28 partidos políticos y 10 candidatos presidenciales –entre ellas 3
mujeres- disputarán el domingo 11 de septiembre la voluntad de 7
millones 300 mil guatemaltecos, sobre una población total de 14 millones
de habitantes. Las encuestas preliminares anticipan la posible
victoria del candidato del ultraderechista Partido Patriota, el ex –
general del ejército Otto Pérez Molina. Amenazas de autoritarismo y
“mano dura” sobrevuelan el futuro político de la más poblada de las
naciones centroamericanas. En la cual el tema de la inseguridad
ciudadana ocupa un lugar central. Entre 15 y 20 personas mueren por día
en todo el país por la violencia social de origen delincuencial.
Si
el electorado tuvo la energía de rechazar en las urnas en la elección
de noviembre 2003 al ex – dictador Efraín Ríos Montt, (reconvertido a
pastor evangélico fundamentalista), podría en esta ocasión abrirle las
puertas institucionales a una opción no menos militarista que la que
propuso en su momento el general.
La frágil democracia
guatemalteca, concebida en su actual versión luego de las negociaciones
de paz entre el poder y la guerrilla de la URNG en diciembre de 1996,
arriesga así dar un paso atrás en su lenta consolidación. Y transita en
contramano en una región que –salvo la excepción hondureña- se ha
alejado en el siglo XXI de golpes y opciones ultraderechistas.
La
ex – guerrilla del frente Farabundo Martí (FMLN) gobierna en El
Salvador. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controla
el poder en Nicaragua y las encuestas anticipan la casi segura victoria
de Daniel Ortega en la próxima contienda electoral del 6 de noviembre.
En tanto en Honduras, la masiva movilización social logró en mayo
pasado la vuelta al país del ex – presidente exilado Manuel *Mel*
Zelaya, demostrando que sin la participación del Frente Nacional de
Resistencia Popular (FNRP) ese país se torna políticamente inviable.
Derecha –extrema derecha dominante
El
domingo 11 de septiembre, además del ejecutivo, el electorado deberá
designar a 158 diputados nacionales; 20 diputados al Parlamento
Centroamericano y 333 autoridades municipales.
Si se cumplieran
las previsiones de las tendencias electorales dominantes a fines de
agosto, el ex – general Pérez Molina ganaría cómodamente. La franja del
40 a 45 % de votos que podría recoger, sin embargo, no le permitirían
coronarse en la primera vuelta. El segundo turno a realizarse el 6 de
noviembre sería para él un ejercicio puramente formal al ubicarse hoy
por delante de los candidatos que le siguen.
Muy por detrás de Pérez
Molina, se ubicaban según los sondeos de fines de agosto, los también
candidatos de derecha Manuel Baldizón (en torno de 18,5%) y Eduardo
Suger, con 11% de las intenciones de votos
Rigoberta Menchú,
premio Nobel de la Paz, sostenida por la antigua guerrilla y el partido
indígena Winaq obtendría menos del 3 % de los votos. En un país vasto
donde el 70 % de la población es indígena, una parte mayoritaria de la
misma no se siente hoy representada en las organizaciones
político-indígenas con aspiraciones electorales.
Seguridad, derechos humanos, soberanía alimentaria
Aunque
la problemática de la violencia social aparece como un tema
importante, la ultraderecha se encarga de agitarlo y utilizarlo
políticamente.
“Mi Gobierno será con mano dura; voy a combatir el
crimen organizado y toda la violencia con el Ejército...se crearán
estrategias militares para erradicar la violencia desde su raíz”,
enfatiza en sus discursos Pérez Molina. Apelando, incluso, a
reestablecer “fuerzas de tarea” (task forces – grupos paramilitares),
una táctica militar empleada por el Ejército contra la guerrilla tanto
en Guatemala, como en buena parte de América Latina durante las décadas
de los años 70,80,90 donde imperó la Doctrina de la Seguridad del
Nacional.
“Muchas de nuestras contrapartes en Guatemala nos
expresan su gran preocupación antes este discurso y esta perspectiva
cercana de mayor violencia institucional y de ola represiva....Que
apuntaría principalmente a los defensores de derechos humanos y al
movimiento social en su totalidad”, advierte Karl Heuberger,
responsable de la ONG evangélica suiza HEKS-EPER para Centroamérica.
