Diario Red Digital
Si en Chile hubiese
una instancia arbitral independiente y una institucionalidad ambiental
consolidada, un proyecto como la extracción de carbón en Isla Riesco, no
podría ser aprobado; no sólo por el irreparable daño al medioambiente,
sino y principalmente, por la maraña de conflictos de interés
involucrados. Pero son esos mismos intereses, entre los cuales están los
del propio Presidente de la República, los que pronostican que el
proyecto va a sortear, como hasta ahora, las diversas barreras
administrativas; conclusión que no se debe, en modo alguno, interpretar
como un llamado al abandono de la lucha.
Como se sabe, Mina Invierno, es el primero de cinco yacimientos aprobados por la peculiar institucionalidad ambiental de transición, que excluyó a los consejeros regionales y los reemplazó por secretarios regionales ministeriales subrogantes.
La aprobación unánime de Mina Invierno fue concedida por la Intendenta, Liliana Kusanovic, y los secretarios regionales ministeriales de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería y Planificación, además de la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, la mayoría de ellos subrogantes, por vacaciones de los titulares.
Daño irreparable
En consecuencia, Mina Invierno no se aprobó, como aseguró la cuestionada Intendenta, “porque cumple cabal y rigurosamente la legislación ambiental, cuyo resultado es una institucionalidad ambiental que tiene las reglas claras, con normas especializadas de alta exigencia y un riguroso proceso tecnificado de evaluación de proyectos”, sino porque los “evaluadores”, que de medioambiente no tienen la menor sospecha, no podían hacer otra cosa, debido, entre otras consideraciones, a que no pueden votar contra el gobierno que los designó en el cargo.
En tanto no entre en vigencia la institucionalidad ambiental definitiva, esta será la instancia que resolverá sobre los otros cuatro yacimientos, Mina Río Eduardo, Mina Elena, Mina Oeste y Mina Adela.
Considérese que sólo Mina Invierno implica explotar un yacimiento de carbón sub-bituminoso, de baja ley, e sea, más contaminante, con extracción proyectada de unas seis millones de toneladas anuales, durante por lo menos doce años; es decir, 73 millones de toneladas, mediante el sistema de rajo abierto, o sea, un hoyo de explotación de 3.900 metros de largo, 1.615 metros de ancho y una profundidad de 180 metros, vale decir, 487 hectáreas de hoyo.
Mina Invierno impactará directamente a 1.500 hectáreas, con efectos que incluyen el rajo, los tres botaderos de material, la planta de chancado del carbón, las instalaciones mineras, los caminos en donde circularan las máquinas de extracción y camiones de traslado, la tala 400 hectáreas de bosque nativo, el secado de una de las lagunas de la isla, la alteración de los ríos y la contaminación del mar interior, Seno Otway, así como del aire, suelos y agua por el polvillo del carbón, aguas ácidas, agentes químicos, emisiones, etc.; lo cual afectará todo lo que esté en su radio de impacto indirecto.
El estudio de impacto ambiental fue tan “riguroso” y tecnificado”, que consideró vientos de 30 kms. por hora, en circunstancias de que en esa zona, fácilmente superan los cien kms. por hora.
Pero además, omitió los impactos sobre el ecosistema marino adyacente a la mina, el seno Otway, mar interior con escaso recambio de aguas, y por tanto muy vulnerable a cualquier tipo de contaminación, donde conviven especies singulares, muchas de ellas en peligro de conservación, tales como el petrel gigante, lobos marino común y fino, cuatro tipos de delfines, uno de ellos endémico de Chile, como el delfín chileno, y otros cetáceos como la orca y la ballena jorobada.
La presentación de la compañía sólo considera como parte del proyecto las 1.509 hectáreas del rajo, botaderos, instalaciones mineras y el camino mina-puerto, pero omite estudios sobre las vías de acceso a la mina, por donde se efectuará el aprovisionamiento, transporte de personal, transporte de desechos y retiro de residuos peligrosos.
Como estos, hay muchos otros daños ambientales soslayados por el deficiente estudio de impacto ambiental de Minera Isla Riesco, que ameritarían un rechazo irrevocable de una autoridad ambiental independiente, pero los “evaluadores” encabezados por la señora Kusanovic, prefirieron refugiarse en argumentos tales como que el proyecto atraerá inversiones a la región por más de 500 millones de dólares y dará trabajo a unas 800 personas.
Tal como está diseñada, la institucionalidad ambiental chilena es incapaz de oponerse a la depredación causada por el sector de la gran empresa -nacional o transnacional- orientado a la explotación de recursos naturales, de los cuales se apoderan sin pagar derechos, rentas o regalías.
Menos aún podría hacerlo en el caso en comento, donde están enmarañados los intereses de los peces más gordos entre los gordos de este desventurado país.
