El presidente Sebastián Piñera recibió
este miércoles una propuesta de la Iglesia Católica que busca indultar a
militares que violaron los derechos humanos en Chile, en medio del
rechazo de organismos de derechos humanos, la judicatura y la oposición.
"No buscamos reabrir las graves heridas de ayer ni tampoco pretendemos que se cierren por decreto", dijo el presidente de la conferencia episcopal, Alejandro Goic, al justificar la iniciativa.
Los organismos de derechos humanos, la propia Justicia y la oposición de centro izquierda rechazaron la idea, que liberaría a algunos ex uniformados, si Piñera la acepta y envía al Parlamento.
En una reacción inesperada, el propio presidente de la Corte Suprema, Miltgon Juica, objetó la iniciativa, a días que su tribunal enviara a prisión a miembros de la policía secreta de la dictadura.
"Los indultos y la amnistía no debieran coexistir en un régimen democrático, son situaciones que están obsoletas en una sociedad moderna", subrayó.
Las voces de rechazo también surgieron del mundo del mundo de los derechos humanos.
"Entregaron la propuesta sin escuchar a los familiares de las víctimas", reclamó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, frente a La Moneda.
"La Iglesia está desconociendo a todos los sacerdotes que perdieron la vida en la dictadura", agregó la dirigente, rodeada de familiares de víctimas, que portaban fotos de sus deudos.
"Los crímenes contra los derechos humanos no se indultan", protestó también la hija del asesinado cantautor Victor Jara, Amanda Jara, para quien la Iglesia dio la espalda a su propia historia.
La Iglesia, que en la dictadura militar albergó y promovió a las organizaciones de derechos humanos, justificó por su parte su acción en un intento de reconciliación frente al Bicentenario.
"No sería completa la 'mesa para todos' si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar", alegó la institución eclesial en un texto entregado a Piñera.
"La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado", agregó el documento.
En medio de la polémica, el gobierno de derecha pidió calma, a través de su vocera, la ministra Ena von Baer.
"El presidente va a reflexionar respecto a este documento y va a tomar una decisión en base a los compromisos del gobierno con la verdad, la justicia, la unidad nacional", aseguró.
Piñera, quien mantuvo una reunión con cientos de militares acusados de crímenes durante su campaña electoral, eludió hasta ahora confirmar si aprobará o no la medida, dando señales equívocas.
"La estudiaré", dijo en una entrevista el fin de semana y luego mantuvo una cita con las hijas del asesinado general Carlos Prats, reunión de la que las mujeres dijeron salir "tranquilas", respecto de la posibilidad de que Piñera aplicara el indulto.
La propuesta, aunque puede ser zanjada por Piñera, ingresaría al Parlamento para su aprobación, lo que por ahora es poco probable debido a que la oposición controla el Congreso.
El tema, que ha cruzado los últimos 40 años de la historia chilena, encuentra al país con unos 700 militares procesados por violaciones a los derechos humanos, con unos 60 encarcelados.
Los beneficios, de aprobarse, favorecerían a aquellos sobre 70 años o gravemente enfermos que estén condenados por un solo crimen.
Esta última condición impediría la liberación de los jefes de la policía secreta de la dictadura, que rigió entre 1973 y 1990, condenados algunos de ellos a más de 100 sentencias.
En Chile, donde se esperan protestas los próximos días, unas 3.000 personas fueron eliminadas en dictadura y otras 50.000 torturadas, según informes oficiales.
"No buscamos reabrir las graves heridas de ayer ni tampoco pretendemos que se cierren por decreto", dijo el presidente de la conferencia episcopal, Alejandro Goic, al justificar la iniciativa.
Los organismos de derechos humanos, la propia Justicia y la oposición de centro izquierda rechazaron la idea, que liberaría a algunos ex uniformados, si Piñera la acepta y envía al Parlamento.
En una reacción inesperada, el propio presidente de la Corte Suprema, Miltgon Juica, objetó la iniciativa, a días que su tribunal enviara a prisión a miembros de la policía secreta de la dictadura.
"Los indultos y la amnistía no debieran coexistir en un régimen democrático, son situaciones que están obsoletas en una sociedad moderna", subrayó.
Las voces de rechazo también surgieron del mundo del mundo de los derechos humanos.
"Entregaron la propuesta sin escuchar a los familiares de las víctimas", reclamó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, frente a La Moneda.
"La Iglesia está desconociendo a todos los sacerdotes que perdieron la vida en la dictadura", agregó la dirigente, rodeada de familiares de víctimas, que portaban fotos de sus deudos.
"Los crímenes contra los derechos humanos no se indultan", protestó también la hija del asesinado cantautor Victor Jara, Amanda Jara, para quien la Iglesia dio la espalda a su propia historia.
La Iglesia, que en la dictadura militar albergó y promovió a las organizaciones de derechos humanos, justificó por su parte su acción en un intento de reconciliación frente al Bicentenario.
"No sería completa la 'mesa para todos' si no considerásemos en esta petición a quienes cumplen penas por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el régimen militar", alegó la institución eclesial en un texto entregado a Piñera.
