"El 7 de diciembre no pasa nada" puede ser la
consigna que mejor expresa el desafío de los impunes contra toda una
Nación. Después de más de tres años de sancionada la ley de servicios de
comunicación audiovisual, distintos jueces de las más diversas
competencias fueron competentes para impedir que una ley fundamental,
que indudablemente representa un avance sustantivo en la democratización
de la comunicación en la Argentina, que fue sancionada por el Congreso,
pueda aplicarse concretamente.
Y lo que hoy es motivo de prestigio internacional de la Argentina y de inobjetable orgullo para cualquier persona honrada: el juicio y condena a los cipayos de la dictadura apátrida y genocida de 1976 y la recuperación -de la que las Abuelas de Plaza de Mayo son estandarte- de decenas de niños que habían sido apropiados por estos alienados, no fue mérito del Poder Judicial sino de la lucha popular, que debió enfrentar a ese poder.
Esto decía Néstor Kirchner, cuando era presidente de la Nación, el 24 de marzo de 2007, en el acto de conmemoración del "Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia": "Hace un rato allí -y voy a seguir después recorriéndolo con detenidos desaparecidos- me tocó ver, tocar y palpar el horror. Por eso la primera síntesis que quiero hacer es decirle a la Justicia argentina, y el Consejo de la Magistratura sé que va a proceder, que basta por favor, basta, juicio y castigo, necesitamos que los juicios se aceleren.
¿Cuál es el compromiso que tienen algunos integrantes de la Justicia? ¿Qué pasa en aquella Cámara de Casación, por dar un ejemplo, donde están parados hace años juicios que deberían estar en marcha? ¿Quiénes son los fiscales de esa Cámara de Casación?
Señores: es hora de que todos, desde donde podamos, hagamos todo el esfuerzo. No estamos invadiendo otro Poder, estamos pidiendo que funcione. Porque les voy a decir una cosa: nosotros no estamos predicando venganza, estamos pidiendo que funcione la Justicia, esa Justicia que nuestros hermanos, nuestros compañeros y nuestros amigos no tuvieron".
"¿Qué pasa con aquella Cámara de Casación?", preguntaba Néstor Kirchner, cuando era precisamente esa Cámara el principal refugio de los genocidas para escapar de la Justicia. Hoy esa Cámara de Casación es nuevamente protagonista de lo más retrógrado y despreciable de una justicia de clase que es de palo y cárcel para los pobres, y de impunidad para los oligarcas: con la condena de Fernando Esteche, de Raúl Boli Lezcano y de seis compañeros del MPR Quebracho vuelve a reafirmar una vez más su oscura y funesta trayectoria de inquisidores.
La sala 3 de la Cámara de Casación, encabezada por el único juez que aún no renunció de los designados cuando Menem la creó, el juez Eduardo Riggi, confirmó la prisión de varios de los tantos compañeros que, a lo largo y a lo ancho del país, reaccionaron frente al asesinato de Carlos Fuentealba, crimen por el que su confeso y jactancioso autor intelectual, el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, aún no pisó ni una baldosa de una unidad penitenciaria.
"El amigo Eduardo"
Pero:
¿de quién estamos hablando cuando nos referimos a Eduardo Riggi?
Estamos hablando del "amigo Eduardo", según el eufemismo del ex agente
de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme, uno de los
intermediarios en la venta de sentencias para parte de este "amigo".
Estamos hablando del juez a través del cual se pretendía garantizar la
impunidad para el traidor José Pedraza, el entregador de los
ferroviarios y autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreira.
Largo es su prontuario como corrupto, como desvergonzado traidor, como mercader del templo. Y porque es largo deberemos consignarlo en una lista que aunque larga, seguramente será incompleta. Aquí va:
- comenzó su carrera judicial en el Camarón, aquella Cámara Federal Penal que fue creada por el dictador Lanusse, que fue el instrumento principal de aplicación de la legislación represiva aprobada en los años previos para perseguir a los luchadores populares y que se extinguió el 25 de mayo de 1973 con la asunción de Cámpora.
-en 1978 es designado juez en lo penal económico durante la dictadura de Videla.
-desde 1992 es designado juez, impulsado directamente por Menem, de la recién creada Cámara de Casación Penal, uno de los "esperpentos" que denunció Arslanián antes de presentar su renuncia como Ministro de Justicia, denunciando que no quería avalar a "ningún Frankenstein".
