Por razones de edad no pude votar en el referéndum de nuestra Constitución de 1978 pero intervine activamente en la preparación del mismo como auxiliar de la Junta Electoral de Zona de mi pueblo. Recuerdo que vivíamos la situación como un monumental estreno. Mis ojos y oídos estaban permanentemente abiertos a tanta novedad.
Se presentó la Constitución como una novia a punto de ser desposada y el pueblo español dijo “Sí quiero”. Queremos que España que se constituya en un Estado social y democrático de Derecho, que propugne como valores su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (Art. 1-1).
Poco después comencé mis estudios de Derecho. Los programas de las asignaturas tuvieron que adaptarse. La asignatura de Derecho Político pasó a denominarse “Derecho Constitucional” y los aspectos emocionales empezaron a completarse con el estudio científico. Desde entonces trato de construir, desde la Constitución, cualquier opinión o tesis jurídica. Quiero hacerlo ahora a propósito de la libertad de empresa y de mercado.
La libertad de empresa está recogida en el Artículo 38 de la Constitución, que proclama:
“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado”
A su vez, la Constitución reconoce y proclama otros derechos.
El derecho al trabajo – Artículo 35
“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”
El Derecho a la salud – Artículo 43
“Se reconoce el derecho a la protección de la salud.”
El Derecho al medio ambiente – Artículo 45
“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.”
El derecho a la protección de la familia – Artículo 39
“Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.”
El derecho a la protección como consumidores – Artículo 51
“Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.”
A la participación de todos en la vida política, económica, social y cultural – Artículo 9-2
“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”
Mientras disfrutábamos de nuestra estrenada Constitución, ni nosotros, ni parece que las gentes de los países de nuestro entorno, reparábamos en un fenómeno que, a modo de profeta, había predicho en 1944 el científico social y economista húngaro Karl Polanyi en su obra titulada “La gran transformación”, en la que advertía que “el mercado” estaba empezando a desbordar su espacio tradicional y comenzaba a colocarse por encima de las familias y después lo haría sobre los mismos Estados, hasta llegar a convertirse en un tirano global, sin escrúpulos.
Aunque se intuía, ha sido a raíz de la gran crisis financiera de 2008, cuando el ciudadano medio ha caído en la cuenta de que esto era ya un hecho consumado hace años y que las decisiones que afectaban más nuclearmente a su vida no las tomaban sus representantes legales, sino que estos se limitaban a acatar dócilmente las imposiciones del mercado, dominado por la gran banca y las grandes empresas.
El ciudadano ha visto cómo la soberanía del Estado era entregada a estos despiadados actores guiados únicamente por un ansia de lucro desenfrenado.
Obama, que siempre concedió gran importancia a la protección de los consumidores, habló de poner una tasa a las operaciones bancarias y los banqueros respondieron diciendo ¿A ver si te atreves?.
Poco después, el día 23 de Enero de 2010 en que el Presidente Obama mandó la respuesta:
“Si esos chicos de Wall Street quieren pelea, la tendrán”
Pero no la ha habido, todo se quedó en pura retórica.
Después vino lo de las Agencias de calificación y los rescates.
Así, el Estado de Bienestar, surgido de la conmoción generada por la II Guerra Mundial, comenzó a desmantelarse lo mismo que se retira el mobililario de una vivienda en una mudanza.
Hace unas semanas, en una reunión sobre protección de los derechos de los consumidores en la que se encontraban algunos representantes de la Banca, les descerrajé sin contemplaciones la siguiente pregunta:
¿En vuestro vocabulario se encuentra la palabra “abuso”?
Se quedaron desconcertados, no sabían que responder.
Finalmente dijeron que no, que su pretensión era ganar dinero, cuanto más mejor.
Les dije que el Derecho sí contemplaba la palabra “abuso” y mi función era reivindicar el Derecho.
Recordé entonces un viejo juicio por usura en el que el Abogado de la entidad financiara acusada dijo en el informe:
“No se entiende que alguien pueda ser acusado por algo tan natural como querer ganar dinero. Todos lo queremos y si hay que meter la piqueta, se mete”
Aseguro que la cita es literal, Quedé tan conmocionado que la escribí inmediatamente después de ser pronunciada.
Es preciso poner freno a este monstruo.
Pasmaba la pasividad con la que los ciudadanos contemplaban este fenómeno. En cierto modo parecían pensar :“mientras nos llegue nuestra ración”.
Josep Ramoneda (2010) clamaba “Contra la indiferencia”, después Stéphane Hessel (2010) nos incitó a indignarnos; Federico Mayor Zaragoza (2011) a no callar ciertas cosas en “Delitos de silencio” y, junto con otros, (José Luis Sampedro, etc…,) a ¡Reaccionar! (2011)
Por fin, a través del movimiento del 15-M. se ha producido un conato de reacción-rebelión que promete tener un largo recorrido.
Es hora de volver a la Constitución de 1978. Es un prodigio de equilibrio.
Reconoce la libertad de empresa y de mercado, que debe hacer compatible el lucro moderado y legítimo con la salvaguarda de otros intereses.
Ampara el “capitalismo razonable” que respeta la salud de los trabajadores, la protección del medio ambiente, la conciliación de la vida laboral y familiar y los derechos de los consumidores.
