El proceso judicial con el que se está
llevando a juicio a doce campesinos, burdo desde sus inicios, entra en
su tramo final. Los campesinos acusados fueron perseguidos, torturados y
finalmente encarcelados. Con la farsa de la “presentación de pruebas”,
el juicio se volvió grotesco e inmoral. El elenco, bochornoso y risible,
lo conforman la jueza Janine Ríos, los Fiscales Jalil Rachid y
Francisco Ayala; y el defensor público Joaquín Díaz, demostrando
mediocridad supina, desconocimiento de leyes y procedimientos, y
genuflexión a los intereses de la familia Riquelme, supuesta propietaria
de las tierras de Curuguaty. Ante tanta evidencia del montaje, la
mayoría sospecha que los campesinos serán condenados a la pena máxima,
por un delito que no cometieron.
Sobre las pruebas de la fiscalía, el periodista Rufo Medina, se pregunta: “Cómo entender que 5 monedas demuestran que unas personas son asesinas, que un tornillo prueba el plan para producir la masacre, que 5 honditas de goma y dos semillas de coco indican la preparación de una masacre, que un litro de aceite de comer prueba el delito, que un carnet de afiliación al Partido Colorado es indicio del levantamiento contra el orden jurídico, que una botella de 1/4 de caña o un cortaúñas constatan una actuación asesina de los sintierras, que un envase de gaseosa o un quepis rosado son muestras de una emboscada, o que un rollo de papel higiénico o una caja de cigarrillos son elementos contundentes de la matanza”. Son preguntas que la ciudadanía también se hace.
Según Hugo Valiente, activista de los DDHH, el Fiscal Jalil Rachid incorporó en la causa pruebas de manera extemporánea y que la jueza Yanine Ríos admitió, violando garantías constitucionales. “La jueza hizo el trabajo sucio de la fiscalía”, añade Valiente.
La doctora Lilian Soto, ex candidata presidencial, dice que con “la admisión de pruebas que no se habían presentado, la expulsión de gente de la audiencia por haberse manifestado fuera del recinto, pedido de sobreseimiento del fiscal a personas que no estuvieron en el lugar de la masacre y a quienes mantuvo imputados durante casi un año, prisión de personas contra quienes no existen pruebas de que hayan disparado una bala y a quienes se juzga por su lucha por la tierra, un fiscal que afirma sin rubor que la inocencia se debe demostrar”, se sospecha que el juicio representa una gran farsa.
El mayor agravante es que los campesinos fueron previamente culpabilizados de la Matanza de Curuguaty, hecho utilizado como argumento para ejecutar el Golpe de Estado de junio del 2012 contra Fernando Lugo. Sin desparpajos, el fiscal Jalil Rachid asegura que “los campesinos son culpables, y ellos deben demostrar que son inocentes”. Esta “inversión de la prueba” esgrimida por el fiscal, viola el principio universal de la presunción de inocencia.
El padre del fiscal, Bader Rachid Lichi, un político de estirpe colorado stronista, figura entre los usurpadores de tierras fiscales al igual que la familia Riquelme.
Pero a pesar de su vergonzosa actuación, el fiscal Rachid sigue ejerciendo el cargo de docente titular de Derecho Agrario, en la Universidad Católica de Asunción. Docentes y sus alumnos de la universidad ya firmaron cartas de protesta por la conducta del fiscal. Sin embrago, no hay indicios de que el fiscal pueda comprender el alcance del repudio que suscita a nivel académico. La tozudez de Rachid, permitirá que sus alumnos lo puedan recusar en los exámenes con la firma de una nota simple dirigida al Decanato de la Facultad, manifestando la incomodidad de ser examinados por una persona, cuyo estado civil es de “alquiler permanente” al servicio de las familias mafiosas.
La Haine
http://www.lahaine.org/index.php?p=71314
Sobre las pruebas de la fiscalía, el periodista Rufo Medina, se pregunta: “Cómo entender que 5 monedas demuestran que unas personas son asesinas, que un tornillo prueba el plan para producir la masacre, que 5 honditas de goma y dos semillas de coco indican la preparación de una masacre, que un litro de aceite de comer prueba el delito, que un carnet de afiliación al Partido Colorado es indicio del levantamiento contra el orden jurídico, que una botella de 1/4 de caña o un cortaúñas constatan una actuación asesina de los sintierras, que un envase de gaseosa o un quepis rosado son muestras de una emboscada, o que un rollo de papel higiénico o una caja de cigarrillos son elementos contundentes de la matanza”. Son preguntas que la ciudadanía también se hace.
Según Hugo Valiente, activista de los DDHH, el Fiscal Jalil Rachid incorporó en la causa pruebas de manera extemporánea y que la jueza Yanine Ríos admitió, violando garantías constitucionales. “La jueza hizo el trabajo sucio de la fiscalía”, añade Valiente.
La doctora Lilian Soto, ex candidata presidencial, dice que con “la admisión de pruebas que no se habían presentado, la expulsión de gente de la audiencia por haberse manifestado fuera del recinto, pedido de sobreseimiento del fiscal a personas que no estuvieron en el lugar de la masacre y a quienes mantuvo imputados durante casi un año, prisión de personas contra quienes no existen pruebas de que hayan disparado una bala y a quienes se juzga por su lucha por la tierra, un fiscal que afirma sin rubor que la inocencia se debe demostrar”, se sospecha que el juicio representa una gran farsa.
El mayor agravante es que los campesinos fueron previamente culpabilizados de la Matanza de Curuguaty, hecho utilizado como argumento para ejecutar el Golpe de Estado de junio del 2012 contra Fernando Lugo. Sin desparpajos, el fiscal Jalil Rachid asegura que “los campesinos son culpables, y ellos deben demostrar que son inocentes”. Esta “inversión de la prueba” esgrimida por el fiscal, viola el principio universal de la presunción de inocencia.
El padre del fiscal, Bader Rachid Lichi, un político de estirpe colorado stronista, figura entre los usurpadores de tierras fiscales al igual que la familia Riquelme.
Pero a pesar de su vergonzosa actuación, el fiscal Rachid sigue ejerciendo el cargo de docente titular de Derecho Agrario, en la Universidad Católica de Asunción. Docentes y sus alumnos de la universidad ya firmaron cartas de protesta por la conducta del fiscal. Sin embrago, no hay indicios de que el fiscal pueda comprender el alcance del repudio que suscita a nivel académico. La tozudez de Rachid, permitirá que sus alumnos lo puedan recusar en los exámenes con la firma de una nota simple dirigida al Decanato de la Facultad, manifestando la incomodidad de ser examinados por una persona, cuyo estado civil es de “alquiler permanente” al servicio de las familias mafiosas.
La Haine
http://www.lahaine.org/index.php?p=71314
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