-acusado de ser del Opus Dei, así se defendía el "amigo Eduardo": "No tengo el honor de ser del Opus Dei, y mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas".
-en septiembre de 2005 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (que es la que encabeza el "amigo Eduardo") dejó en libertad al automovilista Sebastián Cabello, rebajando la pena de 12 años a la que había sido condenado por matar a Cecilia González Carman, de 38 años, y su hija Vanina Rosales, de 3, cuando atropelló, corriendo una "picada" con su Honda Civic a 137,65 kilómetros por hora por la calle Cantilo, en el barrio de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires, el Renault 6 conducido por Carman.
-en marzo de 2007 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo reclamaron ante el Consejo de la Magistratura la destitución de varios jueces de la Cámara de Casación, entre ellos el "amigo Eduardo", por obstaculizar los procesos de los delitos de lesa humanidad de los genocidas. A través de distintos mecanismos como cambios en los criterios de excarcelaciones para dejar en libertad a los reos, cajoneo de las causas, etc., decenas de represores fueron dejados en libertad y las causa no avanzaban. "De los 259 militares, policías y civiles presos (70 con arresto domiciliario) por crímenes de la dictadura, sólo cinco cumplen condena luego de ser juzgados" denunciaban los sobrevivientes y familiares, apoyados por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, denuncia a la que luego se sumó el mismo Néstor Kirchner. En estas maniobras la Sala III fue la que tomó la primera resolución de excarcelación, abriendo el camino para que luego fueran excarcelados decenas de represores que estaban con preventiva, entre los que se contaban varios de los más conspicuos jerarcas del régimen de Videla.
-en octubre de 2008 la Sala III dictó el sobreseimiento del cabo Oscar Ramón Sosa y del agente Cristian Angel Villegas de la Policía Federal, que habían sido procesados con embargos millonarios por el incendio del boliche Cromañón, que provocó 194 muertos y centenares de heridos.
-en mayo de 2008 la Sala III declaró la nulidad de lo actuado y la prescripción de la causa por administración fraudulenta del fondo de sepelios de los trabajadores ferroviarios contra José Pedraza, que ya había sido embargado por 50 millones de pesos, en 2006, por este motivo.
-en junio de 2008, la Sala III confirmó la condena a 30 años de prisión contra Fernando Carrera en lo que se conoce como "la masacre de Pompeya", quien denunció que la causa en su contra había sido armada por policías federales que lo habían confundido con un ladrón y lo tirotearon desde un auto (que no era patrullero), lo que provocó que intentara eludir los disparos y en la huida matara con su auto a tres personas. La Corte revocó este año el fallo de Casación porque no se había investigado suficiente esa línea. Carrera pasó siete años preso. Su caso motivó la película The Rati Horror Show.
-en el verano de 2011 es parte protagónica de una operación que se realizó para garantizar la impunidad del monito tití José Pedraza en el caso del asesinato de Mariano Ferreira. A partir de escuchas telefónicas se supo que un ex agente de inteligencia, Juan José Riquelme, un ex juez, Octavio Aráoz de Lamadrid, el prosecretario de la Sala III de la Cámara de Casación, Luis Ameghino Escobar, y el juez Eduardo Riggi, se comunicaban para establecer el precio de dicho encubrimiento. La maniobra consistió en postergar para después de la feria judicial la decisión sobre que sala de la Cámara entendería en el caso, y luego de lograda la postergación (que no lo trate el juzgado de feria) digitar el "sorteo" (a cargo de Ameghino Escobar) para que caiga en la Sala III, ya comprada por Pedraza. Todo eso sucedió: se postergó para después de la feria y la Sala III terminó siendo donde cayó el caso. Pero todo cambió cuando se descubrió la maniobra. Según los dichos de Riquelme, el juez prostituido es llamado por Riquelme como "el amigo Eduardo", Ameghino Escobar es "el señor de las teclas" (el "sorteo" se hace por computadora) y Aráoz de Lamadrid es apodado "el amigo de la calle Viamonte", por la dirección de su estudio. Por este ilícito otro juez "amigo", el juez Luis Rodríguez, luego de más de un año de demoras, dejó sin procesar al "amigo Eduardo" (a pesar de que se comunicó reiteradas veces con los participantes de la maniobra), y procesó por tráfico de influencias y cohecho (coimas) a Riquelme, Amgehino Escobar, Aráoz de Lamadrid y Angel Stafforini, abogado de la Unión Ferroviaria, que llevó un sobre con 50 mil dólares, con la leyenda "Octavio", al estudio del "amigo de la calle Viamonte". Por este caso el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación que inicie el proceso de remoción del "amigo Eduardo".
