La mesa de dialogo en el Cerro Ñielol de Temuco ideada por Piñera
junto con los ministros Kast y Larroulet es considerada por las jóvenes
voceras del movimiento huelguístico de los comuneros mapuches como un
volador de luces. Tal encuentro, dicen, no resolverá el problema central
planteado por la huelga de hambre de los 34 presos políticos en
diferentes cárceles del país. Los comuneros mapuche suspenderán la
huelga de hambre sólo si son juzgados por los delitos cometidos en el
marco de la justicia ordinaria y en base a evidencias materiales y
pericia policial transparente. Actualmente, con la Ley Antiterrorista,
los militantes de la causa mapuche son pre-juzgados por una ficción
jurídica llamada Ley Antiterrorista, destinada a reprimir la lucha y la
organización popular.
Los comuneros han sido claros al exigir que el gobierno se someta a
las decisiones de las cortes de justicia internacionales que como la
Corte Interamericana consideran que la Ley Antiterrorista no debe ser
aplicada en los casos por los cuales están siendo juzgados. Así de
simple. El primer gesto de buena voluntad entonces debe venir de parte
del Estado chileno.
El Presidente debe deponer su actitud belicosa con el pueblo mapuche y
sus luchadores sociales y tomar la única decisión razonable que se
impone para que el conflicto no se salde con la muerte de algunos
comuneros. El Estado y sus ministerios deben someterse al imperio del
derecho y garantizar a los chilenos y a la opinión publica mundial que
sus funcionarios siguen las normas del debido proceso en un marco
democrático. Y el poder judicial debe estar atento y no ser cómplice de
las manipulaciones del Estado.
La Ley Antiterrorista es un engendro antidemocrático salido de la
cabeza de juristas conservadores. Su contexto histórico corresponde a
derivas autoritarias de los Estados llamados de derecho que, de manera
paradójica, construyen un marco legal de excepción para aplicarlos a
situaciones normales de conflictos en los Estados plurinacionales como
el chileno. El marco jurídico de excepción se basa en principios
represivos donde las pruebas materiales llevan por su lógica legal misma
y su encadenamiento a construir un ente jurídico-político
correspondiente a los temores y angustias de las oligarquías dominantes y
sus administradores: “el terrorista”, “el subversivo” y sus presuntas
organizaciones. Logrado lo anterior, y con la ayuda de la repetición
constante de los politicastros de derecha, junto con el bombardeo
mediático y del periodismo banal, se les aplica penas irracionales que
no se condicen con los actos delictivos imputados.
Cabe añadir que el rol de los fiscales, amparados en la Ley
Antiterrorista, es decisivo y su poder casi absoluto puesto que el
secreto, como en tiempos inquisitoriales, prima, dejando paso a toda
clase de irregularidades legales. De ahí el uso de testigos enmascarados
o a la aberración legal que significa la detención preventiva sin
acusación durante semanas. Los omnipotentes fiscales pueden, dentro del
marco de la Ley Antiterrorista, no sólo proceder a la construcción del
enemigo, sino decidir reprimirlo via los allanamientos violentos
sistemáticos de comunidades por la policía militarizada, utilizando
carabineros de origen mapuche para tal efecto.
Es así como se han ido cerrando los espacios democráticos a la lucha
democrática del pueblo mapuche, forzando a los comuneros mapuche a
caminar por los senderos criminalizados de la justicia estatal.
Así es como acciones de protesta sociales o contra la propiedad,
cometidas en el contexto de una lucha social legítima como la de la
recuperación de tierras ancestrales y contra la marginación, la
exclusión, y por la reconstrucción cultural de un pueblo, pueden tener
penas de prisión tres veces superiores a las juzgadas en tribunales
civiles y por la justicia para todos los chilenos. Y lo que es peor, a
las penas pedidas por los fiscales públicos se añaden las sentencias,
penas y condenas de los tribunales militares.
¿No se sigue acaso excluyendo y discriminando al pueblo mapuche?
Pero hay algo que no pega en esta campaña orquestada contra los
luchadores. ¿Como es posible que en un país donde el movimiento por los
derechos humanos logró que jueces, abogados, académicos y estudiantes
de las escuelas de derecho fueran sensibles a esta clase de atropellos
no reflexionen ni se movilicen contra la aplicación de la Ley
Antiterrorista denunciada como un engendro antidemocrático en organismos
internacionales de justicia, de abogados y jueces? ¿Será necesario que
los comuneros entreguen su vida para tomar consciencia?
Fuente, vìa :
http://www.elciudadano.cl/2010/09/19/comuneros-mapuche-y-los-voladores-de-luces-de-pinera-kast-y-larroulet/
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