México. La tribu yaqui estrecha
sus alianzas con organizaciones indígenas y expone su rechazo al
Acueducto Independencia ante funcionarios de Naciones Unidas, pues no
confía en que el gobierno mexicano detenga la megaobra aunque los
indígenas hayan ganado por la vía legal.
“La sentencia emitida por la Suprema
Corte, el 8 de mayo pasado, constituye un hecho histórico, puesto que
hace un reconocimiento del derecho de consulta, información y
participación de los pueblos indígenas en todas las obras de
infraestructura que afecten nuestros derechos naturales y territorios”,
señaló Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de
Vícam, a casi tres meses de iniciado el bloqueo carretero que mantiene
la Tribu. “De ahí que insistamos en la importancia de que se cumpla con
la ley y de que todos los órdenes de gobierno acaten esta decisión, pues
es la única forma de que prevalezca el pacto de paz que existe entre el
pueblo yaqui y el Estado mexicano”.
La deuda del Estado mexicano con los
pueblos indígenas sigue sin saldarse. Las estrategias del poder
gubernamental se articulan para negarles todo derecho, incluso la vida y
libertad, aún si se encuentran reconocidas por unas leyes. Éstas son
interpretadas a su modo; cuando no se pueden interpretar, entonces se
niegan, y la justica nunca llega.
Desde el 13 de agosto de 2013, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través
de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, emitió el oficio
SGPA/DGIRA/DG/5677, en el cual dejó insubsistente “la autorización en
materia de Impacto Ambiental contenida en el oficio número
SGPA/DGIRA/DG/1633/11 correspondiente a la autorización del Acueducto
Independencia”, mediante un telegrama oficial enviado el 14 de agosto.
En él se notificó al Juez Décimo de Distrito en el estado de Sonora
para que haga lo correspondiente con los responsables del Proyecto
Sonora SI, para detener las obras y su operación ante la nulidad del
Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). El 19 de agosto, el secretario
del Juzgado Décimo, Fernando Morales Flores, presentó el acuerdo para
dar cumplimiento a la sentencia de amparo a favor de la tribu yaqui.
Ese mismo telegrama enviado por la
SEMARNAT, recibido en Hermosillo el día 16, señala que para realizar la
nueva evaluación de impacto ambiental se debe otorgar la garantía de
audiencia a la tribu yaqui. Para la Tribu -y de acuerdo al fallo de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)-, no se trata sólo del
derecho a tener audiencia, sino a una consulta previa, libre e informada
en cada fase de la evaluación ambiental. De esta manera, como pueblo
indígena, decidirán si aceptan o rechazan la existencia de la obra.
Para el pueblo indígena yaqui, el camino
recorrido por cerca de cuatro años está marcado por el “avanzar
resistiendo”. Han ganado en su totalidad los recursos legales
interpuestos contra la construcción del Acueducto Independencia. En
estos momentos, la obra hidráulica del proyecto Sonora SI -respaldado
por el gobierno de Sonora, empresarios y políticos nacionales y de la
capital, Hermosillo- no puede ocultar la ilegalidad del trasvase de las
aguas del río yaqui, ni puede justificar la extracción de grandes
volúmenes de agua en el abastecimiento de la capital de Sonora.
Después de agotar los tiempos por parte
de las autoridades ambientales, la SEMARNAT y Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) recibieron mil 500 demandas
individuales por parte de la sociedad civil, interpuestas “en contra de
quien resulte responsable, por los hechos, actos y omisiones que han
producido desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos
naturales, además de por haber contravenido las disposiciones legales y
demás ordenamientos”.
El pueblo yaqui no espera que la “buena
fe” del gobierno mexicano resuelva inmediatamente el robo del agua, pues
la experiencia hasta ahora es que las instituciones legales y
dependencia federales han agotado y sobrepasado los tiempos establecidos
para ejecutar las sentencias. Por ello, diversifican su movilización de
acuerdo a las posibilidades y redes en las que se ha insertado a nivel
nacional e internacional. La Guardia Tradicional recibió en el recinto
oficial del pueblo de Vícam, a comisionados de la Unidad de Observación
de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los
Derechos Humanos. Se expusieron las violaciones constantes a los
derechos de la población yaqui, resultado de la intención de despojarlos
del vital líquido.
Durante la Cátedra “Tata Juan Chávez
Alonso”, celebrada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a
convocatoria del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el delegado de la Tribu, Mario
Luna Romero, hizo notar que la resistencia depende en gran medida de la
estructura milenaria heredada de sus mayores y que, en conjunto con las
muestras de apoyo de sectores sociales organizados, siguen dando la
batalla pese a tener la razón jurídica, histórica, moral, ética y
humana.
“Aun con el hostigamiento en contra,
aun con la amenazas y presión de la que somos objeto -en el sentido de
que todos los recursos institucionales de gobierno en salud, educación,
economía agrícola y ganadera se nos retiraron y no tenemos presupuesto
gubernamental para poder subsistir-, el hecho de que seamos un gobierno
autónomo ha permitido que podamos sobrevivir y resistir en la lucha, y
que hagamos alianzas con los demás pueblos indígenas por medio del CNI y
el EZLN”, señaló el delegado.
Con la ley de su parte, la tribu yaqui
continúa en el bloqueo de la carretera en Vícam. No obstante las
declaraciones del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, y los
medios de comunicación afines a él, las autoridades tradicionales no
acordaron ninguna negociación para “liberar” la carretera, pues la
exigencia es “hacer respetar las leyes mexicanas y detener el robo de
agua”, comentan integrantes de la tropa yoeme, compuesta por todo el
pueblo yaqui. Los pobladores siguen en alerta ante las constantes
amenazas de los operadores políticos del gobierno estatal, quienes, en
voz de Jesús Moroyoqui, pretenden desconocer la propia estructura de
autogobierno yaqui.
En el resto del país, la tensión para
los pueblos indígenas aumenta al ejecutar el gobierno mexicano órdenes
de aprehensión, desapariciones, encarcelamientos y asesinatos hacia
defensores de sus bienes naturales contra el saqueo y depredación del
sistema neoliberal. Y aunque existe respuesta organizada, las fuerzas
del estado pueden estar preparándose para acciones de represión a mayor
dimensión.
Esto lo saben la tribu yaqui y los
integrantes del CNI, quienes reiteraron su palabra colectiva en el marco
de su pronunciamiento en San Cristóbal de las Casas, Chiapas:
“actuaremos en consecuencia ante cualquier intento de represión al
campamento en resistencia que se mantiene en la carretera internacional a
la altura de Vícam, primera cabecera de la tribu yaqui”.
http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2013/08/derecho-sin-justicia-para-los-yaquis/
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