Ciudad de México. El
rapto de 20 integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña,
OFRANEH, por parte de cuatro hombres fuertemente armados, el pasado 17
de julio, es parte de las violaciones a los derechos humanos y
territoriales que enfrenta el pueblo garífuna, que con el golpe de
Estado hace cinco años se han intensificado más, señala Miriam Miranda
Chamorro, coordinadora de la asociación.
El
pueblo afroindígena contempla 46 comunidades y 28 se encuentran dentro
de áreas protegidas que están siendo afectadas por proyectos
minero-energéticos, complejos turísticos y proyectos urbanísticos
impulsados por el gobierno nacional y empresas transnacionales.
La
comunidad Vallecitos, municipio de Limón, Colón, es parte del
territorio de los garífunas, que limita con el mar Caribe y una zona
altamente boscosa e inhóspita, donde no hay una ciudad o pueblo cerca; y
ha sido el lugar perfecto para que el narcotráfico se quiera adueñar
del lugar. Miranda Chamorro informa que la asociación hizo inspecciones a
diez minutos del campamento, porque ahí el crimen organizado construyó
pistas de aterrizaje para legitimar su presencia en el territorio.
“Para
supuestamente controlar estas pistas, el Estado las dinamitó, pero no
hizo un monitoreo en la zona para saber si la seguían usando o no;
nosotros fuimos para ver qué estaba sucediendo y nos encontramos con
cuatro hombres que por su aspecto parecían sicarios, no traían el
rostro cubierto, como si no les importara que los viéramos, además con
armas de alto calibre”, narra Miriam Miranda y agrega que lo único que
hizo el gobierno fue rellenar los huecos con pinos, pero no tiene
ninguna estrategia o política para que los garífunas regresen a sus
territorio.
“Ellos nos querían
juntos, no querían que no separáramos. Uno de ellos llamó al supuesto
jefe que hacía a su vez de intermediario. Nos quitaron los teléfonos
celulares y nos dijeron que si les dábamos las fotos que les tomamos a
la pista nos dejaban ir, porque la orden era matarnos”, relata Chaparro,
y añade que uno de los compañeros logró escapar con un celular y de esa
manera dar aviso a las demás compañeras.
Territorio en disputa
La
Ley de Propiedad de Honduras, de acuerdo a OFRANEH, fue aprobada en el
año 2004, sin consultar a los pueblos indígenas y afro descendientes. En
el 2003 se realizó una consulta con el pueblo garífuna, en la que
rechazaron los dos borradores de ley porque generaban la desaparición de
la propiedad comunitaria.
Vallecitos
es un territorio que la asociación ha defendido de los intereses del
Estado y del crimen organizado. Son unas 120 manzanas de tierra, donde
hace 10 años asesinaron a un garífuna y “la gente quedó con mucho miedo,
nadie quería salir, pues los sicarios todo el tiempo están en las
calles, como si nada”, manifiesta la coordinadora de OFRANEH
El
pueblo garífuna ha denunciado la destrucción de la Laguna de Micos para
la construcción de un proyecto turístico que es parte del Plan Puebla
Panamá; la exploración y explotación de petróleo también es parte de los
proyectos extractivistas; los monocultivos de palma africana en
humedales; proyectos hidroeléctricos, flotas pesqueras industriales y la
construcción de carreteras ilegales en poblados como San José de la
Punta – Sico y Betulia-Río Cocos, informa la asociación
Las
980 hectáreas del territorio de Vallecito fueron tituladas a favor
del pueblo garífuna por el Instituto Nacional Agrario (INA), informa
Miriam Miranda, en el año de 1997, pero después el crimen organizado se
adueñó de una gran parte de su territorio.
“Nosotros
vivimos el despojo por los proyectos extractivistas, además del
narcotráfico, que cada vez es peor en Honduras. Siente la gente que en
cualquier momento la pueden matar, porque después de 10 años de despojo
muchos no hemos podido regresar a nuestros territorios a habitarlos como
debe de ser, sin ninguna preocupación por que lleguen y nos saquen o
nos maten”, refiere Miriam Miranda.
Golpe de Estado
Después
del golpe de Estado en el 2009, cuando perdimos todos los derechos
conquistados por nuestros ancestros, advierte Miranda Chamorro, el
narcotráfico y el crimen organizado se reinstalaron y el despojo se
convirtió en una política de gobierno.
