Luis Hernández Navarro
Este 2 de noviembre reinó el caos. La SEP anunció que habría clases. Pero apenas nadie le hizo caso. Y, ante la evidencia del fracaso de su instrucción, tuvo que recular y decir que, en caso de que alguna autoridad educativa estatal, en el ejercicio de sus facultades, autorizara la suspensión de actividades lectivas, debería asegurar la reposición del día.
Con la misma esquizofrenia informativa, la secretaría declaró que entre el magisterio hay un gran respaldo a la evaluación, pero que ampliaba el plazo para que los maestros presentaran evidencias de su desempeño profesional. Ramiro Álvarez, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente, aseguró que ha habido una respuesta muy padre para la educación de este país, y que los profesores han respondido masivamente al llamado a evaluarse.
Pero, de ser eso cierto, ¿por qué la SEP pospuso, una vez más, el plazo para presentar evidencias, y anunció que los maestros pueden hacer el examen aunque no hayan cumplido con este requisito? La respuesta es obvia: porque es mentira que muchos maestros acepten la evaluación y están desobedeciendo la orden de la SEP.
Los profesores que han sido designados por la autoridad para someterse a la evaluación sobre el desempeño deben seguir cuatro pasos. En el primero, el director de la escuela debe dar un informe sobre el maestro a su cargo. En el segundo, el docente está obligado a subir a una plataforma (que funciona muy mal) otro sobre su desempeño laboral. Estas dos fases han tenido que ser aplazadas de manera reiterada.
La tercera y cuarta etapas consisten en la aplicación de un examen estandarizado de opción múltiple, que hace las mismas preguntas a profesores que laboran en distintas realidades socioeconómicas y culturales.
Este afán de la SEP de ocultar y desvirtuar la realidad es aún mayor a la hora de informar sobre el pleito que tiene con el magisterio democrático. Con euforia, omnipotencia y soberbia, los funcionarios educativos han anunciado, un día sí y otro también, que la CNTE está derrotada y que la reforma educativa avanza en todo el país. Lo hacen, al tiempo que encarcelan a cuatro de sus dirigentes locales en penales de alta seguridad, amenazan con arrestar a 116 más y advierten que serán despedidos los profesores que no se evalúen. ¿Por qué reprimir de esta manera si la disidencia ya fue vencida?
Como parte de esta política ficción, apenas este lunes, el secretario Aurelio Nuño declaró a Excélsior que en Oaxaca, antes de retomar la rectoría del estado en materia educativa, y crear el nuevo Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca (Ieepo), la sección 22 lograba que todos los maestros de la entidad suspendieran labores. Según él, antes la dirección sindical movilizaba en las calles a 30 mil docentes. Ahora, sostiene el secretario Nuño, en el pasado paro del 2 de octubre laboraron 30 por ciento de los trabajadores de la educación, y en el del 12 trabajó 35 por ciento. Además –dijo– sólo marcharon 5 mil personas.
Falso. En Oaxaca nunca suspendieron labores todos los maestros. Desde 2006 existe, por obra y gracia de Elba Esther Gordillo y del ex gobernador Ulises Ruiz, un grupo disidente, agrupado en la sección 59. Ellos se han dedicado religiosamente a tratar de esquirolear el movimiento. Hay también escuelas donde la comunidad ha pedido a sus profesores no parar y ellos lo han aceptado.
También es falso que en los dos paros recientes laboraron 30 y 35 por ciento de los docentes, y que marcharon sólo 5 mil. En ambos casos suspendieron actividades más de 80 por ciento de los trabajadores de la educación y, a pesar del despliegue policiaco y militar, se movilizaron más de 50 mil personas.
No sólo eso. El nuevo Ieepo está semiparalizado. La semana pasada sus oficinas fueron bloqueadas durante tres días seguidos por grupos de maestros jubilados y profesores que tienen años trabajando sin que se les pague su salario.
Según Aurelio Nuño, los mentores en Oaxaca se están liberalizando de un régimen sindical autoritario que, durante tres décadas, controló su vida y su futuro. Semejante acusación es, simultáneamente, muestra de una enorme ignorancia sobre la naturaleza e historia del movimiento magisterial y una ofensa. Quien tiene presos a cuatro maestros es el gobierno federal.
Un solo hecho permite contrastar lo absurdo del dicho del secretario. Tan sólo entre 1979 y 2000 fueron asesinados o desaparecidos 152 maestros democráticos en el país, la mayoría oaxaqueños. El pasado 16 de septiembre fueron ultimados dos profesores de la CNTE que laboraban en el municipio de Guevea de Humboldt. Y el 23 de septiembre fueron ejecutados otros dos mentores oaxaqueños. Uno es Alejandro Leal, ex secretario general de la sección 22 entre 2001 y 2004, que formó parte de la sección 59, y quien en las últimas semanas se había acercado nuevamente a la 22.
Por lo pronto, este 2 de noviembre el magisterio oaxaqueño celebró el Día de Muertos entre protestas. Es parte de un plan de lucha más amplio, integrado por acciones como el bloqueo de carreteras, foros de denuncia y una marcha-caravana al penal del Altiplano para exigir la libertad de sus compañeros. Demanda también que el gobierno federal abra negociaciones. Asimismo, la sección 22 efectuará un juicio político al gobernador Gabino Cué. Y, para desmentir lo dicho por la SEP, no permitirá la evaluación docente en la entidad, al menos que se monte un simulacro de ella en la Zona Militar.
Está claro que las afirmaciones de la SEP y su titular no son comunicación real. Son propaganda, una especie de publicidad comercial trasladada a la esfera política. Una maniobra para no negociar.
Decía Aldous Huxley que lo que el propagandista hace es canalizar una corriente ya existente, y que si trata de hacerlo en una tierra sin agua, cava en vano. La estrategia de comunicación de la SEP hacia el conflicto magisterial cava en vano. Al tiempo que, de manera alarmante, crea las condiciones para incendiar Oaxaca y otras partes del país.
vìa: http://www.jornada.unam.mx/2015/11/03/opinion/017a2pol
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