Soldados hacen guardia cerca de una variedad de armas de fuego descubiertas en la granja de la familia Ampatuan en Shariff Aguak, Maguindanao, al sur de Filipinas el 6 de diciembre de 2009. © 2009 Reuters.
Un año después de la masacre, Aquino debería prohibir las milicias e investigar los ejércitos privados
(Manila, 16 de noviembre de 2010) - Una familia gobernante en la isla meridional filipina de Mindanao ha cometido durante los últimos 20 años una serie de asesinatos y otros abusos con el apoyo de las fuerzas de seguridad y funcionarios del Gobierno, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Un año después de la masacre de 58 personas en la provincia de Maguindanao, atribuida a la familia Ampatuan y a su "ejército privado", el 23 de noviembre de 2009, el Gobierno de Filipinas aún no ha puesto en marcha una investigación rigurosa sobre las atrocidades cometidas por estas poderosas familias gobernantes, no ha prohibido las fuerzas militares abusivas ni limitado el acceso de funcionarios a armas militares.
El informe de 96 páginas, "‘They Own the People': The Ampatuans, State-Backed Militias, and Killings in the Southern Philippines" ("‘Ellos poseen a las personas': Los Ampatuan, las milicias respaldadas por el Estado y las ejecuciones en el sur de Filipinas"), describe el ascenso al poder de los Ampatuan, incluyendo el uso de la violencia para expandir su control y eliminar las amenazas a su autoridad. La investigación está basada en más de 80 entrevistas con personas con conocimiento cercano de la estructura de seguridad de la familia Ampatuan, algunas víctimas de los abusos y miembros de su familia, además de varios testigos de los crímenes.
"La masacre de Maguindanao no fue una aberración, sino la consecuencia previsible de una ola de asesinatos sin control y otros serios abusos", dijo James Ross, director legal y de políticas de Human Rights Watch. "Durante dos décadas los Ampatuan han cometido atrocidades con 'un ejército privado' formado por policías y soldados equipados con armas provistas por el Gobierno".
Después de la masacre de noviembre de 2009, Human Rights Watch viajó a Mindanao e investigó numerosos abusos que implicaban a los Ampatuan, incluyendo más de 50 incidentes de ejecuciones, torturas, asaltos sexuales y secuestros. Estos casos muestran con frecuencia una violencia desmedida, como por ejemplo torturas y ejecuciones con motosierra de individuos sospechosos de haber participado en un atentado de bomba contra un miembro de la familia Ampatuan en 2002.
El informe detalla cómo los militares y la policía proveyeron a la familia Ampatuan de personal, modernas armas militares y protección contra cualquier clase de acusación. Muchos de los miembros de su guardia privada eran también integrantes de la policía, el ejército o las fuerzas paramilitares respaldadas por el Gobierno, incluidas las Organizaciones de Voluntarios Civiles y las Unidades Geográficas de Fuerzas Armadas Civiles (CAFGU, por sus siglas en inglés).
El ascenso y la expansión de la familia Ampatuan recibieron un impulso por parte de la presidenta en el poder en el momento de la masacre, Gloria Macapagal Arroyo, que dependía de la familia para conseguir votos cruciales y apoyo en el prolongado conflicto contra grupos armados del Frente Moro en Mindanao. Bajo el gobierno de Arroyo, los grupos armados, que tienen un largo historial de violaciones a los derechos humanos en Filipinas, se vieron significativamente fortalecidos por el aumento en las ventas de armas militares a autoridades locales y otros tipos de apoyo. El Gobierno tampoco ha hecho nada para remediar la impunidad en serios casos de abusos a los derechos humanos: en 2002, Arroyo fue directamente informada de la ejecución de 33 personas supuestamente a manos de los Ampatuan, pero no hizo nada aparente al respecto.
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