Parece que este gobierno no nos va a matar directamente todavía. Pero nos va a privar de libertad, que no es tan distinto.”
J.Z. Fotógrafo de Trinchera de la Imagen
La
causa mapuche, fuera de toda agenda y catálogo político de la
partidocracia en el poder, se extiende como pólvora en territorios cada
vez más amplios de la sociedad chilena y la atención internacional.
La
conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre mezcló la imagen
señera de Salvador Allende con la presencia ardiente de organizaciones
mapuche y los cantos generales, exigiendo la libertad de los comuneros
prisioneros. La actualidad del homenaje de todos los años, esta vez,
estuvo teñida de calor y color originarios.
Ya el
jueves 9 de septiembre, en el Parque Almagro, los conjuntos musicales
históricos del pueblo –Inti Illimani e Illapu-, junto a los trovadores
más recientes, como Pancho Villa y el hip-hop siempre lúcido de
SubVerso, actuaron en el Parque Almagro, en Santiago, para los muchos
que solidarizan con las reivindicaciones de los 34 presos políticos
mapuche en huelga de hambre –a los cuales ya sería preciso agregar a 4
originarios más de la comuna de La Florida que se sumaron hace pocos
días al ayuno-.
Como era de esperar, el Estado, a
modo de represión selectiva, el mismo 11 de septiembre detuvo al
periodista Marcelo Garay Vergara, consejero metropolitano del Colegio de
la Orden y reportero de la Radio Nuevo Mundo, cuando salía de su casa.
Marcelo fue aprehendido por agentes de la Brigada de Investigaciones
Policiales (BIPE), por un requerimiento de la Fiscalía Centro Norte,
para declarar sobre una detención anterior de la que fue objeto en Padre
Las Casas (localidad cercana a Temuco) el año pasado, cuando cubría una
historia relacionada con el pueblo Mapuche. Ya Marcelo Garay había
denunciado el hostigamiento de la policía desde que fue a cubrir
profesionalmente la militarización de las comunidades mapuche el 2009.
Bajo
un Santiago ceniciento, en la tarde del primero de septiembre alrededor
de tres mil mapuche y chilenos se congregaron para solidarizar con la
huelga de hambre, convocados por la Coordinación de Organizaciones
Autónomas Mapuche de Santiago.
Sus razones se
resumen en que no se les aplique la Ley Antiterrorista ; no sean
juzgados duplicadamente por la justicia militar y la civil; el retorno a
la normalidad de las zonas militarizadas, y la demanda máxima de la
recuperación de sus tierras usurpadas históricamente, antes y después de
la creación del propio Estado chileno.
El ayuno
fue iniciado por reos políticos de las cárceles de Temuco y Concepción
hace dos meses. El miércoles primero de septiembre se agregaron dos
menores de edad recluidos en la cárcel de Chol Chol.
Tanto
la solidaridad mundial, a través de organismos asociados a los Derechos
Humanos, como Amnistía Internacional, protestas y ocupaciones de
embajadas en países europeos, la hermandad reluciente de los indígenas y
populares de Latinoamérica; como el creciente apoyo chileno de
personas, organizaciones sociales y políticas independientes de los que
mandan, sindicatos, la iglesia de los desheredados, gremios y colegios
profesionales se multiplican, apresurando la primavera a lo largo de
todo país y obligando a los medios de comunicación dominantes a
visibilizar la huelga, jaqueando el silencio racista y de clase de
Sebastián Piñera.
Los presos políticos mapuche
(PPM) están procesados o condenados por su supuesta participación en
ocupaciones de tierras, consideradas ilegales por el Estado, e incendios
de instalaciones agrícolas, en el contexto del asentamiento de empresas
agrícolas y forestales en la región de La Araucanía, tierras
ancestrales del pueblo originario.
Eric Millán,
representante de los ayunistas de la cárcel de Temuco, dijo firmemente
que los prisioneros “van a seguir la huelga hasta las últimas
consecuencias. Hasta que este gobierno deje de aplicar la Ley
Antiterrorista, como el doble procesamiento, y la devolución de las
tierras usurpadas. Ellos no se dejarán alimentar por ningún medio”.
