- En las últimas semanas tanto desde el ViceMinisterio de Interculturalidad, el Ministerio del Ambiente y la Defensoría del Pueblo se ha señalado que la consulta previa no es una traba a las inversiones sino que más bien ayuda a la “inclusión social” y de esta manera a solucionar los conflictos socio-ambientales. No hay duda de las buenas intenciones de estos sectores del Estado. Sin embargo, lo cierto es que la consulta previa, con el actual diseño institucional que tenemos, ayudará muy poco a solucionar los conflictos socio-ambientales. Es más, en el actual debate se ha dejado de lado importantes temas que deberían estar en la agenda de las políticas públicas de promoción de los derechos de los pueblos indígenas.
En efecto, desde todos los ámbitos se sufre de consultitis aguda, es decir, la creencia de que la implementación de procesos de consulta por sí mismo asegura el respeto de los derechos de los pueblos. En realidad, ni siquiera se entiende a la consulta en toda su dimensión, su relación con el principio de autodeterminación y el consentimiento libre, previo e informado. Además, el nivel de discusión pública sobre temas fundamentales como la institucionalidad indígena en el Estado y el lugar de los pueblos indígenas en el Ordenamiento Territorial, ha sido exiguo.
Sobre el primer punto, la institucionalidad indígena en el Perú es bastante precaria. El INDEPA con sus continuas reformas institucionales hoy en día es una unidad ejecutora prácticamente nula en lo que respecta a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos. El ViceMinisterio de Interculturalidad, el llamado a ocupar su lugar, ha quedado bastante debilitado luego de que el Presidente de la República señalara que en los Andes no existen pueblos indígenas, y el Ministro de Cultura señalara que no saldrá a la luz la tan promocionada base de datos de los pueblos indígenas. Es más, puede observarse que quienes se pronuncian con más fuerza para defender la consulta previa son el Ministro del Ambiente y el Defensor del Pueblo, cuando el llamado a liderar el tema es el Ministro de Cultura.
Es urgente entonces una institucionalidad indígena fuerte, con representatividad indígena y políticas públicas claras, y que tenga capacidad política y técnica para llevarlas a cabo de forma transectorial. Hoy en día esa institucionalidad no existe por lo que es bastante difícil que se lleve a cabo procesos de consulta exitosos, sobre todo en situaciones de alta conflictividad social.
| “La consulta es parte de la agenda de un estado intercultural, sin embargo, es necesario que el sector público, las organizaciones de la sociedad civil y la academia empiecen a analizar el problema indígena de manera estructural, lo que implica replantear diseños y política institucionales del Estado.” |
Y es que sin un ordenamiento territorial que incluya la voz de los pueblos indígenas es muy fácil evitar la consulta. Pongamos el caso de una petrolera que tiene derechos de exploración en un área que debido a las trabas burocráticas no ha podido ser titulada por una comunidad nativa aledaña. Así, podría alegarse que la exploración sobre dicha área no generaría una “afectación directa” sobre dicha comunidad, sin embargo, desde una perspectiva de territorio integral esa área es vital para la comunidad pues es utilizada para la caza y recolección. Sin un ordenamiento territorial que delimite adecuadamente el territorio del cual dependen los pueblos indígenas, el Estado y las empresas seguirán viendo buena parte de la Amazonía y los Andes como “tierra de nadie” a explotar.
En fin, es importante darnos cuenta que los derechos de los pueblos indígenas no se reducen a la consulta previa. Con ello no quiero decir que debemos desechar la consulta previa como mecanismo para hacer escuchar la voz de los pueblos indígenas, todo lo contrario. La consulta es parte de la agenda de un estado intercultural, sin embargo, es necesario que el sector público, las organizaciones de la sociedad civil y la academia empiecen a analizar el problema indígena de manera estructural, lo que implica replantear diseños y política institucionales del Estado.
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*Roger Merino (29 años) estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En los últimos dos años ha realizado dos master: uno en Derecho Comparado, Economía y Finanzas en la Universidad Internacional de Turín, y otro en Política Internacional y Globalización en la Universidad de Bath, Inglaterra, donde actualmente hace un Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas Públicas. El tema de su tesis en elaboración es el conflicto entre los derechos de propiedad indígena y la globalización desde la perspectiva de la Teoría Crítica aplicada a la Comparación Jurídica, Económica y Política.
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Fuente: Blog de Roger Merino Comparación Crítica: http://comparacioncritica.blogspot.co.uk/2013/05/consultitis-aguda.html
Vía:
http://servindi.org/actualidad/87808#more-87808
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