Pareciera tener razón el valeroso profesor paraguayo Martín Almada.
Hace algunas semanas denunció que estaba en marcha una nueva fase de la
siniestra “Operación Cóndor” que tanto daño hizo a nuestros países bajo
el imperio de las dictaduras militares del pasado.
Y solo algunos días atrás, el semanario “El Siglo”, que se edita en Santiago de Chile, publicó un extenso artículo de Jean-Guy Allard en el que se pone en evidencia la llamada “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley”, entidad que, bajo sus siglas en ingles (ILEA) funciona desde el año 2005 en diversos países.
Se trata -dice el autor de la nota- de “una
siniestra red de establecimientos que preparan a policías y militares
de distintos países en modernas técnicas de tortura y represión”.
La
denuncia en el hemisferio sur, la hizo Hector Timmerman, ministro de
relaciones exteriores de Argentina, quien recogió lo dicho por el
salvadoreño Frankie Flores, quien aseveró que Estados Unidos dispone de
una red de cinco institutos ILEA de preparación de policías y militares a
sus últimas técnicas de represión, cuatro de ellos fuera de su
territorio: en Budapest, Hungria; en Bangkok, Thailandia; en Gaborone,
Botswana; y en San Salvador, El Salvador. Completa el circuito, ILEA
Roswell en Nueva México, Estados Unidos, la única sede que funciona en
USA.
Actualmente la ILEA entrena agentes operativos de varios
países latinoamericanos, en técnicas especiales destinadas a derrotar
-según dice- el terrorismo, el narcotráfico y la subversión, Del Perú
recientemente, fueron capacitados ocho “alumnos” cuya identidad no se
conoce. Así aplicó sus acciones la “Operación Cóndor” en el pasado.
Particular preocupación debe causarnos la versión que proporciona
Frankie Flores: una de las instituciones mas peligrosas de esta red es
el Centro de entrenamiento para la región suramericana con sede en Lima
“donde se está entrenando a soldados y policías en contra-insurgencia o
para “combatir el terrorismo” como se llama ahora, ya que este tipo de
academias fue diseñado y aprobado bajo la administración del presidente
Billy Clinton para “entrenamientos contra-terroristas e intercambio de
información”, es decir, espionaje.
¿Ha autorizado el ciudadano
peruano el funcionamiento de esta institución en su territorio? ¿Se ha
hecho algún debate en torno a la materia en nuestro país? ¿Han informado
a la opinión pública de esto los medios de comunicación? ¿Ha aprobado
el Congreso de la República del Perú una resolución legislativa
amparando esa acción? ¿Ha avalado el Presidente García -y antes el
Presidente Toledo- a una entidad con esos fines? ¿Por qué han guardado
ante el tema tanto silencio las autoridades peruanas?
En todo
caso, virtualmente es muy poco lo que se sabe, porque ni el gobierno
peruano ni las autoridades militares se han dignado decir una palabra en
torno a la materia. Han guardado el mismo silencio que guardó el
general Richter Prada, cuando, colaborando con la “Operación Cóndor”
contribuyó a fines de los setenta del siglo pasado secuestrar, torturar y
asesinar a un pequeño grupo de “Montoneras” en nuestro país.
El Ministerio Justicia -si el tema tuviera que ver con el imperio de la
ley- debiera ser el primero en hablar en torno a la materia; pero a lo
mejor aquí ocurrió lo mismo que en Costa Rica, donde los funcionarios
del Pentágono prefirieron entenderse con las autoridades de policía y no
con las judiciales, como ameritaría “el cumplimiento de la ley”.
Es posible que quienes hayan tenido en sus manos el caso, optaran por
el silencio con la idea de estar protegiendo una suerte de “secreto de
estado” que hoy se ha vuelto público; o quizá que, simplemente, hayan
sido sorprendidos por el nombre rimbombante de una entidad que se dice
empeñada en asegurar propósitos lícitos.