-El gobierno sugirió instalar un mediador en el conflicto…
“El gobierno no se ha acercado, sólo habla a través de la prensa. Y aquí los únicos mediadores somos nosotros.”
Se acercan “las últimas consecuencias”
La
doctora Berna Castro es parte del equipo médico que atiende
permanentemente a los PPM. La profesional –de larga trayectoria en el
ámbito de la defensa de los Derechos Humanos en Chile- aclara que la
huelga de hambre es con consumo de agua con sal y glucosa.
-¿Cuál es el estado de salud de los comuneros?
“Se
encuentran en una situación crítica, muy crítica Están con evidentes
daños de su cuerpo. Han sufrido una baja significativa de peso. Estoy
hablando de un promedio de más de 18 kilos promedio por huelguista, es
decir han perdido, al menos, un 20 % de su peso.”
La
profesional comunicó que los ayunistas que están en peor situación
sanitaria “son Felipe de Angol, Ramón de Temuco, y Héctor Llentul de
Concepción”. Desde la medicina, Berna Castro analizó que “después de las
7 semanas comienzan a tener daño interno. Ellos han perdido tejido
adiposo y gran parte de su tejido muscular. Entonces el cuerpo, para
mantener sus funciones vitales, empieza a consumir proteínas, vitaminas,
minerales de su propio organismo para proteger el órgano más noble del
cuerpo humano: el cerebro. Y ya estamos en esa etapa”.
-Uno
de los aspectos más controversiales tiene que ver con la negativa de
los huelguistas de permitir hacerse exámenes por los servicios
estatales…
“Nosotros le estamos pidiendo al Estado
chileno que nos dé garantía en la toma de exámenes, porque ello nos
permite evaluar con mayor precisión sus condiciones. Pero eso nos ha
sido negado. Los comuneros plantean que no existen las condiciones para
realizar las muestras. Los fiscales no han podido comprobar ninguno de
las imputaciones de las cuales se les acusa –de hecho, han perdido
testigos- , y las muestras de sangre podrían emplearse para inculparlos
de incidentes en los que no han incurrido. Nosotros pedimos al Estado
las garantías mínimas. Explícitamente, que esté alguno de los médicos
que asisten a los huelguistas para asegurar el buen uso de los
exámenes.”
La doctora Castro no dudó en sentenciar
que “Sus vidas están en peligro. Además, en las cárceles donde
permanecen los comuneros se están cometiendo violaciones que configuran
tortura por parte del Estado. Que no tengan acceso a la luz del día
implica que los prisioneros pierden la noción del tiempo, y el cerebro,
que ordena las funciones del cuerpo, sin luz solar, altera actividades
hormonales relevantes. Y ello es tortura.”
“En
Angol –agregó- gendarmería no considera como una herramienta válida la
huelga de hambre de los comuneros, sino que la cataloga de un vulgar mal
comportamiento. En consecuencia, han realizado allanamientos periódicos
de noche en las celdas. En ese contexto, los gendarmes han castigado
comuneros e incluso los han incomunicado.”
-¿Cuál es el estado de ánimo de los ayunistas?
“La
voluntad y claridad de los huelguistas es fortísima. Yo soy cristiana y
aquí uno ve la capacidad extraordinaria de estos jóvenes en la lucha
por la causa de su pueblo. Y para mí no hay nada superior que aquel
hombre que da la vida por amor.”
“El Estado defiende con mucha más fuerza la propiedad privada que la vida”
Alberto
Espinoza es abogado asesor de las causas que están en la justicia,
asumiendo la defensa de los PPM en la Corte Marcial en Santiago.
-¿Cuáles son las diferencias entre ser juzgado por una Corte Marcial y una Civil?
“Hace
5 años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció una
sentencia que establece que bajo ninguna circunstancia se puede aceptar
que los civiles sean juzgados por tribunales militares. Sin embargo, en
Chile subsiste esta judicatura penal especial.”
El
abogado de Derechos Humanos indicó que “Ello atenta contra principios
asociados al debido proceso, la imparcialidad e independencia del
tribunal. El juez es un militar de carrera que se promueve dentro del
generalato. No es un letrado, en términos de formación jurídica. Es
removido por razones castrenses más que por méritos juridiccionales. Y
la Corte Marcial está integrada por tres miembros de la Fuerzas Armadas y
dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. Es decir, los
jueces militares hacen mayoría”.
