Represión estudiantil e irresponsabilidad
Una probadita-Hernández
El violento desalojo
policiaco efectuado la madrugada de ayer en tres casas de estudiantes de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo –cuyos integrantes
demandan apoyos para transporte, combustible y viáticos para promover
los albergues universitarios en la entidad– abre perspectivas
preocupantes en torno al desarrollo democrático y al potencial explosivo
del ejercicio del poder en aquel estado.
En primer término, los hechos referidos dan cuenta de una
convergencia entre la torpeza gubernamental para atender las demandas
sociales y los excesos represivos con que se emplea la fuerza pública en
el país, particularmente en Michoacán. Ciertamente, el Estado, en tanto
detentador del monopolio de la fuerza y la violencia legítimas, tiene
la facultad de ejercer, por conducto de sus cuerpos policiales, acciones
coercitivas en contra de expresiones que pongan en riesgo la
gobernabilidad y la seguridad pública. Pero tal facultad debe ser
ejercida siempre como último recurso, y en ningún caso se justifica que
sea empleada como sucedáneo de la incapacidad gubernamental para
dialogar, atender, o por lo menos escuchar las demandas de los
inconformes y resolver los conflictos. A contrapelo de esas
consideraciones, la reacción desproporcionada de las autoridades
michoacanas, la sordera exhibida frente a los reclamos de los
estudiantes, y la tendencia a dar a éstos un trato de delincuentes
constituyen actitudes difícilmente consistentes con la supuesta voluntad
de diálogo que ha pregonado en las últimas horas el gobierno de Fausto
Vallejo.
Por lo demás, los alegatos de la administración estatal de que durante el desalojo se actuó con
apego a la leyes difícilmente creíble cuando, según versiones de los propios estudiantes, en los hechos ocurridos ayer los efectivos policiacos incurrieron en detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, amenazas contra los inconformes y otras prácticas que no son propias de gobiernos democráticos y respetuosos del estado de derecho, sino de un poder autoritario y represor.
Así pues, con independencia de los intentos argumentativos del
gobierno michoacano por justificar las acciones de ayer, éstas arrojan
luz hacia una circunstancia más de fondo y preocupante: la persistencia
en la criminalización de las inconformidades sociales que aumentan en el
territorio nacional, lo cual, aunado a la indolencia de las autoridades
de todos los niveles para atender demandas de sectores inconformes,
configura una mezcla explosiva e incluso mortal, como quedó de
manifiesto el pasado 12 de diciembre con el asesinato de dos normalistas
de Ayotzinapa en la Autopista del Sol.
En lo inmediato, y por más que la acción policiaca de ayer pueda
desatar el aplauso fácil y complaciente de las elites locales y
nacionales y de los medios informativos afines al poder, el gobierno de
Fausto Vallejo debe ponderar los riesgos de intentar imponer la
autoridad del Estado por la vía represiva. Lo que menos requiere el país
en el momento presente es multiplicar los factores de encono y los
focos de explosividad social en el territorio. El episodio represivo de
ayer en el centro de Morelia constituye, en ese sentido, una muestra
lamentable de irresponsabilidad política.
http://www.jornada.unam.mx/2012/04/29/edito
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