SALTILLO, COAH.-, 6 de mayo (Proceso).- Cuando todas las voces del
país se alzan para recriminar al estado de Arizona por la aprobación de
una ley antiinmigrante que convierte en delincuente no sólo al
indocumentado, sino al que lo parece, en el territorio nacional se
produce un fenómeno aun más grave en perjuicio de los centroamericanos
que tratan de llegar a Estados Unidos. Diversos organismos documentan la
serie de tropelías generalizadas y actos criminales que ya dan forma a
un “holocausto migratorio”.
Al mismo tiempo que el gobierno mexicano repudia la aprobación de la
Ley SB 1070 de Arizona, que ha dado pie a un amplio debate
internacional, rechaza las imputaciones de organismos civiles que han
documentado prácticas antiinmigrantes en México.
Durante varios años, organizaciones defensoras de los derechos
humanos, refugios migratorios y activistas independientes han denunciado
los secuestros, torturas y actos degradantes cometidos en el país, por
ejemplo, contra indocumentados centroamericanos en su tránsito a la
frontera norte.
El pasado 28 de abril, Amnistía Internacional emitió un informe en el
que específicamente pide a las autoridades federales mexicanas
emprender y coordinar un plan de acción, junto con los gobiernos
estatales, encaminado a garantizar el respeto y la protección de los
derechos de los migrantes indocumentados.
El documento, intitulado Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento
en México, solicita a las autoridades que garanticen la prevención, el
castigo y el freno a los abusos cometidos contra esas personas por
agentes estatales y no estatales.
Denuncias recabadas por Proceso entre indocumentados indican que las
agresiones provienen tanto de grupos de la delincuencia organizada como
de instituciones de seguridad pública y privada con un grado de
violencia brutal.
Un informe elaborado por 11 organismos civiles reporta la existencia
en el país de retenes antiinmigrantes, e inclusive el confinamiento de
indocumentados en cárceles municipales. Ante la gravedad del problema,
lo califica de “holocausto migratorio”.
Presentado el 22 de marzo último ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, el documento afirma
que la situación de violencia para los migrantes en tránsito es “una
tragedia humanitaria”, pues en menos de seis meses se tomó registro de
casi 10 mil secuestros.
Los organismos que suscriben del informe son el Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Frontera con Justicia;
Humanidad sin Fronteras; Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan
de Larios; Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca;
Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana; Servicio Jesuita a
Migrantes México; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova;
Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios; Albergue de Nuestra Señora de
Guadalupe, de Reynosa, Tamaulipas, y el Albergue Guadalupano de Tierra
Blanca, Veracruz.
El presidente de la CIDH, Felipe González, sostuvo que la situación
es “escalofriante” y exigió medidas para proteger a los sacerdotes
Alejandro Solalinde, del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec
Oaxaca, y Pedro Pantoja, coordinador de Belén, Posada del Migrante y
miembro de Frontera con Justicia y Humanidad sin Fronteras, quienes han
sido objeto de agresiones y amenazas.
Los firmantes exponen su frustración:
“Las organizaciones peticionarias hemos denunciado esta grave
problemática desde hace más de tres años, sin que haya existido ninguna
reacción eficaz del gobierno, lo cual ha desembocado en la persistencia
de toda clase de abusos sexuales, tortura física y psicológica,
asesinatos, extorsión, corrupción, privación ilegal de la libertad,
explotación con fines laborales, sexuales, prácticas análogas a la
esclavitud, tráfico de órganos e impunidad.”
Sin embargo, la delegación del Estado mexicano ante la CIDH negó que
exista una tragedia humanitaria o “graves violaciones a los derechos
humanos”, aunque no presentó argumentos en el alegato, que ni siquiera
respondió de manera puntual a las imputaciones de los organismos
denunciantes. Por no tener la información completa, el Estado se
comprometió a entregar un informe posterior a la CIDH.
Súplicas a “Los Zetas”
La ausencia de respuesta por parte de las autoridades está llevando a
los organismos defensores de los derechos humanos a adoptar medidas
extremas en busca de que se ponga un alto a la violencia contra los
migrantes.
El sacerdote Pedro Pantoja, coordinador del refugio Belén, Posada del
Migrante, en Saltillo, asegura que está ocurriendo un “genocidio”, por
lo que pide a los implicados en las agresiones que se abstengan de
seguirlo cometiendo; inclusive dirige una súplica a Los Zetas, el más
violento de los grupos agresores.
“Suplicamos a Los Zetas que detengan la masacre que día a día cometen
contra la población migrante. Reconocemos que son personas y, por lo
tanto, les pedimos que dejen de ver a quienes también son personas como
simples mercancías u objetos de cambio”, refiere Pantoja en el V Informe
sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en
su tránsito por México, presentado en mayo de 2009 y actualizado en
septiembre del mismo año.