Si este improbable
hecho hubiese ocurrido, aún estarían a tiempo las autoridades peruanas
para pronunciarse y actuar en consonancia con los intereses del país;
dado que el Perú no podría ser un centro de preparación para prácticas
contrarias a la naturaleza misma de la nación.
Los peruanos, en
efecto, no concebimos el territorio nacional como un lugar de
capacitación para torturadores ni asesinos de ningún género. Por lo
demás, ese tipo de acciones configuran hoy delitos de lesa humanidad,
reconocidos por la legislación Penal Internacional y por los Tribunales
de Justicia como la Corte de La Haya.
Quienes tienen duda
respecto a la esencia de instituciones de esta naturaleza debieran
recodar a la tristemente célebre “Escuela de las Américas”, que en
Panamá cumplía funciones similares: adiestraba oficiales de los
ejércitos y las policías de nuestros países para someterlos a su control
más estrecho y a la ejecución de planes y programas vinculados a la
estrategia de dominación de los Estados Unidos.
La siniestra
Fort Benning, sepultada en los estertores de la guerra fría, fue, un
activo centro de operaciones militares en el se fraguaron agresiones
contra diversos países de la región. Castillo Armas y sus colaboradores
que actuaron en provecho del Imperio en 1954 en Guatemala, se
adiestraron allí; del mismo modo como lo hicieron los que desembarcaron
en Playa Girón, en 1961; y en Santo Domingo pocos años más tarde.
Incluso la misma agresión militar norteamericana que depuso al general
Noriega a fines del siglo pasado en Panamá, contó con el apoyo activo de
este centro de la subversión internacional.
Aunque el
diplomático norteamericano John Danilovich aseguró en su momento que no
existe ningún componente militar en el programa de estudios de esta
academia, que la AICL es estricta y explícitamente no militar y que
tampoco habrá armas o la instrucción típica de una academia de policía;
lo que ya se conoce dista mucho de esa versión.
Hoy se sabe, en
efecto que reciben actualmente, entrenamiento allí agentes provenientes
de 30 países de América, entre ellos: la Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Paraguay y Perú.
De acuerdo con las versiones recibidas, la citada academia entrena
anualmente un promedio de 1500 oficiales de policía, jueces, fiscales y
otros agentes estatales en diferentes técnicas, en temas de
narcotráfico, terrorismo y otros delitos. Los instructores provienen de
agencias de Estados Unidos, como la agencia antidrogas DEA, el
Immigration and Customs Enforcement (ICE) y la Oficina Federal de
Investigación (FBI), notorios expertos en esta políticas.
Las
sospechas respecto al origen y funciones de esta institución, en
realidad nacieron en la misma patria de Walt Whitman y Martin Luther
King. Allí el organismo de derechos humanos School of Americas Watch
(SOAW) denunció en el año 2005 que la ILEA era una “escuela de
asesinos”. Por su parte, el reverendo Roy Bourgeois, aseguró que esta
academia significa “un retroceso en términos democráticos” y “un camino
para seguir controlando a Latinoamérica”.
En el Perú estamos en
víspera de un proceso electoral. ¿Querrán los candidatos a la
Presidencia de la República o los postulantes al Congreso Nacional
pronunciarse en torno a este tema? ¿Se darán cuenta que tras este asunto
hay hechos que lesionan nuestra soberanía y nuestra dignidad como
Estado? ¿Tendrán conciencia que “centros” de este tipo resultan
incompatibles con cualquier rumbo elementalmente democrático,
patriótico, o nacionalista?
El Perú, ni sus instituciones ni su
suelo, pueden ser usados en provecho de la tortura y la muerte. Nuestra
capital no puede convertirse en sede exportadora del terror en sus más
diversas modalidades. Hay que impedir a toda costa que el siniestro
Cóndor renazca de sus cenizas.
Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
*Fuente: Rebelión
Vìa:
http://www.piensachile.com/secciones/analisis/9873-idesde-lima-se-impulsa-nueva-fase-de-la-operacion-condor-
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