Un antecedente similar con la manipulación de los "sorteos" salió a la luz cuando se descubrieron las maniobras para proteger a monito tití Pedraza: los abogados de Carrefour denunciaron que en una causa por estafa contra el grupo Excell y la consultora Price Watherhouse pese a que les habían informado que los recursos de queja de los procesados del Exxel irían a la sala IV por una conexidad, luego los mandaron a la Sala III, y que tampoco fue prolijo el sorteo. Por esta razón los letrados pidieron la anulación de la designación de la Sala III y la recusación de los jueces.
-en junio de 2011 la Sala III declaró prescripta la causa contra el expresidente Carlos Menem por la venta en 1995 del predio público ferial de Palermo a la Sociedad Rural, supuestamente en 100 millones menos de su valor real. -hace pocos días, la sala de la Cámara de Casación encabezada por Riggi dejó sin efecto el sobreseimiento por prescripción con que la Cámara Federal había beneficiado a D'Elía con una reducción de la calificación del delito que se le atribuía originalmente en relación a la toma de la comisaría de La Boca. El fallo dispuso también que se siga investigando a Angel Borello y Luis Alberto Bordón.
Los escándalos que envuelvan especialmente a la Sala III de la Cámara de Casación han hecho que hoy se denomine vox popoli como "cámara de tasación", y la actividad de compar jueces como "fórum shopping". Su descrédito no puede ser mayor. ¿Cómo suena la palabra "calidad institucional" frente a semejante corruptela?
La causa Quebracho
Como no podia ser de otra manera, la Sala III del "amigo Eduardo" confirmó la sentencia de junio de 2010 del Tribunal Oral Federal Nº 3, que condenó por "daño e incendio con peligro común para los bienes, en concurso ideal" a Fernando Esteche, Raúl Lescano, Facundo Lafit, Matía Lafit, Tomás Lafit, Joaquín Isasi, Martín Lizzano, y Fransisco Da Silva, a tres años y ocho meses de prisión (Esteche); tres años y seis meses de prisión (Lescano); y a tres años de ejecución condicional (a los demás imputados).
En esta causa, está demostrado que Fernando Esteche no estuvo en el lugar de los hechos que se imputan, pero aduciendo razones organizativas (ser dirigente de Quebracho) lo condenan de todas maneras, cuando es imposible utilizar ese elemento en la tipificación de daño e incendio. Han utilizada la doctrina "de autor", o "del enemigo", en delitos en la que es imposible utilizarla, más allá de que se comparta o no dicha doctrina. En el caso de los demás condenados las irregularidades y la absoluta orfandad probatoria demuestran claramente el carácter político del juicio, y la total prevaricación de los jueces.
Los jueces del Tribunal Oral Federal que los condenó son "hombres que sin ningún prurito se animaron a juzgar a estos militantes pero que sistemáticamente se negaron a juzgar a genocidas, violadores, desfalcadores, roba-bebes: los jueces Larrambebere, Gordo y Pons", tal lo consigna el MPR Quebracho en su página web.
Los antecedentes de estos criminales disfrazados de jueces hablan por si mismos: "Larrambebere fue juez en Morón e intervino en la causa por los hechos posteriores al copamiento del La Tablada el 23 de enero de 1989. Su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no investigar los homicidios y torturas cometidos por militares, por el tratamiento dado a los cadáveres de los caídos, por no investigar los desaparecidos y por el rol de la fuerza como auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial. Los cuerpos fueron enterrados por su orden sin previo aviso a los familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Todo fue denunciado ante el mismo juez Larrambebere. Pero el juez prefirió no investigar ni castigar.
