrendos
inventarios que detallaban los bienes robados. Las víctimas jamás
recuperarían sus pertenencias ni serían recompensadas. No ocurriría
durante el resto de la dictadura, pero tampoco en la presente
democracia.
http://m.publico.es/politica/2008644/lo-que-la-dictadura-robo-y-la-democracia-nunca-devolvio-asi-se-planifico-el-expolio-franquistavía:http://kaosenlared.net/lo-la-dictadura-robo-la-democracia-nunca-devolvio-asi-se-planifico-expolio-franquista/
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