Para
Heuberger, el tema de la violencia esconde otras dos temáticas muy
presentes en la preocupación cotidiana de los guatemaltecos: la
seguridad alimentaria y la persecución a los defensores de los derechos
humanos.
El 26 de agosto pasado cinco organizaciones y redes
mundiales de prestigio, entre las cuales Vía Campesina, FIAN
(Organización Internacional para el Derecho a la Alimentación) CIDSE
(Agencias Católicas del Desarrollo), CIFCA (Iniciativa de Copenhague
para América Central y México) y APRODEV (Agencia ligada al Consejo
Mundial de iglesias) hicieron escuchar su voz en Guatemala misma.
Publicaron
un Informe elaborado entre 2009 y 2010 por una Misión Internacional
que dichas redes habían organizado. Donde expresan la enorme
preocupación por “la crisis alimentaria prolongada que sigue causando
estragos en Guatemala” y “el clima de criminalización y persecución de
las y los defensores de derechos humanos”, especialmente aquéllos que
defienden los derechos económicos, sociales, culturales y de las
mujeres.
Los organismos internacionales elevan 15
recomendaciones al Estado y a los futuros nuevos gobernantes, que van
desde medidas para asegurar el desarrollo rural-social del país, hasta
la depuración de la Policía Nacional, pasando por el fortalecimiento de
los derechos laborales especialmente en el campo.
“Nos preocupa
mucho la cuestión de la soberanía alimentaria. No vemos un accionar
coherente de las autoridades ni de la comunidad internacional”,
enfatiza Karl Heuberger. La tragedia es que con sus riquezas naturales
Guatemala podría alimentar toda América Central, y hoy vive una penuria
alimenticia creciente que amenaza incluso convertirse en hambruna,
explica.
Detrás de esa contradicción el modelo económico
hegemónico actual: “grandes extensiones de tierras cultivables
entregadas indiscriminadamente a trasnacionales mineras o de
agro-combustibles”, lo que atenta contra la producción
indígena-campesina local y condena a esos sectores cada día a más
marginación.
La responsabilidad de la comunidad internacional
“Los
gobiernos, principalmente los europeos, las instituciones
internacionales, las ONG de desarrollo tienen hoy una gran
responsabilidad hacia Guatemala y Centroamérica”, enfatiza casi como
grito de alarma el responsable de HEKS-EPER para Centroamérica.
“Deben
reflexionar sobre la necesidad de una alianza real con el movimiento
social, y los pueblos indígenas que siguen trabajando y movilizándose.
Reforzando su actuar, reconociendo sus reivindicaciones. Deben expresar
una clara voluntad política, coordinarse mejor. Se invierten recursos
financiero pero no siempre con la mejor lógica. Es importante
reflexionar porqué un país rico como Guatemala se confronta al hambre y
a la crisis de alimentos”, interroga.
La Comunidad
internacional debe expresar de forma contundente al nuevo Gobierno de
Guatemala “el rol fundamental que tiene la garantía al derecho a la
alimentación y la protección de los defensores de los derechos humanos
par el funcionamiento de la democracia y las estrategias de desarrollo
exitosas”, recomienda la misión internacional de las cinco grandes
organizaciones internacionales que visitaron el país centroamericano.
Insistiendo
en que el “Estado guatemalteco debe respetar la Declaración Universal
de los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo”. Y debe revisar las
políticas que fomenten la inversión en la producción de
agro-combustibles, la minería y megaproyectos energéticos para prevenir
violaciones del derecho a la alimentación, a la tierra, al agua y de
los derechos de los pueblos indígenas, insisten las cinco redes
internacionales entre las cuales la Vía Campesina.
*Sergio Ferrari, colaboración de prensa Le Courrier y E-CHANGER
ONG suiza de cooperación solidaria presente en Centroamérica
Vìa, fuente:
http://www.kaosenlared.net/noticia/guatemala-democracia-fragil-amenazada-autoritarismo-hambre
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