La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a
conocer lo que en el ámbito regional es una buena noticia, pero para
nuestro país constituye una corroboración amarga. En años recientes la
pobreza en América Latina tuvo una disminución significativa, incluso a
pesar de la crisis económica mundial iniciada en 2008. Esta tendencia
fue particularmente marcada en Argentina, Venezuela, Perú, Brasil,
Chile, Ecuador y Panamá. Sin embargo, a contrapelo de ese fenómeno
regional, en México la pobreza se ha incrementado en forma sostenida
desde 2006.
Entre 2008 y 2009, que es el lapso en el que podría
atribuirse al descalabro financiero planetario un efecto definido,
nuestro país sufrió las consecuencias más severas, seguido por Costa
Rica y Ecuador. Si se observa el periodo 2006-2009, México es la única
nación del subcontinente en el que se incrementó el número de pobres (en
3.1 por ciento), mientras en el resto de las naciones latinoamericanas
el indicador correspondiente se redujo en diversas proporciones.
Ante
estos datos contundentes, los alegatos oficiales acerca de una presunta
mejoría de la situación social del país –que viene arrastrando una
deuda histórica con los desposeídos y los marginados– se revierten
contra la credibilidad, de por sí mermada, del gobierno federal y
generan escepticismo en torno a las estadísticas institucionales.
Lo
más grave de estas realidades dolorosas y exasperantes no es su
adulteración discursiva, sino sus consecuencias en la gobernabilidad, en
la seguridad y en la viabilidad del país. La irritación social
provocada por la ineficiencia y la corrupción gubernamentales, así como
por el empecinamiento en seguir un modelo económico caduco y depredador,
no se mitiga con excesos de optimismo y de autocomplacencia. Están a la
vista los impactos generados por la marginación, la indigencia, la
insalubridad y el déficit educativo: ya no se trata de individuos
empujados a la delincuencia por la falta de empleo, sino de regiones
enteras del territorio nacional que escapan al control del Estado y en
las cuales sienta sus reales la criminalidad organizada en cualquiera de
sus expresiones.
Se ha dicho hasta el cansancio que ninguna
estrategia de seguridad pública o de implantación del estado de derecho
puede funcionar si no se corrigen las terribles distorsiones que dan
origen a la descomposición que agobia al país, y que las correcciones
correspondientes se inician, obligadamente, en el cumplimiento de
derechos consagrados en la Constitución –al trabajo, a la alimentación, a
la salud, a la educación, entre otros– que constituyen otros tantos
imperativos éticos del Estado ante la población, además de acciones
necesarias para reducir la pobreza. Para ello se requiere, a su vez, de
un cambio de rumbo radical en la conducción económica, la cual, desde
hace cinco lustros, se orienta a satisfacer los intereses del capital y
no las necesidades de las mayorías.
Con la gobernabilidad regional
perdida en diversas zonas del país, y de no emprender un viraje como el
señalado, el gobierno federal se enfrentará, tarde o temprano, con una
desestabilización generalizada y de índole nacional. Cabe esperar que
exista la prudencia y la sensatez necesarias para percibir las
implicaciones de las cifras de la Cepal y actuar en consecuencia.
Fuente, vìa :
http://www.kaosenlared.net/noticia/pobreza-mexico-excepcion-inaceptable
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