Conocidas las utilidades de las isapres durante 2011, que alcanzaron los
47 mil millones de pesos sólo en el período enero-septiembre, surge en
el Parlamento una ofensiva por restringir la libertad que hoy el mercado
dispone para la salud privada. Especialistas apuntan a las
consecuencias que esto trae en relación con el sistema público.
Los más de 47 mil millones de pesos que las isapres registraron como ganancia durante el período enero a septiembre 2011 derivó en nuevas críticas, las que apuntan al grave estado en que se encuentra la salud pública, a consecuencia del explosivo desarrollo financiero de las empresas privadas que hoy exhiben cifras que rondan la ilegalidad en sus prácticas.
Más allá de los números, las isapres son objeto de reclamos y denuncias por negar el pago de licencias médicas, una sostenida alza de los planes de salud, los que afectan mayormente a mujeres en edad fértil, un libre albedrío que hoy se sustenta, según el superintendente Luis Romero, en la fuga de fondos fiscales que subvencionan la cobertura del Plan AUGE.
Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, apuntó a un lucro excesivo de las instituciones de salud privada, dado por un esquema fijado por el Estado que diseña un potenciamiento del mercado por sobre la cobertura de necesidades básicas.
A su juicio, estas utilidades no bajarán de momento en que no crece el sistema público, y apuntó que “es un negocio totalmente alejado del sentido de la política pública de salud en Chile, es un seguro privado cuya finalidad última es la generación de utilidades y lucrar. En la medida que no tengamos un gasto público en salud, lo suficientemente alto para asegurar salud de calidad, el sistema privado cumple un rol complementario y sustitutivo, lo que le permite ir aprovechando los espacios de la salud pública; lucrando, descremando los clientes según niveles y preexistencia”.
La prima GES, Garantías Explícitas de Salud, permite que los usuarios deriven su atención al sistema privado, generando un financiamiento implícito del Estado sobre estas instituciones. Esta situación fue parte de las demandas del sector público durante este año, donde la salud ocupó un papel importante al margen de la movilización estudiantil.
En este ámbito, la presidenta de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Carolina Espinoza, declaró que éste es un tema que explotará tal como en 2011 lo hiciera la educación, y que el futuro del sistema público se ve amenazado con una irregular distribución de ingresos.
“La solución de las listas de espera AUGE muestran un traspaso de recursos públicos para que sean los sistemas privados, los que hacen de la salud un negocio, quienes ejecuten las acciones que no podemos hacer por carencia de recursos. Hay un desangre que echará por tierra un sistema nacional de salud que durante décadas ha permitido los indicadores sanitarios que Chile con tanto orgullo puede mostrar”, indicó Espinoza.
En el Congreso se trabaja por una mayor regulación sobre el sistema de las isapres. Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, declaró que el Gobierno trabaja contra el tiempo por sumar mejoras, aun cuando en oposición hay desconfianza a una administración ligada a los empresarios.
El diputado Juan Luis Castro, integrante de la comisión de Salud de la Cámara Baja, señaló que las utilidades son el claro ejemplo de un sistema abusivo, y apuntó que su urgente regulación no sólo abarca aspectos financieros, sino también el amplio listado de irregularidades que los usuarios describen respecto a la atención de las isapres.
Castro declaró que “el Estado ha sido displicente en el rol de la salud privada, y cada vez lo ha favorecido más, para tener ganancias escandalosas. Si hay un proyecto de ley en el Congreso, debe servir para controlar esas utilidades, pero también las exclusiones, las carencias y las barreras hacia los usuarios que se les imponen precios y planes que impiden que la gente elija”.
Fuente, vìa :
http://radio.uchile.cl/noticias/135145/
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