Peces en verdad gordos
Minera Isla Riesco es una sociedad anónima cerrada, constituida en 2006, cuyos accionistas, en partes iguales, son Empresas COPEC S.A. e Inversiones Ultraterra Ltda, esta última perteneciente al grupo de empresas Ultramar, el monopolio naviero de los hermanos Sven y Wolf von Appen.
En el directorio de Minera Isla Riesco está Marcos Büchi, actual director de Codelco, y hermano del ex ministro de Hacienda de la dictadura, Hernán Büchi Buc, quién privatizó COPEC. Nadie podría negar que, en conjunto, representan una considerable capacidad de lobby.
Y de qué cabe extrañarse si el propio Presidente de la República es uno de los mayores accionistas individuales de empresas COPEC, tal como cualquiera puede comprobar en su declaración de patrimonio, expedida el 4 de abril de 2010.
De acuerdo a ese documento, Piñera posee 785.609 acciones de la ex empresa estatal distribuidora de combustible, privatizada por Hernán Büchi, cantidad que a la fecha de publicado, equivalía a 4.543 millones de pesos, al día de hoy, unos 9,7 millones de dólares.
Peor aún, luego de la aprobación del proyecto isla Riesco en Magallanes, las acciones de Piñera en COPEC subieron alrededor de 1,26%. El tema no sólo remite a un conflicto de interés pasivo. El propio Piñera respaldó públicamente el proyecto de la Minera Isla Riesco, el pasado 5 de noviembre, al incluirlo dentro del Plan Magallanes.
En esas condiciones ¿es lógico suponer que podían oponerse secretarios regionales ministeriales subrogantes?
Pero eso no es todo. A través de las sociedades de inversión Santa Cecilia y Bancard Inversiones, Piñera posee alrededor del 5% de Quiñenco, la sociedad matriz del grupo Luksic.
Hasta el momento de ser designados por Piñera, el actual Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ocupaba un asiento en el directorio de empresas COPEC, mientras que en el de Quiñenco, se sentaba el actual Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine Talavera.
¿Se entiende la afirmación de que sobre la desamparada Isla Riesco confluyen los intereses más conspicuos del insaciable empresariado chileno?
El hecho de que en virtud del fideicomiso tuerto, los réditos de estas inversiones no se depositen mensualmente en la cuente corriente de Piñera, no significa en modo alguno de que se prive de ejercer influencias el los negocios de su interés, más aún cuando está blindado -como dicen los siúticos- por la aquiescencia del sistema mediático.
Sin embargo, hay que afirmarse los pantalones, porque todavía falta.
Entre sus empresas relacionadas, ANTAR Chile, matriz de empresas COPEC, controla el 25% de Empresa Eléctrica Guacolda, la cual, no precisamente por obra de la casualidad, detenta el contrato exclusivo de abastecimiento de carbón para su central termoeléctrica de Huasco, por la Minera Isla Riesco.
El otro 25% está en poder de COPEC, y el 50% restante es de AES Gener.
.
Ex gerente general de AES Gener, hasta el momento de ser designado, era Sergio del Campo, actual Subsecretario de Energía. El propio biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, fue ejecutivo de esa empresa a mediados de la década de los 90, mientras que su hija Daniela actualmente se desempeña como analista de control financiero de esa misma empresa.
¿Demasiadas casualidades o inevitables causalidades de un modelo económico?
“Me parece impresentable que un Presidente salga apoyando y pidiendo agilizar la tramitación de un proyecto que está sujeto a Evaluación Ambiental, siendo accionista de una de las empresas. Estas personas no deberían participar por estar involucradas en cargos del gobierno y hacerlo me parece una vergüenza pública. Necesitamos que se esclarezcan estos intereses, porque cualquier ciudadano querrá saber si apoyar estos proyectos son para beneficiar al bien público o a algunos privados”, dice Javiera Stipicic, de la organización ambientalista Alerta Isla Riesco
A su turno, el senador del Partido Socialista, Pedro Muñoz, apuntó:
“Acá hay, claramente, un conflicto de intereses. El gobierno de Sebastián Piñera aprobó esta industria, que pertenece y de la que es accionista el mismo Piñera”.
Muñoz agrega que en el Plan Magallanes, eje de trabajo de la actual administración, figura el incentivo y el apoyo a la industria carbonífera en Isla Riesco:
“Esta es una decisión de gobierno. Anterior a cualquier estudio o investigación este proyecto ya contaba con el visto bueno del gobierno central, que es dirigido por uno de los accionistas de la empresa que presenta dicho proyecto. Si esto no es conflicto de interés, ¡Qué es!”.
Aunque a primera vista parezca una paradoja, los intereses detrás del proyecto carbonífero de Isla Riesco son tan poderosos, pero al mismo tiempo, tan espurios e ilegítimos, que más que a la resignación, deben impulsan a redoblar la intensidad de la lucha.