Según el sacerdote, quien sostiene el refugio saltillense, así como
Alberto Xicoténcatl Carrasco, de Frontera con Justicia, los migrantes
centroamericanos están en el desamparo y ni siquiera las comisiones de
derechos humanos se hacen eco de “las aberraciones” que se cometen
contra ellos.
El trayecto desde Guatemala, Honduras o El Salvador, hasta las
ciudades de la frontera norte de México, se ha convertido en una “ruta
de la muerte” en la que Los Zetas, en complicidad con cuerpos de
seguridad, públicos y privados, tienen un negocio millonario en la trata
laboral y sexual de personas.
En septiembre último, Pantoja y varios activistas de los organismos
mencionados realizaron una visita a Guatemala y El Salvador, donde
recorrieron zonas estratégicas del río Suchiate y documentaron que en
seis meses han ocurrido casi 10 mil secuestros de indocumentados, lo
que, en un balance conservador, representó para Los Zetas ganancias por 5
millones de dólares.
“Pero nadie nos quiere creer, o creen muy a medias, que estamos en el
contexto de un holocausto, un genocidio, una aberración hacia los
migrantes, que hoy, como nunca, están en la indefensión y el abandono,
pues los cuerpos de seguridad están al servicio del crimen”, dice
Pantoja.
Considera que el sistema de inteligencia y combate de Los Zetas es
muy superior al del Estado mexicano, cuyas estrategias califica de
“infantiles”. Y en cuanto a los testimonios que le exponen los migrantes
que llegan a su refugio, comenta: Ellos narran que “es tanto el poder
de Los Zetas que ya secuestran los vagones de ferrocarril completos
donde viajan” y los dejan “amarrados de pies y manos, como mercancía que
se entrega en algún lugar donde ya los esperan en camionetas los
miembros de ese grupo”.
“Los Zetas no pagan con dinero, sino con el cuerpo del migrante, que
es muy útil; si es mujer o niño, el negocio de la trata sexual les deja
grandes ganancias. Ellos manejan relaciones comerciales que el Ejército
no detecta, con rutas francas para el mercado sexual y la trata
laboral.”
Actualiza: “Los maras quedaron atrás; son, si acaso, cómplices muy
disminuidos en todo lo que ocurre hoy”.
Según el sacerdote, en la frontera de Honduras y El Salvador se
realizan operativos policiacos para separar a los “candidatos” a
secuestro, un proceso de selección a partir del cual son detenidos más
adelante y recluidos en casas de seguridad, mientras que los que no
sirven, “desaparecen”.
Explica que entre el personal de las empresas de seguridad que
resguarda el ferrocarril, el medio de transporte más utilizado por los
indocumentados, Los Zetas reclutan guardias para convertirlos en
“verdugos” migratorios.
Si bien la principal amenaza para los migrantes en tránsito es la
operación de Los Zetas, las violaciones a los derechos humanos por parte
de autoridades de los tres órdenes de gobierno son constantes, por lo
que el equipo de Humanidad sin Fronteras retomó diversos casos y entabló
comunicación con los responsables, aunque en cada caso los activistas
se han topado sólo con evasivas.
Por ejemplo, personal del Instituto Nacional de Migración (INM),
junto con policías federales y efectivos del Ejército, persigue a los
indocumentados, quienes, en su intento de subir o bajar de trenes en
marcha para escapar, suelen acabar muertos o con extremidades
cercenadas.
A principios de 2008, en la zona pantanosa de Coatzacoalcos,
Veracruz, el INM colocó retenes, por lo que Humanidad sin Fronteras
escribió al delegado regional de ese instituto, José Augusto Boleada
Ocampo. Este funcionario aseguró que no tenía información sobre esos
operativos, pero indicó que no podía dar detalles respecto de los que sí
están autorizados, por ser de carácter reservado.
Inconforme con la respuesta, Humanidad sin Fronteras escribió a
Cecilia Romero, la comisionada del INM. No se recibió respuesta.
Hacia abril de 2008, los retenes desaparecieron y los delegados del
INM en Coahuila, Tijuana, Nuevo Laredo y Coatzacoalcos admitieron que no
tenían facultades para realizarlos. Sin embargo, de diciembre pasado a
la fecha, Humanidad sin Fronteras detectó 47 de esos filtros.
Pantoja se remite a la Ley General de Población, que establece los
mecanismos que deben seguirse respecto a los aseguramientos migratorios.
“Las autoridades no están facultadas para perseguir extranjeros. Por
lo tanto, los operativos del INM son una falta grave al estado de
derecho y a los lineamientos que en materia de derechos humanos de los
migrantes ha suscrito México, como la Convención sobre Relaciones
Consulares”, dice.
Por los 47 retenes y operativos que consideran ilegales, el equipo de
Humanidad sin Fronteras ha insistido en exigir a Cecilia Romero una
explicación sobre el fundamento de las acciones. La comisionada del INM,
sostiene el organismo, jamás la ha dado.
