(apro).- “Preferimos perder una noticia antes que una vida”. Con
esta frase terminaba el corto documento de seis puntos titulado “Acuerdo
por la Discreción”, con el que 35 directores de los principales medios
de comunicación de Colombia se comprometieron, a finales de 1999, a
regular el cubrimiento y difusión de hechos violentos.
El pacto, firmado el 4 de noviembre de ese año, fue promovido por el
entonces decano de la facultad de Comunicación Social de la Universidad
de la Sabana, César Mauricio Velásquez, quien logró reunir en el centro
académico a dos centenares de personas que observaron con entusiasmo el
compromiso de directores y codirectores de medios de prensa, radio y
televisión para divulgar con exactitud, veracidad y equilibrio las
noticias relacionadas con los actores al margen de la ley.
La firma del compromiso tenía como marco adicional que en aquel año
en Colombia acababan de salir al aire dos canales privados de
televisión, con capacidad para transmitir en directo desde cualquier
lugar, lo que era aprovechado por los violentos para manejar su propia
agenda.
La convocatoria estaba más que justificada. En 1999 el país vivía una
agitación continua, provocada por noticias producidas desde diversos
flancos, que mantenían agobiada a la ciudadanía.
De un lado, los reporteros de los diversos medios de comunicación
enviaban reportes desalentadores sobre el desarrollo del controvertido
proceso de negociación entre delegados del gobierno de Andrés Pastrana y
los principales comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), que se desarrollaba en la zona de despeje del Caguán,
en las selvas del departamento de Caquetá, a 800 kilómetros al sur de
Bogotá.
Por aquellos días la negociación llevaba cerca de cuatro meses
congelada, y cada vez eran más frecuentes las denuncias sobre la manera
como los rebeldes utilizaban los 42.000 kilómetros desmilitarizados para
cometer todo tipo de fechorías, entre ellas organizar ataques contra la
fuerza pública y llevar allí a decenas de personas que secuestraban en
otras regiones.
Entre tanto, los grupos paramilitares de extrema derecha continuaban
su avance incontenible en la ocupación a sangre y fuego de los
territorios que les arrebataban a las guerrillas y en el asesinato
selectivo de quienes consideraban sus enemigos.
Cuando los medios de comunicación suscribieron el “Acuerdo por la
Discreción”, Colombia no se reponía del atroz asesinato del periodista y
reconocido humorista político Jaime Garzón, baleado por sicarios la
mañana del 13 de agosto de 1999, cuando llegaba a laborar en la cadena
radial Radionet, en el occidente de Bogotá.
También eran prolíficas las historias relacionadas con la reciente
confesión, el 30 de octubre, de Luis Alfredo Garavito, quien les
reconoció a investigadores de la Fiscalía su responsabilidad en las
muertes de al menos 140 menores de entre ocho y 16 años de edad. La
historia del este asesino en serie y la manera como ejecutaba a sus
víctimas ocupó amplios espacios en los medios de comunicación.
Con semejantes noticias en los titulares de todos los días, que no
daban espacio a la publicación de hechos positivos, condujo a la firma,
aquel día de noviembre de 1999, del acuerdo para regular la información.
Por eso, antes de empezar el acto de lectura del “Acuerdo por la
Discreción”, el decano Velásquez leyó la introducción del documento:
“Conscientes de la responsabilidad social de nuestro oficio, los
profesionales de los medios de comunicación de Colombia nos
comprometemos con este ‘Acuerdo por la Discreción’, porque queremos
contribuir al logro de la paz, al respeto de la vida y a la búsqueda del
bien común".
Luego explicó que el pacto tenía el apoyo de las Naciones Unidas y de
Periodistas sin Fronteras y que el recién creado Observatorio de Medios
de esa universidad se comprometía a seguir de cerca su cumplimiento.
Antes de leer los seis puntos del acuerdo, Velásquez llamó la
atención por el escepticismo que genera ese tipo de compromisos, pero
confió en un cambio de actitud de los medios de comunicación en el
momento de editar imágenes, publicar fotografías o reproducir
testimonios o entrevistas de actores al margen de la ley.
Así, el primer punto del acuerdo planteaba que “el cubrimiento
informativo de actos violentos --ataques contra las poblaciones,
masacres, secuestros y combates entre los bandos-- será veraz,
responsable y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio
definirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de
calidad y beneficien a su público”.
En el segundo, los medios se comprometían a no presentar “rumores
como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto,
debe primar sobre la rapidez”.
El tercero se refería a las transmisiones en directo y prometía fijar
“criterios claros con el fin de mejorar la calidad de esa información y
evitar que el medio sea manipulado por los violentos”. El cuarto
hablaba de las víctimas y contemplaba que “por razones éticas y de
responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los
familiares de las víctimas de hechos violentos”.
