Por : Boris Bezama y Francisca Skoknic
Mientras el Ministerio Público se ha enfocado
más en la arista principal de las irregularidades del censo, en la
comisión investigadora de la Cámara de Diputados el rol de Maximiliano
Raide ha llamado la atención, al punto que se abrió una suerte de
cuaderno especial. Los invitados han atestiguado sobre su protagonismo
en el censo, cuestionando que no tuviera contrato ni recibiera
remuneración, al tiempo que su hermano y un amigo recibían abultados
salarios y su rol no era claro. En el INE se inició un sumario
administrativo porque se consideró que los hechos son más graves que lo
pensado inicialmente.
La relación
contractual del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con uno de los
asesores del ex director Francisco Labbé comenzó el día de los
inocentes, el 28 de diciembre de 2012. Fue en esa fecha de la tradición
judeo cristiana en que Juan Pablo Raide firmó el
contrato
por el que comenzó a recibir un sueldo que -de acuerdo a la primera
investigación de CIPER sobre el Censo 2012- en realidad habría sido para
su hermano Maximiliano Raide, el
joven líder que impresionó a Labbé cuando era decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello.
Como
presidente ejecutivo de la agrupación Jóvenes Líderes, Maximiliano
Raide demostró alto poder de convocatoria de personalidades, desde el
entonces ministro Laurence Golborne al tenista Fernando González, a
quienes logró llevar a actos con cientos de alumnos de la Andrés Bello.
Esto causó una buena impresión en Labbé. Según relató en la
investigación que sigue la fiscalía de alta complejidad Centro Norte,
estas
redes fueron decisivas para que Raide aterrizara en el instituto de
estadísticas, ocupando un importante lugar y desplazando a profesionales
del círculo más estrecho de Labbé.
Maximiliano Raide se convertiría en uno de los más cercanos asesores
que tuvo el ex director del INE, especialmente en la última etapa de su
administración, y fue ganando terreno a medida que la crisis
institucional se expandía en el organismo y que los directores, de
perfil técnico, iban siendo marginados de la toma de decisiones clave en
temas del Censo 2012, como el cambio de metodología. Ese poder era
coherente con el acceso a ciertos privilegios que, en la administración
pública, resultan indiscutibles a la hora de ostentar, como por ejemplo
un estacionamiento exclusivo de automóvil. “Max” Raide tenía el suyo y
eso marcaba poderío entre los funcionarios.
La pregunta que hasta ahora no es posible aclarar es por qué contaba
con esa regalía en dependencias del INE, si ni siquiera había firmado
contrato con el instituto. Y por qué no recibía remuneraciones formales
por los servicios entregados a Francisco Labbé. Esta arista ha sido poco
explorada en la investigación que dirige el fiscal José Morales, pero
ha despertado gran interés en la comisión investigadora que abrió la
Cámara de Diputados sobre las irregularidades cometidas en el INE, y que
se hicieron públicas tras el
primer reportaje de CIPER, que daban cuenta de la manipulación de las cifras del Censo 2012.
Además, al interior del INE existen dos sumarios administrativos que
involucran al grupo de asesores cercanos a Labbé y que se mantienen
abiertos. Una para determinar la eventual responsabilidad administrativa
en la filtración de datos censales a medios de comunicación, antes de
su publicación oficial. Esta se inició como una investigación sumaria
con el número 1805 y es sobre la filtración de las cifras del Censo a
El Mercurio
el día antes de la entrega oficial en el cerro Santa Lucía, evento que
fue presidido por Sebastián Piñera y el entonces ministro de Economía,
Pablo Longueira. Funcionarios del INE han apuntado hacia el ex asesor y
encargado de las comunicaciones estratégicas del INE, Sebastián Mathews,
como uno de los responsables.
Dicha
filtración fue denunciada por la entonces directora de Comunicaciones
del INE, Marcela Martínez, a Labbé, en un correo del 1 de abril de 2013,
en el que afirmó que ese diario publicaría las cifras del Censo al día
siguiente. “Acaban de llamarme para confirmar varios datos. Yo no
confirmé nada y nunca he entregado información. Dentro de los datos me
llamó la atención que estaba la cifra de cobertura. Esa cifra la sacamos
de sus palabras en la presentación debido a que usted mismo me pidió
eliminarlas”, dijo la periodista, quien días después fue despedida.