Sin embargo, cuando la rentabilidad sin escrúpulos se pone por delante de todo esto, se produce la voladura de los valores superiores de nuestra convivencia: La libertad, La justicia, La igualdad y el Pluralismo Político (Art. 1-1).
Actuando de este modo:
EL MERCADO ATENTA A LA LIBERTAD
Puede calificarse de “nueva forma de esclavitud” el que la adquisición de una vivienda para vivir, conlleve la necesidad ajustar toda una vida de una familia para atender el pago de una hipoteca adquirida a un altísimo precio impuesto por la especulación.
Este hecho impone tantas renuncias que el ámbito de libertad queda notablemente reducido.
La necesidad de mantener el puesto de trabajo origina una situación de necesidad y dependencia proclive al abuso.
En Francia, un sonoro aviso vino con el caso de la Empresa FRANCE TELECOM, privatizada en el año 1997.
Ocurrió que entre el año 2008 y 2009, se suicidaron 35 empleados en diversos puntos de Francia, según la dirección y los sindicatos. En cuanto al año 2010, dos sindicatos afirmaron que durante los primeros meses se quitaron la vida 11 trabajadores.
La Inspección Laboral analizó 14 casos de “suicidios, intentos de suicidios y depresión patológica” vinculados, en su opinión, a la política global de personal, conducta ésta susceptible de investigación penal.
La Fiscalía de Paría abrió una investigación por “acoso moral” y el sindicato Sud PTT interpuso una querella.
El informe elaborado por el Ministerio de Trabajo denuncia la puesta en marcha desde el año 2006, de organigramas que pueden perjudicar gravemente la salud de los trabajadores, subrayando que la empresa había sido ya alertada “en reiteradas ocasiones” sobre los efectos producidos en la salud de los trabajadores”
EL MERCADO ATENTA A LA JUSTICIA
* Lo hace cuando se coloca por encina de todo, el afán de lucro.
En España, el día 26 de Febrero de 2011, fue un día de máximos históricos.
La prensa recogió los siguientes titulares:
“El paro alcanza la cifra record de 4.299.263 desempleados”
“Telefónica supera los 10.000 millones de beneficio
La operadora recortará la plantilla en España, incluido el 6% de los directivos”
“El paro alcanza al 40% de los jóvenes”
“El beneficio de las grandes empresas crece más del 20% por los atípicos”
* Lo hace cuando carga las consecuencias de la crisis en quien no tuvo culpa en ella y premia a los culpables.
Especialmente evidente es la injusticia tras la reciente crisis financiera dado que los Estados han empleado la hucha de los ahorros de todos para rescatar al sistema financiero y éste ahora impone condiciones que amenazan seriamente el Estado de Bienestar que tantos años y una Guerra Mundial, costó alcanzar.
* Lo hace cuando impide “de hecho” la efectividad de las reclamaciones frente a las grandes empresas, como señalaré más tarde.
EL MERCADO ATENTA A LA IGUALDAD
Tras unas décadas de aumento de la “clase media” y de la igualdad de oportunidades, se está empezando a recorrer un camino en el que crece mucho la capacidad económica de unos pocos, mientras el ciudadano medio la va perdiendo paulatinamente.
La consecuencia última de este proceso es la generación de importantes bolsas de pobreza y marginación.
ATENTA AL PLURALISMO POLÍTICO
Porque los partidos políticos se han sometido a los dictados de la Banca.
Nuestros representantes atienden los dictados de quienes no hemos elegido y, además, actúan en base a criterios nada democráticos.
Como Fiscal, me duele la Constitución.
Como Fiscal de Consumo sigo denunciando el flagrante incumplimiento del artículo 51-1de la Constitución en relación con determinadas realidades del mercado.
Proclama este artículo:
“Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.
Subrayo lo de “procedimientos eficaces” porque, al menos los judiciales, no lo son en absoluto.
Fui el primer Fiscal que interpuso una acción colectiva contra una gran compañía (Gas Natural Andalucia S.A.) en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios.
Esto ocurrió en el año 2003 y aún no ha podido concluirse el proceso.
No me consta que otras acciones colectivas hayan podido ejecutarse.
Ello me ha llevado:
1.- A formular una serie de propuestas de reforma legislativa en la materia (Publicadas en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2009), destinadas a lograr la eficacia que demanda la Constitución
2.- A denunciar reiteradamente la situación actual en los siguientes términos:
“La Fiscalía exige leyes justas para poder defender a los consumidores”
(Diario el Día de Córdoba – 11 de Marzo de 2010 -)
“La Justicia es una gran aliada de las empresas contra los consumidores”
(El Correo – 29 de Septiembre de 2010 -)
Concluyo; Nos jugamos mucho en esto. Nos jugamos el modelo de sociedad y de convivencia que nos dimos en la Constitución de 1978.
Tenemos que caer la cuenta de que “se ha acabado el recreo”, los tiempos fáciles y que tendremos que ganarnos el estatuto de ciudadano que, en buena parte, nos ha sido expropiado. De la respuesta colectiva dependerá que este proceso se detenga o alcance sus últimas consecuencias.
Fernando Santos Urbaneja es Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba y responsable Sección Protección de los Consumidores y Usuarios
Fuente, vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=131279
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