Gordo instruyó siete juicios en el Tribunal Oral Federal n° 5 por delitos de lesa humanidad y resistió con éxito los reclamos para garantizar la publicidad de los procesos. Trabajó hasta septiembre de 1976 en un Tribunal de Familia de Lomas de Zamora que se convirtió en símbolo de la complicidad de la Justicia con el plan sistemático de robo de bebés. El padre de Gordo, general de brigada Angel Andrés Gordo, fue designado por el dictador Jorge Videla como vicepresidente de Somisa. El juez se excusó de intervenir en una causa contra el coronel Mario Gómez Arenas, luego condenado por delitos de lesa humanidad en Neuquén, porque era amigo de su padre.
Pons, en 1985, como juez federal porteño, persiguió a distintos integrantes de la organización Montoneros por denunciar los crímenes de la dictadura. Inició una causa por las mismas razones contra Norman Briski, Juan Gelman, Osvaldo Lovey, Graciela Daleo sobreviviente de la ESMA, y tantos más. Por sus manos fueron tratados como delincuentes subversivos dos ex gobernadores: Obregón Cano, a quien encerró seis años, y Bidegaín. Ambos ganaron elecciones con el voto popular, con la más alta cantidad de sufragio democráticamente emitidos, en los dos principales estados de este país, Buenos Aires y Córdoba. Esos dos hombres, demócratas si los hay, revolucionarios si los hay, tuvieron que pasar los últimos años de sus vidas en la cárcel.
Más acá en el tiempo, este mismo tribunal tuvo el vergonzoso caso IBM-Banco Nación, por el cual nadie estuvo preso ni un día. Estos mismos jueces, por juicio abreviado, pidieron a los acusados devolver lo que pudiesen de las multimillonarias coimas. También tuvieron en sus manos el caso de la estafa del Banco Mayo. Y ahí tampoco nadie fue preso". (extraído de www.quebracho.org.ar)
"Basta, por favor"
Uno de los cambios casi inmediatos que propició Néstor Kirchner cuando asumió fue la modificación de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, a varios años del aquel discurso que el presidente Kirchner diera un 24 de marzo pidiéndole a la Cámara de Casación que deje de obstaculizar la Justicia, la Corte Suprema ha fallado en varias causas en favor de la justicia. El caso de Fernando Carrera (caso que motivó la película "Rati, Horror, Show"), justamente desautorizando a la Sala III de la Cámara de Casación; la revocación de las medidas cautelares, impulsadas por la megaminería, que trababan la aplicación de la Ley de Glaciares; o el límite del plazo de las cautelares contra la ley de medios, son algunos ejemplos de fallos justicieros. Hoy la Corte Suprema puede llegar a tener en sus manos el recurso extraordinario que se presente por la causa Quebracho para revertir el bochornoso fallo de la bochornosa Sala III de la Cámara de Casación encabezada por el "amigo Eduardo".
El caso de la persecución a los militantes de Quebracho, que es sumamente flagrante bien puede ser una ocasión en que algo de decoro y sentido de la justicia pueda imperar en medio de la desvergüenza y ilegalidad promovida por los más altos estratos judiciales.
Porque es injustificable que sean condenados quienes se alzan contra la injusticia mientras autores confesos de crímenes gravísimos, como Jorge Sobisch, o no confesos, como el ex presidente Fernando de la Rúa, estén libres e impunes.
En momentos en que desde el Poder Ejecutivo vienen librando una batalla sin cuartel contra las irregularidades manifiestas y escandalosas que traban la aplicación de la ley de medios, sería absolutamnete incoherente permitir que patriotas probados y leales, que han luchado siempre por su Patria, estén postrados en un calabozo.
De ser así, la consigna "el 7 de diciembre no pasa nada" sonará realmente como una gran carcajada en contra de la Nación toda. De ser así, el "basta por favor", de Néstor Kirchner, sonará como una broma cruel en contra de quien luchó contra la impunidad de los genocidas del Proceso.
No es de patriotas abandonar a quienes luchan por la Patria. No es de jueces justos el permitir la injusticia manifiesta y flagrante.
De no haber justicia ahora, de todas maneras, tarde o temprano, la lucha popular terminará poniendo las cosas en su lugar, la Historia reivindicará a los verdaderos luchadores y lapidará a los criminales y cómplices. Pero todos deseamos que sea antes que tarde. En manos de la Corte Suprema estará hoy la palabra.