La segunda investigación sumaria es la Nº1906, por eventuales
irregularidades en el proyecto Censo 2012 y por contrataciones de
personal, donde los nombres de Maximiliano Raide, su hermano Juan Pablo,
y Antonio Hartmann vuelven a ser centro de la indagación.
A través del departamento de comunicaciones del INE se informó que
“mediante Resolución Exenta n° 2738/2013, se pone término a las
referidas investigaciones y se elevan a sumario administrativo los
hechos investigados, por cuanto se constata que revisten mayor gravedad
de la estimada al inicio de las investigaciones”.
Además, se designó a Cristian Romero Cocuy, funcionario de la
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, para que siga con
el sumario administrativo para esclarecer los hechos relativos al
Proyecto de Censo de Población y Vivienda 2012.
LAS TRIANGULACIONES
Aunque Labbé lo niega, es la ex gerenta del INE, Mariana Alcérreca,
quien lo acusa de dar las instrucciones de que el sueldo de Maximiliano
Raide debía triangularse a través de terceros. Así lo relató al fiscal
José Morales: “Maximiliano Raide era un asesor permanente del director,
pero no pagado directamente por el INE. El sueldo de Maximiliano se
pagaba a través de Juan Pablo Raide y Antonio Hartmann en el año 2013.
El 2012 a través de Antonio Hartmann y Constance Pooley. Para contratar a
estas personas me dio las instrucciones el director Labbé”.
Pese
a que “Max” Raide registra estudios de Derecho en la Universidad de Los
Andes, no tiene título profesional, por lo que no habría podido recibir
los casi $4 millones por conceptos de honorarios si se le hubiese
contratado de acuerdo a sus pergaminos académicos. Los ingenieros
comerciales que sirvieron de intermediarios habrían sido, entonces, la
solución para que Labbé conservara los servicios de Raide.
Sin embargo, en la comisión investigadora el diputado Felipe Harboe
denunció que si bien Juan Pablo Raide firmó una declaración jurada
diciendo que es ingeniero comercial, había un documento de la
Universidad del Desarrollo donde se lo certifica como alumno regular y
por lo tanto aún no titulado. El parlamentario cuestionó también que
Labbé certificara su idoneidad como relacionador público pese a que no
tenía experiencia en ese ámbito. Además, reveló que las referencias para
certificar su idoneidad eran dadas por su amigo Antonio Hartmann y por
una tía.
De confirmarse la triangulación, hasta abril de este año el “joven
líder” Maximiliano Raide habría recibido un “sueldo” de $3.900.000, a
través de su hermano Juan Pablo, quien tenía honorarios por $1.674.001
por desempeñarse como relacionador público; y a través de Antonio
Hartmann Ramírez, quien ganaba $2.225.522 como asesor económico,
realizando “asesorías para la estratificación de empresas para la
clasificación en las próximas etapas del IPC”.
En 2012, las triangulaciones habrían sido prácticamente por la misma
cantidad de dinero ($3.896.000), pero a través de Constance Pooley
Toplai, relacionadora pública, con $1.670.111; y a través de Hartmann,
con honorarios que ascendían a $2.225.522.
Raide fue consultado por CIPER y solo respondió que los dineros nunca
fueron triangulados hacia él y aseguró que trabajó en el INE pero en
funciones que no fueron remuneradas, pues
su intención era “hacer un aporte al país”.
LA “AMISTAD” ENTRE RAIDE Y LABBÉ
En sus declaraciones al fiscal José Morales, Labbé insistió en que
Maximiliano Raide no recibía remuneraciones, pero al hacerlo destapó un
flanco mayor. El hecho de que Maximiliano Raide no trabajara
oficialmente en el INE implica que no existía un contrato que lo
obligara a mantener la confidencialidad de los datos que pudo conocer
gracias a su cercanía con el ex director.
En su declaración ante el fiscal, Labbé explicó que contrató a Raide
cuando trabajaba en la Universidad Andrés Bello. Durante cuatro años,
Raide llevó invitados que hablaban a los alumnos acerca de su
experiencia profesional. “En ese contexto hicimos algún grado de
amistad. Es una persona muy joven y muy capaz, con relaciones políticas
muy transversales”, dijo el ex director del INE a Morales.
