El 84% de la violación de DDHH se atribuye a Policía y Fuerzas Armadas.
La Comisión de la Verdad
independiente sobre los hechos acontecidos tras el golpe de Estado de
Honduras es contundente: el país sigue viviendo los efectos de un estado
de facto que no respeta los derechos humanos. La impunidad y la
mancuerna Gobierno-Empresarios garantizan el terror.
El congresista republicano de Estados Unidos Dana Rohrabacker llegó a Tegucigalpa
en febrero de 2010 y dio un consejo al país: “No deberíamos ponernos a
inventar algo, como comisiones de la verdad, debemos dejar que descanse…
cerrar el libro y caminar hacia adelante, a pensar en una economía
próspera en Honduras, en vez de volver a pelear la
batalla del año pasado”. Rohrabacker decía esto justo después de
reunirse con los tres poderes del estado, incluido el presidente, Porfirio Lobo. Para él, lo importante era la economía y al golpe de Estado lo denominó “crisis política”.
Leyendo con atención las 306 páginas del informe “La voz más autorizada es la de las víctimas” de la Comisión de la Verdad –presentado ayer en Tegucigalpa y hoy en San Pedro Sula-
es evidente por qué no le interesaba la verdad al congresista
republicano. El informe es demoledor, repasa 5.418 violaciones de
derechos humanos entre junio de 2009 y agosto de 2011, incluidos
crímenes de lesa humanidad; atribuye a la Policía a las Fuerzas Armadas
o a funcionarios del Gobierno el 84% de las violaciones de esos
derechos; asegura que el golpe se trató de la “acción de un grupo
privado-empresarial específico que (…) reaccionó ante lo que ellos
denominaban ‘la amenaza chavista”, y, lo que es más grave, advierte de
que “los efectos del golpe de Estado aún continúan, y que tanto antes
como después de las elecciones realizadas en octubre de 2009, ambos
gobiernos utilizaron y utilizan el terror como un recurso de control
social”.
La Comisión de la Verdad ha sido avalada
y respaldada por 22 organizaciones nacionales e internacionales de
prestigio, como, por ejemplo, Jueces para la Democracia (España), la Comisión Internacional de Juristas (AIJ), las Madres de la Plaza de Mayo (Argentina) o las embajadas de Dinamarca y Alemania. Ha sido presidida por la ecuatoriana Elsie Monge Yoder, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y en ella han participado 10 expertos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Asegura la Comisión que la mayor parte
de las violaciones de derechos humanos tras el golpe se produjo en los
primeros seis meses (un 60%) y que el 43% de ellas se refiere al derecho
a la integridad personal y al derecho a asociación y reunión. Sin
embargo, lo más interesante del detallado informe es la constatación de
unas estructuras de poder que no solo permitieron el golpe de Estado,
sino que garantizan la perpetuación de la injusticia social, la
impunidad y de cierta dictadura empresarial sobre el aparato estatal.
“El golpe de estado dejó al descubierto:
los desmesurados intereses empresariales, particularmente el apoyo al
golpe de Estado de las Cámaras empresariales, la industria y los
servicios financieros y demás sectores del poder económico; y la
fragilidad de las instituciones y su incapacidad para procesar de manera
institucional los conflictos sociales y políticos”, indica la Comisión
en la presentación del informe.
Los miembros de la Comisión de la Verdad
dicen no entender “que el actual régimen no haya procedido ante estos
graves hechos y que los autores de estas graves violaciones a los
derechos humanos y contra el estado de Derecho no hayan sido
investigados por las autoridades competentes, dejando en claro que la
disposición a perpetrar violaciones sistemáticas contra los derechos
humanos continúa vigente como parte central del esquema”. Y es que en
enero de 2010 se emitió un Decreto de Amnistía que mantiene en la
impunidad a los responsables del Golpe y de la represión, la justicia no
ha adelantado procesos y las recomendaciones hechas por la comisión de
investigación designada por el propio Gobierno tampoco se han cumplido.