Agencia Walsh
Vía:
http://www.lahaine.org/index.php?p=64829
Y lo que hoy es motivo de prestigio internacional de la Argentina y de inobjetable orgullo para cualquier persona honrada: el juicio y condena a los cipayos de la dictadura apátrida y genocida de 1976 y la recuperación -de la que las Abuelas de Plaza de Mayo son estandarte- de decenas de niños que habían sido apropiados por estos alienados, no fue mérito del Poder Judicial sino de la lucha popular, que debió enfrentar a ese poder.
Esto decía Néstor Kirchner, cuando era presidente de la Nación, el 24 de marzo de 2007, en el acto de conmemoración del "Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia": "Hace un rato allí -y voy a seguir después recorriéndolo con detenidos desaparecidos- me tocó ver, tocar y palpar el horror. Por eso la primera síntesis que quiero hacer es decirle a la Justicia argentina, y el Consejo de la Magistratura sé que va a proceder, que basta por favor, basta, juicio y castigo, necesitamos que los juicios se aceleren.
¿Cuál es el compromiso que tienen algunos integrantes de la Justicia? ¿Qué pasa en aquella Cámara de Casación, por dar un ejemplo, donde están parados hace años juicios que deberían estar en marcha? ¿Quiénes son los fiscales de esa Cámara de Casación?
Señores: es hora de que todos, desde donde podamos, hagamos todo el esfuerzo. No estamos invadiendo otro Poder, estamos pidiendo que funcione. Porque les voy a decir una cosa: nosotros no estamos predicando venganza, estamos pidiendo que funcione la Justicia, esa Justicia que nuestros hermanos, nuestros compañeros y nuestros amigos no tuvieron".
"¿Qué pasa con aquella Cámara de Casación?", preguntaba Néstor Kirchner, cuando era precisamente esa Cámara el principal refugio de los genocidas para escapar de la Justicia. Hoy esa Cámara de Casación es nuevamente protagonista de lo más retrógrado y despreciable de una justicia de clase que es de palo y cárcel para los pobres, y de impunidad para los oligarcas: con la condena de Fernando Esteche, de Raúl Boli Lezcano y de seis compañeros del MPR Quebracho vuelve a reafirmar una vez más su oscura y funesta trayectoria de inquisidores.
La sala 3 de la Cámara de Casación, encabezada por el único juez que aún no renunció de los designados cuando Menem la creó, el juez Eduardo Riggi, confirmó la prisión de varios de los tantos compañeros que, a lo largo y a lo ancho del país, reaccionaron frente al asesinato de Carlos Fuentealba, crimen por el que su confeso y jactancioso autor intelectual, el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, aún no pisó ni una baldosa de una unidad penitenciaria.
"El amigo Eduardo"
Pero:
¿de quién estamos hablando cuando nos referimos a Eduardo Riggi?
Estamos hablando del "amigo Eduardo", según el eufemismo del ex agente
de la Secretaría de Inteligencia, Juan José Riquelme, uno de los
intermediarios en la venta de sentencias para parte de este "amigo".
Estamos hablando del juez a través del cual se pretendía garantizar la
impunidad para el traidor José Pedraza, el entregador de los
ferroviarios y autor intelectual del asesinato de Mariano Ferreira.Largo es su prontuario como corrupto, como desvergonzado traidor, como mercader del templo. Y porque es largo deberemos consignarlo en una lista que aunque larga, seguramente será incompleta. Aquí va:
- comenzó su carrera judicial en el Camarón, aquella Cámara Federal Penal que fue creada por el dictador Lanusse, que fue el instrumento principal de aplicación de la legislación represiva aprobada en los años previos para perseguir a los luchadores populares y que se extinguió el 25 de mayo de 1973 con la asunción de Cámpora.
-en 1978 es designado juez en lo penal económico durante la dictadura de Videla.
-desde 1992 es designado juez, impulsado directamente por Menem, de la recién creada Cámara de Casación Penal, uno de los "esperpentos" que denunció Arslanián antes de presentar su renuncia como Ministro de Justicia, denunciando que no quería avalar a "ningún Frankenstein".
-acusado de ser del Opus Dei, así se defendía el "amigo Eduardo": "No tengo el honor de ser del Opus Dei, y mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas".