Maximiliano Raide y Antonio Hartmann formaban parte de Jóvenes
Líderes, organización integrada por estudiantes de nivel socioeconómico
alto que desde mediados del 2000 mantuvo cierto protagonismo en los
medios, donde publicitaban sus encuentros con destacados políticos como
Sebastián Piñera y empresarios de la talla de Ricardo Claro para
intercambiar opiniones sobre la contingencia nacional e internacional.
Al
momento de explicar su rol en el instituto, el relato es más ambiguo.
Primero Labbé afirmó que fichó a la organización de Raide para
incentivar a los jóvenes a participar como voluntarios en el Censo 2012,
cuando aún se pensaba que éste sería “de hecho”, es decir se haría
durante un día festivo con encuestadores no remunerados. En el documento
que el ex director del INE envió a la Cámara de Diputados tras declinar
la invitación para asistir a la comisión investigadora, Labbé dedica
uno de los cuatro “capítulos” a explicar estas contrataciones. Ahí fecha
en agosto de 2011 el momento en que Raide y Hartman empiezan a
colaborar “con el objetivo de contribuyeran a reclutar a más de 600.000
jóvenes universitarios para desarrollar el Censo y realizar actividades
en terreno de difusión”. Sin embargo, fue justamente en esa fecha que
Labbé decidió que el censo fuera “de derecho” y por lo tanto no se
necesitaba reclutar voluntarios.
Fue en septiembre, dice Labbé en su declaración escrita, que Raide
pasó a integrar el nuevo Comité de Comunicaciones y Extensión creado
cuando se decidió que el censo fuera “de derecho”. Ante el fiscal
definió el rol de Raide de una manera más amplia: “Después de unas
reuniones acordamos que Antonio Hartmann se integrara pero Raide dijo
que no podía porque era una organización transversal. Le solicité me
ayudara con sus redes políticas pero él no podía aparecer. Por eso Max
Raide se integró y asistía a las reuniones de comunicaciones. Él asistía
una media hora y después iba a reunirse conmigo”.
En el escrito ante la Cámara, Labbé deja ver que es consciente de las
contradicciones entre las razones de la contratación y el trabajo
realizado por el grupo de Raide, así como de los cuestionamientos:
“Ninguna de las personas mencionadas, tuvieron acceso a información
reservada en relación al Censo ni al INE. Su participación fue siempre
en el aspecto comunicacional y de extensión, sin perjuicio de lo dicho
respecto del origen de la contratación”. Labbé hace ver además que Raide
no sólo trabajó ad-honorem en el INE, sino que antes ya lo había hecho
para el ex subsecretario del Trabajo Marcelo Soto.
Consultado por el rol que Raide desempeñaba en la institución, el
jefe del Proyecto Censo, Eduardo Carrasco, dijo al fiscal Morales que se
trataba “de una persona amiga del director, pero enfocada a la parte de
difusión”.
Ante el fiscal Morales, el ex director del INE relató otra función
más de Raide y dijo que lo presentaba como su asesor en la relación con
el gobierno. “Él me buscaba relaciones o contactos con el gobierno para
ciertas cosas. La colaboración de Raide con el INE fue hasta el último
día de mi trabajo como director”, agregó Labbé, quien insistió que el
joven no recibió ninguna remuneración.
El fiscal Morales también le preguntó a Labbé en calidad de qué
aparece Raide sentado a su lado en una foto publicada por CIPER. Labbé
dijo no recordarlo, pero posteriormente le asignó un rol muy importante
en la modernización del INE y en que se abriera hacia las universidades.
Labbé volvió sobre este punto cuando el fiscal Morales le preguntó por
Juan Pablo Raide, el hermano de su asesor. Según Labbé, Juan Pablo era
quien contactaba a las universidades para los convenios. Sin embargo,
este último no tenía oficina, ni horario, ni correo institucional del
INE.
El jefe de gabinete de Labbé, Raúl Sepúlveda, confirmó que
Maximiliano Raide no recibía sueldo porque no quería ser contratado por
el INE y que quienes sí lo hacían –Antonio Hartmann, Juan Pablo Raide y
antes Constance Pooley– sí asistían al comité de comunicaciones que se
realizaba los miércoles. En todo caso, Sepúlveda enfatizó que era la
ingeniera comercial y asesora del director del INE, Mariana Alcérreca,
quien veía todos los temas de presupuestarios relativos a
contrataciones.
