Difusión Cencos México D.F.
Boletín de prensa
Amedi
Amedi
- Diferendo MVS-gobierno
El conflicto derivado entre MVS y el gobierno federal a raíz de la
determinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de
iniciar el rescate de la banda de 2.5 Ghz, pone en evidencia lo que
diversos sectores de la sociedad hemos denunciado sobre la falta de
transparencia, discrecionalidad y uso faccioso del marco jurídico actual
en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que impide
la existencia de una política pública que responda al interés general.
Llaman al nuevo Congreso de la Unión, inicié a la brevedad su actividad legislativa, y establezca las condiciones necesarias para una reforma integral de telecomunicaciones |
El escandaloso diferendo entre los intereses privados de una importante
empresa y la auto defensa política de la Presidencia de la República
acusan la perniciosa práctica de supeditar los refrendos de las
concesiones a negociaciones de orden político. Exigir la disculpa
pública de la destacada periodista Carmen Aristegui como condición para
la prórroga de las concesiones constituye una forma de extorsión que
resulta inaceptable. La utilización de la banda de 2.5 Ghz como recurso
para amagar a un medio de comunicación confirma el empleo faccioso que
el gobierno del presidente Felipe Calderón ha hecho del espectro
radioeléctrico.
Si MVS quería seguir utilizando esas frecuencias, sin duda tenía que
pagar por ello; no hubiera sido admisible que pagase menos que otros
operadores de telecomunicaciones. Sin embargo, el gobierno federal no
estableció parámetros claros para calcular el precio de la banda de 2.5
Ghz. Todavía hoy, en medio de la guerra de declaraciones incómodas para
todos sus protagonistas y sumamente reveladoras para la sociedad, no
sabemos con certeza cuáles fueron los criterios para establecer el monto
de la contraprestación establecida, aún cuando en otros países con
realidades más cercanas a nuestro país como Chile y Brasil pueden ser
una referencia al respecto.
Las develaciones y acusaciones sobre esa negociación,
injustificadamente extensa, dan cuenta del uso y el abuso político con
las frecuencias radioeléctricas. El patrimonio nacional no debe estar
sujeto a negociación. Como lo hemos sostenido, la grave concentración en
el sector y sus permanentes conflictos son producto de la ausencia de
una auténtica política de telecomunicaciones. A falta de ella, el
gobierno federal toma decisiones parciales, ceñido a conveniencias
coyunturales y no al interés público.
Esta decisión, pretendidamente sustentada en criterios económicos
respecto a una contraprestación no cubierta, contrastan frontalmente con
los esgrimidos por el propio gobierno federal en la Licitación 21,
cuando pretendió minimizar en extremo cualquier relevancia a los
criterios económicos, tomando como base supuestas condiciones de
competencia. La errática conducta del gobierno federal no sólo da cuenta
de la falta de una política que promueva la competencia e incentive la
pluralidad sino que afecta directamente las posibilidades de usar las
llamadas nuevas tecnologías como una vía para el ejercicio de las
libertades de información y expresión, así como para inhibir la
competencia y mejores servicios para la sociedad. En la vía de los
hechos, la conducta del Ejecutivo Federal reduce los beneficios sociales
de la utilización de un bien dominio de la nación.
El silencio de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en este
proceso es altamente significativo pero no resulta extraño. Su
insolvencia para regir la asignación de frecuencias es resultado de sus
atribuciones y autonomía limitadas pero, también, de la insuficiente
vocación reguladora de sus comisionados. Con el mismo desparpajo con que
se apartaron de las decisiones sobre la banda de 2.5 Ghz, han
condescendido una y otra vez a las exigencias de Televisa, a cuyas
pretensiones se ha subordinado tanto esa autoridad como el gobierno
federal mismo. El requerimiento para que a MVS se le impidiera renovar
las concesiones de la banda de 2.5 Ghz surgió, precisamente, de las
oficinas de Televisa.
Debe recordarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
estableció en su sentencia que “Tratándose de la administración de
servicios de telecomunicaciones, adicionalmente el Máximo Órgano de
Justicia ha sostenido que el acceso, operación y administración de estos
servicios debe otorgarse de manera transitoria y plural a fin de evitar
la concentración del servicio en grupos del poder, resultando de vital
importancia que el Estado, como rector de la economía nacional y garante
de la libertad de expresión y el derecho a la información, evite el
acaparamiento masivo de los medios de comunicación”. Nada se eso hemos
visto en la administración por concluir, más bien todo lo contrario.
La discrecionalidad y opacidad también son resultado del insuficiente
régimen legal para las telecomunicaciones y la radiodifusión, producto
de una omisión legislativa inaceptable que mantiene vacíos y atrasos
jurídicos permisivos para que los grupos dominantes de las
telecomunicaciones y la radiodifusión sigan imponiendo sus intereses.
Les recordamos a los legisladores que ahora se interesan por la disputa
entre MVS y el gobierno, que esta situación también es en buena medida
su responsabilidad.
La preservación de cauces privados para dirimir asuntos de interés
nacional, el empleo de frecuencias radioeléctricas como instrumentos de
canje político y la carencia de criterios incontestables para determinar
el precio de esa y otras bandas del espectro radioeléctrico, así como
la inentendible utilidad pública de ejecutar la acción de rescate a
meses de que esta administración termine, ratifican la necesidad de una
legislación y de políticas públicas coherentes, actuales y completas
para las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Llama poderosamente la atención que ahora la SCT esgrima que el rescate
de la banda lo hace atendiendo las recomendaciones internacionales,
cuando ha sido omisa ante un sinnúmero de recomendaciones de organismos
internacionales para revertir la concentración de medios electrónicos y
servicios de telecomunicaciones que tanto afectan al país.
Diversos organismos y especialistas, así como ciudadanos interesados en
estos temas, han sugerido que haya una discusión pública tanto para
definir el precio y las formas de utilización de la banda de 2.5 Ghz
como para establecer los rasgos de la política de telecomunicaciones que
necesita el país. Ese constituiría el inicio de una actitud distinta,
lejos de la utilización convenenciera que suelen hacer de las
telecomunicaciones tanto el gobierno como la gran mayoría de las
empresas involucradas en dicho sector.
En el extenso litigio entre el gobierno y MVS se ha reiterado la
relevancia que tiene el trabajo profesional de Carmen Aristegui, una voz
indepediente que resulta indispensable, que ha contribuido de manera
sustancial a la pluralidad informativa. Sin soslayar las apreciaciones
críticas que en algunas ocasiones puedan tenerse sobre su trabajo, la
labor cotidiana que ella y su equipo hacen es una aportación que
ensancha los vericuetos de la democracia mexicana, razón por la cual
irrita tanto al poder.
En este conflicto quien más pierde es el país y es un inexorable
llamado al nuevo Congreso de la Unión, que en breve iniciará su
actividad legislativa, para que asuma su responsabilidad y establezca a
la brevedad posible las condiciones para una reforma integral del
régimen legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el marco
de la sentencia de la SCJN y los estándares internacionales en la
materia.
Ya es hora de que las telecomunicaciones funcionen para todos, y no
solamente como recurso de negocios o instrumento político de unos
cuantos.
México D.F. 23 de agosto de 2012
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
Aleida Calleja
Presidenta
Presidenta
Alberto Aziz Nassif
Coordinador del Consejo Consultivo
Coordinador del Consejo Consultivo
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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