-en septiembre de 2005 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (que es la que encabeza el "amigo Eduardo") dejó en libertad al automovilista Sebastián Cabello, rebajando la pena de 12 años a la que había sido condenado por matar a Cecilia González Carman, de 38 años, y su hija Vanina Rosales, de 3, cuando atropelló, corriendo una "picada" con su Honda Civic a 137,65 kilómetros por hora por la calle Cantilo, en el barrio de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires, el Renault 6 conducido por Carman.
-en marzo de 2007 61 sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo reclamaron ante el Consejo de la Magistratura la destitución de varios jueces de la Cámara de Casación, entre ellos el "amigo Eduardo", por obstaculizar los procesos de los delitos de lesa humanidad de los genocidas. A través de distintos mecanismos como cambios en los criterios de excarcelaciones para dejar en libertad a los reos, cajoneo de las causas, etc., decenas de represores fueron dejados en libertad y las causa no avanzaban. "De los 259 militares, policías y civiles presos (70 con arresto domiciliario) por crímenes de la dictadura, sólo cinco cumplen condena luego de ser juzgados" denunciaban los sobrevivientes y familiares, apoyados por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, denuncia a la que luego se sumó el mismo Néstor Kirchner. En estas maniobras la Sala III fue la que tomó la primera resolución de excarcelación, abriendo el camino para que luego fueran excarcelados decenas de represores que estaban con preventiva, entre los que se contaban varios de los más conspicuos jerarcas del régimen de Videla.
-en octubre de 2008 la Sala III dictó el sobreseimiento del cabo Oscar Ramón Sosa y del agente Cristian Angel Villegas de la Policía Federal, que habían sido procesados con embargos millonarios por el incendio del boliche Cromañón, que provocó 194 muertos y centenares de heridos.
-en mayo de 2008 la Sala III declaró la nulidad de lo actuado y la prescripción de la causa por administración fraudulenta del fondo de sepelios de los trabajadores ferroviarios contra José Pedraza, que ya había sido embargado por 50 millones de pesos, en 2006, por este motivo.
-en junio de 2008, la Sala III confirmó la condena a 30 años de prisión contra Fernando Carrera en lo que se conoce como "la masacre de Pompeya", quien denunció que la causa en su contra había sido armada por policías federales que lo habían confundido con un ladrón y lo tirotearon desde un auto (que no era patrullero), lo que provocó que intentara eludir los disparos y en la huida matara con su auto a tres personas. La Corte revocó este año el fallo de Casación porque no se había investigado suficiente esa línea. Carrera pasó siete años preso. Su caso motivó la película The Rati Horror Show.
-en el verano de 2011 es parte protagónica de una operación que se realizó para garantizar la impunidad del monito tití José Pedraza en el caso del asesinato de Mariano Ferreira. A partir de escuchas telefónicas se supo que un ex agente de inteligencia, Juan José Riquelme, un ex juez, Octavio Aráoz de Lamadrid, el prosecretario de la Sala III de la Cámara de Casación, Luis Ameghino Escobar, y el juez Eduardo Riggi, se comunicaban para establecer el precio de dicho encubrimiento. La maniobra consistió en postergar para después de la feria judicial la decisión sobre que sala de la Cámara entendería en el caso, y luego de lograda la postergación (que no lo trate el juzgado de feria) digitar el "sorteo" (a cargo de Ameghino Escobar) para que caiga en la Sala III, ya comprada por Pedraza. Todo eso sucedió: se postergó para después de la feria y la Sala III terminó siendo donde cayó el caso. Pero todo cambió cuando se descubrió la maniobra. Según los dichos de Riquelme, el juez prostituido es llamado por Riquelme como "el amigo Eduardo", Ameghino Escobar es "el señor de las teclas" (el "sorteo" se hace por computadora) y Aráoz de Lamadrid es apodado "el amigo de la calle Viamonte", por la dirección de su estudio. Por este ilícito otro juez "amigo", el juez Luis Rodríguez, luego de más de un año de demoras, dejó sin procesar al "amigo Eduardo" (a pesar de que se comunicó reiteradas veces con los participantes de la maniobra), y procesó por tráfico de influencias y cohecho (coimas) a Riquelme, Amgehino Escobar, Aráoz de Lamadrid y Angel Stafforini, abogado de la Unión Ferroviaria, que llevó un sobre con 50 mil dólares, con la leyenda "Octavio", al estudio del "amigo de la calle Viamonte". Por este caso el Centro de Estudios Legales y Sociales solicitó al Consejo de la Magistratura de la Nación que inicie el proceso de remoción del "amigo Eduardo".