“En
el 2012, hubo una especie de golpe militar técnico, porque el poder
legislativo sacó a los magistrados que habían rechazado varios proyectos
de desarrollo. Y este golpe, que así decidimos llamarlo, sirvió para
que el gobierno terminara de entregar todos nuestros recursos a la
minería, a los proyectos energéticos y a las ciudades modelos, que
tanto afectan nuestras comunidades”, indica.
El
74 por ciento del territorio garífuna está dentro de las ciudades
modelos, informa Miriam Miranda en entrevista telefónica con Desinformémonos.
Estas ciudades son autónomas, en el sentido de que tendrían sus propias
leyes y gobiernos, ubicadas en uno de los países más violentos del
mundo, con un alto porcentaje de pobreza, sin acceso a la educación ni a
la vivienda, con narcotráfico y un grave problema de migración.
Además,
en Honduras está latente la situación de los monocultivos que afectan
la fertilidad de la tierra, es el caso de la palma africana que destruye
los demás recursos.
Hay un
vaciamiento de las comunidades por el despojo y el destierro para la
imposición de estos proyectos, además de la migración que cada vez se
está llevando a más hondureños a peregrinar por territorios muy
peligrosos.
Un claro ejemplo de lo
que ocurre actualmente en Honduras es la libertad de prensa que en los
últimos dos años ha cobrado la vida de casi 34 periodistas: “parece no
haber salida en este país, si defiendes tu territorio te matan; si no
aceptas las cosas como te las quieren imponer, te matan; estamos ante un
país dominado por el narcotráfico”, manifiesta Miriam Miranda.
“Nuestra
seguridad, después del rapto, tiene que correr por cuenta nuestra. El
gobierno dice querer asumirla protegiéndonos con cuerpos de seguridad
del Estado, pero ésta es proporcionada por el mismo Estado que también
nos ataca y reprime. La militarización no es la respuesta para un país
dominado por el crimen organizado, la delincuencia y un gobierno
igualmente corrupto”, advierte la coordinadora de la asociación
“El
escenario actual para el pueblo garinagu, es complicado y más cuando si
eres defensor de los derechos humanos y territoriales. Nosotros hemos
hecho audiencias públicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y denunciado las diferentes violaciones del territorio, y en unos
meses tendremos otra en Panamá, lo que nos pone en una situación cada
vez más riesgosa”, expresa Miriam Miranda y advierte que a pesar de
todo, la resistencia cultural, musical y sus tradiciones espirituales,
les permite seguir en la lucha. Actualmente, unas 160 personas habitan
el campamento y cada vez están llegando más.
El
pueblo garífuna es afroindígena arahuaca y su cultura se basa en la
colectividad y la defensa de la madre tierra. Además, por estar cerca
del mar, éste tiene gran significado espiritual para el pueblo en sus
rituales y ceremonias, pero el narcotráfico también usa este lugar para
transportar la droga.
Garinagu
“Nosotras
trabajamos la tierra, sembramos y la dejamos descansar otra temporada
para que se pueda recuperar, no usamos fertilizantes; pero el Estado se
aprovecha de nuestra forma de pensar para decir, junto con los
acaparadores de tierras, que nosotras no la trabajamos, y que entonces
para qué la queremos. Esta es su excusa para despojarnos de ella”,
reclama Miranda Chamorro.
El turismo
es otro de los problemas que enfrenta esta población afroindígena
hondureña, pues pretenden privatizar las playas y el mar es parte
importante de su cosmogonía, expresa Miriam Miranda. El turismo y la
llegada de proyectos de urbanización, advierte, van a afectar nuestra
cultura, pues allí está nuestra materia prima para hacer, por ejemplo,
los tambores que construimos para los rituales y las cosas que
utilizamos en la construcción de una casa para las ceremonias y que
también salen del bosque”.
Miriam
Miranda, mujer afroindígena, concluye: “nosotras no vamos a salir de
nuestros territorios, vamos a resistir como hasta ahora lo hemos hecho,
desde la cultura y la resistencia pacífica. Hacemos un llamado a la
comunidad internacional que siempre nos han apoyado y al país entero a
que construyamos la paz, a pesar de lo complicado que es hacerlo acá”.
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