"La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado", agregó el documento.
En medio de la polémica, el gobierno de derecha pidió calma, a través de su vocera, la ministra Ena von Baer.
"El presidente va a reflexionar respecto a este documento y va a tomar una decisión en base a los compromisos del gobierno con la verdad, la justicia, la unidad nacional", aseguró.
Piñera, quien mantuvo una reunión con cientos de militares acusados de crímenes durante su campaña electoral, eludió hasta ahora confirmar si aprobará o no la medida, dando señales equívocas.
"La estudiaré", dijo en una entrevista el fin de semana y luego mantuvo una cita con las hijas del asesinado general Carlos Prats, reunión de la que las mujeres dijeron salir "tranquilas", respecto de la posibilidad de que Piñera aplicara el indulto.
La propuesta, aunque puede ser zanjada por Piñera, ingresaría al Parlamento para su aprobación, lo que por ahora es poco probable debido a que la oposición controla el Congreso.
El tema, que ha cruzado los últimos 40 años de la historia chilena, encuentra al país con unos 700 militares procesados por violaciones a los derechos humanos, con unos 60 encarcelados.
Los beneficios, de aprobarse, favorecerían a aquellos sobre 70 años o gravemente enfermos que estén condenados por un solo crimen.
Esta última condición impediría la liberación de los jefes de la policía secreta de la dictadura, que rigió entre 1973 y 1990, condenados algunos de ellos a más de 100 sentencias.
En Chile, donde se esperan protestas los próximos días, unas 3.000 personas fueron eliminadas en dictadura y otras 50.000 torturadas, según informes oficiales.
Ante amnistía solicitada por Iglesia Católica: Carta Abierta al Sr. Presidente de la República
Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile
Señor
Sebastián Piñera Echeñique
Presidente de la República de Chile
Presente
De nuestra mayor consideración:
Excelentísimo Señor Presidente, por intermedio de la presente, la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile manifestamos a Ud. nuestra más profunda preocupación ante la solicitud de la jerarquía de la Iglesia Católica de un Indulto Presidencial Bicentenario. Beneficio solicitado para una cantidad indeterminada de personas condenadas por diversos delitos, sin precisar que aquellos condenados por causas de derechos humanos queden definitivamente exentos de dicha acción de perdón.
Señor Presidente, es importante que UD tenga presente que en nuestro país el número de personas sometidas a proceso y condenadas por cometer crímenes de Lesa Humanidad son muy pocas comparadas con las que en realidad deberían estar procesadas y condenadas. Esto queda en evidencia cuando del total de 3.200 detenidos desaparecidos y ejecutados reconocidos por la Comisión Rettig, hasta hace un par de meses atrás, había sobre 1000 casos en los que no se había abierto investigación alguna y esto a 20 años de vuelta a la “democracia”.
Como también está el hecho de que hasta el día de hoy no se ha condenado a ningún responsable por la prisión política y tortura de más de 30.000 compatriotas consignados en el informe Valech; puesto que los torturadores quedaron bajo el amparo del artículo 15 de la Ley 19.992, hecho a la medida y a solicitud del General Cheyre, estableciendo el secreto profesional por 50 años para evitar el desfile de uniformados ante los tribunales. En otras palabras, no hay hasta el día de hoy ni un solo torturador sometido a proceso. Por lo tanto, nadie será juzgado y menos condenado por este grave delito, consignado como un crimen de Lesa Humanidad. Menos aún se ha perseguido la responsabilidad política del “gobierno cívico militar”.
Es así como se ha permitido que la mayoría de ellos después de torturar, asesinar hacer desaparecer a seres indefensos se encuentren en la más absoluta impunidad. En los casos donde se ha logrado establecer responsabilidades se ha estado aplicando la amnistía la prescripción y la media prescripción, contraviniendo la legislación internacional en estas materias.
A raíz de esto, es que muchísimos de los más graves crímenes que se cometieron durante la dictadura en nuestro país tuvieron prolongados y complejos procesos, que sus autores a pesar de estar involucrados en varios delitos de la misma naturaleza, sólo han recibido una condena o han tenido penas menores en relación a la extrema gravedad de sus crímenes.
Por lo tanto todos los condenados ya han recibido, además, indebidamente el beneficio de la media prescripción, lo que hace que sus penas hayan sido rebajadas considerablemente. Esto a su vez permite que las cumplan “en libertad”, en sus casas, y los pocos que se encuentran recluidos permanecen en cárceles de lujo, allí siguen percibiendo sus sueldos con todos los grados correspondientes y como si estuvieran activos, sin haber sido degradados por las Instituciones Castrenses.
Definitivamente en Chile, los criminales de delitos de Lesa Humanidad han sido tratados con mayor clemencia que la recomendable para una sociedad que se considere decente y respetuosa de los Tratados Internacionales que ha suscrito. Nuestra exigencia de Justicia no tiene que ver con sentimientos de venganza, tiene que ver sólo con la necesidad de establecer un precedente para que verdaderamente en nuestro país nunca más se vuelvan a repetir estos atroces hechos.
