No
pasaron inadvertidas las ganancias obtenidas por las Isapres el segundo
semestre de este año: Más de $47 mil millones de pesos registraron las
empresas en nueve meses, hasta septiembre, es decir, un aumento de un
50,1% respecto al mismo periodo en 2010. Ganancias millonarias que no se
ven reflejadas en la calidad del servicio que prestan las empresas a
sus usuarios.
Rechazo de licencias
médicas, alza en los planes, cobros indebidos, escaza divulgación de
información, bloqueos de cobertura, son algunos de los abusos que
reclaman los ‘beneficiarios’. Ante este panorama, en la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto de ley
para controlar los precios y las alzas en el sistema.
La
lista de empresas con mayores ganancias la lidera Cruz Blanca con
utilidades líquidas de $10.612 millones de pesos. Le siguen Colmena, con
$10.098 millones, Consalud con $8.845 millones y Banmédica, con $8.504
millones.
Según el presidente de
Isapres en Chile, Hernán Doren, el alza en las ganancias se explica por
un aumento en el número de cotizantes, que de septiembre de 2010 a la
misma fecha de este año alcanzaron un 5,3%. Ello -sostuvo-
“indudablemente significa una mayor recaudación”. Pero para la médico y
vocera de la agrupación de ‘Salud: un Derecho’, Vivianne Bachelet, “eso
no tiene ninguna importancia”, porque está dentro del rango aproximado
de la masa total de cotizantes. Más importante -dijo- es por qué se
producen la utilidades… y explicó: “Por no inducir y no informar a los
beneficiarios de las Isapres que pueden acceder a bonificaciones vía GES
-Garantías Explícitas en Salud, antes plan Auge- por parte de las
clínicas privadas o profesionales de la salud, porque pierden con eso su
clientela o el negocio”.
El
presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios
(Conadecus), Hernán Calderón, atribuyó el problema a la falta de
fiscalización. “Las utilidades de las Isapres son una discusión
permanente, porque esto va justamente asociado a las alzas de los planes
que han sufrido los usuarios y a la rentabilidad que está entregando el
sistema a estas empresas privadas de salud que no tienen una regulación
suficiente como para impedir que obtengan cifras desmesuradas”.
Ante
las críticas, Hernán Doren descartó que se trate de ganancias
excesivas, explicando que la utilidad por beneficiario es de 1.826 pesos
al mes. “Esta es la utilidad que deja un beneficiario… si ustedes me
dicen que 1.826 pesos es mucho, es una manera de verlo y es lícito”,
declaró. Pero la doctora Vivianne Bachelet, al respecto, plantea que en
eso Doren puede tener razón, porque con lo que se le cobra a los
usuarios sólo se justifican 1,6 mil millones, pero emplazó a las Isapres
a que expliquen de dónde provienen los 45 mil millones de pesos
restantes.
“No debiera sorprender que
las Isapres estén recortando millonarias utilidades… siempre lo han
hecho. Lo que pasa es que hoy la sociedad tiene una mayor intolerancia
al lucro en algunos ámbitos que ya no se están dispuestos a aceptar, y
uno de esos es la salud”, agregó.
-
LEY DE ISAPRES Y REFORMA CONSTITUCIONAL
El
proyecto de la Ley de Isapres que se está discutiendo en la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados, pretende crear un plan garantizado de
salud y establecer un IPC (Índice de Precio al Consumidor) de la Salud
que permita controlar los precios y sea, según el Superintendente de
Salud, Luis Romero, “un patrón de referencia para las alzas que las
Isapres aplican anualmente a los planes de los afiliados, así como
también un Plan Garantizado de Salud para todos los beneficiarios del
sistema privado”, lo que, según Hernán Calderón, presidente de
Conadecus, no se traduce necesariamente en mejoras en las condiciones de
los usuarios.
“El problema está en
que no sacamos nada si tenemos un sistema que no haga su trabajo
realmente en protección de los usuarios, sino que en beneficio de los
accionistas de las empresas, que es lo que sucede en nuestro país”,
aseguró. A lo que el presidente de la Organización de Consumidores y
Usuarios de Chile (Odecu), Stefan Larenas, agregó que “la
Superintendencia tiene atribuciones para fiscalizar, pero no las aplica,
porque está más preocupada de que las empresas obtengan utilidades”.
Las
críticas en el parlamento no se hicieron esperar. Según declaraciones
del presidente del Senado, Guido Girardi (PPD), este proyecto se trata
de “un traje a la medida y un regalo de pascua para las Isapres”, ya
que, a su parecer, permite que el usuario se traslade de Isapre a
Fonasa, pero no de Fonasa a Isapre, convirtiéndose en “un verdadero
subsidio estatal a las empresas”.
Por
lo anterior, un grupo de senadores -Pedro Muñoz (PS), Ximena Rincón
(DC), Patricio Walker (DC), Eugenio Tuma (PPD), y Camilo Escalona (PS)-
presentaron una reforma constitucional para modificar el número 9 del
artículo 19 de la Constitución Política del Estado que ‘garantiza’ “el
derecho a la protección de la salud” y “protege el libre e igualitario
acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la
salud y de rehabilitación del individuo”. Esto, con el objetivo de
regular las ganancias que obtengan las Isapres ya que, tal como admitió
el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, “las ganancias no son ilegales,
sino que la ley lo permite”.
La
realidad, así como la presenta el titular de la cartera, deja mucho que
desear. En Chile, la salud -un servicio fundamental y necesario, al
igual que la educación-, a la luz de los antecedentes, de las ganancias
de las empresas que prestan sus servicios y de la calidad del servicio
al que tienen acceso la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es
tratado como un bien de consumo.
El Ciudadano
http://www.elciudadano.cl/2011/12/23/45973/el-lucro-de-las-isapres-el-derecho-a-la-salud-como-una-mercancia/
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