Un antecedente similar con la manipulación de los "sorteos" salió a la luz cuando se descubrieron las maniobras para proteger a monito tití Pedraza: los abogados de Carrefour denunciaron que en una causa por estafa contra el grupo Excell y la consultora Price Watherhouse pese a que les habían informado que los recursos de queja de los procesados del Exxel irían a la sala IV por una conexidad, luego los mandaron a la Sala III, y que tampoco fue prolijo el sorteo. Por esta razón los letrados pidieron la anulación de la designación de la Sala III y la recusación de los jueces.
-en junio de 2011 la Sala III declaró prescripta la causa contra el expresidente Carlos Menem por la venta en 1995 del predio público ferial de Palermo a la Sociedad Rural, supuestamente en 100 millones menos de su valor real. -hace pocos días, la sala de la Cámara de Casación encabezada por Riggi dejó sin efecto el sobreseimiento por prescripción con que la Cámara Federal había beneficiado a D'Elía con una reducción de la calificación del delito que se le atribuía originalmente en relación a la toma de la comisaría de La Boca. El fallo dispuso también que se siga investigando a Angel Borello y Luis Alberto Bordón.
Los escándalos que envuelvan especialmente a la Sala III de la Cámara de Casación han hecho que hoy se denomine vox popoli como "cámara de tasación", y la actividad de compar jueces como "fórum shopping". Su descrédito no puede ser mayor. ¿Cómo suena la palabra "calidad institucional" frente a semejante corruptela?
La causa Quebracho
Como no podia ser de otra manera, la Sala III del "amigo Eduardo" confirmó la sentencia de junio de 2010 del Tribunal Oral Federal Nº 3, que condenó por "daño e incendio con peligro común para los bienes, en concurso ideal" a Fernando Esteche, Raúl Lescano, Facundo Lafit, Matía Lafit, Tomás Lafit, Joaquín Isasi, Martín Lizzano, y Fransisco Da Silva, a tres años y ocho meses de prisión (Esteche); tres años y seis meses de prisión (Lescano); y a tres años de ejecución condicional (a los demás imputados).
En esta causa, está demostrado que Fernando Esteche no estuvo en el lugar de los hechos que se imputan, pero aduciendo razones organizativas (ser dirigente de Quebracho) lo condenan de todas maneras, cuando es imposible utilizar ese elemento en la tipificación de daño e incendio. Han utilizada la doctrina "de autor", o "del enemigo", en delitos en la que es imposible utilizarla, más allá de que se comparta o no dicha doctrina. En el caso de los demás condenados las irregularidades y la absoluta orfandad probatoria demuestran claramente el carácter político del juicio, y la total prevaricación de los jueces.
Los jueces del Tribunal Oral Federal que los condenó son "hombres que sin ningún prurito se animaron a juzgar a estos militantes pero que sistemáticamente se negaron a juzgar a genocidas, violadores, desfalcadores, roba-bebes: los jueces Larrambebere, Gordo y Pons", tal lo consigna el MPR Quebracho en su página web.
Los antecedentes de estos criminales disfrazados de jueces hablan por si mismos: "Larrambebere fue juez en Morón e intervino en la causa por los hechos posteriores al copamiento del La Tablada el 23 de enero de 1989. Su intervención fue seriamente cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no investigar los homicidios y torturas cometidos por militares, por el tratamiento dado a los cadáveres de los caídos, por no investigar los desaparecidos y por el rol de la fuerza como auxiliar de la justicia, sin ningún control judicial. Los cuerpos fueron enterrados por su orden sin previo aviso a los familiares y sin realizar las medidas necesarias para establecer si hubo ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Todo fue denunciado ante el mismo juez Larrambebere. Pero el juez prefirió no investigar ni castigar.