Humanidad sin Fronteras acudió a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), pero la denuncia de los casos no prosperó, debido a que
la situación de los migrantes hace imposible, según los procedimientos
de queja autorizados por el organismo, darles seguimiento.
El poder de una empresa
La travesía por San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León es considerada
por Humanidad sin Fronteras como de extremo peligro pues, además de las
operaciones del crimen organizado, se han incrementado las agresiones
de organismos gubernamentales y de cuerpos de seguridad, pública y
privada.
En San Luis Potosí, la empresa de seguridad Dinámica Seguridad
Privada Consultores (Disepco), que resguarda el ferrocarril, se ha
convertido en referente de extorsión a migrantes.
En los últimos cuatro años, la mayoría de los refugiados en Belén,
Posada del Migrante, se queja de que los guardias les piden dinero para
dejarlos subir a los vagones y, si se niegan, son insultados, vapuleados
y arrojados del tren en marcha.
De mayo de 2008 al mismo mes de 2009 hubo 722 quejas por golpes,
lesiones y extorsión; en todos los casos se acusó directamente a los
guardias de Disepco.
Por ello, el equipo de Humanidad sin Fronteras emitió un
extrañamiento a Disepco y a la Secretaria de Seguridad Pública de San
Luis Potosí, así como al ombudsman de la entidad.
De Seguridad Pública no hubo respuesta. La Comisión Estatal de
Derechos Humanos explicó que estaban enterados de los abusos y que
trabajaban ya en la recomendación correspondiente. Por su parte, la
empresa Disepco respondió que le interesan los derechos humanos y que,
en caso de tener noticia de algún abuso, les pedían que interpusieran la
denuncia correspondiente.
Sólo entre enero y marzo de 2009 se emitieron 45 cartas a los mismos
destinatarios y cada una de ellas documentaba un abuso de los guardias
de Disepco. Ninguno de los destinatarios respondió, pero las agresiones
cesaron durante abril y recomenzaron con más fuerza en mayo.
“El silencio al que nos hemos enfrentado muestra que en este país, y
específicamente en San Luis Potosí, los migrantes no importan y las
esperanzas frustradas no le duelen a nadie. Los guardias de Disepco
siguen abusando de los migrantes; Seguridad Pública no presta atención a
las quejas y el ombudsman ha sido incapaz de asumir el papel que le
corresponde y formalizar su pretendido trabajo con una recomendación”,
sostiene Pantoja.
La ruta del acoso
Pedro Pantoja explica la ruta de los migrantes:
“Salen de Centroamérica, donde fueron ya acosados por las redes de
trata; atravesaron Tabasco y Veracruz perseguidos por el INM; llegan a
San Luis a enfrentar los abusos de Disepco y, finalmente, arriban a
Saltillo. De ahí en adelante serán objeto de las agresiones de las
policías municipales en Coahuila y Nuevo León, por donde intentan
alcanzar la franja fronteriza”.
Según él, los abusos de los policías municipales han disminuido en
casi todo el país, pero no en el noreste, donde los patrulleros, aunque
no se ubican cerca de las vías férreas, sí atrapan a los migrantes que
ingresan a la ciudad en busca de comida.
El 11 de marzo de 2009, la policía de Saltillo detuvo a seis
migrantes en las inmediaciones de la Alameda, los golpeó, les quitó el
dinero y los amenazó con deportarlos si denunciaban el atraco.
El 14 de junio un migrante fue vapuleado por policías municipales,
por lo que Pedro Pantoja interpuso una queja ante el ombudsman local.
El general Marco Antonio Delgado Talavera, director de Seguridad
Pública en esta ciudad, negó que la golpiza hubiera ocurrido y aseguró
que el migrante estaba acusado de dañar un automóvil y que se encontraba
alcoholizado, según consta en el oficio CJ/1091/2009.
Un testigo grabó, con un teléfono celular, la golpiza. En el video,
presentado por Pantoja, se aprecia a dos patrulleros que corren tras el
indocumentado, disparan al aire para amedrentarlo, le dan alcance y
empiezan a golpearlo y patearlo. Según el migrante, la golpiza continuó
dentro de la patrulla.
“Nos indigna profundamente el cinismo con el que la dirección de la
policía encubrió los hechos e inventó pruebas y testigos falsos para
respaldar el actuar delictivo de sus propios elementos”, expresa
Pantoja, quien aclara que el dictamen médico del migrante no asentó las
lesiones que presentaba.
Ante la evidencia, Delgado Talavera guardó silencio, pero días
después arrancó una campaña xenofóbica, luego de que un albañil de
origen hondureño mató a su patrona y dejó herida a una empleada
doméstica, el 30 de octubre.
En su comunicado oficial, Delgado Talavera se refirió al homicida
como “migrante hondureño que mató a mujer saltillense” en tres párrafos
distintos, lo que provocó un extrañamiento del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos y de decenas de organismos, por prácticas xenofóbicas.
fuente, vìa:
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/79103
No hay comentarios:
Publicar un comentario