Pobladores del municipio de San José del Progreso, agrupados en la
Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), bloquearon
los accesos de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía
méxico-canadiense Cuzcatlán, para demandar que se cancele la concesión y
su cierre definitivo.
Bernardo Vásquez Sánchez, portavoz de los
inconformes, dijo que la operación de la mina causa destrucción y
despojo de ríos, bosques, reservas de minerales, saberes tradicionales,
formas de organización, autonomía, tranquilidad, salud, libertad y hasta
la existencia de su pueblo.
Nos hemos visto obligados a
organizarnos y luchar para defender los lugares en que vivimos porque
están siendo usurpados, apropiados, contaminados y transferidos por los
gobiernos a empresas nacionales y trasnacionales y que sólo dejan daños a
la naturaleza, que amenazan con ser irreversibles, dijo.
El
Estado Mexicano debería defender los intereses del pueblo, pero no ha
hecho otra cosa que simular el cumplimiento de las leyes y permitir
abierta o encubiertamente todas las vías para facilitar la devastación
ambiental del país, se quejó.
Expuso que en San José del Progreso y
otros pueblos circunvecinos, la operación de la mina La Trinidad dejará
enormes ganancias a los dueños, peroun rastro de sequía, destrucción de
suelos, contaminación del aire, persecución política y división en las
comunidades.
Vásquez Sánchez destacó que los derechos de su pueblo
se han violentando pues la concesión fue otorgada en las tierras
reconocidas en su favor con resoluciones presidenciales.
El 6 de mayo
del 2009, pobladores agrupados en la CPUVO fueron desalojados de un
bloque similar instalado en marzo de ese año por agentes de las policías
federal y estatal.
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