Hay situaciones que se viven cotidianamente en
Perú que merecen reflexiones, y cambios inmediatos. Cuando, por ejemplo,
una manifestación callejera es reprimida con violencia y un militar
comete agresiones físicas, la situación no termina en los tribunales de
justicia, como se podría imaginar.“Todo esto constituye una amenaza y afectación seria al derecho a la protesta y a la libertad de reunión de los ciudadanos peruanos”, denunció la semana pasada la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).
La organización ha cuestionado la política de “sistemática criminalización” de los derechos de los pueblos indígenas por parte de la administración del derechista Alan García, que ha provocado que cientos de líderes comunales y regionales hayan sido procesados judicialmente, ellos sí en tribunales ordinarios, por defender sus territorios, cuencas de agua y bienes naturales.
La CONACAMI presentó estas denuncias en el marco del Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, que se desarrolló días atrás en el Museo de la Nación, en Lima, la capital del país.
Allí los abogados de la organización salieron al cruce de las “constantes modificaciones” introducidas en materia legislativa con el propósito de perseguir a los líderes del movimiento social, según consta en el sitio de Internet de la CONACAMI.
Todas estas advertencias se dan en paralelo a un fuerte incremento de la protesta social. El objetivo de grupos como la CONACAMI es que el Poder Ejecutivo impulse zonas libres de minería y también reclaman otras políticas vinculadas a la preservación de áreas naturales.
Fuente, vìa :
http://www.radiomundoreal.fm/spip.php?page=print&id_article=3366
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