En la red social profesional Linkedin, Maximiliano Raide registró ser
“asesor Director en INE”, pero una vez que se destapó el conflicto en
el organismo eliminó esa función. El hermano de Raide, Juan Pablo, y
Hartmann presentaron sus cartas de renuncia el 29 de abril, un día hábil
después de la salida de Labbé del INE. Y un dato curioso es que ambos
textos son idénticos (ver cartas de
Raide y
Hartmann).
EL TESTIMONIO CLAVE DE ALCÉRRECA
De acuerdo a lo expresado por el presidente de la Comisión
Investigadora del Investigadora del INE, diputado Juan Carlos Latorre,
el testimonio de Mariana Alcérreca este miércoles 28 de agosto será de
gran aporte para la indagación que hasta ahora han levantado los
parlamentarios. En la sesión del martes 27 de agosto decidieron invitar a
Maximiliano Raide y Sebastián Mathews, informó Latorre.
“Maximiliano Raide tuvo acceso a la información del Censo. Tuvo
acceso a la síntesis de la información”, le dijo Alcérreca al fiscal, en
uno de los temas más delicados de la ambigua relación de Maximiliano
Raide con el INE. Esta versión debería ser ratificada por la profesional
en la comisión investigadora y, de acuerdo a los parlamentarios que la
integran, esperan que también clarifique la manipulación de las cifras
del Censo 2012.
Mariana Alcérreca es un personaje clave en esta investigación, pues
en su entrevista a CIPER
aseguró que Labbé fue quien materializó la manipulación de los datos
del Censo 2012 y reveló que incluso la instruyó a publicar que habían
sido censados realmente 16 millones 600 mil personas en vez de los 15
millones 800 mil. Ella no aceptó la orden y le representó que había
“engaño” al incluir a los moradores ausentes y viviendas desocupadas a
la cifra de los realmente censados.
La arista de la manipulación de los datos del Censo fue abordada en
la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del lunes 26 de
agosto. En esa ocasión, el jefe de departamento de estudios sociales del
INE, el sociólogo Andrés Bustamante, aseguró en forma insistente que se
le advirtió a Labbé que por recomendación de Naciones Unidas no se
podía incorporar en la información definitiva del censo de población una
estimación de crecimiento, de acuerdo a las nuevas casas construidas
luego del pre censo.
“Quiero ser explícito en mencionar que el señor Labbé tomó la
decisión de no transparentar la diferencia entre población censada y
población imputada, pese a haber sido advertido en innumerables
ocasiones respecto de que esto se tenía que hacer. Incluso, pese a
recibir una minuta, una cita textual de la recomendación de Naciones
Unidas, donde se decía que esto tenía que ser trasparentado. Por lo
tanto, aquí no se puede decir que esto no se sabía”, sostuvo Bustamante.
Al día siguiente la comisión recibió la carta de Francisco Labbé, en
que refuta todas las irregularidades de las que lo han acusado (
ver carta).
COMITÉ DIRECTIVO PARALELO
Cuando la crisis del INE ya había sido destapada por los directivos
que se quejaron públicamente de las decisiones que se estaban adoptando
por no responder a criterios técnicos, el círculo de asesores de Labbé
se estrechó aún más, quedando confinado al jefe del Proyecto Censo
Eduardo Carrasco; al jefe comunicacional del INE, Sebastián Mathews; y a
Maximiliano Raide. En palabras de Andrés Bustamante ante la comisión de
la Cármara, “en un momento en el INE la forma de conducir las
decisiones por los canales formales se fue perdiendo y se instaló una
suerte de comité directivo paralelo donde estaban el señor Labbé a la
cabeza, el señor Raide, el señor Mathews y el señor Eduardo Carrasco”.
Aseguró que incluso dentro del mismo comité directivo, personas que
cumplían una función de asesoría directa –como el caso de Mariana
Alcérreca o como Raúl Sepúlveda, que era su jefe de gabinete–, tendían a
ser aislados de las decisiones más importantes”.
