En La Moneda hay preocupación. El 15 de septiembre comienzan las
festividades para celebrar el bicentenario de Chile con un pleno del
Congreso Nacional que contará con la presencia de los cuatro ex
mandatarios de la Concertación y numerosas delegaciones internacionales,
las cuales serán recibidas por el presidente Sebastián Piñera. Sin
embargo, la huelga de hambre que 34 presos mapuches mantienen desde hace
65 días sigue sobrevolando el palacio presidencial como una nube que
amenaza con aguar uno de los eventos más esperados por el gobierno, y
algunos medios especulan con que podrían darles alimentos por la fuerza.
Desde el exterior, diputados de la Eurozona se han sumado a las
críticas que apuntan a tres ejes: modificar la ley antiterrorista,
juzgar a los comuneros por tribunales civiles y no militares,
modificando la Justicia Militar, e impulsar una mesa de diálogo entre el
gobierno y los mapuches.
Los dos primeros puntos se han ido desenredando con el envío por
parte del Ejecutivo de sendos proyectos para cambiar la normativa
vigente (que comienzan a discutirse hoy); no obstante, el gobierno y los
máximos representantes de los partidos oficialistas se han mostrado
contrarios a impulsar la creación de una instancia de conversación.
Tras el tradicional comité político de los lunes, que reúne en La
Moneda a los presidentes de partidos que sostienen al gobierno, el
gabinete y la coalición gobernante insistieron en que el tema debe
resolverse en el Congreso, por más que la oposición insista en que la
mesa de diálogo es el mejor camino para solucionar el conflicto antes de
las festividades.
“El (Ejecutivo) no tiene que ser en esto tozudo ni tampoco cerrarse a
una posición, (pero) no es bueno para el país que el gobierno sea
forzado a sentarse en una mesa de diálogo con personas que están en una
huelga de hambre”, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
“Hemos dado pasos concretos en el sentido de reformular la ley
antiterrorista y la Justicia Militar y esos proyectos se están
discutiendo en este momento en el Congreso”, complementó la ministra
vocera, Ena von Baer.
El presidente de la derechista coalición UDI, Juan Antonio Coloma,
añadió que “en democracia el diálogo se hace en el Parlamento a través
de las leyes”. En este escenario, la prensa local informó que Sebastián
Piñera declinó referirse a la conformación del anhelado canal de
diálogo, a pesar de que los parlamentarios de oposición lo pusieron como
obligación para aprobar los cambios a la mencionada ley.
La mesa de diálogo fue solicitada por los huelguistas y también por
las iglesias y buena parte del Congreso; no obstante, para el gobierno
la vía para solucionar el conflicto son las modificaciones legales.
“Quiero pedirles a los que están en huelga de hambre, que en el pasado
atentaron contra las vidas de otros compatriotas y que hoy día están
atentando contra sus propias vidas, que la depongan. Les garantizo que
el gobierno va a estar siempre abierto a un diálogo pacífico y
fecundo... Por eso hemos recogido las demandas de los comuneros y hemos
enviado al Congreso dos proyectos de ley...”, insistió ayer Piñera.
Junto a ello, endilgó las responsabilidades a la administración
anterior, encabezada por Michelle Bachelet. “Este es un problema que
hemos heredado del pasado... Aquéllos que tuvieron responsabilidad en el
origen de este problema que ayuden a la solución, sin violencia, sin
presiones indebidas”, mandando un recado a los cuatro diputados de
oposición que se sumaron al ayuno, los cuales llegaron a Santiago para
estar cerca del Congreso a la hora de emitir su voto en la tramitación
de la ley antiterrorista. Con todo, Piñera hizo otro gesto a la
comunidad mapuche al anunciar la creación de un liceo de excelencia
dedicado a conservar la cultura del pueblo mapuche.
Desde la oposición, la influyente senadora de la DC Soledad Alvear
cuestionó la “inflexibilidad del gobierno”. Consultada respecto de las
consecuencias políticas en el caso de fallecer algún comunero, dijo que
“hasta ahí llega la fiesta del bicentenario. Con una muerte o más –que
espero no ocurra– va a existir una fuerte reacción de los chilenos y
sería dramático por la condena internacional que Chile tendría”.
Otro senador conservador, Andrés Chadwick, aseguró que “no
corresponde abrir una mesa de diálogo antes de que termine la huelga de
hambre... Creo que las exigencias de la Concertación no son procedentes.
Nosotros hemos heredado este tema, todas las querellas por ley
antiterrorista fueron firmadas bajo el gobierno de la presidenta
Bachelet”. Finalmente, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica,
manifestó que él y otros ministros del tribunal son partidarios de
terminar completamente con la Justicia Militar.
Fuente, vìa :
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-153104-2010-09-14.html
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