Nunca se debe perder de vista el antiguo aforismo jurídico de que las leyes se deshacen como se hacen, escenario posible en la medida en que se construya la correlación que lo permita.
Como se sabe, Mina Invierno, es el primero de cinco yacimientos aprobados por la peculiar institucionalidad ambiental de transición, que excluyó a los consejeros regionales y los reemplazó por secretarios regionales ministeriales subrogantes.
La aprobación unánime de Mina Invierno fue concedida por la Intendenta, Liliana Kusanovic, y los secretarios regionales ministeriales de Medio Ambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería y Planificación, además de la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, la mayoría de ellos subrogantes, por vacaciones de los titulares.
Daño irreparable
En consecuencia, Mina Invierno no se aprobó, como aseguró la cuestionada Intendenta, “porque cumple cabal y rigurosamente la legislación ambiental, cuyo resultado es una institucionalidad ambiental que tiene las reglas claras, con normas especializadas de alta exigencia y un riguroso proceso tecnificado de evaluación de proyectos”, sino porque los “evaluadores”, que de medioambiente no tienen la menor sospecha, no podían hacer otra cosa, debido, entre otras consideraciones, a que no pueden votar contra el gobierno que los designó en el cargo.
En tanto no entre en vigencia la institucionalidad ambiental definitiva, esta será la instancia que resolverá sobre los otros cuatro yacimientos, Mina Río Eduardo, Mina Elena, Mina Oeste y Mina Adela.
Considérese que sólo Mina Invierno implica explotar un yacimiento de carbón sub-bituminoso, de baja ley, e sea, más contaminante, con extracción proyectada de unas seis millones de toneladas anuales, durante por lo menos doce años; es decir, 73 millones de toneladas, mediante el sistema de rajo abierto, o sea, un hoyo de explotación de 3.900 metros de largo, 1.615 metros de ancho y una profundidad de 180 metros, vale decir, 487 hectáreas de hoyo.
Mina Invierno impactará directamente a 1.500 hectáreas, con efectos que incluyen el rajo, los tres botaderos de material, la planta de chancado del carbón, las instalaciones mineras, los caminos en donde circularan las máquinas de extracción y camiones de traslado, la tala 400 hectáreas de bosque nativo, el secado de una de las lagunas de la isla, la alteración de los ríos y la contaminación del mar interior, Seno Otway, así como del aire, suelos y agua por el polvillo del carbón, aguas ácidas, agentes químicos, emisiones, etc.; lo cual afectará todo lo que esté en su radio de impacto indirecto.
El estudio de impacto ambiental fue tan “riguroso” y tecnificado”, que consideró vientos de 30 kms. por hora, en circunstancias de que en esa zona, fácilmente superan los cien kms. por hora.
Pero además, omitió los impactos sobre el ecosistema marino adyacente a la mina, el seno Otway, mar interior con escaso recambio de aguas, y por tanto muy vulnerable a cualquier tipo de contaminación, donde conviven especies singulares, muchas de ellas en peligro de conservación, tales como el petrel gigante, lobos marino común y fino, cuatro tipos de delfines, uno de ellos endémico de Chile, como el delfín chileno, y otros cetáceos como la orca y la ballena jorobada.
La presentación de la compañía sólo considera como parte del proyecto las 1.509 hectáreas del rajo, botaderos, instalaciones mineras y el camino mina-puerto, pero omite estudios sobre las vías de acceso a la mina, por donde se efectuará el aprovisionamiento, transporte de personal, transporte de desechos y retiro de residuos peligrosos.
Como estos, hay muchos otros daños ambientales soslayados por el deficiente estudio de impacto ambiental de Minera Isla Riesco, que ameritarían un rechazo irrevocable de una autoridad ambiental independiente, pero los “evaluadores” encabezados por la señora Kusanovic, prefirieron refugiarse en argumentos tales como que el proyecto atraerá inversiones a la región por más de 500 millones de dólares y dará trabajo a unas 800 personas.
Tal como está diseñada, la institucionalidad ambiental chilena es incapaz de oponerse a la depredación causada por el sector de la gran empresa -nacional o transnacional- orientado a la explotación de recursos naturales, de los cuales se apoderan sin pagar derechos, rentas o regalías.
Menos aún podría hacerlo en el caso en comento, donde están enmarañados los intereses de los peces más gordos entre los gordos de este desventurado país.
Peces en verdad gordos
Minera Isla Riesco es una sociedad anónima cerrada, constituida en 2006, cuyos accionistas, en partes iguales, son Empresas COPEC S.A. e Inversiones Ultraterra Ltda, esta última perteneciente al grupo de empresas Ultramar, el monopolio naviero de los hermanos Sven y Wolf von Appen.