En
lo que hasta ahora pocos han puesto el acento es en el secreto de
confidencialidad que los profesionales del INE están obligados a cumplir
y en la alta gravitación que puede generar en el mercado financiero la
filtración de datos como los de la tasa de IPC. En la última sesión de
la Comisión investigadora del INE se le consultó a Gerzo Gallardo,
ingeniero comercial y jefe de Departamento de Estudios Económicos, si
efectivamente Sebastián Mathews, a cargo de las comunicaciones
estratégicas, pidió en una ocasión, anticipadamente los resultados de la
medición del IPC. La respuesta fue categórica del profesional: “Sí, lo
hizo, pero se le fue negado, por la relevancia que podría tener para
especulaciones financieras”.
El tema de las filtraciones es particularmente sensible para los
funcionarios del INE. Incluso el que dos diarios hayan publicado datos
del censo el día del informe oficial, es considerado gravísimo. “El tema
del censo es tremendo, pero que se filtraran las cifras es peor, porque
el INE vive de la confianza. Si a usted le dicen el IPC es tanto, usted
tiene que creerlo para que el país funcione”, explicó el 14 de agosto
pasado a los diputados Juan Radrigán, jefe de Infraestructura
Estadística del INE.
El curioso rol del diputado Edwards
Los diputados de la Concertación Juan Carlos Latorre –quien preside la
comisión investigadora–,
Ramón Farías y Felipe Harboe han sido los más activos en interrogar a
los invitados sobre la manipulación de las cifras del censo y los
contratos de Raide. En la otra trinchera ha llamado la atención la
actuación del diputado RN José Manuel Edwards, quien si bien ha hecho un
gran número de preguntas técnicas, ha levantado objeciones que han sido
interpretadas no como una forma de proteger al gobierno, sino
derechamente a Labbé y a Raide.
Durante
la sesión del 14 de agosto, Harboe propuso que la investigación se
separara en tres “cuadernos”: la arista principal de la manipulación de
los datos del censo, la filtración y
los contratos.
De inmediato Edwards se paró a hablar con el secretario de comisión y
luego opinó que los dos cuadernos secundarios excedían el mandato de la
comisión. Al menos en dos oportunidades cuestionó que se investigara la
filtración y los contratos.
Sin embargo, cuando CIPER le mencionó que su intervención había sido
interpretada como una forma de proteger a Raide, Edwards aseguró que él
sólo consideraba que la filtración estaba fuera del mandato y que si
bien no entendía bien cuál era el reclamo respecto a los contratos,
creía que estaba dentro del ámbito de la investigación: “Si hubiese
triangulación de plata, yo creería que eso estaría dentro del mandato”,
dijo Edwards a CIPER.
Edwards dijo que no conoce a Raide, aunque admitió que tal vez fue
compañero de su hermano menor en el Colegio Apoquindo y no lo recuerda.
Además, relató que pese a no conocerlo, Raide lo llamó para explicarle
que no había nada irregular en su rol en el INE y le envió un documento
con sus argumentos. Documento que Edwards aseguró no haber leído.
En la misma sesión del 14 de agosto, Edwards tuvo una intervención
bastante curiosa: le pidió a los funcionarios del INE Radrigán y
Gallardo que moderaran sus comentarios hacia Labbé: “Es tanta la
subjetividad con que hablan del señor Labbé, a quien yo no conozco, que
se ve como si le estuvieran pasando la cuenta”. Acto seguido, les pidió
ser más “equilibrados” en sus apreciaciones.
Según consigna en su curriculum, el diputado Edwards es hijo del
síndico del mismo nombre, quien tuvo a cargo la quiebra del club de
fútbol de la Universidad de Chile. Su padre es académico de la Facultad
de Economía de la Universidad Andrés Bello, donde según
La Tercera
fue uno de los profesores “que más sintonía tuvo” con Labbé. “No tengo
una opinión sobre cómo lo ha hecho en lo comunicacional en estos
momentos de crisis”, dijo entonces, “pero de que Labbé es un hombre
serio, honorable, lo es. Su nominación como director del INE tenía mucho
sentido, era el profesional indicado”.
Vía:
http://ciperchile.cl/2013/08/28/ine-las-sospechas-de-triangulacion-de-dinero-que-complican-al-asesor-mas-cercano-a-labbe/
Boca que arrastra mi boca