Espinoza anadió
que “En el aspecto procesal, el procedimiento resulta inquisitivo, de
acuerdo a las reglas de un sumario antiguo que es secreto, escrito,
donde las posibilidades del derecho a la defensa de los imputados son
precarias o prácticamente inexistentes. Es un sumario que se puede
prolongar de manera indefinida. En resumen, que personas civiles sean
juzgados por militares resulta totalmente contrario a los estándares
internacionales sobre derecho sumario. En este caso, los mapuche son
civiles, y no han cometido delitos militares.”
-Algunos argumentan que estarían involucrados miembros de carabineros…
“Se
arrastran hasta la justicia militar supuestos atentados a carabineros,
que por norma constitucional, son una fuerza de orden y seguridad
pública, al igual que la policía de Investigaciones. Es decir, no se
trata de una fuerza militar, pero están bajo la tutela juridiccional de
esta judicatura especial. Y ello también es contrario a la Convención
Interamericana de Derechos Humanos. Todo redunda en un tratamiento muy
desigual de la justicia militar.”
Alberto Espinoza
puntualizó que “Cuando eventualmente son los carabineros las víctimas,
las penas contra los imputados son del infierno, y cuando son los
carabineros los victimarios las penas son muy benevolentes. Aquí hay un
doble estándar. Cuando los carabineros son los victimarios las penas
nunca superan los tres años, con beneficios carcelarios, y nunca son
penas de privación de libertad efectiva”.
-¿Por qué pareciera existir una súper esperanza en la justicia civil entre los familiares y amigos de la causa mapuche?
“En
general, es más confiable la justicia civil que la militar. Por su
estructura orgánica y de procedimiento. Sin embargo, también hay que
observar con cierta reserva a los tribunales ordinarios. Sobre todo,
porque el problema y la causa mapuche es tratada con una mirada estatal,
integral. La política regresiva histórica contra el pueblo mapuche se
articula desde todos los frentes del Estado. Y en ese contexto, el Poder
Judicial, Legislativo, Ejecutivo y el Ministerio Público, no están al
margen. No hay que pecar de exceso de confianza al respecto. Aquí vemos
cómo el Ministerio Público –teóricamente autónomo- se alinea con los
intendentes y gobernadores al momento de calificar hechos como
terroristas. Y los tribunales de justicia también condenan como
terrorismo conductas que no lo son.”
-¿Desde su experiencia y perspectiva, dónde se encuentra el meollo central de esta lucha?
“El
nudo que explica todo esto es la imposición de un modelo económico
fundado en el capitalismo actual. Ello da cuenta del tratamiento con el
que se ha denominado “el problema mapuche”. Y se refleja en cómo los
violadores de derechos humanos de la dictadura militar que cometieron
crímenes de Lesa Humanidad, son sentenciados a penas irrisorias, cuando
el bien jurídico que ellos afectaron fue la vida. Y cuando se toca el
bien jurídico de la propiedad, la reacción del Estado chileno es brutal.
Se puede ver en las penas que pesan sobre algunos comuneros mapuche en
huelga de hambre que superan los 100 años. Y Manuel Contreras –jefe de
la Inteligencia pinochetista- acaba de ser condenado con 5 años con pena
remitida por el asesinato del sacerdote Antonio Llidó. Que se diga
claramente que el Estado defiende con mucho mayor fuerza la propiedad
que la vida.”
-Hace unos días el presidente Piñera
envió un Proyecto de Ley para tratar el tema de la justicia militar y
su eventual modificación…
“Proyectos de Ley de esa
naturaleza están parados en el Congreso desde hace unos tres años. Lo
que dice Piñera no es nuevo. Aquí el Poder Legislativo ha mostrado una
indiferencia sobre el tema, que puede calificarse de desidia, notable
abandono de deberes o simplemente, de flojera parlamentaria. Si hasta
los militares están por cambiar la judicatura. Y sobre la Ley
Antiterrorista ocurre lo mismo.”
Un asunto de razón y fuerza
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