viernes, 21 de mayo de 2010

España : ¡Que pague el ciudadano! Por: Ana Muñoz Álvarez (CCS)

“La corrupción es consustancial a las instituciones”, declaró hace unos días la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, refiriéndose a una de las tramas de corrupción más importantes de España, el caso Gürtel. Esta trama corrupta afecta al primer partido de la oposición española, el Partido Popular (PP). La presidenta, además, añadió, que “lo importante no es que se produzca, sino lo que se hace para evitarla”. Aunque lo que de verdad importa son las consecuencias de la corrupción en la ciudadanía.

¿Quién no se ha llevado un paquete de folios a casa? ¿O un tóner para la impresora? ¿O una botella de lejía? En los países mediterráneos, sobre todo, el “trapicheo”, la picaresca, el “completar el sueldo en especies” es algo que, en general, no está demasiado mal visto. Y esto no ocurre en otros países donde llamar por teléfono a mamá desde la oficina es reprobable por el resto de compañeros. Es cierto que estas “pequeñeces” no están a la altura de las lamentables escenas de algunos políticos. La gran diferencia está en que se trata del dinero público, del dinero de todos.

Cuando un escándalo toca a los partidos políticos, oposición o Gobierno, su objetivo no suele ser el de limpiar su imagen y sus filas. En muchas ocasiones, se trata de desviar el objetivo y lanzar acusaciones al contrario. Es lo que comúnmente llamamos “mierda en el ventilador”. Una vez todos sucios, no hay diferencias.

Las tramas de corrupción son redes complejas, difíciles de desenmarañar para fiscales y jueces… más para el resto de los ciudadanos que se informan a través de los titulares de los diferentes medios de comunicación. Los expertos en comunicación política explican que esto hace que los ciudadanos lo vean lejano a ellos y que a la hora de votar lo pasen por alto. Sin embargo, el enriquecimiento ilícito por la utilización de cargos y fondos públicos toca a los ciudadanos más de cerca de lo que a primera vista parece. Los fondos públicos que se desvían al “bolsillo” de un partido, empresa o persona, están dejando de ir a la construcción de un hospital, un colegio, a la mejora del mobiliario urbano o a las pensiones. La corrupción lleva consigo menos crecimiento económico, más paro, más desigualdades entre los que más y los que menos tienen, menos esperanza de vida, menos cuidado por el medioambiente… en definitiva menos Estado de Bienestar. Es el ciudadano el que al final paga. Esta es la verdadera cara de la corrupción.

Además, los partidos no suelen responder con fuerza. Hablan de presunción de inocencia, trabajan para que los juicios se declaren nulos por asuntos procesales o tratan de minar la profesionalidad de jueces, fiscales o periodistas que investigan estos casos. Esta situación provoca enfado en los ciudadanos que ven que la ley no es la misma para todos… pero también provoca cansancio y, de ahí, se pasa a la dejadez. El último estadio, creer que toda la clase política es igual y que las instituciones no sirven. Así, los niveles de participación de la ciudadanía caen.

La democracia se basa en la participación ciudadana. Por ello, es fundamental tener “tolerancia cero” con la corrupción en todos los niveles. La pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la clase política es un peligro para el sistema democrático y el Estado de Bienestar. Y una vez más, somos los ciudadanos los primeros que tenemos que exigir una clase política honesta. Es increíble que políticos con procesos abiertos sigan en sus sillones o vuelvan a salir elegidos en las urnas. ¡Tolerancia Cero con la Corrupción!

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