Gordo instruyó siete juicios en el Tribunal Oral Federal n° 5 por delitos de lesa humanidad y resistió con éxito los reclamos para garantizar la publicidad de los procesos. Trabajó hasta septiembre de 1976 en un Tribunal de Familia de Lomas de Zamora que se convirtió en símbolo de la complicidad de la Justicia con el plan sistemático de robo de bebés. El padre de Gordo, general de brigada Angel Andrés Gordo, fue designado por el dictador Jorge Videla como vicepresidente de Somisa. El juez se excusó de intervenir en una causa contra el coronel Mario Gómez Arenas, luego condenado por delitos de lesa humanidad en Neuquén, porque era amigo de su padre.
Pons, en 1985, como juez federal porteño, persiguió a distintos integrantes de la organización Montoneros por denunciar los crímenes de la dictadura. Inició una causa por las mismas razones contra Norman Briski, Juan Gelman, Osvaldo Lovey, Graciela Daleo sobreviviente de la ESMA, y tantos más. Por sus manos fueron tratados como delincuentes subversivos dos ex gobernadores: Obregón Cano, a quien encerró seis años, y Bidegaín. Ambos ganaron elecciones con el voto popular, con la más alta cantidad de sufragio democráticamente emitidos, en los dos principales estados de este país, Buenos Aires y Córdoba. Esos dos hombres, demócratas si los hay, revolucionarios si los hay, tuvieron que pasar los últimos años de sus vidas en la cárcel.
Más acá en el tiempo, este mismo tribunal tuvo el vergonzoso caso IBM-Banco Nación, por el cual nadie estuvo preso ni un día. Estos mismos jueces, por juicio abreviado, pidieron a los acusados devolver lo que pudiesen de las multimillonarias coimas. También tuvieron en sus manos el caso de la estafa del Banco Mayo. Y ahí tampoco nadie fue preso". (extraído de www.quebracho.org.ar)
"Basta, por favor"
Uno de los cambios casi inmediatos que propició Néstor Kirchner cuando asumió fue la modificación de la Corte Suprema de Justicia. Hoy, a varios años del aquel discurso que el presidente Kirchner diera un 24 de marzo pidiéndole a la Cámara de Casación que deje de obstaculizar la Justicia, la Corte Suprema ha fallado en varias causas en favor de la justicia. El caso de Fernando Carrera (caso que motivó la película "Rati, Horror, Show"), justamente desautorizando a la Sala III de la Cámara de Casación; la revocación de las medidas cautelares, impulsadas por la megaminería, que trababan la aplicación de la Ley de Glaciares; o el límite del plazo de las cautelares contra la ley de medios, son algunos ejemplos de fallos justicieros. Hoy la Corte Suprema puede llegar a tener en sus manos el recurso extraordinario que se presente por la causa Quebracho para revertir el bochornoso fallo de la bochornosa Sala III de la Cámara de Casación encabezada por el "amigo Eduardo".
El caso de la persecución a los militantes de Quebracho, que es sumamente flagrante bien puede ser una ocasión en que algo de decoro y sentido de la justicia pueda imperar en medio de la desvergüenza y ilegalidad promovida por los más altos estratos judiciales.
Porque es injustificable que sean condenados quienes se alzan contra la injusticia mientras autores confesos de crímenes gravísimos, como Jorge Sobisch, o no confesos, como el ex presidente Fernando de la Rúa, estén libres e impunes.
En momentos en que desde el Poder Ejecutivo vienen librando una batalla sin cuartel contra las irregularidades manifiestas y escandalosas que traban la aplicación de la ley de medios, sería absolutamnete incoherente permitir que patriotas probados y leales, que han luchado siempre por su Patria, estén postrados en un calabozo.
De ser así, la consigna "el 7 de diciembre no pasa nada" sonará realmente como una gran carcajada en contra de la Nación toda. De ser así, el "basta por favor", de Néstor Kirchner, sonará como una broma cruel en contra de quien luchó contra la impunidad de los genocidas del Proceso.
No es de patriotas abandonar a quienes luchan por la Patria. No es de jueces justos el permitir la injusticia manifiesta y flagrante.
De no haber justicia ahora, de todas maneras, tarde o temprano, la lucha popular terminará poniendo las cosas en su lugar, la Historia reivindicará a los verdaderos luchadores y lapidará a los criminales y cómplices. Pero todos deseamos que sea antes que tarde. En manos de la Corte Suprema estará hoy la palabra.
Agencia Walsh
Vía:
http://www.lahaine.org/index.php?p=64829
No hay comentarios:
Publicar un comentario