En el directorio de Minera Isla Riesco está Marcos Büchi, actual director de Codelco, y hermano del ex ministro de Hacienda de la dictadura, Hernán Büchi Buc, quién privatizó COPEC. Nadie podría negar que, en conjunto, representan una considerable capacidad de lobby.
Y de qué cabe extrañarse si el propio Presidente de la República es uno de los mayores accionistas individuales de empresas COPEC, tal como cualquiera puede comprobar en su declaración de patrimonio, expedida el 4 de abril de 2010.
De acuerdo a ese documento, Piñera posee 785.609 acciones de la ex empresa estatal distribuidora de combustible, privatizada por Hernán Büchi, cantidad que a la fecha de publicado, equivalía a 4.543 millones de pesos, al día de hoy, unos 9,7 millones de dólares.
Peor aún, luego de la aprobación del proyecto isla Riesco en Magallanes, las acciones de Piñera en COPEC subieron alrededor de 1,26%. El tema no sólo remite a un conflicto de interés pasivo. El propio Piñera respaldó públicamente el proyecto de la Minera Isla Riesco, el pasado 5 de noviembre, al incluirlo dentro del Plan Magallanes.
En esas condiciones ¿es lógico suponer que podían oponerse secretarios regionales ministeriales subrogantes?
Pero eso no es todo. A través de las sociedades de inversión Santa Cecilia y Bancard Inversiones, Piñera posee alrededor del 5% de Quiñenco, la sociedad matriz del grupo Luksic.
Hasta el momento de ser designados por Piñera, el actual Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ocupaba un asiento en el directorio de empresas COPEC, mientras que en el de Quiñenco, se sentaba el actual Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine Talavera.
¿Se entiende la afirmación de que sobre la desamparada Isla Riesco confluyen los intereses más conspicuos del insaciable empresariado chileno?
El hecho de que en virtud del fideicomiso tuerto, los réditos de estas inversiones no se depositen mensualmente en la cuente corriente de Piñera, no significa en modo alguno de que se prive de ejercer influencias el los negocios de su interés, más aún cuando está blindado -como dicen los siúticos- por la aquiescencia del sistema mediático.
Sin embargo, hay que afirmarse los pantalones, porque todavía falta.
Entre sus empresas relacionadas, ANTAR Chile, matriz de empresas COPEC, controla el 25% de Empresa Eléctrica Guacolda, la cual, no precisamente por obra de la casualidad, detenta el contrato exclusivo de abastecimiento de carbón para su central termoeléctrica de Huasco, por la Minera Isla Riesco.
El otro 25% está en poder de COPEC, y el 50% restante es de AES Gener.
.
Ex gerente general de AES Gener, hasta el momento de ser designado, era Sergio del Campo, actual Subsecretario de Energía. El propio biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, fue ejecutivo de esa empresa a mediados de la década de los 90, mientras que su hija Daniela actualmente se desempeña como analista de control financiero de esa misma empresa.
¿Demasiadas casualidades o inevitables causalidades de un modelo económico?
“Me parece impresentable que un Presidente salga apoyando y pidiendo agilizar la tramitación de un proyecto que está sujeto a Evaluación Ambiental, siendo accionista de una de las empresas. Estas personas no deberían participar por estar involucradas en cargos del gobierno y hacerlo me parece una vergüenza pública. Necesitamos que se esclarezcan estos intereses, porque cualquier ciudadano querrá saber si apoyar estos proyectos son para beneficiar al bien público o a algunos privados”, dice Javiera Stipicic, de la organización ambientalista Alerta Isla Riesco
A su turno, el senador del Partido Socialista, Pedro Muñoz, apuntó:
“Acá hay, claramente, un conflicto de intereses. El gobierno de Sebastián Piñera aprobó esta industria, que pertenece y de la que es accionista el mismo Piñera”.
Muñoz agrega que en el Plan Magallanes, eje de trabajo de la actual administración, figura el incentivo y el apoyo a la industria carbonífera en Isla Riesco:
“Esta es una decisión de gobierno. Anterior a cualquier estudio o investigación este proyecto ya contaba con el visto bueno del gobierno central, que es dirigido por uno de los accionistas de la empresa que presenta dicho proyecto. Si esto no es conflicto de interés, ¡Qué es!”.
Aunque a primera vista parezca una paradoja, los intereses detrás del proyecto carbonífero de Isla Riesco son tan poderosos, pero al mismo tiempo, tan espurios e ilegítimos, que más que a la resignación, deben impulsan a redoblar la intensidad de la lucha.
Nunca se debe perder de vista el antiguo aforismo jurídico de que las leyes se deshacen como se hacen, escenario posible en la medida en que se construya la correlación que lo permita.
Fuente, vìa :
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=123046&titular=los-conflictos-de-inter%E9s-de-pi%F1era-en-el-disparate-de-isla-riesco-
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