Considerando que en nuestro país lo que más abundado hasta ahora es la carencia de justicia, ha existido una abierta y encubierta impunidad, rechazamos enérgicamente el Indulto a criminales involucrados en delitos de Lesa Humanidad indiferentemente hayan sido estos cometidos por civiles o militares y solicitamos a Su Excelencia actuar en consecuencia. Consumar un indulto de la naturaleza como la que algunos desean y solicitan dañará irreparablemente la imagen internacional de nuestro país.
Respetuosa y atentamente
Directiva Nacional de la UNExPP de Chile
Nelly Cárcamo Presidente
Víctor Rosas Vicepresidente
Julio Gómez Secretario
Juan Sandoval Tesorero
Eduardo Riquelme Director
Ramón Zambrano Director
Gilberto Muñoz Director
Osorno, 20 de julio de 2010.
Sebastián Piñera Echeñique
Presidente de la República de Chile
Presente
De nuestra mayor consideración:
Excelentísimo Señor Presidente, por intermedio de la presente, la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile manifestamos a Ud. nuestra más profunda preocupación ante la solicitud de la jerarquía de la Iglesia Católica de un Indulto Presidencial Bicentenario. Beneficio solicitado para una cantidad indeterminada de personas condenadas por diversos delitos, sin precisar que aquellos condenados por causas de derechos humanos queden definitivamente exentos de dicha acción de perdón.
Señor Presidente, es importante que UD tenga presente que en nuestro país el número de personas sometidas a proceso y condenadas por cometer crímenes de Lesa Humanidad son muy pocas comparadas con las que en realidad deberían estar procesadas y condenadas. Esto queda en evidencia cuando del total de 3.200 detenidos desaparecidos y ejecutados reconocidos por la Comisión Rettig, hasta hace un par de meses atrás, había sobre 1000 casos en los que no se había abierto investigación alguna y esto a 20 años de vuelta a la “democracia”.
Como también está el hecho de que hasta el día de hoy no se ha condenado a ningún responsable por la prisión política y tortura de más de 30.000 compatriotas consignados en el informe Valech; puesto que los torturadores quedaron bajo el amparo del artículo 15 de la Ley 19.992, hecho a la medida y a solicitud del General Cheyre, estableciendo el secreto profesional por 50 años para evitar el desfile de uniformados ante los tribunales. En otras palabras, no hay hasta el día de hoy ni un solo torturador sometido a proceso. Por lo tanto, nadie será juzgado y menos condenado por este grave delito, consignado como un crimen de Lesa Humanidad. Menos aún se ha perseguido la responsabilidad política del “gobierno cívico militar”.
Es así como se ha permitido que la mayoría de ellos después de torturar, asesinar hacer desaparecer a seres indefensos se encuentren en la más absoluta impunidad. En los casos donde se ha logrado establecer responsabilidades se ha estado aplicando la amnistía la prescripción y la media prescripción, contraviniendo la legislación internacional en estas materias.
A raíz de esto, es que muchísimos de los más graves crímenes que se cometieron durante la dictadura en nuestro país tuvieron prolongados y complejos procesos, que sus autores a pesar de estar involucrados en varios delitos de la misma naturaleza, sólo han recibido una condena o han tenido penas menores en relación a la extrema gravedad de sus crímenes.
Por lo tanto todos los condenados ya han recibido, además, indebidamente el beneficio de la media prescripción, lo que hace que sus penas hayan sido rebajadas considerablemente. Esto a su vez permite que las cumplan “en libertad”, en sus casas, y los pocos que se encuentran recluidos permanecen en cárceles de lujo, allí siguen percibiendo sus sueldos con todos los grados correspondientes y como si estuvieran activos, sin haber sido degradados por las Instituciones Castrenses.
Definitivamente en Chile, los criminales de delitos de Lesa Humanidad han sido tratados con mayor clemencia que la recomendable para una sociedad que se considere decente y respetuosa de los Tratados Internacionales que ha suscrito. Nuestra exigencia de Justicia no tiene que ver con sentimientos de venganza, tiene que ver sólo con la necesidad de establecer un precedente para que verdaderamente en nuestro país nunca más se vuelvan a repetir estos atroces hechos.
Considerando que en nuestro país lo que más abundado hasta ahora es la carencia de justicia, ha existido una abierta y encubierta impunidad, rechazamos enérgicamente el Indulto a criminales involucrados en delitos de Lesa Humanidad indiferentemente hayan sido estos cometidos por civiles o militares y solicitamos a Su Excelencia actuar en consecuencia. Consumar un indulto de la naturaleza como la que algunos desean y solicitan dañará irreparablemente la imagen internacional de nuestro país.
Respetuosa y atentamente
Directiva Nacional de la UNExPP de Chile
Nelly Cárcamo Presidente
Víctor Rosas Vicepresidente
Julio Gómez Secretario
Juan Sandoval Tesorero
Eduardo Riquelme Director
Ramón Zambrano Director
Gilberto Muñoz Director
Osorno, 20 de julio de 2010.
http://www.kaosenlared.net/noticia/peticion-iglesia-para-indultar-represores-pinochetistas-provoca-rechaz
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