Esa comisión determinó en julio de 2011 que sí hubo golpe de Estado y
que las fuerzas de seguridad cometieron numerosas violaciones de
derechos humanos, incluidos 20 asesinatos.
INTERVENCIÓN EXTRANJERA E IMPUNIDAD
El informe de la Comisión de la Verdad independiente apunta a la posible intervención de Estados Unidos
en el golpe de Estado por acción o por omisión. Le dedica un capítulo a
este asunto y reflexiona: “Es difícil presumir que la ruptura del
Estado del derecho, siendo esta una medida extrema y absurda, la hayan
podido tomar solamente los actores locales sin, al menos, el
conocimiento y algún nivel de participación de actores fundamentales
externos para una decisión de tal envergadura”.
Más que hablar de Honduras como un
Estado fallido plantea al país como un Estado intervenido desde el
exterior y controlado por las corporaciones privadas. De hecho, entre
otros muchos ejemplos, recuerda que la canciller hondureña durante el
gobierno de Manuel Zelaya, Patricia Rodas, fue sacada del país a la fuerza con destino a México a bordo del avión privado del multimillonario Miguel Facusse, cuyos escuadrones de la muerte hacen estragos en la región del Aguán.
Dentro de esa estructura estatal vacía,
le parece a la Comisión de extrema gravedad la pasividad intencional de
la justicia: “La manipulación del sistema de justicia juega un papel
crítico en las violaciones de derechos humanos en el país, pues
constituye la piedra angular para mantener la más absoluta impunidad…”..
El problema de la impunidad, insiste, es
“estructural y crónico”, “antes, durante y en la etapa postgolpe”. Y la
violación de derechos humanos, que continúa en el país, “fueron y
siguen siendo parte de una política de Estado”. Eso incluye el accionar
de grupos “con procedimientos y metodologías de los escuadrones de la
muerte”, pero también un ‘nuevo’ marco legal que perpetúa las
condiciones que describe la Comisión:
“El paquete de leyes y acuerdos que se
ha adoptado a partir del golpe de 2009 (…) tiene entre otras
consecuencias: el aumento alarmante de la presencia de las fuerzas
económicas, militares y de seguridad de los Estados Unidos de América en
Honduras y de su intervención y tutela sobre las políticas e
instituciones del Estado; la adopción de leyes y reformas
constitucionales que agravan la indefensión de la población ante las
políticas del Estado y los órganos de seguridad; una mayor concentración
de la tierra y explotación de la fuerza de trabajo; la concesión de
terrenos y recursos naturales a intereses nacionales y extranjeros
ajenos a la Constitución, los derechos y el bienestar de la población; y
la aprobación de tratados y acuerdos de cooperación sin la debida
participación ciudadana y contrarios a sus derechos”.
LA RESISTENCIA
“La voz más autorizada es la de las
víctimas” y la esperanza de la Comisión está puesta en la sociedad
civil. En Honduras, según rezan las conclusiones del informe, “existe
una reserva de enorme fortaleza y esperanza, integrada entre otros por
las miles de personas que superando el silencio y el olvido, la
negación, el miedo, el abuso y la revictimización que también han sido
objetos de parte del Estado, como también de gran parte de los medios de
comunicación masivos y otros poderes fácticos nacionales y extranjeros,
han tenido el coraje de denunciar los graves delitos y violaciones a
los derechos y las libertades fundamentales de que han sido víctimas”.
El documento es fundamental para
entender el contexto en el que se produce el golpe de Estado y para
reivindicar justicia en Honduras. La Comisión aporta este valioso
trabajo para lograr tres cosas: el esclarecimiento histórico, la
justicia para las víctimas, los familiares y la sociedad hondureña en
general, y la reparación moral y material. Lo más probable es que el
Gobierno lo ignore; los pueblos, no.
Por Equipo Otramérica
Publicado en otramerica.com
Vía:
http://www.elciudadano.cl/2012/10/04/58107/comision-de-la-verdad-la-violacion-de-derechos-humanos-es-politica-de-estado-en-honduras/
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