La intensa y prolongada campaña difamatoria contra Cuba en torno a la
condena de 75 ciudadanos cubanos hallados culpables por los tribunales
del delito de mercenarismo por actuar contra su país a cambio de una
remuneración de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana,
ha tenido una nueva prueba de su farisaico origen.
Ocurrió que el subsecretario de Estado estadounidense
para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de George W. Bush,
Roger Noriega, confesó, en un programa radial, que el entonces Jefe de
la Oficina de Intereses de EEUU en Cuba, James Cason, tenía
instrucciones de su gobierno de provocar la ruptura de las precarias
relaciones diplomáticas de Washington y La Habana, establecidas durante
el gobierno del demócrata James Carter.
El
hecho cobra mayor actualidad por tener lugar pocas horas después de que
el gobierno cubano anunciara la liberación de los sancionados que aún
estaban cumpliendo sus condenas, a resultas de gestiones de la iglesia
católica cubana y el gobierno de España.
En
declaraciones hechas en Washington al periodista Roberto Rodríguez
Tejera, del programa radial “Lo que otros no dicen”, de Univisión Radio,
Noriega expresó que Cason, en aquel entonces, tenía instrucciones del
Departamento de Estado de provocar al gobierno de Cuba para que éste le
expulsara. En respuesta a la actuación que se pretendía provocar del
gobierno cubano, Estados Unidos retiraría su representación en La Habana
pidiéndole al Gobierno cubano que hiciera lo mismo con su
representación en Washington, precisó Noriega.
Como
resultado de esa intensificación de la agresividad que promovió la
Oficina de Intereses de los Estados Unidos cuya motivación solo ahora es
confesada por quien fuera alto funcionario del Departamento de Estado,
se multiplicaron las acciones subversivas y demás actividades ilegales
de todo tipo en Cuba.
El gobierno cubano,
intuyendo o adivinando las verdaderas intenciones, optó por proceder
legalmente contra los delincuentes materiales pagados por la Oficina de
Intereses de EEUU, en vez de expulsar al señor Cason, evidente
instigador de lo que ocurría.
Esto último
habría convenido a Cason, quien de tal forma cumpliría con éxito la
misión encomendada por su gobierno de crear condiciones que favorecieran
el cierre de las Oficinas de Intereses de los Estados Unidos en La
Habana y de Cuba en Washington.
Fue así que,
ante la complejidad y gravedad de la situación, las autoridades cubanas,
cumpliendo su obligación de salvaguardar la seguridad nacional,
procedieron a ejecutar, entre otras medidas defensivas y preventivas, la
detención y puesta a disposición de los tribunales, con todas las
garantías procesales y penales que otorga la Ley, de varias decenas de
individuos. A 75 de ellos les resultó probado, mediante evidencias
materiales que no pudieron ser objetadas por sus abogados defensores, el
delito de mercenarismo previsto por la legislación cubana vigente.
Todos
servían, con mayor o menor grado de responsabilidad penal, a la
representación diplomática de Estados Unidos en La Habana y cobraban por
tales servicios.
A la campaña mediática y
diplomática contra Cuba en torno al caso, que ha costado a los
contribuyentes estadounidenses miles de millones de dólares en 7 años,
se le agregaron una serie de “sub-campañas”, como la de las Damas de
Blanco (utilizando a familiares de los sancionados) y la de los
huelguistas de hambre en las prisiones (que incluyó el fallecimiento de
un preso común, reclutado en prisión en función de la operación
publicitaria).
El caso de los 75, cuyos
protagonistas eran exclusivamente individuos cubanos reclutados por
Washington para servir a sus intereses -y no otros-, fue utilizado para
instrumentar acciones diplomáticas contra la Isla en terceros países,
como los de la Unión Europea. El prestigio de la diplomacia del viejo
continente ha sufrido con ello, por la evidencia de su subordinación a
Estados Unidos.
La prensa globalizada al
servicio de la superpotencia ha ignorado o silenciado en todo momento
–incluso ahora- la condición de mercenarios de los convictos, culpables
de un delito condenado universalmente por toda nación soberana y toda
persona honesta.
Su excarcelación tampoco ha
sido del agrado de los beneficiarios de la “industria del odio” que
administra la ultra derecha de cubanos radicados en el sur del estado de
la Florida, porque nota que se le acaba el tiempo, sin más “héroes” que
los demasiado conocidos, como el terrorista Posada Carriles y los
congresistas batistianos, cada vez más desacreditados y más
desconectados de la realidad cubana.
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