En el quinto, los directivos de los medios se proponían “establecer
criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan
generar repulsión en el público, contagio con la violencia o
indiferencia ante ésta”. El último tenía fines filosóficos:
“Respetaremos y fomentaremos el pluralismo ideológico, doctrinario y
político. Utilizaremos expresiones que contribuyan a la convivencia
entre los colombianos”.
Mucha agua ha pasado debajo del puente desde entonces, pero los
problemas de violencia en Colombia, 12 años después de la firma del
pacto, siguen siendo casi los mismos, solamente que algunos de los
actores han cambiado de ropaje.
En 1999, el Instituto de Medicina legal señaló que los homicidios ascendieron a 24 mil 642, es decir 67 cada 24 horas.
En 2006, siete años después de la firma del pacto, la especialista en
ciencias de la información Yeni Serrano publicó un extenso documento
en el que examinó el desarrollo del “Acuerdo para la Discreción” y
concluyó que los seis puntos planteados allí “no pueden ser efectivos,
principalmente porque no describen contingencias claras para regular el
comportamiento profesional de los periodistas y, en segundo lugar,
porque desconocen las condiciones que a nivel del medio de comunicación y
a nivel del periodista como individuo determinan la producción del
discurso informativo”.
Diez años después de la suscripción del acuerdo, el Observatorio de
Medios de la Universidad de la Sabana evaluó los resultados del pacto y
produjo un documento titulado “La libertad de prensa en Colombia, entre
la amenaza y la manipulación”, que concluyó que los medios de
comunicación hicieron el ejercicio genuino de reflexionar sobre los
contenidos que les transmiten a sus audiencias, pero insistió en la
necesidad de realizar constantes tareas pedagógicas en las redacciones.
El corresponsal de Proceso dialogó con varios
periodistas y directores de medios de comunicación y encontró opiniones
divididas respecto del pacto firmado en 1999.
Ignacio Gómez, subdirector del Noticiero de Televisión Noticias Uno y
a la vez presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip),
tiene una visión optimista de lo que ha sucedido en el país desde la
firma del pacto de los medios de comunicación.
“Fue una lección que nos sirvió para tomar un respiro y reflexionar
sobre la muerte. Y aun cuando los violentos intentan imponer su agenda
en los medios de comunicación y justificarse ante la sociedad, en
Colombia desde hace años ya no es sexi entrevistar narcos o guerrilleros
de postín”.
En concepto del reconocido investigador, “la opinión pública
colombiana ya tiene claro quién es el delincuente, que ya no es
bienvenido ni tiene cabida. A ningún medio de comunicación se le ha
ocurrido hacer un perfil o mostrar a un capo como Comba haciendo obras
de beneficencia”.
Una visión distinta tiene el veterano reportero William Giraldo,
quien en la actualidad se desempeña como presidente del Círculo de
Periodistas de Bogotá (CPB). Según el periodista, el síndrome de la
chiva o afán por informar primero da al traste con cualquier intención
para regular los contenidos noticiosos de los medios de comunicación.
“Los pactos de caballeros llegan hasta el momento en que surge un
hecho impactante o escandaloso –dice el comunicador. Una cosa es lo que
digan los dueños o los directores, pero otra cosa es lo que ocurre en la
realidad. La noticia está por encima de todo. Otra cosa es que el medio
reflexione sobre la mejor manera de divulgarlo, pero en mi opinión la
inmediatez arrasa con las formas”.
Para el directivo gremial, en Colombia los violentos siguen
imponiendo la agenda informativa y, de alguna manera, la sociedad civil
sigue amedrentada.
Juan Carlos Gómez, investigador del Observatorio de Medios de la Sabana, le dijo al corresponsal de Proceso
que el “Acuerdo para la Discreción” sirvió como marco de referencia
para que los directores y los reporteros reflexionaran por un momento en
la manera como iban a dar a conocer sus noticias.
“Es evidente que ahora hay más conciencia en los medios. Hay más
libertad de embarrarla o de hacer las cosas bien. Pero en general es
notable que hay un respeto por los muertos, por las víctimas”.
Hoy, las frías estadísticas indican que en Colombia se registran 10
mil muertes menos que hace 12 años y que el afán por entrevistar
delincuentes de alcurnia ya pasó de moda.
Pero el país asiste ahora a la filtración sin control tanto de piezas
procesales como de los videos reservados de los paramilitares detenidos
o extraditados por cuenta del polémico proceso de desmovilización
promovido por el gobierno de Álvaro Uribe en 2005.
En otras palabras, en muchas ocasiones los delicados procesos
judiciales del paramilitarismo son debatidos primero por los medios de
comunicación, antes que en los estrados de los jueces.
Fuente, vìa :
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/89654
http://proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/89654
La imagen no proviene de la fuente original
No hay comentarios:
Publicar un comentario